Licencia obligatoria. Ministerios se oponen a medida que permitiría ingreso de la competencia y que precio sea real.

Por: Beatriz Jiménez

Un informe del Ministerio de Salud avisa que el stock disponible del antirretroviral Atazanavir, vital para 1800 peruanos con VIH/Sida, se terminará este julio y los hospitales del país se verán obligados a comprarlo a un precio 20 veces superior al que pagan otros países de la región. Esto debido a la negativa del Ministerio de Economía (MEF) y el de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a otorgar una licencia obligatoria y permitir el ingreso de competencia.

Desde enero está en espera de aprobación un Decreto Supremo firmado por el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, para declarar de interés público el fármaco antirretroviral Atazanavir, de la farmacéutica Bristol Myers Squibb (EEUU), que goza de una patente otorgada por Indecopi hasta el 2019.

Tras las negociaciones fallidas del Minsa con la farmacéutica para que baje sus precios, esta declaratoria sería la única forma de lograr el ingreso de competencia y evitar que el Estado siga gastando un 54% de su presupuesto para VIH/Sida en una sóla medicina.

Sin embargo, 6 meses después, el MEF y el Mincetur siguen impidiendo con sus observaciones que este Decreto Supremo sea promulgado por el Ejecutivo, de acuerdo a informes oficiales del Ministerio de Salud a los que ha tenido acceso La República (ver documentos).

A la opinión desfavorable de los dos ministerios se une la del Justicia, que argumenta que la medida podría afectar la estabilidad jurídica. Según los ministerios, la licencia obligatoria podría afectar al TLC con EEUU, a pesar de que este país es uno de los que más han usado este mecanismo, contemplado en el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La República denunció en marzo que existían presiones para no otorgar la licencia obligatoria no solo de la farmacéutica, sino también de la Embajada de EEUU. El 6 de febrero el Ministro Consejero de Estados Unidos, Lawrence J. Gumbiner, mantuvo una reunión con Aníbal Velasquez para tratar este tema.

Desabastecimiento

En este prolongado pulso entre el Minsa por un lado y el MEF y el Mincetur por el otro, la escasez de este fármaco juega a favor de Bristol-Myers Squibb.

La Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (DARES) avisó el 13 de abril de este año que solo existiría disponibilidad del fármaco hasta este julio en un informe oficial (n°09-2015-HRM-IFPM-Dares-Minsa). Es decir, a estas alturas los diferentes hospitales del país se verán obligados a comprar nuevamente el antirretroviral al precio más caro de Latinoamérica.

El primero que se ha visto obligado a comprar es el Instituto Nacional de Salud del Niño. El 1° de junio otorgó la buena pro a Brystol Myers para proveer a su farmacia de 810 tabletas de Atazanavir a un costo de 23,626.89 soles. Es decir, seguimos pagando a 29 soles la tableta a pesar de que en Brasil su precio es de 2.90 soles y en Bolivia, donde no goza de patente, S/. 1,40.

Pacientes preocupados

– Julio César Cruz, de la Red Peruana de Pacientes, se mostró preocupado ante el anuncio de DARES de que el stock solo durará hasta julio.

– “Estamos preocupados por la desidia del Estado, que debería haber otorgado hace meses una licencia obligatoria. Tenemos que pedirle al Estado que decida qué va a hacer: si va a seguir comprando aceptando el precio monopólico o va a optar por la licencia obligatoria”, dijo.

– Marlon Castillo, coordinador de Givar, pidió un plan de contingencia ante la posibilidad de desabastecimiento de Atazanavir.

– “El tema del desabastecimiento sigue siendo una constante para las personas que viven con VIH/Sida a pesar de que existe un sistema de información que levanta las alarmas”, declaró.

– Castillo se mostró contrario al despilfarro en esta compra mientras se deniega medicación para enfermedades raras argumentando falta de presupuesto.

En cifras

130 millones es el sobrecosto que pagará Salud por este fármaco hasta el 2019, fecha en la que caduca la patente.

54% del presupuesto para VIH/Sida se invierte en el Atazanavir.

En: larepublica

Para avanzar en la modernización de la justicia laboral, el Poder Judicial implementará este año la nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en los distritos judiciales de Áncash, Tumbes, Ucayali, Lima Este y Ventanilla.
Así, la vigencia de esta norma permitirá agilizar la resolución de controversias en empleadores y trabajadores, con procesos más cortos, simples y orales. En efecto, con la ley anterior, la resolución de un proceso laboral en primera instancia demora 489 días calendario, mientras que con la NLPT tarda en promedio 144 días; es decir, los plazos se reducen a la tercera parte.

