Los biocombustibles se presentaban como una solución ideal para las grandes corporaciones, quienes enfrentaban la presión por reducir las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, hoy en día son los principales culpables por la crisis global de incremento de los precios de alimentos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)[1], en su última reunión de primavera (12 y 13 de abril del 2008), han puesto de manifiesto la relación entre el incremento del uso de los biocombustibles y el incremento de los precios de los alimentos.

En un extenso análisis de finales del año 2007[2], se mostró la reacción en cadena del boom de los biocombustibles. Durante los primeros años de la era de los biocombustibles[3], (1) la demanda de maíz y soya aumentó rápidamente; lo que produjo que los precios de ambos se elevaran. (2) Esto incentivo a que los acres se destinen a estos cultivos, sobre todo al maíz, en detrimento de otros cultivos que fueron desplazados, llevando también al incremento de sus precios. (3) Los cambios en el precio del trigo se trasladó a la harina, el pan y otros derivados. Por otro lado, el incremento en la soya se tradujo en incrementos a los aceites para cocinar y la margarina. (4) El pollo, la carne de ganado y los lácteos también subieron, ya que los anteriores productos mencionados forman parte de su alimentación.

Lo antes señalado, se complementó con otros factores que también afectaron los precios de los alimentos: las sequías, el incremento del petróleo (encareció los fertilizantes y elevo el costo de transporte) y, los cambios en los patrones alimenticios de países como China cuyo consumo de carne per cápita aumentó en 150% desde 1980. Las consecuencias de estos factores se observan directamente en los precios de los alimentos, los que según el FMI, se han incrementado en 48% desde el 2006[4].

Finalmente, las consecuencias se observan en los precios de los alimentos, los cuales se han incrementado en 48% desde el 2006 según el FMI. Del mismo modo, ha llevado a que las revueltas sociales se agraven en países con altos niveles de pobreza. Una solución muy practicada por países del primer mundo, esta llevando a consecuencias mayores que no sólo afectan a sus propias economías (inflación), sino que producen que los más pobres deban pagar nuevamente la factura de decisiones apuradas con resultados ya previsibles desde sus planteamientos iniciales[5].

[1] Cada primavera el Comité Monetario y Financiero Internacional (FMI) y el Comité para el Desarrollo (BM/FMI) celebran reuniones para discutir los avances de la labor del Fondo y el Banco.
[2] Corinne Alexander and Chris Hurt, “Biofuels and Their Impact on Food Prices,” Purdue University, September 2007, at www.ces.purdue.edu/extmedia/ID/ID-346-W.pdf.
[3] La producción de esta fuente de energía despego alrededor del 2000.
[4] Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, en el encuentro semestral de ministros de economía de 185 naciones, alertó que dicha escalada de los precios agravaría la pobreza de 100 millones de personas.
[5] Se ha mostrado que por ejemplo, el etanol (muy usado en países ricos), ofrece una reducción muy magra de gases invernadero frente a la gasolina, pudiendo además agravar la situación si causa mayor deforestación por la extensión de sus cultivos. Leer más »

La actividad constructora es uno de los sectores más dinámicos de la economía. En enero creció 21% y acumuló 34 meses de crecimiento continuo a una tasa promedio mensual de 14,4%, muy por encima de la expansión promedio del PBI global en el mismo período (8,0%). Además, según información adelantada del INEI, el consumo interno de cemento –indicador directo del sector– aumentó casi 23% en febrero, lo que se traducirá en un crecimiento constructor de alrededor de 20% para el Primer Bimestre de 2008.

Según las proyecciones del BCR realizadas en enero, el sector construcción crecería 13% en el 2008. Sin embargo, los resultados de los primeros meses del año han superado largamente lo anticipado.

