DECRETO LEGISLATIVO Nº 1405: DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE REGULACIONES PARA QUE EL DISFRUTE DEL DESCANSO VACACIONAL REMUNERADO FAVOREZCA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1405

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo de sesenta días calendario, la facultad de legislar en materia económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de gestión del Estado;

Que, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú dispone que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados; debiéndose regular por ley o por convenio su disfrute y compensación; por su parte, el artículo 40 de la Constitución Política del Perú precisa que los derechos de los servidores públicos se regulan por ley;

Que, el primer párrafo del artículo 2º del Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52), aprobado y ratificado por el Estado peruano el 1 de febrero de 1960, señala que toda persona a la que se aplique el referido instrumento tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos;

Que, el cuarto párrafo del artículo precitado dispone que la legislación nacional podrá autorizar, a título excepcional, el fraccionamiento de la parte de las vacaciones anuales que exceda de la duración mínima prevista por el referido artículo;

Que, el primer párrafo del artículo 3º del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), aprobado y ratificado por el Estado peruano el 16 de junio de 1986, señala que, con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Estado Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales;

Que, en virtud de la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, se ve por conveniente modificar la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores a fin de que puedan disponer de su descanso vacacional de acuerdo a sus necesidades personales;

Que, el artículo 46 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los Sistemas Administrativos del Estado tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso; siendo uno de ellos el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

De conformidad con lo establecido en el acápite a.7 del literal a) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO

QUE ESTABLECE REGULACIONES

PARA QUE EL DISFRUTE DEL DESCANSO

VACACIONAL REMUNERADO FAVOREZCA LA

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Artículo 1.- Objeto y alcance

1.1. El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado de los servidores de las entidades públicas favorezca la conciliación de su vida laboral y familiar, contribuyendo así a la modernización del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado.

1.2. El presente Decreto Legislativo es aplicable a los servidores del Estado bajo cualquier régimen de contratación laboral, especial o de carrera, incluyendo al Cuerpo de Gerentes Públicos, salvo que se regulen por normas más favorables.

Artículo 2.- Descanso vacacional

2.1. Los servidores tienen derecho a gozar de un descanso vacacional remunerado de treinta (30) días calendario por cada año completo de servicios. La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la entidad. A falta de acuerdo, decide la entidad.

2.2. El derecho a gozar del descanso vacacional de treinta (30) días calendario por cada año completo de servicios está condicionado a que el servidor cumpla el récord vacacional que se señala a continuación:

2.2.1. Tratándose de servidores cuya jornada ordinaria es de seis (6) días a la semana, deben haber realizado labor efectiva al menos doscientos sesenta (260) días en dicho periodo.

2.2.2. Tratándose de servidores cuya jornada ordinaria es de cinco (5) días a la semana, deben haber realizado labor efectiva al menos doscientos diez (210) días en dicho periodo.

2.3. El cómputo del récord vacacional será regulado por el Reglamento.

Artículo 3.- Fraccionamiento del Descanso Vacacional

3.1. El descanso vacacional remunerado se disfruta, preferentemente, de forma efectiva e ininterrumpida, salvo que se acuerde el goce fraccionado conforme a los numerales siguientes.

3.2. El servidor debe disfrutar de su descanso vacacional en periodos no menores de siete (7) días calendario.

3.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, el servidor cuenta con hasta siete (7) días hábiles, dentro de los treinta (30) días calendario de su periodo vacacional, para fraccionarlos en periodos inferiores al establecido en el numeral 3.2. y con mínimos de media jornada ordinaria de servicio.

3.4. Por Reglamento se regulan las condiciones y el procedimiento para el uso de los días fraccionados.

3.5. Por acuerdo escrito entre el servidor y la entidad pública se establece la programación de los periodos fraccionados en los que se hará uso del descanso vacacional. Para la suscripción de dicho acuerdo, deberá garantizarse la continuidad del servicio.

Artículo 4.- Adelanto del descanso vacacional

Por acuerdo escrito entre el servidor y la entidad pública, pueden adelantarse días de descanso vacacional antes de cumplir el año y récord vacacional correspondiente, siempre y cuando el servidor haya generado días de descanso en proporción al número de días a utilizar en el respectivo año calendario.

Artículo 5.- Refrendo

El presente Decreto Legislativo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

FINALES

Primera.- Reglamentación

El presente Decreto Legislativo es reglamentado por el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de acuerdo al ámbito de sus competencias, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda.- Regímenes laborales especiales en el sector privado

Los regímenes laborales especiales en el sector privado se regulan bajo sus propias reglas, no resultándoles aplicable el presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

MODIFICATORIA

Única.- Modificación del Decreto Legislativo Nº 713

En aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley, modifíquese los artículos 10, 17 y 19 del Decreto Legislativo Nº 713, para los trabajadores del régimen laboral general del sector privado, en los siguientes términos:

Artículo 10.- El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios.

