Categoría: Políticas Públicas
House Bill 1209: Workplace Spanish designation on the student’s transcript
Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea General 119 (2016)
CÓDIGO DE IMPRESIÓN. Modificaciones: Siempre que un estatuto existente (o una sección de la Constitución de Indiana) esté siendo modificado, el texto de la disposición existente aparecerá en este tipo de estilo, las adiciones aparecerán en este tipo de estilo, las supresiones van a aparecer en este tipo de estilo.
Adiciones: Cada vez que se promulgue una nueva disposición legal (o un nueva disposición constitucional adoptada), el texto de la nueva disposición aparecerá en este tipo de estilo. También el palabra NUEVO aparecerá en ese tipo de estilo en la cláusula introductoria de cada sección que se suma una nueva disposición en el Código de Indiana o de la Constitución de Indiana.
Reconciliación de conflictos: El texto en el estatuto de este tipo de estilo o este tipo de estilo reconcilia los conflictos entre las leyes aprobadas por la Sesión Ordinaria de la Asamblea General 2015.
LEY INSCRITA EN LA CASA DE LOS REPRESENTANTES No. 1209
Ley para enmendar el Código de Indiana, en relación con la educación.
Promulgada por la Asamblea General del Estado de Indiana: SECCIÓN 1. IC 20-32-4-12 se añade al CÓDIGO DE INDIANA COMO NUEVA SECCIÓN PARA LEER LO SIGUIENTE [A partir del 1 de julio de 2016]:
Secc. 12. (a) A partir del año escolar 2017-2018, un estudiante que complete con éxito los cursos de español que incluye los elementos establecidos en el inciso (b) es elegible para recibir un reconocimiento funcional y practicable en WorkPplace Spanish en el expediente del estudiante para cada curso descrito en el inciso (b).
(b) El Departamento deberá desarrollar cursos de español bajo esta sección que incluya:
(1) Un (1) año de la gramática y el vocabulario básicos, enfocándose en el tiempo presente y saludos apropiados; y
(2) Un (1) año de vocabulario y conversación adicional, con un enfoque en el vocabulario necesario para varios tipos de entornos de trabajo.
(c) Una corporación escolar puede usar los cursos desarrollados por la Departamento o cualquier otro curso que incluyen los elementos establecidos en el inciso (b) para permitir que el estudiante reciba una designación funcional y practicable para Workplace Spanish en la trascripción del estudiante.
Enrolled House Bill (H)
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En: iga.in.gov
PPK estima que Perú podría lograr adhesión a la OCDE durante su mandato
Kuczynski y el secretario general de la OCDE sostuvieron reunión de trabajo en San Isidro
![Imagen en: http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/img/2016/10/14/ppk-estima-que-peru-podria-_ldvmRP9-jpg_604x0.jpg](http://blog.pucp.edu.pe/blog/nortenciogua/wp-content/uploads/sites/404/2016/10/ppk-estima-que-peru-podria-_ldvmRP9-jpg_604x0-300x169.jpg)
Imagen en: http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/img/2016/10/14/ppk-estima-que-peru-podria-_ldvmRP9-jpg_604x0.jpg
El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que el Ejecutivo buscará acelerar el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y estimó que la adhesión peruana se concretará durante su mandato.
“Hemos hablado de las cosas que debe hacer el Perú para poder acceder y entrar a la OCDE. Estamos viendo los tiempos, vamos a tratar de acelerar (…) No me atrevo a dar fechas, pero creo que se podría lograr durante mi mandato en la Presidencia”, señaló.
PPK dio estas declaraciones tras reunirse con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la que trataron aspectos del Programa País OCDE Perú 2015-2016.La cita se realizó en la vivienda del Jefe de Estado, en el distrito deSan Isidro.
“Hay temas de transparencia fiscal pero que estamos bien adelantados en el Perú, repatriación de capitales que es otro tema del cuál se ha hablado también (…) ya se presentó al Congreso sobre capitales que retornan al país que no se han formalizado, si se formalizan pagarán 5%”, explicó.
PERÚ CON CONDICIONES Y TRAYECTORIA
A su turno, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría aseguró que se trabaja con el objetivo de que el Perú sea miembro de su organización ya que nuestro país cuenta con las condiciones, trayectoria e instituciones para este fin.
“Tenemos mucha tarea y mucho trabajo y como dicen que las grandes trayectos comienzan con el primer paso, aquí lo estamos dando, el primer paso se dio, Perú ha estado trabajando con nosotros, hoy le entragamos al señor Presidente cuatro nuevos informes y algunas copias preparadas previamente y lo más importante hemos recibido (de PPK) las indicaciones sobre los temas que le gustaría ver más adelante”, expresó.