¿Qué pasó? Lo resaltante fue que, a diferencia de los primeros meses del 2007, la inversión pública destacó como un impulso importante para el crecimiento del sector. El gasto de inversión del Gobierno Central creció 22% en el Primer Bimestre de 2008, respecto del mismo período del 2007. Este impulso se mantendrá en los siguientes meses en vista de algunos factores claves:

– El proceso de implementación del nuevo esquema del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ya lleva más de un año.
– Los actuales gobiernos locales y regionales ya cuentan con mayor experiencia para la gestión (comenzaron a gobernar en el 2007).
– Se habrían disipado los temores políticos que se dieron a inicios del 2007 respecto de decisiones en procesos de adquisiciones (compra de patrulleros y ambulancias, por ejemplo).

Este factor adicional al fuerte impulso privado (crecimiento del empleo, facilidades del sistema financiero y mayores ingresos de las empresas) presionará a un crecimiento de la construcción mayor que lo inicialmente esperado.

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El último miércoles la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda peruana de largo plazo en dólares de “BB+” a “BBB-“ con perspectiva estable en el mediano plazo, elevando al país de la categoría de países con “grado especulativo” al grupo denominado “grado de inversión”[1]. Para la agencia Fitch Ratings, el crecimiento económico continuo de más de sesenta meses, junto a la importante mejora de los indicadores de solvencia externa y fiscal[2], permitieron que el Perú sea considerado como un país de “moderado riesgo de crédito o adecuada capacidad de pago”.

En otras palabras, en un escenario internacional de esperada desaceleración de la economía estadounidense y elevados precios de las materias primas, que generalmente se asocian a percepciones financieras de incertidumbre y riesgo, el Perú se encontraría en capacidad de contrarrestar cualquier posibilidad de incumplimiento de pago de sus obligaciones y cualquier eventual concentración de sus exportaciones en pocos productos.

Esta mejor percepción de los mercados financieros internacionales provocará: 1) una mayor presión a la apreciación del nuevo sol en el mercado cambiario, debido a la mayor confianza de los flujos de capitales para ingresar al país y realizar inversiones; 2) y una reducción en el costo de financiamiento para tanto el sector privado como el público, debido a un ajuste a la baja de las tasas de interés. Asimismo, no se esperarían mayores novedades en la bolsa de valores por cuanto sus actores y los precios de las acciones ya habían interiorizado que el Perú obtendría el grado de inversión durante el 2008.

Este es el primer paso pues se trata sólo del nivel más bajo de cuatro en la categoría Grado de Inversión. Además, para consolidar la pertenencia a dicha categoría, todavía resta la revisión del riesgo de crédito que realicen durante el 2008 otras dos importantes agencias calificadoras, Moody’s y Standard & Poor’s. Por consiguiente, el Perú deberá cuidar la percepción internacional de sus riesgos políticos y sociales (pobreza, institucionalidad, desigualdad, infraestructura), así como continuar con las reformas del mercado laboral, la modernización de la política tributaria y la reducción del gasto corriente.

[1] Fitch Ratings también elevó la calificación de la deuda peruana de largo plazo en nuevos soles, que ya tenía grado de inversión, de “BBB-“ a “BBB”.
[2] Según el Scotiabank, “el Perú ha acelerado su crecimiento de niveles de 7% a niveles de 9%; en los últimos doces meses, las Reservas Internacionales Netas (RIN) han pasado de US$ 18 135 millones a US$ 32 306 millones (78%), superando en poco más de US$ 10 000 millones el stock de deuda pública externa; y en los últimos meses, el Perú ha realizado diversas operaciones de reperfilamiento/prepago de deuda (Club de París, bonos Brady) y operaciones de swap de monedas”. Todo ello reduce la vulnerabilidad del país frente a shocks externos. Leer más »

El pasado martes, el presidente García indicó que los municipios estarían en la capacidad de recaudar lo referente al RUS[1] y RER[2], a través del cual tributan las medianas y pequeñas empresas, lo que ayudaría a incrementar la recaudación tributaria bajo la lógica de que éstos tienen un mayor acercamiento a la población y conocen a los sectores informales en los cuales se evidencia una mayor evasión. De esta manera, el encargo de la recaudación incrementaría las rentas de los municipios lo que les ayudaría a la realización de mayores obras.

