La presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, congresista Rosa Mavila León (NGP), destacó y calificó de coherente con los objetivos de la nueva política del gobierno el anuncio hecho por el experto en salud pública, Juan Arroyo, quien dijo que el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Inclusión Social será remitido al Congreso de la República a mediados de septiembre y se prevé que funcionará en el próximo mes de noviembre.
Fue al culminar la sesión que realizó su grupo de trabajo en la que participó el miembro principal del equipo técnico encargado de preparar el instrumento legal del futuro portafolio, cuyo ministro será el economista Kurt Burneo, quien ha trazado las fechas señaladas previa aceptación del Consejo de Ministros
Mavila manifestó que hay dos brazos gubernamentales expuestos por el gobierno, uno de los cuales tiende a fortalecer el crecimiento económico y estabilidad tributaria para nuestro país que tiende al desarrollo y, por otro lado, ejecutar impostergablemente el apoyo a los programas sociales; es decir, un crecimiento con rostro humano.
Será importante, dijo, el debate del proyecto de creación del referido ministerio, que de alguna manera ya está formando un derrotero en cuanto a programas productivos de resistencia frente a la adversidad y el protagonismo de las organizaciones sociales, dejando de lado el asistencialismo de épocas anteriores.
“Creo que estamos en camino a la erradicación de la exclusión y la marginalidad social en el país”, expresó.
Arroyo informó que en la última sesión del Consejo de Ministros quedó concluido el debate sobre el engranaje legal que tendrá el proyecto, cuya redacción final será terminada en estos días.
Adelantó que el futuro ministerio, que tendrá alrededor de 50 especialistas en temáticas sociales, no será burocrático porque existen ya recursos técnicos en diferentes sectores que serán concentrados en el nuevo portafolio, cuyo presupuesto inicial del orden de un 30% vendrá del MIMDES.
Puntualizó que también se dará participación a profesionales del sector privado, especialmente a los que operan en el empresariado que tienen que ver con el sector educación, salud, medio ambiente y minería.
Agregó que se promoverá el protagonismo social de los excluidos, sostenibilidad ambiental, enfoque territorial integrado para el desarrollo urbano y rural sostenible e inclusivo, así como primordialmente dar acceso al derecho.
Fuente: elinformanteperu.com
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