Video en: correo
Para mayor detalle puede visitar: Foro Perú-OCDE 2016
Federal Court Rules Consumer Watchdog’s Structure Is Unconstitutional
![Consumer Financial Protection Bureau Director Richard Cordray testifies on Capitol Hill in January. J. Scott Applewhite/AP](http://blog.pucp.edu.pe/blog/nortenciogua/wp-content/uploads/sites/404/2016/10/image-from-NPR-300x201.jpg)
Consumer Financial Protection Bureau Director Richard Cordray testifies on Capitol Hill in January.
J. Scott Applewhite/AP
A federal appeals court ruled on Tuesday that the U.S. Consumer Financial Protection Bureau was unconstitutionally structured by Congress.
The U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit decided that an independent agency should not be run by a single individual.
The CFPB, U.S. Circuit Judge Brett Kavanaugh wrote, was structured differently from other agencies. In the past, government agencies run by a single person — like the Department of Justice, for example — were always overseen by the president and the president could fire the directors at will. Independent agencies, like the Federal Communications Commission and the National Labor Relations Board, have been run by a group of people, who can only be removed by the president for cause.
The CFPB was structured by the Dodd-Frank Act of 2010 to be run by a single person, who could only be removed by the president for cause.
“The CFPB’s concentration of enormous executive power in a single, unaccountable, unchecked Director not only departs from settled historical practice, but also poses a far greater risk of arbitrary decision-making and abuse of power, and a far greater threat to individual liberty, than does a multi-member independent agency,” Kavanaugh wrote.
The petitioner in the case, PHH Corp., a mortgage lender, had asked the court to do away with the CFPB entirely and let Congress restructure the agency to meet the checks-and-balances demands of the Constitution. The court took a more narrow route. It struck the “for cause” provision of the law, which now means the CFPB is structured the way other single-leader agencies, like the Justice Department, are.
In other words, the president can now remove the agency head at will.
In a separate part of the decision, the appeals court also decided to throw out the CFPB’s $109 million order against PHH. The court said CFPB had acted, at least in part, outside the statute of limitations.
In: NPR
Flexibilidad laboral por ahora no es “prioridad política” del Gobierno
La viceministra de Economía, Claudia Cooper, señala también que la reforma en el sistema de pensiones no se hará con apresuramiento. Habrá dos comisiones para tratar el tema: una técnica y otra política.
La rigidez laboral en el país es uno de los temas que más preocupan, pues limita la formalización efectiva de los trabajadores.
En el último ranking de competitividad del World EconomicForum (WEF), el Perú ocupa el puesto 133 de 138 países en el tema de rigidez laboral. Es decir, es uno de los países donde es más difícil contratar y despedir trabajadores de manera formal.
Para el gerente general del Banco de Crédito (BCP), Walter Bayly, es precisamente la rigidez laboral una traba mayor para la formalización en el país y duda de que la rebaja del 18% al 17% del IGV vaya a tener un impacto “dramático” en este objetivo.
En respuesta, la viceministra de Economía, Claudia Cooper, reconoce que si bien la rebaja del 1GV es una señal importante, por sí sola no va a formalizar.
Sin embargo, la afirmación que sorprendió a más de uno fue que la flexibilización laboral no es la “prioridad política” del Gobierno en este momento.
“En el Ejecutivo no tenemos nada concreto en este momento para resolver este problema”, dijo en el Foro Anual Económico 2016 “Camino al Bicentenario”, organizado por la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham). Explicó que una flexibilización laboral tiene un ingrediente político más que económico, no solo en el Perú sino también en cualquier otro país.
Pese a ello, afirmó que no será un tema que se vaya a abandonar sino que se buscará una forma viable para avanzar en ese aspecto.
Segunda fase
La viceministra Cooper también anunció que la segunda parte de las reformas que se implementarán desde el Gobierno es la relacionada con el desarrollo de los mercados de capitales y el financiero, para lograr una mayor inclusión de las personas y empresas en este sector.
Estas reformas ya se iniciaron con los cambios que se vienen realizando en entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) e instituciones financieras estatales como Cofide.
La intención del Ejecutivo es que así como se tienen metas claras en materia de formalización, también se logre lo mismo con la inclusión bancaria, tanto a nivel de banca electrónica como del nivel de acceso a la banca empresa.