En tal sentido, la propuesta de García implica una manera interesante de aumentar la recaudación, mediante el incremento de la base tributa (a través de la reducción de evasión) y no implicando ejercer mayor presión tributaria sobre aquellas empresas formales que ya pagan sus impuestos.

Pero, ¿que tan factible es ésta propuesta? ¿Es posible que los municipios verdaderamente cuenten con la capacidad logística de realizar esta función?, cuando vemos en algunos distritos que: i) aún persisten las amnistías que implican incentivos perversos a los que si pagan impuestos, ii) no se ha conseguido una eficiencia aceptable en el cobro del impuesto predial y arbitrios y finalmente, iii) se cuenta con una baja capacidad de ejecución del gasto, dada la escasez de proyectos eficientes. Estos tres factores, entonces, nos hacen pensar que al transferir más recursos a los municipios, se hará un uso ineficiente de los mismos.

Si bien es cierto que los factores negativos mencionados en el párrafo anterior implicarían importantes barreras en la implementación del proceso de recaudación, por parte de las municipalidades, lo cierto es que hay sectores informales y otros alejados, a los que la Sunat no llega y por tanto no se recauda, pero a los cuales el Estado si provee de otros servicios (seguridad nacional, salud, educación, etc.)

Por ello, si con la actual capacidad instalada de los municipios se puede llegar a incrementar la recaudación, implicando que no exista pérdida de eficiencia en sus funciones habituales, ni la generación de incentivos perversos que reduzcan la eficiencia del gasto, entonces la medida debiera ser implementada.

[1] Régimen Único Simplificado.
[2] Régimen Especial de Impuesto a la Renta. Leer más »

Debido a la importancia que implica mantener un parque energético eficiente y con bajos costos de generación energética como condición necesaria para incrementar la competitividad de las empresas de un país, el gobierno chileno ha propuesto la construcción de proyectos hidroeléctricos, por parte de Endesa, en la Patagonia chilena. ¿El problema? Que dichos proyectos han suscitado en la sociedad chilena el eterno debate entre conservación ecológica y crecimiento económico.

Para los pobladores de la XI Región de Aisén, al sur del país, la construcción de redes de alto voltaje y centrales hidroeléctricas podría generar un impacto ambiental irreversible en un ecosistema sensible como el de la Patagonia. Para los representantes del gobierno, dichos proyectos representan un aporte del 15% a la oferta eléctrica, lo cual ayudaría a alejar los actuales problemas de abastecimiento energético, agravados desde que la gestión de la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidiera subir los impuestos a las ya reducidas exportaciones de gas natural a Chile[1].

Una decisión de política debería ser adoptada siempre y cuando sea Pareto – eficiente, es decir, si al menos una persona puede resultar beneficiada siempre y cuando el resto de individuos involucrados no se vean perjudicados[2]. Como este criterio es difícil de alcanzar, y de medir, otros autores como Kaldor y Hicks han propuesto criterios más prácticos para poder realizar una aproximación al óptimo Pareto-eficiente[3] [4]. Sin embargo, ambas metodologías asumen que se pueden medir los costos y beneficios sociales con los cuales calcular un beneficio neto, lo cual en un análisis de problemática ambiental no es fácil de obtener[5]. En ese sentido, ¿cuál es el valor máximo que una sociedad está dispuesta a sacrificar para reducir el riesgo de un impacto ambiental?