La reducción del tiempo de duración de estas causas se debe, principalmente, a la simplificación de las etapas procesales y al uso intensivo de notificaciones electrónicas.

Desde el 2010, la NLPT se ha aplicado en 18 cortes, entre ellas Tacna, Cañete, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Ica, Junín, Santa, Cajamarca, Lima Sur, Lima Norte, Callao, Lima, Loreto, Huánuco y Sullana.

En: elperuano

Se espera que Atenas presente una propuesta antes del viernes. La canciller Merkel se mostró escéptica sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

La reunión del Eurogrupo realizada en Bruselas este martes (07.07.2015) terminó con algo concreto: Grecia tiene plazo hasta el domingo para alcanzar un acuerdo con los acreedores internacionales. Ese mismo día, los 28 países miembro de la Unión Europea realizarán una cumbre extraordinaria para debatir sobre la crisis griega. Así lo informaron el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y la canciller de Alemania, Angela Merkel.

Tusk señaló en conferencia de prensa que las partes tienen cinco días para llegar a un “acuerdo definitivo” y no descartó que, de no haber entendimiento, se produzca “un escenario negro”, haciendo alusión a la eventual salida de Grecia de la eurozona. Similar posibilidad planteó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien afirmó no descartar ninguna hipótesis. “La comisión está preparada para todo. Hemos preparado al detalle un grexit”, aseguró.

Merkel, por su parte, dijo que el Eurogrupo espera que el gobierno de Alexis Tsipras presente el jueves –aunque Juncker habló de la mañana del viernes– o antes propuestas concretas sobre su solicitud de recibir un programa de ayudas a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Sin embargo, advirtió que “las precondiciones para reanudar un programa sobre la base del MEDE no se dan” y afirmó que no habrá una quita de deuda para Grecia, porque “esto es un programa de rescate de la eurozona y no está permitido”.

Bancarrota y grexit

Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo que su gobierno busca una “salida definitiva” de la crisis con una propuesta de reformas a cambio de ayuda financiera, lo que aseguró se produciría para finales de la semana. “La discusión se produjo en una atmósfera positiva. El proceso será rápido, comienza en las próximas horas apuntando a concluirlo para el término de la semana, como mucho”, aseguró. “La parte griega continuará el esfuerzo, teniendo como arma el veredicto del pueblo griego”, agregó.

Si Grecia no alcanza un acuerdo, no solo arriesga la bancarrota, sino también la salida de la zona euro. Por ahora, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señaló que la entidad hará todo lo necesario para mantener a los bancos helenos funcionando hasta el domingo, día en que se producirá la reunión que zanjará el futuro económico de Grecia. Merkel advirtió que ella, al menos, no es “exageradamente optimista” sobre la posibilidad de encontrar una solución, pero que la reunión fue convocada “porque la situación es muy peligrosa”.

DZC (EFE, Reuters, dpa)

En: DW

Consultado por una posible demanda de inconstitucionalidad sobre el proyecto del Parlamento que elimina los descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, aseveró que el Ejecutivo ha dejado muy en clara su postura y que las acciones que vengan en su momento tienen como sustento un problema fiscal.

“Esto en el camino se va a tener que ir resolviendo. En materia concreta se tendrá que definir esa agenda pero como ustedes saben el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no es quien puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Esos temas seguirán su propio curso”, apuntó el ministro Segura.

Asimismo, anotó que deben verse otras aristas como las legales, así como propuestas pues consideró que en este momento se tiene una seguridad social que “la han precarizado significativamente” así como un sistema público de pensiones que es actuarialmente insostenible.

En: larepublica

¿ILEGAL? Regidora de oposición, Rocío Taboada Pilco, asegura que 62 personas recibieron 3,450 nuevos soles sin tener derecho por cuanto no son sindicalizados.

Wilson Aranda
Wilson Castro

Trujillo

Al parecer el otorgamiento de bonos a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) traerá más de un dolor de cabeza al burgomaestre Elidio Espinoza Quispe. Las aguas volvieron a agitarse tras el ingreso de un documento hecho por la regidora de oposición, Rocío Taboada Pilco, en donde solicita al procurador municipal Jorge Seminario Mauricio, se pronuncie sobre este supuesto beneficio ilegal.

Taboada explicó que se trata de un bono salarial que asciende a 2,200 nuevos soles y de un bono por concepto de uniformes que se fijó en 1,250 nuevos soles, haciendo un total de 3,450 nuevos soles que recibieron los jefes de las diversas áreas ediles.

“Se trata de 62 funcionarios a quienes el alcalde les ha concedido esa suma. He consultado a varios especialistas en el tema y me han dicho que no les corresponde ninguno de los dos bonos. Entonces, se habría incurrido en un delito penal que tiene sanciones”, aseveró.