“Estamos empezando por reformar las instituciones que lo van a hacer posible”, añadió.
Sistema de pensiones
Otra de las preocupaciones del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es el incremento de la cobertu ra de pensiones en el país, sea en el sistema público o privado.
Al respecto, Cooper sostuvo que se crearán dos comisiones para que se analícenlas mejores alternativas para la reforma: una técnica y otra política.
La intención es que también se involucre directamente a los afiliados, que son quienes se afectan con las decisiones que se toman en este tema.
De esa manera, se evitarían los errores cometidos en las reformas anteriores.
“Lo más probable es que la población viva más, y con una legislación de 65 años claramente tenemos un problema, porque vamos a tener más viejos con menos hijos”, dijo la viceministra.
Refirió que este proceso se realizará con la paciencia respectiva, pues si es que se hace con apresuramiento se puede destruir “lo poco que nos queda” del sistema de pensiones.
Sin sobreemociones
Respecto al crecimiento potencial del PBI, Claudia Cooper reiteró que el MEF mantiene su posición de que se incrementará en un punto porcentual, desde el 4% a 5%, con las medidas que el Gobierno piensa aplicar.
En este caso, afirmó que este es el escenario base que se maneja y que no quieren “sobreemocionarse” con la recuperación de las expectativas que se perciben en los primeros meses de gestión del presidente Kuczynski.
En ese sentido, sostuvo que se espera que sea la inversión en minería, pero sobre todo en infraestructura, la que lidere el crecimiento en el país.
“Estamos esperando una inversión en infraestructura que sustituya el nuevo ciclo minero global”, aseguró.
EI MEF tiene dos objetivos sobre este aspecto. Uno es generar un entorno de inversión pública y privada diferente, que sea mucho menos dependiente del sector minero.
El segundo es aumentar la productividad para que las empresas puedan crecer.
“Para eso estamos planteando un nuevo marco tributario para el incremento de la productividad de las empresas”, dijo.
En: gestion
Estado: urgente cambio de chip, por Gianfranco Castagnola
“La administración pública está asfixiando a los ciudadanos y los funcionarios están atados de manos por sobrerregulaciones”.
Viene siendo frecuente escuchar anécdotas acerca de la irracionalidad a la que está llegando el formalismo y la sobrerregulación en el Estado Peruano. Un amigo nacido en el extranjero, que decidió nacionalizarse luego de su matrimonio, ha encontrado dificultades –irresueltas hasta ahora– por culpa de una tilde. Su expediente ha sido observado porque mientras su pasaporte consigna como su segundo nombre “Jesús”, en mayúsculas y sin tilde, su partida de matrimonio emitida en el Perú lo hace en minúsculas, con tilde.
Una ex funcionaria, que ha sido contratada para una consultoría corta por una importante entidad estatal, presentó su CV documentado, como es la norma hoy, pero el Ministerio de Economía y Finanzas lo observó: en el formulario, ella había consignado como profesión “abogada”, en femenino; pero, la copia de su título universitario decía “abogado” en masculino. El funcionario solicitó que se acercara nuevamente a llenar el formulario para que “todo coincida”. Como en el caso anterior, la consecuencia del formalismo es más tiempo y más gestiones.
Hay historias más dramáticas, como la del empresario que fue descalificado de un concurso público debido a que la renovación de su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores había sido observada por una minucia. La consecuencia para él fue una injusta sanción de inhabilitación, y para el Estado, la pérdida de un honrado y eficiente proveedor (y de muchos más, que terminan espantados de la contratación pública).
Estas anécdotas reflejan la administración pública que ha encontrado el nuevo gobierno: un aparato estatal mucho más grande –no en vano entre el 2004 y el 2014 los ingresos fiscales se triplicaron y entre el 2011 y el 2016 la planilla aumentó en 74%–, pero mucho más ineficiente. La administración pública está asfixiando a los ciudadanos y empresas, y los mismos funcionarios están atados de manos y limitados en su accionar por miles de formalismos y sobrerregulaciones inútiles.
Es razonable y deseable regular temas relacionados al ambiente, la sanidad de los alimentos, la seguridad de las edificaciones, el mantenimiento del patrimonio nacional, entre muchos otros. Para eso está el Estado: para imponer normas que aseguren la convivencia segura y sostenible de las personas. Y también es razonable y deseable que el Estado se regule por normas que imposibiliten la corrupción. El problema es que los instrumentos escogidos para hacerlo son muy malos. La gran mayoría de normas emitidas para esos fines implica la entrega de muchísima documentación –en físico, por cierto, y de forma presencial–; la tramitación de más permisos y autorizaciones; y la realización de inspecciones y fiscalizaciones que pueden terminar en la imposición de sanciones desproporcionadas por el incumplimiento de exigencias meramente formales. Todo ello resulta muy oneroso y no asegura el logro de los objetivos de la regulación.