Dicho derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se señala a continuación:

a) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días en dicho período.

b) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de cinco días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez días en dicho período.

c) En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo cuatro o tres días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al goce vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan de diez en dicho período. Se consideran faltas injustificadas las ausencias no computables para el récord conforme al artículo 13 de esta Ley.

Por acuerdo escrito entre las partes, pueden adelantarse días de descanso a cuenta del período vacacional que se genere a futuro conforme a lo previsto en el presente artículo.

En caso de extinción del vínculo laboral, los días de descanso otorgados por adelantado al trabajador son compensados con los días de vacaciones truncas adquiridos a la fecha de cese. Los días de descanso otorgados por adelantado que no puedan compensarse con los días de vacaciones truncas adquiridos, no generan obligación de compensación a cargo del trabajador.”

Artículo 17.- El trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, el disfrute del período vacacional puede ser fraccionado de la siguiente manera: i) quince días calendario, los cuales pueden gozarse en periodos de siete y ocho días ininterrumpidos; y, ii) el resto del período vacacional puede gozarse de forma fraccionada en periodos inclusive inferiores a siete días calendario y como mínimos de un día calendario.

Por acuerdo escrito entre las partes, se establece el orden de los periodos fraccionados en los que se goce el descanso vacacional.”

Artículo 19.- El descanso vacacional puede reducirse de treinta a quince días calendario con la respectiva compensación de quince días de remuneración. El acuerdo de reducción es por escrito.

La reducción solo puede imputarse al período vacacional que puede gozarse de forma fraccionada en periodos inclusive inferiores a siete días calendario.”

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO

Presidente del Consejo de Ministros

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Ejecutivo dice adiós a la negociación colectiva para mejoras salariales

Incongruencia. Gobierno publicará decreto tomando en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque el ministro Oliva señala que la mejora de sueldos será a través del régimen del Servicio Civil.

Imagen: http://thesciencepost.com/wp-content/uploads/2015/06/Strike-budgeting-save-money-on-strike.jpg

Es inconstitucional que en el Estado se prohíba negociar colectivamente condiciones económicas. Lo dice el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia que está pendiente de cumplimiento por parte del Congreso desde el 6 de diciembre del 2017.

Sin embargo, en las facultades delegadas, el Ejecutivo solicitó sustituir al Congreso en esta materia y de acuerdo con Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, en los próximos días se publicará un Decreto Legislativo (DL) que “regule la negociación colectiva de acuerdo a lo manifestado por el TC”, expresó ayer en el Congreso.

“Estamos trabajando con el proyecto que está siendo debatido en el Consejo de Ministros. Todavía tenemos una semana -el plazo de las facultades vence este lunes 17 de setiembre- para afinar esa norma y la próxima semana estará publicada en El Peruano”, anotó Oliva.

Si bien lo expresado por el titular del MEF haría pensar que el Ejecutivo respetará el fallo del TC, Oliva manifestó que lo concerniente a los aumentos en el sector público se tiene que hacer a través del régimen del Servicio Civil, pues para eso fue creado hace varios años.

Específicamente, la Ley del Servicio Civil fue promulgada el día 3 de julio de 2013, y a la fecha solo una entidad tiene a sus trabajadores en este régimen, y no es precisamente el MEF sino la Oficina de Normalización Previsional (ONP). No obstante, a la fecha, no existe ningún trabajador en el Perú bajo el Servicio Civil.

“Ese es el mecanismo de los aumentos, sobre todo de los trabajadores del DL 276. Incluso, el MEF va a ser uno de los primeros ministerios que entre a esta nueva norma porque creemos que es beneficiosa para los trabajadores”, adelantó el titular del MEF.

En tal sentido, Oliva destacó los alcances de ese régimen que, además de todos los derechos laborales, brinda 14 sueldos a los trabajadores, el pago de CTS, entre otros aspectos que hoy no perciben tampoco los trabajadores CAS, quienes solo reciben 12 salarios al año. En el caso de los trabajadores bajo el régimen del DL 728, la migración hacia Servicio Civil no significa mucha variación respecto a los beneficios que hoy perciben.

Contrasentido

La prohibición para negociar condiciones económicas en el Estado data desde la Ley de Presupuesto del 2012.

El abogado laboralista Ricardo Herrera recordó que no solo la Ley de Presupuesto fue declarada inconstitucional en ese artículo sino también la Ley del Servicio Civil en el artículo que prohíbe negociar para mejora de salarios en el aparato estatal, así como otros artículos referidos a laudos.