En este caso en particular, el costo de conservar intacto el ecosistema de la Patagonia compite con el abastecimiento tradicional de energía en Chile, clave para mantener el crecimiento económico, asegurar el estilo de vida de su sociedad y reducir los índices de pobreza y desigualdad. Bajo esta perspectiva, dejar de realizar las mejoras necesarias en infraestructura para la generación de energía resultaría extremadamente elevado. Al respecto, expertos en energía, como Carmen Fernández Rozado[6], argumentan que existen recursos alternativos de generación, como la energía geotérmica, de biomasa, eólica y solar, que permitirían mantener el crecimiento de las economías y así reducir el costo de conservación ecológica. No obstante ello, las mismas no están lo suficientemente desarrolladas como para competir a nivel de costos con la utilización del petróleo o el diesel en la producción de energía en las centrales hidroeléctricas de contención y de embalse, las que a su vez, alteran de manera drástica el caudal de los ríos, el ecosistema local y pauperizan los recursos paisajísticos.

Independientemente de la decisión final que adopte el gobierno chileno, esta disyuntiva debe reflejarse en un mayor debate sobre la situación del parque energético nacional, el cual menos diversificado y más tradicional que el chileno, lo cual podría traer consecuencias nocivas, tanto en los resultados de crecimiento económico como en la conservación ambiental.

[1] economistas_argentina_recomiendan_austeridad_fiscal
[2] Pareto, V. Cours d’Economie Politique. Volumen 2. Lausanne. 1896.
[3] Kaldor, N. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. Economic Journal 49. Páginas 549-552. 1939.
[4] Hicks, J.R. The Foundations of Welfare Economics. The Economic Journal 49. Páginas 696-712. 1939.
[5] NBER Working Paper Series 13574. Enviromental Economics. Robert Stavins. 2007.
[6] http://www.cne.es/cne/doc/intervencion/fdezrozado_unesa.pdf Leer más »

En el actual contexto internacional, es interesante observar cual ha sido el comportamiento del principal inversionista institucional en el Perú, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que al 14 de marzo del 2008 cuentan con 4,1 millones de afiliados y administran una cartera de 20,7 mil millones de dólares, lo cual equivale al 18,2% del PBI y al 92% de la inversión privada.

Al respecto, se observa que las inversiones locales pasaron de 86,7% en diciembre del 2007 a 88,3% al 14 de marzo del 2008, lo que denota que las AFP estarían destinando sus inversiones principalmente en el mercado local, en línea con la fortaleza de la economía y con la mayor incertidumbre del mercado internacional.

Por otro lado, las inversiones en el exterior cayeron de 13,1% a 11,5%[1] como porcentaje del total de la cartera, sin embargo, se observa una redistribución de la cartera en las inversiones en el exterior debido que las destinadas a títulos del sistema financiero pasaron de 1,9% a 3,1% a marzo del 2008, debido a una mayor posición en acciones de estas empresas a fin de aprovechar oportunidades de compra de aquellas que estén por debajo de su valor fundamental producto de la incertidumbre en el mercado internacional. Finalmente, es interesante resaltar la recuperación de la confianza de los inversionistas retail, reflejada en el crecimiento de los aportes voluntarios en el SPP que habría ocurrido en febrero del 2008 (951 millones de nuevos soles) luego de una tendencia a la baja que se inició desde septiembre del 2007(1.2 billones de nuevos soles).

Fuente: SBS. Elaboración Propia

[1] En diciembre del 2007 se aprobó elevar el límite de las inversiones en el exterior hasta 16%.
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Hace algunos días, el gobierno dio a conocer el resultado de la evaluación hecha a los docentes peruanos. De los 183 118 profesores que rindieron la prueba (el domingo 9 y el jueves 13) solo aprobaron 8 744, apenas el 5% de los maestros. De ellos, solo 151 obtuvieron una nota superior a 14, lo que les da el derecho a realizar la segunda etapa del proceso de nombramiento. Estos resultados, confirman la necesidad de realizar una reforma profunda en el sistema educativo.