El nuevo reglamento de licencias de conducir constituye un buen ejemplo. Todos queremos que quienes manejan vehículos cumplan las reglas de tránsito y conduzcan de manera prudente. ¿Pero alguien cree, en su sano juicio, que vamos a lograrlo obligando a todos –los nuevos y los que deben renovar su licencia– a seguir un curso de 20 horas de mecánica y primeros auxilios? Lo que es descorazonador es que nadie, salvo una columnista, ha comentado este despropósito. Hemos perdido nuestra capacidad de rebelarnos ante los dislates de nuestros gobernantes.
El tinglado de mala regulación genera sobrecostos a la actividad productiva y eleva aun más la valla de ingreso a la formalidad. Asimismo, crea amplios espacios para la arbitrariedad y corrupción y promueve la aparición de negocios parasitarios, esto es, aquellos de proveedores y consultores (muchos de los cuales participaron previamente en la gestación de la norma) cuya existencia se debe exclusivamente a estas sobrerregulaciones, pues solo son capaces de vender sus servicios porque la ley les crea este mercado cautivo.
El gobierno tiene pocas balas para reactivar la economía. En el actual contexto mundial, la única receta disponible es el combo “destrabe-simplificación-desregulación-confianza”. Es decir, una mejor gestión del Estado y un mejor entorno de negocios que pasa por poner en marcha proyectos de infraestructura que han estado trabados por la indolencia de las autoridades del gobierno anterior, y apostar fuertemente por promover la competitividad y aumentar nuestra productividad, en un marco donde las encuestas empresariales y de opinión pública reflejan un renovado optimismo sobre nuestro futuro.
Las facultades legislativas que el Congreso otorgó ayer al Poder Ejecutivo dan el espacio para avanzar en esta dirección. Hay que examinar las regulaciones que están sofocando y paralizando a ciudadanos, empresas y funcionarios. Hay mucho por derogar y sustituir por normas más sensatas, construidas en función de objetivos realistas y pensadas no para los corruptos, sino para ciudadanos y funcionarios honestos. Pero este problema no se soluciona solo con normas. Se necesita un cambio de chip en nuestro Estado y este debe venir del más alto nivel político de nuestras instituciones. Sin su liderazgo, estaremos viendo más de lo mismo en los próximos años: un Estado de espaldas a sus ciudadanos.
En: elcomercio
SERVIR Perú: Entrevista a Gregorio Montero Montero, Secretario General del CLAD
The China Factor in America’s State and Local Economies
As the world’s second-largest economy falters, pensions and tax revenues here are feeling the pinch.
BY LIZ FARMER | AUGUST 2016
Earlier this summer, New York state’s pension fund announced a mediocre year. Investment earnings were essentially flat, and as a result the fund lost $5 billion because its other receipts — contributions from government and from current employees — didn’t cover retiree payouts.
The New York pension system was the victim of a global event that began halfway across the world a year ago this month. In August 2015, the world’s second-largest economy officially began to stumble. China’s central bank stunned investors by devaluing the yuan, lending credence to what outsiders had long been suspecting: China’s years of astounding annual economic growth — at times cresting at double digits — was slowing down.
Toward the end of that month, China’s stock market endured its biggest one-day fall since 2007. The state media dubbed it “Black Monday” and the result shocked the world. Emerging market currencies slumped, commodity prices fell and Western financial markets reeled. At one point, General Electric’s stock was down by more than 20 percent. The markets seemed to recover just in time for a January report from China that the country’s growth rate for 2015 — 6.9 percent — was the weakest in a quarter-century. Although robust by U.S. standards — GDP growth in the United States last year was 2.4 percent — the bad news from Beijing once again sparked market volatility here and abroad.
In short, China has made it a difficult year for institutional investors, public pension plans prominent among them. But financial markets aren’t the only way China’s economy can impact states and localities.
For the last decade, with China a reliable engine for economic growth, other countries around the world have been feeding off it. China is the leading destination for a handful of states’ exports and accounts for more than $115 billion in goods shipped annually from the U.S. The country is a key consumer of U.S.-made airplanes, cars and medical equipment. Meanwhile, Chinese companies have stepped up their investment in U.S. cities and industries, building auto plants, investing in oil fields and buying real estate — a Beijing-based company now owns the Waldorf-Astoria hotel in New York. There is essentially no region in the U.S. without some connection to China, and at least some vulnerability to a downdraft.