“No podemos volver a la parte declarada inconstitucional. Lo que correspondía era que el Congreso dicte una nueva Ley de Negociación Colectiva en el Estado”, aseveró.

Ese Decreto Legislativo, explicó Herrera, debería permitir negociar condiciones económicas en el sector público, una negociación colectiva centralizada y solo negociar al año por cinco o seis pliegos. “Es decir, que se abra la negociación colectiva en las empresas del Estado como si fuesen empresas privadas tomando en consideración el presupuesto de cada entidad”, dijo.

Actualmente sí existe negociación colectiva en el Estado, pero que, a criterio del experto, está vaciada de contenido pues no se puede discutir nada económico ni bonificaciones. “El TC ya lo dijo, los artículos de la Ley Servir que prohíban son inconstitucionales. Eso ya está zanjado y sería desacatar la sentencia. Se insistiría en el error en un abierto desacato al TC, que tiene responsabilidad funcional”, advirtió Herrera.

Nueva demanda inconstitucional

– Los trabajadores no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran era previsible desde que se dio a conocer la Ley de Presupuesto 2019, que siguió incorporando el artículo 6 -introducido en 1992- que prohíbe cualquier mejora de salarios en el Estado.

– La Coordinadora de Obreros Municipales del Perú informó que hoy comprará los padrones en la ONPE y buscará recolectar 10 mil firmas a nivel nacional, que serán presentadas los primeros días de diciembre, para presentar una acción de inconstitucionalidad (solo con alcance para gobiernos locales) a la Ley de Presupuesto 2019 en su artículo 6 y contra todo dispositivo que restrinja la negociación colectiva para mejora de sueldos.

Radiografía de la negociación colectiva [INFOGRAFÍA]

Ejecutivo dice adiós a la negociación colectiva para mejoras salariales. Gobierno publicará decreto tomando en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque el ministro Oliva señala que la mejora de sueldos será a través del régimen del Servicio Civil.

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Propietarios de edificios ahora podrán demandar a los inquilinos morosos

Instrumento legal. En el caso que inquilinos o propietarios no paguen servicios de mantenimiento. Congreso aprobó ley.

Imagen: https://static.panoramio.com.storage.googleapis.com/photos/large/25947618.jpg

Con 81 votos a favor, el Congreso aprobó la propuesta legislativa que permite a la junta de propietarios de un condominio o edificio demandar a los inquilinos morosos que no paguen servicios de mantenimiento. Para ello, a la junta de propietarios se le dará el estatus de asociación.

“Con esta ley podremos formalizar a la junta de propietarios, otorgándole la condición de persona jurídica (asociación civil sin fines de lucro), capacidad legal requerida para cobrar con mayor vehemencia y hasta embargar a los vecinos morosos”, explicó el congresista Carlos Bruce, impulsor de la iniciativa.

Bruce señaló que, para que la cobranza de las cuotas de mantenimiento sea eficaz, se establecen como responsables solidarios al propietario y al poseedor del departamento; extendiendo dicha responsabilidad a los futuros compradores y por eso ellos deberán verificar con la junta que no existan cuotas pendientes.

Asimismo, las cuotas deberán pagarse, aunque la vivienda no estuviera ocupada y los instrumentos de cobro impagos constituirán títulos ejecutivos. Se debe señalar que la junta podrá nombrar a uno de los propietarios como “administrador propietario”; o también podrá contratar a empresas dirigidas por un “administrador inmobiliario” (profesional acreditado ante el Ministerio de Vivienda) encargadas de la cobranza y de proveer los servicios necesarios para conservar el edificio (carpinteros, electricista, gasfiteros y otros).

Finalmente, Bruce remarcó que con la pronta promulgación de esta ley Nº 114/2016-CR se garantizará la conservación del valor del inmueble, evitando su rápida devaluación gracias a una eficiente administración inmobiliaria que previene, a su vez, el conflicto entre vecinos.

Parqueo por minuto
Por otro lado, el Congreso también aprobó modificaciones a la Ley 29461 que regula el servicio de estacionamiento vehicular. Con ello las empresas que prestan el servicio ya no deberán cobrar por ‘hora o fracción’ sino por minutos.

Solo podrá exonerarse de cobro los primeros 15 minutos en los establecimientos comerciales donde no se acredite consumo mínimo. Pasado ese plazo, se podrá exigir una retribución económica.

En: larepublica

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor

De acuerdo con el articulo 1 de las disposición generales del reglamento, su alcance es de carácter nacional y cumple un rol de articulación intergubernamental e intersectorial, cuyo objeto es desarrollar y precisar la aplicación de la Ley Nº 30490 – Ley de la Persona Adulta Mayor, en concordancia con:

a) La Constitución Política del Perú,
b) La Declaración Universal de Derechos Humanos,
c) Tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado Peruano,
d) Así como con otras normas y políticas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores.

La promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor están bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Acceso al Reglamento: REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30490, LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR – DECRETO SUPREMO Nº 007-2018-MIMP

Common Law v. Statutory Law

The common law differs from statutory law because it is mainly based on precedent. Statutory law is a more formal body of the legal system that consists of written legislation. This legislation will mainly be based on rules and regulations either mandating or prohibiting certain behaviors of the general public. Common law, on the other hand, will allow judges to decide cases based on the rulings of prior cases with similar circumstances.

Many times statutory law can be interpreted differently by different people. This is why making rulings based on precedent in common law systems can be beneficial when the meaning of a law is disputed. When the facts of a case are unique and there is no binding precedent, these are called cases of first impression. In this case, a judge’s decision will essentially form law and subsequent cases will be ruled in a similar way.

The main differentiation between common law and statutory law is the way in which the laws are created. As stated above, common law comes from precedent. Statutory law is made by the Government. It is designed to keep citizens safe as well as ensure that citizens are able to function in everyday life. If there is an issue before the court that absolutely cannot be decided by precedent or a judge’s decision, the court may turn to statutory law to decide the case. When a statutory law is broken by a citizen, the Government will have a predetermined punishment that is in proportion to the nature of the crime.

There are many different types of Government agencies that are able to issue statutory law. Many times, a judge’s decision will be based on a combination of statutory law and common law. This means judges will incorporate both written statutes and case precedent when issuing a ruling. It is important for both judges and attorneys to be aware of recent changes in statutory law and relevant court decisions that will affect common law.

Most of the time, the areas of contract law, tort law, and property law exist within common law, not statutory law. Although there may be some written statutes in these areas, most of the time a judge’s decision will be based on precedent. Statutory law will give only a rigid, formal interpretation of the law. It does not always apply easily to all situations. This is why it is beneficial for judges to refer to prior cases, rather than legislation. Many times, a precedent will be identified and then applied to the case at hand through analogy.

In: common.laws.com

Read also: English Common Law

Hetes v. Schefman & Miller Law Office

Hetes v. Schefman & Miller Law Office, 152 Mich. App. 117

Court of Appeals of Michigan

April 2, 1986, Submitted ; May 21, 1986, Decided

Docket No. 86126

152 Mich. App. 117

JOAN D. HETES, Plaintiff-Appellant,

v.

SCHEFMAN & MILLER LAW OFFICE, a Michigan partnership, BRYAN L. SCHEFMAN, MILTONETTE STEINBERG-LEGGS, and THERESA PRISBY, jointly and severally, Defendants-Appellees

Disposition: Affirmed in part and reversed in part.

OPINION

Plaintiff appeals as of right from a circuit court order granting summary disposition of plaintiff’s complaint for breach of an oral employment contract.

Plaintiff was employed as a receptionist for defendant law firm from September, 1983, until May, 1984. Plaintiff did not enter into a written contract. At the time of her hire, the law firm gave plaintiff an office manual which outlined employee duties and responsibilities. The manual did not specify termination procedures. In addition, plaintiff had at least two conversations with representatives of the law firm prior to assuming the receptionist position. Plaintiff testified in her deposition that, in both conversations, she was assured that “… I had a job as long as I did a good job.”

Plaintiff was discharged from employment on May 9, 1984. The circumstances surrounding her discharge are in dispute. In August, 1984, plaintiff filed a complaint alleging that defendants had breached the employment contract by failing to pay plaintiff’s hospitalization benefits and by terminating plaintiff’s employment in bad faith and without just cause. Plaintiff further alleged that, as a result of defendants’ wrongful acts, including intentional infliction of emotional distress, she suffered from loss of self-esteem and confidence in her ability. Plaintiff’s second count, for libel, was dismissed by stipulation of the parties.

The trial court granted defendants’ motion for summary judgment on the basis that plaintiff’s deposition testimony established that plaintiff had a “satisfaction” contract and could be terminated at any time without just cause. Plaintiff argues on appeal that the defendants’ assurances (garantía) that she would have a job as long as she “did a good job” constituted an oral promise that she not be discharged except for just cause and that the lower court erred in summarily dismissing her claim.

The circuit court did not specify which section of the court rule it was relying upon in granting summary judgment. However, since the court referred to plaintiff’s deposition testimony as the basis for its decision, we conclude that summary judgment was granted pursuant to GCR 1963, 117.2(3), now MCR 2.116(C)(10), no genuine issue as to any material fact.