El hecho de incrementar el gasto público en educación o las remuneraciones de los docentes, no garantizan la mejora de la educación[1]. Así, el informe PISA 2007 (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), menciona que a partir de ciertos niveles de riqueza, la influencia de los contextos sociales y culturales, los sistemas educativos, las políticas aplicadas y las actitudes sociales e individuales sobre la educación cobran progresivamente mayor importancia. Tal como lo muestra el siguiente gráfico:

Fuente: PISA y FMI (2006). Elaboración Propia.

Ello nos plantea la necesidad de una reforma del proceso de capacitación, teniendo como principal eje al docente. Al respecto, un estudio reciente[2], recomienda hacer tres cosas: conseguir los mejores profesores, sacar lo mejor de los profesores y dedicarse personalizadamente a todo niño que se vaya quedando rezagado.

[1] De acuerdo al Compendio Mundial de la Educación 2007 de la UNESCO, el porcentaje del gasto en educación que se destina a salarios en el Perú es mayor que otros países que nos llevan ventaja en pruebas internacionales.
[2] How the world’s most improved school systems keep getting better

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Durante la última semana, los principales índices bursátiles de EE.UU. registraron una elevada volatilidad, explicado nuevamente por preocupaciones en torno a la solidez del sistema financiero. Entre las acciones que más redujeron su valor estuvieron las del banco Bear Stearns, las cuales bajaron 80% entre el viernes 14 y el jueves 20 de marzo. La fuerte caída se produjo luego de que se confirmara los problemas de liquidez de la empresa y en medio de una oferta del JPMorgan Chase de comprar sus acciones a US$ 2,00 cada una, muy por debajo del precio que registraban sólo unos días atrás.

En este contexto crítico para el sistema financiero norteamericano, la Reserva Federal (FED) tomó una serie de medidas para evitar una mayor profundización del problema: (i) otorgó garantías para que el JPMorgan Chase facilitara recursos de corto plazo al Bear Stearns por hasta US$ 30.000 millones, lo que evitó que este último quebrara y presionara a la baja los precios de los papeles que esta empresa hubiera tenido que vender para hacer frente a sus acreencias; (ii) brindó liquidez en bonos del Tesoro a bancos de inversión por US$ 200.000 millones, dando asimismo estabilidad a los precios de los instrumentos que estos últimos tenían dificultades para negociar y que como parte de esta medida serían dados en garantía a la FED; (iii) redujo su tasa de interés de referencia en 75 pbs hasta 2,25%.

Si bien estas medidas están destinadas a evitar un colapso del sistema financiero de EE.UU., y al parecer lo estarían logrando (la semana pasada las principales bolsas cerraron en terreno positivo), no abordan el tema de fondo: lograr que las instituciones de este sector controlen mejor los riesgos que asumen.
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Como parte de la reestructuración del MINAG (Ministerio de Agricultura), se han creado nuevas direcciones para este sector. Esta semana el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, informó acerca de la creación de la Autoridad Nacional de Agua. “Su función será establecer las cuotas necesarias que permitan cubrir las necesidades de la población, de los agricultores que actualmente concentran el 90 por ciento del consumo del agua, y de los distintos usos mineros e industriales”[1]. En ese sentido, se ha solicitado un préstamo por US$ 30 millones al Banco Mundial, que corresponde a la inversión inicial en proyectos piloto que se llevarían a cabo con la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, Ica y el Valle de Chili, en Arequipa.