U.S. economists and state development officials are familiar with the ways negative economic events in Europe, such as Britain’s recent vote to leave the European Union, can have an effect here at home. And for the near future, events in Western Europe and some other developed powers, such as Japan, will continue to have the greatest impact on states and localities. But if things in China worsen, the economic pain for governments in this country could be severe.
Even before China’s crisis rattled the U.S. stock market, state and local pension plans were struggling. Last year, annual investment returns were meager. Because of the 2015 market plunge in China, most pension plans in the United States will likely report even worse returns for 2016. The two-year hit, says a Moody’s Investors Service analysis, will effectively wipe out the funding improvements seen in 2013 and 2014.
Under Moody’s most optimistic scenario, according to which U.S. investment returns average 5 percent for this year, overall pension plan liabilities will increase by 10 percent. Under the credit rating agency’s most pessimistic outlook, where investment losses are 10 percent for the year, Moody’s sees liabilities growing by more than half. In that case, governments would be faced with demands to put significantly more general fund money into pension plans than was previously forecast.
Market volatility doesn’t just affect pension plans. A number of state governments find their tax base is significantly exposed when investment income — capital gains revenue — has a bad year. California, Connecticut and New York all tend to “get clobbered” when financial markets have a down year, says Donald Boyd, the Rockefeller Institute of Government’s fiscal studies director. These three states and Oregon (which banks heavily on personal income tax payments in general), have the highest reliance in the nation on capital gains revenue. “If you have a lot of rich people and you tax them relatively heavily,” Boyd says, “then you’re going to be most affected by this kind of scenario.”
While there’s unlikely to be anything like the 20 percent revenue drops seen during the U.S. financial crisis in 2008 and 2009, states are already starting to feel the revenue impact of the past year’s stock market reactions to China’s slowdown. Income tax collections make up about one-third of the average state’s total revenue. In April, the single biggest income tax collection month for states, the average state’s income tax revenue was down nearly 10 percent from the previous year, according to a Reuters analysis.
It’s a taste of what could happen if China falters further. California had to trim its overall income tax revenue expectations for the 2016 fiscal year by nearly $2 billion, thanks to an April shortage of about $1 billion in collections. Connecticut, Massachusetts, New Jersey and Pennsylvania also announced declines in actual or projected income tax receipts after April.
What made this issue doubly challenging was that the news came in around the time state lawmakers were in the midst of the tricky business of drawing up the next year’s budgets. “This throws a monkey wrench into it,” Boyd says, noting that it creates future problems as well. “When you’re dealing with a budget shortfall with only a few weeks to go in the fiscal year, there’s a good chance lawmakers aren’t going to find some kind of [permanent] solution. So that sets them up a year down the road for more trouble.”
Over the past decade, states and localities have jumped at chances to increase their business with fast-growing China. U.S. merchandise exports to China increased by 177 percent between 2005 and 2015. Chinese investment in U.S. companies and properties went up exponentially over the same time period, from $2.5 billion in total investment across 24 states to nearly $63 billion spread over all but three states.
Admittedly, the growth represents only a tiny slice of overall U.S international business. Exports to China account for less than 8 percent of overall outbound U.S. shipments. Chinese foreign direct investment totals less than 1 percent of all foreign investment here.
Some regions, however, have more established business ties. When it comes to exports, Washington state-based businesses are by far the most exposed to fluctuations in China. Last year, Washington businesses exported $19.4 billion in goods to the Asian nation — about one-fifth of all the state’s exports. Over the past year, Washington’s dealings with China have been ratcheting down. Last year saw a 5 percent drop in exports to China; data through May of this year shows exports to China down by about 25 percent. Robert Hamilton, Gov. Jay Inslee’s trade adviser, says trade activity is being driven down from weak economies “everywhere — not just China.” Indeed, overall U.S. exports fell 5 percent last year, the largest decrease since the recession.
Still, Washington state’s exposure creates some concerns. Trade directly and indirectly accounts for one out of every four jobs in the state. Last year, Moody’s flagged it for being an at-risk state thanks to a slower China. This year, Moody’s has been careful not to sound apocalyptic about Washington state’s situation. “They’re pretty well insulated,” says Moody’s Washington analyst Kenneth Kurtz. But China-watchers in the state remain nervous.
