Pablo Ruiz y Jacqueline Rademakers pagaron casi medio millón de euros al contado por una casa en L’Alfàs del Pi, pero en el Registro de la Propiedad la vivienda aparece con una carga hipotecaria de 350.000 euros, por la que ahora Caja Mediterráneo (CAM) les presenta una demanda hipotecaria para quitársela. El 5 de junio de 2006 escrituraron su adosado con la anotación de que la hipoteca de 350.000 euros concedida al promotor estaba “contablemente cancelada” y “pendiente de su cancelación documental y registral”. Sin embargo, en la actualidad siguen privados de su derecho de propiedad.

La petición de una nota simple de la vivienda para solicitar un préstamo personal en otra entidad bancaria avalado con el inmueble comprado descubrió el 25 de mayo de 2007 que no se había inscrito en el Registro la escritura de cancelación de un crédito que el promotor, Callosa Construcciones Puche, SL, había ocultado deliberadamente, según dicen, en la firma del contrato privado de compraventa de la casa el 4 de enero de 2006.

La notaría y la CAM aplazaron la cancelación de la hipoteca hasta que los cheques personales con los que los compradores acabaron de pagar la vivienda estuvieran ingresados en la cuenta vinculada al crédito hipotecario. El dinero, en efecto, fue a parar a esa cuenta, cuyo extracto tiene este periódico, pero no se utilizó para cancelar la carga, sino para pagar deudas con la Agencia Tributaria, recibos o atrasos con la Seguridad Social.

Jacqueline decidió acudir a los tribunales a denunciar a la CAM y al promotor, según el juzgado “en situación procesal de rebeldía”, que fue condenado a “cancelar el asiento de inscripción correspondiente al derecho real de hipoteca”, es decir, a anular la carga del Registro de la Propiedad. Sin embargo, en la contestación a la demanda, el abogado de la CAM, que fue absuelta, se justificó diciendo que tras ingresar el promotor el dinero en la cuenta vinculada a la hipoteca, esta no se canceló porque “las entidades de crédito necesitan una orden expresa de sus clientes para efectuar operaciones con cargo a sus cuentas”, y que “la Caja en ningún momento recibió de su cliente instrucciones para cobrarse el préstamo hipotecario y cancelarlo anticipadamente”. Finalmente, la entidad le subrogó el préstamo al mismo promotor, que pagó sus cuotas desde febrero de 2007 hasta julio de 2010.

Cómo este dejó de pagar, la CAM presentó en marzo una demanda de juicio hipotecario para intentar cobrar la deuda. Sin embargo, la caja se niega a informar a los dueños porque no son “ni deudores, ni clientes” y aunque la escritura de la vivienda dice que esta está pagada y así lo reconoció el promotor en el juicio, se enfrentan a la posibilidad de perderla.