Summary judgment is appropriate under this subrule only if the court is satisfied that it is impossible for the nonmovant’s claim to be supported at trial because of a deficiency which cannot be overcome. Rizzo v Kretschmer, 389 Mich. 363207 N.W.2d 316 (1973). Courts are liberal in finding that a genuine issue of material fact does exist and must give the benefit of every reasonable doubt to the party opposing the motion. Rizzo, supra; Wong v City of Riverview, 126 Mich.App. 589337 N.W.2d 589 (1983); Jones v Schaeffer, 122 Mich.App. 301332 N.W.2d 423 (1982).

In Toussaint v Blue Cross & Blue Shield of Michigan, 408 Mich. 579, 598; 292 N.W.2d 880 (1980), reh den 409 Mich. 1101 (1980), the Supreme Court held that

1) a provision of an employment contract providing that an employee shall not be discharged except for cause is legally enforceable although the contract is not for a definite term — the term is indefinite, and

2) such a provision may become part of the contract either by express agreement, oral or written, or as a result of an employee’s legitimate expectations grounded in an employer’s policy statements.

The oral representations relied upon in Toussaint and Ebling v Masco Corp, its companion case, are almost identical to those given to plaintiff in the present case. Moreover, in both cases, the Court decided that, based on the representations, juries could conclude that the defendant companies had entered into express agreements to discharge Toussaint and Ebling only for cause. We believe that a jury could reach a similar conclusion in the present case.

Here, defendants’ representatives orally assured plaintiff that she would remain employed as long as she did a good job. Contrary to the lower court’s finding, a jury could reasonably have construed the oral representations as a promise to discharge only for good or just cause. Toussaint, supra, p 610. See also Cowdrey v A T Transport, 141 Mich.App. 617, 621; 367 N.W.2d 433 (1985); Bullock v Automobile Club of Michigan, 146 Mich.App. 711381 N.W.2d 793 (1985). Therefore, the questions of whether plaintiff’s contract included a termination for just cause provision and whether she was terminated in breach of the oral contract were for the jury and summary judgment was improperly granted on this basis.

Plaintiff also argues that the trial court erred in granting summary disposition on that portion of her claim alleging emotional distress. We note that plaintiff failed to plead intentional infliction of emotional distress in a separate count but rather incorporated it in her breach of contract claim.

Damages for mental distress are not recoverable for breach of an employment contract. Valentine v General American Credit, Inc, 420 Mich. 256, 259; 362 N.W.2d 628 (1984). Furthermore, in order to recover exemplary damages, plaintiff must plead tortious conduct independent of the breach of contract. Kewin v Massachusetts Mutual Life Ins Co, 409 Mich. 401, 419; 295 N.W.2d 50 (1980); Brewster v Martin Marietta Aluminum Sales, Inc, 145 Mich.App. 641378 N.W.2d 558 (1985). Our review of plaintiff’s complaint reveals that plaintiff failed to plead a breach of duty distinct from the breach of contract.

Plaintiff’s single reference to intentional infliction of emotional distress is conclusory at best and fails to allege the basic elements of that cause of action. See Roberts v Auto Owners Ins Co, 422 Mich. 594374 N.W.2d 905 (1985). Plaintiff states only that as a result of “defendants’ malicious and wrongful acts, including intentional infliction of emotional distress, plaintiff suffers from loss of self-esteem and confidence in her abilities.” This is insufficient to state a cause of action for intentional infliction of emotional distress. Summary judgment was proper as to plaintiff’s claim for emotional distress.

Plaintiff also asks this Court to find that she was not terminated for just cause and that defendants breached the employment contract. These are questions properly left to the trier of fact and inappropriate for appellate review.

Reversed in part and affirmed in part.

In: leage.com

Aprobada la Ley No. 30683, que Nivela las pensiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

LEY Nº 30683
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1133, DECRETO LEGISLATIVO PARA EL ORDENAMIENTO DEFINITIVO DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL, A FIN DE REGULAR LAS PENSIONES DE LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 19846

Artículo Único. Modificación de la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial

Modifícase la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, en los siguientes términos:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

[…]

SEGUNDA.- De la pensión actual en el régimen del Decreto Ley 19846

Los pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19846, perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, según el grado remunerativo en base al cual perciben su pensión de conformidad con los artículos 5, 10, 39 y 41 del Decreto Ley 19846 y sus normas modificatorias y complementarias”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Implementación

La implementación de la modificación establecida en la presente ley se financia a partir del año fiscal 2018, con cargo a los presupuestos de los pliegos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y a las asignaciones presupuestales que se aprueben para este fin.