Other regions in the U.S. will see an impact if China’s demand for consumer products wanes significantly. Computer equipment, for example, is a top export to China. Companies based in San Jose, Calif.; Boise, Idaho; and Austin, Texas, are the nation’s top producers of those products, and will feel a pinch if Chinese shoppers stop buying. Detroit and other regions reliant on auto manufacturing could also see a dip in business if China’s high demand for U.S.-made cars slows.
Chinese investment in the United States has grown rapidly over the past decade, although it has been concentrated on a limited number of targets. The vast majority of the investments from China have been in mergers and acquisitions. These ownership changes tend to grab headlines — like when Chinese insurance giant Anbang bought the Waldorf from the Hilton hotel chain for nearly $2 bllion last year. In most cases, new Chinese ownership does not change a company’s economic footprint. Hilton, for example, remains the Waldorf’s operator.
One other area where Chinese investment has had an impact is in so-called greenfield purchases. Those are investments where the parent company builds its operations here from the ground up, such as Yuhuang Chemical’s $1.85 billion methanol plant in Louisiana or Tranlin Paper’s $2 billion paper plant in Virginia, both of which broke ground last year. In the San Francisco Bay Area, which has long been a favorite of Chinese companies, more than one-quarter of greenfield investment value in the region comes from China, according to the Brookings Institution’s Joseph Parilla. Other top areas in the country for greenfield purchases are Chicago, New York City, San Jose and Seattle.
Most greenfield investments are typically made with a long-term view, so a Chinese slowdown like the current one might not have much immediate effect on them. It’s possible that a slower economy at home could cause Chinese companies to direct more new investment toward stable economies like the United States and away from riskier markets in emerging countries. But it’s also possible that a weaker economy at home could force Chinese investors to pull back in all world markets as foreign development becomes a more expensive proposition than the country’s corporations want to make.
From time to time, there are fears about a local real estate market in the United States “being gobbled up” by the Chinese and other private global investors. “If they all pull back, then all of a sudden, you’ve got this glut of really high-end real estate built for folks who are not necessarily in your metro area,” Parilla says, adding that this is something to watch in New York City and San Francisco, and to a lesser extent Chicago and Seattle.
For now, China is a lesson in perspective. Long isolated from the rest of the world, it has taken advantage of its rapid growth and fast-growing connections to other countries to become a major force in global markets. As state and local governments in the United States have become more enmeshed with the Chinese economy, opening offices in China to attract more direct development, they have increased their exposure. Fears about the effects of a prolonged Chinese downturn played a big role in the psychological contagion that roiled U.S. financial markets last year.
So far, most of the negative fallout in this country has been confined to a limited number of regions and economic sectors. But if the Chinese economy remains sluggish for a long period, the effects will be felt much more broadly by American investors and state and local governments. That is why even governments that haven’t felt the effects so far may want to train a wary eye on the fiscal picture in Beijing.
In: governing
¿Por qué en Chile protestan contra las AFP?
A propósito de la masiva marcha contra las AFP en Santiago y otras ciudades de Chile. Cabe recordar que Chile es el inventor de este sistema que Perú y otros países de latinoamérica importaron.
En 1981, durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, se instauró el sistema privado de pensiones, el cual sigue vigente hasta hoy y que además ha sido adoptado en varios países de la región como Perú y Argentina. | Fuente: CNN Chile / YouTube
Este domingo unos 750 mil chilenos salieron a las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile para exigir el fin del sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. En Santiago, según la policía, participaron unas 50 mil personas pero según los organizadores fueron más de 100 mil. Luis Messina, dirigente de la Coordinadora “No+AFP”, convocante de la marcha, los definió como “los indignados de Chile”. ¿De qué va la protesta? Básicamente va porque los afiliados reciben pensiones muy bajas que no corresponden con el porcentaje que se estipuló al inicio del sistema privado de pensiones.
Pensionistas reciben menos del salario mínimo. “El tema son las pensiones, si estas fueran más altas, los cuestionamientos serían menos. La observación va hacia el retiro programado. Si te concentras en los afiliados que están en el grupo vejez-edad, son unos 300 mil, y allí el 90% recibe menos de 240 dólares. Y tu tienes dos tercios del salario mínimo en ese 90% de personas que están pensionadas. Esa es la observación principal, están recibiendo menos del salario mínimo, cuando el creador en el año 80, José Piñera (ministro de Trabajo de Pinochet), señaló que uno se iba a retirar con el 70% de su última remuneración”, explica el economista Carlos Urranaga.
