Cuando el 18 de mayo de 1934 se creaba, en virtud de un Decreto firmado por el Ministro de Justicia Vicente Cantos Figuerola y el Presidente Niceto Alcalá-Zamora, el Colegio de Registradores de la Propiedad de España -precedido desde 1908 por la Asociación de Registradores para mantener la unión de todos los asociados-, seguro que se tendrían presentes las numerosas ventajas que supondría el ejercicio de la función de los Registradores bajo una dirección colegial, que no sólo cubría sus necesidades asistenciales sino también profesionales en todos los ámbitos de la función y servicios encomendados.

Aquellos primeros lazos de unión, de trabajo y experiencias colectivas pusieron las bases para el funcionamiento de los Registros de la Propiedad con la solidez necesaria para respaldar la finalidad de dar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias y al crédito territorial.

La movilidad jurídica de la tierra, estimulada por la leyes desamortizadoras y el impulso del Gobierno liberal a la función registral, tal y como ahora la conocemos, a través de las fuertes garantías jurídicas del sistema, produciría importantes efectos jurídicos y
económicos para los ciudadanos y para la economía del propio país.

Estos orígenes liberales de la institución registral fueron explícitamente aludidos en el trascendente discurso del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez, en el solemne acto institucional de imposición de medallas conmemorativas del 75 aniversario de la creación del Colegio de Registradores a ministros de Justicia y decanos del Colegio, celebrado el pasado 28 de mayo, ante una numerosa audiencia que expectante, atenta y estimulada, escuchaba la intervención del ministro.

Al salón de actos clasicista de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, accesible a través de escaleras y pasillos alineados arquitectónicamente, los ministros de Justicia de la democracia llegaron puntualmente para, después de la bienvenida, estampar su firma en el primer libro de honor del Colegio abierto con ocasión del acontecimiento y pasar después al estrado del homenaje. Palabras entrañables, saludos efusivos y expresiones de satisfacción por la reunión tan especial, que sienta precedente, de miembros de un colectivo con ministros del mismo departamento (presentes, Ledesma, Múgica, De la Quadra–Salcedo, Belloch,
Mariscal de Gante, Acebes, Michavila, Fernández Bermejo; ausentes, debidamente excusados, Lavilla y López Aguilar y representantes de los fallecidos, Fernández Ordóñez, Cavero y Cabanillas, con el Ministro actual Caamaño).

Acto de reconocimiento de los registradores a la labor de los últimos treinta años de sus máximos representantes o superiores jerárquicos del período democrático en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva y de apoyo de los Gobiernos sucesivos a la
función registral y a quienes la prestan como servicio público de calidad e independiente a los ciudadanos.

Todos unidos, en reconocimiento de un servicio del Estado que se traduce en seguridad de las relaciones jurídicas, bienestar de los ciudadanos y prosperidad económica.

La puntualidad y concisión del acto (escasamente una hora), el rigor y solemnidad de la imposición de medallas, la compostura de los Ministros, Decanos y del público en general, distribuido dado el alto número de asistentes (512 personas, entre registradores,
autoridades y acompañantes) entre varios salones, el sugestivo discurso institucional del Decano Eugenio Rodríguez Cepeda y el esperado e ilustrativo, como cierre del acto, del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, proporcionó al conjunto del acto, como apuntó un destacado cargo socialista invitado al acto: “ una concreción, no exenta de todo el valor institucional, en el
que todos los presentes se sentían identificados con la Institución, mérito, sin duda, de una larga trayectoria, pero también del trabajo leal, dialogante y responsable de los que ahora están al frente de la Institución”.

La declaración, por el Ministro de Justicia en su discurso, de que la mejor manera de construir confianza y seguridad es a través del control de legalidad de cada acto o negocio que pretende inscribirse (en el Registro), realizado con rigor e independencia, por
profesionales con un profundo conocimiento jurídico y acreditada vocación de servicio público; o el reconocimiento de “la institución registral como servicio absolutamente esencial para la seguridad jurídica y el funcionamiento del tráfico económico”, no es sólo aire fresco y estimulante, sino constatación por la más autorizada voz en Justicia del Gobierno de España, de
la necesidad, valor y eficacia en los ámbitos jurídico y económico de la Institución del Registro de la Propiedad, y del elevado nivel, preparación y eficiencia de cuantas personas (registradores y personal empleado) desempeñan el trabajo y ejercen su vocación de servicio público.

Por todo eso, cuando se produzca pronto el acontecimiento de los 150 años de existencia de los Registros de la Propiedad y, después, el de los 100 años del Colegio, la vocación de permanencia de la Institución registral, volverá a expresarse a través del colectivo de registradores, en su espíritu de servicio y actualización ininterrumpida a las necesidades de los ciudadanos en el campo de la seguridad jurídica preventiva y en el desarrollo de la economía del país.