SEGUNDA. Adecuación del reglamento

El Poder Ejecutivo, en un plazo de treinta días, adecua las disposiciones reglamentarias a la presente ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación

Deróganse la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 246-2012-EF, Decreto Supremo que establece el procedimiento de implementación progresiva de la estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, y la sexta disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 013-2013-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1132.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno del Congreso realizada el día cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MAURICIO MULDER BEDOYA
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

Fuente: Ley-30683-que-nivela-las-pensiones-de-las-Fuerzas-Armadas-y-de-la-Policia-Nacional-del-Perú

Para los que en USA dicen “Entrar Ilegalmente a mi País es como Entrar sin Permiso a mi Casa”

Estos últimos meses han sido de rallies frente a los edificios federales de varios estados, estos han incuído marchas, protestas y manifestaciones contra las políticas migratorias del actual presidente de los EE.UU. La voz de muchos manifestantes estadounidenses se esta haciendo escuchar y felizmente existe sentido común en los reclamos. Por otro lado, tenemos a quienes apoyan al presidente de los EE.UU. y cuyos argumentos son tan básicos y desinformados como los Tweets de su líder. Uno de los mas comunes es: “Entrar a este país sin permiso es como entrar a mi casa sin mi autorización, yo le disparo y asunto arreglado”. Frente a este tipo de afirmaciones carentes de sentido y mayor análisis, es muy útil primero hacer una diferenciación de lo que es considerado un delito federal y un delito a nivel estatal; en segundo lugar, es siempre productivo, además, revisar la gravedad del delito, a saber, misdemeanor o felony; y por último qué tipo de sanción que recibiría esa conducta prohibida en ambas jurisdicciones. A continuación presentamos este tipo de opiniones y la diferencia entre ambas conductas prohibidas.

Imagen: Facebook

Federal:

8 U.S. Code § 1325 – Improper entry by alien

(a) Improper time or place; avoidance of examination or inspection; misrepresentation and concealment of facts
Any alien who (1) enters or attempts to enter the United States at any time or place other than as designated by immigration officers, or (2) eludes examination or inspection by immigration officers, or (3) attempts to enter or obtains entry to the United States by a willfully false or misleading representation or the willful concealment of a material fact, shall, for the first commission of any such offense, be fined under title 18 or imprisoned not more than 6 months, or both, and, for a subsequent commission of any such offense, be fined under title 18, or imprisoned not more than 2 years, or both.

(b) Improper time or place; civil penalties
Any alien who is apprehended while entering (or attempting to enter) the United States at a time or place other than as designated by immigration officers shall be subject to a civil penalty of—
(1) at least $50 and not more than $250 for each such entry (or attempted entry); or
(2) twice the amount specified in paragraph (1) in the case of an alien who has been previously subject to a civil penalty under this subsection.
Civil penalties under this subsection are in addition to, and not in lieu of, any criminal or other civil penalties that may be imposed.

(c) Marriage fraud
Any individual who knowingly enters into a marriage for the purpose of evading any provision of the immigration laws shall be imprisoned for not more than 5 years, or fined not more than $250,000, or both.

(d) Immigration-related entrepreneurship fraud
Any individual who knowingly establishes a commercial enterprise for the purpose of evading any provision of the immigration laws shall be imprisoned for not more than 5 years, fined in accordance with title 18, or both.

(June 27, 1952, ch. 477, title II, ch. 8, § 275, 66 Stat. 229; Pub. L. 99–639, § 2(d), Nov. 10, 1986, 100 Stat. 3542; Pub. L. 101–649, title I, § 121(b)(3), title V, § 543(b)(2), Nov. 29, 1990, 104 Stat. 4994, 5059; Pub. L. 102–232, title III, § 306(c)(3), Dec. 12, 1991, 105 Stat. 1752; Pub. L. 104–208, div. C, title I, § 105(a), Sept. 30, 1996, 110 Stat. 3009–556.)

Indiana (Jurisdicción Estatal):

Burglary is punishable as follows:
(a) Burglary in the first degree: by imprisonment in the state prison for two, four, or six years.
(b) Burglary in the second degree: by imprisonment in the county jail not exceeding one year or imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170.

Conclusión: No es lo mismo ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, e ingresar sin permiso a la casa de una persona en ese país, asimismo, tanto el “mens rea” como el “actus reus” son diferentes para ambos tipos penales, así como el nivel de responsabilidad y las penas o sanciones.

Fuentes:

US Code

Indiana Criminal Code

Fact checking: ¿La ‘Ley de Separación de Familias’ fue aprobada en 1997 o ‘por los Demócratas’?

No existe una ley federal que obligue a la separación de padres e hijos en las frontera de los EE.UU.; La política que ha producido este resultado fue aprobada en mayo de 2018.

Lo que se dice:  “Se promulgó una ‘ley para separar a las familias’ antes de abril de 2018 y,  por consiguiente, el gobierno federal no puede dejar de aplicarla”. (A “law to separate families” was enacted prior to April 2018, and the federal government is powerless not to enforce it.)