Por otro lado, anunció la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos de inversión pública en el ámbito agrario, en territorios rurales de menor grado de desarrollo económico. “Nuestra propuesta va condicionada a la asociatividad de manera que logremos superar ese minifundio ineficiente e improductivo. El subsidio del Estado irá a capacitación, asistencia técnica, acceso a mercado, mejora de riego, mecanización agrícola, a fin que los agricultores puedan reconvertirse en unidades y que tengan economía de escala y sean eficientes como rentables”[2]. Sin embargo, la idea de asociatividad no es nueva. Durante la reforma agraria se organizaron empresas como las CAPs (Cooperativas Agrarias de Producción) y las SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social), cuyo fin era producir con economías de escala. Estos modelos fracasaron, entre otros motivos, por los intereses encontrados de los trabajadores que eran, al mismo tiempo, propietarios y asalariados. Fernando Eguren señala que “Las asociaciones de productores no deben ser impuestas por el Estado. Requiere de una serie de condiciones una de ellas es que debe surgir como respuesta a las necesidades de los propios productores, en el caso del Perú, (las CAPs) fue un modelo empresarial impuesto desde el Gobierno Central. No hay nada inherente ni esencial a estas asociaciones que las hagan mejores que otras formas de organización”[3].

[1] Ministerio de Agricultura, Oficina de Imagen Institucional.
[2] RPP (Radio Programas del Perú), 11 Marzo del 2008.
[3] Fernando Eguren , sociólogo. Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales. Director de la revista Debate Agrario. Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú, CEPES. Leer más »

La semana pasada la crisis del mercado sub-prime cobró una nueva víctima; el banco Bear Stearns[1]. El quinto banco de inversión de EEUU sufrió una brusca caída de sus títulos, los cuales perdieron el pasado viernes el 50% de su valor alcanzando US$ 30,00 por acción.

A fin de evitar la quiebra de dicha entidad, la FED decidió intervenir otorgando un préstamo a través del banco J.P. Morgan Chase & Co[2]. La línea otorgada proveería de liquidez a Bear por 28 días, dependiendo finalmente de qué tantos colaterales podría ofrecer. La decisión de intervención se basó en los temores que la quiebra de dicha institución afectase el resto del sistema financiero norteamericano; las consecuencias de una rápida quiebra eran desconocidas, constituyéndose en un riesgo que la FED no deseaba tomar ante su ya mermada imagen.

Esta es la primera vez, desde la gran depresión, que la FED realiza una intervención de salvataje a una entidad distinta a la de un banco comercial. Dada la situación del mercado financiero, se empezó a especular sobre la salud financiera de Bear. El martes pasado, un artículo en The Wall Street Journal, reportaba que un número creciente de firmas tomaba precauciones en sus negociaciones con Bear; así mismo, se oían rumores entre los traders de instrumentos de renta fija, que bancos europeos habían dejado de negociar con Bear. La especulación y huída de sus contrapartes y clientes, así como una mayor solicitud de colaterales ante préstamos que requerían, mellaban su situación financiera; su liquidez de corto plazo se vio comprometida. El rescate no evitó que los títulos de Bear cayeran; el mercado no recupero la confianza para detener el éxodo de clientes y contrapartes. Las potenciales consecuencias de esta intervención se observan en el hecho de un potencial incremento en el riesgo moral; ¿qué señal se ha dado a los bancos de inversión?

Finalmente, al cierre de esta nota, se confirmaba la compra de Bear Stearns por parte del banco JP Morgan, en una operación por US$ 236.2 millones; es decir, se pago sólo US$ 2.00 por acción[3]. Dicha operación fue aprobada rápidamente el domingo pasado por la FED y el gobierno americano, mostrando así la urgencia de cerrar la misma antes que los mercados financieros abran a negociación.

[1] Institución financiera de 85 años de antigüedad que sobrevivió a la gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.
[2] La FED puede prestar directamente en condiciones normales a bancos comerciales y no a bancos de inversión. Debe entenderse que el primero actúa en el campo de la intermediación financiera, mientras que el segundo en el de la desintermediación financiera. El préstamo a un banco de inversión debió ser aprobado por 5 de los 7 gobernadores de la FED; en este caso puntual, con el apoyo de ciertas cláusulas se aprobó con sólo la opinión favorable de 4 gobernadores.
[3] El valor pagado por Bear no representa ni el 1% de lo que valía el banco de inversión 16 días atrás. Significa también un 93.3% de descuento del market cap logrado el viernes pasado. Leer más »