La famosa tasa de reemplazo. A ese 70% se le denominó “tasa de reemplazo” y designaba cuál iba a ser la pensión que uno recibiría, una vez jubilado, con relación a la última remuneración que recibió estando en actividad. Es decir que si uno recibía mil soles, su pensión sería 700. “Eso decía Piñera. Sin embargo, la tasa de reemplazo no fue calculada por la Superintendencia y la comisión Bravo, esa que se quiere replicar en el Perú, fundamentalmente hizo un pequeño cálculo y dijo que la tasa de reemplazo era 22%, es decir que si ganabas 1000 soles, ya no te ibas con 700, sino con 220 soles”, explica el economista.
Otro dato a tener en cuenta. Hay 18 millones de chilenos, de ellos 10 millones forman parte del sistema privado de pensiones, o sea más de la mitad, y 750 mil son los que han protestado. “Una de las observaciones que hacen es que hay 170 mil millones de dólares en fondos de pensiones, 31 mil millones de esos se destinan a 10 bancos y los bancos después prestan a 40%. Ellos se quejan de tasas de 40%. El ministro de Hacienda ha dicho que quieren volver a un sistema que implique dinero de los contribuyentes, estamos en déficit fiscal, nos estamos endeudando 10 mil millones de dólares cada año, respuestas parecidas a las que escuchamos acá”, explica el especialista.
![Miles de chilenos salieron a protestar contra las AFP asegurando que otorgan pensiones muy bajas (300 dólares en promedio), aunque en muchos casos es por debajo de los 240 dólares. De cualquier forma, los montos son inferiores al salario mínimo, que en Chile es el equivalente a 373 dólares. Miles de chilenos salieron a protestar contra las AFP asegurando que otorgan pensiones muy bajas (300 dólares en promedio), aunque en muchos casos es por debajo de los 240 dólares. De cualquier forma, los montos son inferiores al salario mínimo, que en Chile es el equivalente a 373 dólares.](http://e.rpp-noticias.io/normal/2016/07/26/355635_204204.jpg)
Miles de chilenos salieron a protestar contra las AFP asegurando que otorgan pensiones muy bajas (300 dólares en promedio), aunque en muchos casos es por debajo de los 240 dólares. De cualquier forma, los montos son inferiores al salario mínimo, que en Chile es el equivalente a 373 dólares. | Fuente: AFP
Componente de solidaridad. “Hay un proyecto de ley en Chile en el que se vuelan el sistema privado de pensiones. Por otro lado, dentro de la pensión en el sistema privado chileno hay un componente de solidaridad, que son uno 1800 millones de dólares que le entrega el Estado chileno a las AFP para que se eleven las pensiones de aquellos que perciben menores montos. Por ejemplo, si tú recibes 200 dólares te lo suben a 220, un 10% más”.
Emulación peruana del sistema chileno. “Ahora entiendo porque El Mercurio subraya una entrevista con el futuro ministro Alfredo Thorne, porque sabiendo que la marcha era el domingo, el mensaje era que, tomando declaraciones de Thorne, ‘el ministro de economía de nuestro vecino está diciendo que va a copiar nuestro sistema, el cual ustedes están protestando’. Ese es un tema no menor, se está diciendo que se va a copiar el sistema de Chile, cuando ese sistema está siendo observado allá por los mismos usuarios. Los trabajadores se quejan que ‘a nosotros nos exigen mayores aportes, nos exigen que trabajemos más y encima, cuando retornan los servicios, por el lado de las empresas que reciben estos beneficios, los precios hacia nosotros son altos. Es una discusión parecida a la que ocurre acá”, finaliza el experto.