Valor de la afirmación: FALSA

Origen: A mediados de junio de 2018, muchas personas se preguntaban sobre la existencia de una “ley para separar familias”, en especial si la supuesta legislación fue aprobada por el presidente Barack Obama, el presidente Bill Clinton o “los demócratas”:

  • ¿Hubo separación de padres e hijos al cruzar la frontera con los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama?
  • Se informa repetidamente que la separación de familias inmigrantes ilegales es una política creada por la administración Obama. ¿Es esto cierto o es solo la política del Attorney General Jeff Sessions?
  • ¿La administración del presidente Obama separó a los niños de sus padres cuando llegaron ilegalmente a los EE. UU.? Un contacto en mi FaceBook dice esto y quiero saber si esto es cierto.
  • NEWSWEEK: OBAMA MANTUVO MÁS DEL DOBLE DEL NÚMERO DE NIÑOS EN ALBERGUES COMPARADOS CON TRUMP
  • Bill Clinton promulgó una ley que legalizó la separación de los inmigrantes ilegales y los hijos de estos. Los inmigrantes fueron obligados a entregar a sus hijos durante la administración de Barack Obama?
  • LA LEY PARA SEPARAR A LOS PADRES DE SUS HIJOS CUANDO CRUZAN ILEGALMENTE LA FRONTERA FUE APROBADA EN 1997. ¿AHORA ES UN PROBLEMA?

Aunque las preguntas arriba formuladas han sido muy variadas, la pregunta subyacente en ellas era esencialmente la misma: si existió una denominada “ley para separar a los padres de los niños” antes de la administración de Donald Trump. En algunas versiones, la administración del presidente Bill Clinton aprobó tal ley, y en otras versiones, el presidente Barack Obama detuvo el doble de niños separados de sus padres durante su presidencia.

El 5 de junio de 2018, Trump atribuyó la política a los demócratas en general:

Sin importar cómo las familias ingresaron a los Estados Unidos, no existe una ley federal que estipule que los niños y los padres sean separados en la frontera. El aumento en la cantidad de niños detenidos y separados de sus padres se debió directamente a un cambio en el cumplimiento de la política anunciada repetidamente por Jeff Sessions en abril y mayo de 2018, según la cual los adultos (con o sin hijos) son procesados penalmente por intentar ingresar a los Estados Unidos:

  • La política de “tolerancia cero” que anunció [en mayo de 2018] incluye a los adultos que intentan cruzar la frontera, entre ellos muchos que planean solicitar asilo, que son puestos bajo custodia y enfrentan un proceso penal por ingreso ilegal. 
  • Como resultado, cientos de menores están siendo alojados en centros de detención y se mantienen alejados de sus padres. 
  • Durante un período reciente de seis semanas, casi 2.000 niños fueron separados de sus padres después de cruzar ilegalmente la frontera, cifras publicadas el [15 de junio de 2018]. 
  • [El Procurador General] Jeff Sessions señaló que aquellos que ingresaran a los Estados Unidos de forma irregular serían procesados penalmente, lo que significa un cambio en una política de larga data que acusaba a la mayoría de los que cruzaban la frontera por primera por un delito menor (misdemeanour offence).

Se confirmó en un factchecking sobre una supuesta declaración hecha por el Fiscal General Jeff Sessions referida a una “ley para separar a los niños”. Si bien Sessions no hizo la declaración que se le atribuye, a principios de abril de 2018 realizó una serie de comentarios sobre una nueva iniciativa fronteriza que implica la separación de los niños de los padres en las entradas fronterizas:

  • “Si está ingresando a un niño en el país, entonces lo procesaremos judicialmente y ese niño será separado de usted como lo exige la ley … Si no le gusta esto, entonces no meta niños a través de nuestra frontera. […] No queremos separar a las familias, pero tampoco queremos que familias entren ilegalmente en la frontera [.] Les instamos a que no lo hagan.”

El 7 de mayo de 2018, la cadena de noticias CNN informó que hasta abril de 2018, los funcionarios de inmigración fueron autorizados a actuar con total discreción para tratar con las familias o con menores no acompañados que ingresaban a los Estados Unidos sin documentación:

  • Desde hace mucho tiempo se ha considerado que se comete un delito federal menor al ser capturado luego de ingresar ilegalmente en los Estados Unidos, con una sanción de hasta seis meses de prisión, sin embargo, la administración no siempre ha remitido a todos los detenidos a juicio. Los detenidos han sido puestos rápidamente en procedimientos de inmigración y, a menos que cumplan con el umbral para presentar una solicitud de asilo válida, pueden ser deportados rápidamente del país.
  • El plan actual del Department of Homeland Security (DHS) no establece métodos especiales para aquellos que reclaman asilo cuando son detenidos. Si bien se les permite continuar con su solicitud y eventualmente se puede confirmar que tienen un derecho legítimo a vivir en los EE. UU., aún podrían tener una condena por entrada ilegal al país.

Ese mismo artículo dejó entrever que las familias “podrían ser” separadas, lo que indica que en la primera semana de mayo de 2018, la separación de los niños de las familias aún no había comenzado:

  • La administración de Donald Trump ha decidido encausar a las personas atrapadas cruzando la frontera ilegalmente en un enjuiciamiento federal, una política que podría resultar en la separación de muchos más padres y sus hijos en la frontera.
  • Esta medida incluso significaría que aun cuando los inmigrantes capturados cruzando ilegalmente la frontera tengan solicitudes de asilo válidas, ellos podrían terminar con condenas penales de tipo federal en su historial, independientemente de si un juez finalmente encuentra que tienen derecho a vivir y permanecer en los EE. UU.
  • La Secretaria del Department of Homeland Security, Kirstjen Nielsen, promulgó oficialmente esta política el [7 de mayo de 2018], de acuerdo a lo informado por un funcionario del Departament of Homeland Security quien declaró bajo anonimato. Esto calza completamente con la “política de tolerancia cero” del Departamento de Justicia aplicada a los cruces fronterizos ilegales, bajo la cual el Fiscal General Jeff Sessions ha ordenado a los fiscales federales que presenten cargos penales contra todas las personas encausadas por cruzar ilegalmente la frontera, lo mas que sea posible.

Los rumores indicaban correctamente que las “detenciones familiares” en su conjunto se produjeron antes de la administración Trump, pero a partir de agosto de 2015 las familias en la frontera raramente eran separadas. Otras versiones del rumor sostenían que el gobierno de Barack Obama separó más niños de sus padres que la administración Trump, una afirmación derivada de un “telefono malogrado” relacionada con el hecho de que una afluencia de menores no acompañados provenientes de América Latina cruzó la frontera a partir de 2014 en adelante. En esos casos, los menores viajaban principalmente sin sus padres.

Con respecto a las afirmaciones de que la “ley para separar familias” se aprobó en el año 1997, su origen se debe a un comunicado del Department of Homeland Security (DHS) de febrero del 2018 que indicaba: “vacíos legales [que] son ​​aprovechados por menores, familias y contrabandistas de personas”. La declaración de DHS afirmó que las políticas de inmigración existentes “crean un factor de atracción que abre las puertas para una mayor inmigración ilegal y alienta a los padres a pagar y confiar sus hijos a organizaciones criminales”.

Sin embargo, ni el Flores settlement de 1997 ni la Ley Contra el Tráfico de Personas de 2008 citada en esa publicación de ninguna manera estipulaban que el gobierno separara a los niños de sus padres:

  • Un portavoz de la Casa Blanca refirió la declaración del DHS con respecto a un acuerdo legal de 1997 y una ley antitrafficking de 2008 que afecta a menores que son detenidos sin un padre presente con ellos:
  • Según el acuerdo de 1997, el DHS podría detener a niños no acompañados capturados en la frontera solo por 20 días antes de entregarlos a familias de acogida, albergues o patrocinadores, hasta que se resuelvan sus casos de inmigración. El acuerdo se amplió más tarde a través de otras sentencias judiciales para incluir tanto a los niños no acompañados como a los acompañados.
  • La Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (William Wilberforce, 2008) requiere que los menores no acompañados provenientes de otros países que no sean México y Canadá sean puestos bajo la custodia de la Oficina de Re-ubicación de Refugiados o familiares en los EE. UU. El proyecto de ley bipartidista fue aprobado por consentimiento unánime y firmado por George W. Bush.
  • Sin embargo, ni el acuerdo judicial, ni la ley de 2008 requieren que la administración Trump “separe familias”.

Una serie de rumores sobre la controvertida separación de familias en la frontera sostuvo que la política se presentó antes de la administración Trump, ya sea como resultado de una “ley” de 1997 o de supuestas políticas de administraciones anteriores. Esas afirmaciones resultaron ser falsas. Ninguna ley federal requirió o sugirió la política de separación familiar anunciada por el Procurador General Jeff Sessions como el habia indicado en varios de sus comentarios durante abril y mayo de 2018.

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Filed Under: Barack Obama Bill Clinton Donald Trump Family SeparationImmigrant Children Jeff Sessions Trump AdministrationUnaccompanied Minors

Fact Checker: Kim LaCapria

Featured Image: Brooke Binkowski

Published: 8 June 2018

Traducido al español de: snopes.com – Was the ‘Law to Separate Families’ Passed in 1997 or ‘by Democrats’?

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