![El actual sistema de pensiones opera como una cuenta de ahorro forzoso, en la que los empleados aportan a las AFP el 10% de sus sueldos. El actual sistema de pensiones opera como una cuenta de ahorro forzoso, en la que los empleados aportan a las AFP el 10% de sus sueldos.](http://e.rpp-noticias.io/normal/2016/07/26/305730_204210.jpg)
El actual sistema de pensiones opera como una cuenta de ahorro forzoso, en la que los empleados aportan a las AFP el 10% de sus sueldos. | Fuente: EFE
![En el sistema privado de pensiones chileno los ciudadanos depositan 10% de sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por las AFP. El rendimiento de esos fondos determina el monto que recibirá cada uno cuando se jubile. Este sistema de AFP sustituyó al estatal en el que los trabajadores pagaban una contribución al Estado para financiar las pensiones de los que en ese momento eran jubilados. Eso con la expectativa de que los futuros trabajadores contribuyeran a su vez para cuando les llegara el turno a ellos de ser pensionados. En ese esquema, el monto de la pensión era fija y conocida de antemano. En el actual depende de las fluctuaciones del mercado, consigna un artículo de la BBC. En el sistema privado de pensiones chileno los ciudadanos depositan 10% de sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por las AFP. El rendimiento de esos fondos determina el monto que recibirá cada uno cuando se jubile. Este sistema de AFP sustituyó al estatal en el que los trabajadores pagaban una contribución al Estado para financiar las pensiones de los que en ese momento eran jubilados. Eso con la expectativa de que los futuros trabajadores contribuyeran a su vez para cuando les llegara el turno a ellos de ser pensionados. En ese esquema, el monto de la pensión era fija y conocida de antemano. En el actual depende de las fluctuaciones del mercado, consigna un artículo de la BBC.](http://e.rpp-noticias.io/normal/2016/07/26/040604_204233.jpg)
En el sistema privado de pensiones chileno los ciudadanos depositan 10% de sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por las AFP. El rendimiento de esos fondos determina el monto que recibirá cada uno cuando se jubile. Este sistema de AFP sustituyó al estatal en el que los trabajadores pagaban una contribución al Estado para financiar las pensiones de los que en ese momento eran jubilados. Eso con la expectativa de que los futuros trabajadores contribuyeran a su vez para cuando les llegara el turno a ellos de ser pensionados. En ese esquema, el monto de la pensión era fija y conocida de antemano. En el actual depende de las fluctuaciones del mercado, consigna un artículo de la BBC. | Fuente: AP
![La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, propuso la creación de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que supuestamente beneficiaría a los trabajadores. No obstante, los trabajadores quieren una reforma total del sistema. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, propuso la creación de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que supuestamente beneficiaría a los trabajadores. No obstante, los trabajadores quieren una reforma total del sistema.](http://e.rpp-noticias.io/normal/2016/07/27/091209_204642.png)
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, propuso la creación de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que supuestamente beneficiaría a los trabajadores. No obstante, los trabajadores quieren una reforma total del sistema. “Llamamos a la presidenta a que termine de una vez con el sistema de AFP impuesto en la dictadura y a restablecer un sistema de reparto solidario, financiado de manera tripartita y administrado por un organismo sin fines de lucro, como el que tienen los países de Europa y Norteamérica y los países de la OCDE”, dice un comunicado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP. En pocas palabras, los trabajadores quieren regresar al sistema que existía antes de 1980. | Fuente: Internet
En: rpp
Argentina: La mitad de los funcionarios públicos despedidos en Argentina no cumplían ninguna función
23 DE JULIO 2016 – 12:03 PM
“Personas que cobraban un sueldo y no iban a trabajar”, “militancia soportada por el Estado” y “duplicación de tareas”. Ésos fueron las tres causales con las que el gobierno argentino justificó la desvinculación de 10.662 empleados públicos en 23 ministerios y dependencias estatales.
La etapa de rescisión de los contratos ya terminó en todos los organismos y ahora se pasará a un proceso de “jerarquización del empleo público”, señalaron fuentes oficiales.
De una revisión preliminar del gobierno en las áreas de recursos humanos de las dependencias estales surgió que unas 5.300 personas, un 49,7% del total, no asistían a su lugar de trabajo o no cumplían su función.
Se estima que el ahorro en gasto público por las bajas ascenderá a unos $ 187 millones para fin de año.
El gobierno, no obstante tuvo que dar marcha atrás con algunos despidos. En principio, las desvinculaciones eran 10.921, pero el Ejecutivo reincorporó a 259 personas tras una revisión de sus casos.
Esos empleados lograron que se reconociera que habían sido apartados sin justificación y volvieron a sus puestos.
Dentro del grupo que según el gobierno percibían un sueldo y no se presentaban en su lugar de trabajo se pueden contabilizar, al menos, 2060 despidos. En este apartado fueron ubicados 50 trabajadores en la cartera de Justicia, donde se contabilizó que había personas que vivían en otras provincias y nunca habían ingresado en el ministerio.
En la Secretaría de Comercio, en tanto, la gestión de Miguel Braun desvinculó a 130 personas que habían sido contratadas por Guillermo Moreno aunque “no desempeñaban tareas específicas”.
El caso más elocuente fue el que se registró en el Senado. La nueva gestión contabilizó que 2.000 personas fueron pasadas a planta permanente en 2015 sin aparente justificación. “No existe espacio físico ni para 1000 personas en la Cámara alta”, señaló el memo.
En: elnacional