En ese sentido, la concejal mencionó que en el documento citado le ha pedido al procurador que emita su opinión legal sobre el tema y le ha dado un plazo pertinente hasta el lunes 6 de julio. Consideró que si Jorge Mauricio ha denunciado presuntos delitos de la gestión pasada, también lo tiene que hacer con los errores de esta gestión porque se supone que es una persona imparcial.

Taboada arguyó que la ilegalidad del referido pago está en que los 62 funcionarios no forman parte del Pacto Colectivo 2015 que tienen los empleados ediles. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), precisa que dichos bonos se les tiene que dar a los sindicalizados y no a quienes ocupan cargos de confianza.

“Ese dinero le pertenece a la comunidad trujillana. El burgomaestre, haciendo uso del dinero del pueblo, ha pagado un comunicado solamente para decir que respalda los bonos para dichas personas. Por eso, quién mejor que el propio procurador municipal que debe velar por el buen uso de los recursos, para que nos diga si es legal o no ese pago político que tendrán que costearlo los contribuyentes trujillanos”, acotó.

LLAMAN AL GERENTE

El miércoles 8 de julio el gerente general del ayuntamiento, Ismael Iglesias León, deberá explicar en sesión ordinaria de concejo el pago de bonificaciones a funcionarios de la comuna.

El pedido de presentación del gerente municipal fue de los concejales Edward Berrocal Gamarra (Apra) y Hernán Aquino Dionisio (APP) en la pasada sesión ordinaria.

El regidor de oposición, Carlos Fernández Verde, manifestó que esperarán el informe de Ismael Iglesias para adoptar una decisión al respecto y dijo que Servir dio una norma contra ese pago.

Ayer el alcalde Elidio Espinoza Quispe evitó declarar sobre este tema a los periodistas que lo abordaron en la Plaza de Armas de Trujillo.

El problema de fondo en muchos de los casos que enfrentamos en la CIDH es nuestro PJ.

Este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló parcialmente en contra del Estado Peruano en el caso denominado Chavín de Huántar (CdeH). En la sentencia se especifica que, además de haber violado el derecho a la vida del terrorista conocido como ‘Tito’ (Eduardo Nicolás Cruz Sánchez), quien fuera capturado vivo en la operación CdeH, el Estado violó los derechos de garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

La decisión, como se ha explicado, versa específicamente sobre “la conformidad o no de los actos estatales con la CADH, en cuanto a si existió o no ejecución extrajudicial en el marco de la operación”. En otras palabras, la Corte IDH ha encontrado que, a pesar de haber firmado la referida Convención en 1977, el Estado Peruano no se atuvo a determinadas reglas en materia de derechos humanos estipuladas en ella. Por lo tanto, la sentencia no niega el heroísmo mostrado por los efectivos durante la operación Chavín de Huántar y de hecho considera la operación que lideraron como plenamente justificada. Lo único que hace es circunscribirse a la forma en que actuaron ciertos agentes del Estado –que no eran parte del grupo de comandos– durante la acción militar y en los procesos judiciales que siguieron.

Ahora, en lugar de destemplanzas absurdas, lo que corresponde a un Estado moderno y responsable es, obviamente, hacer frente a las decisiones tomadas por una entidad a cuya jurisdicción se sometió voluntariamente, así le hayan sido desfavorables. Pero también, claro, preguntarse qué factores han influido en un resultado así.

Cabe recordar, en ese sentido, que no es esta la primera vez que el Estado Peruano pierde un caso ante esta instancia. A decir verdad, tiende más bien a perderlos todos, y por razones que un análisis desapasionado de los casos hace difícil atribuir, al menos en gran número de ellos, a las supuestas inclinaciones ideológicas de los miembros de la Corte IDH. Más parecen pesar en nuestras sistemáticas derrotas en este tribunal dos razones no atribuibles a sus miembros.

La primera ha sido mencionada extensamente en los últimos días: la calidad de nuestras estrategias de defensa ante la corte.

La segunda se menciona menos pero tiene un peso igualmente grande: nuestras instituciones estatales de justicia suelen ser incapaces de llevar a cabo un trabajo que se adecúe a los lineamientos suscritos en la convención. Hace 18 años, por ejemplo, que nuestro Poder Judicial está procesando el caso de la muerte del antes mencionado ‘Tito’ sin que haya podido llegar a una conclusión sobre qué fue lo que sucedió con él ni quiénes fueron los responsables.

Las falencias de los procesos y el sistema judicial general son patentes. Así lo confirman tanto el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia (que coloca a nuestro sistema legal en el puesto 67 de 99 países), como el World Economic Forum (que ubica la eficiencia de nuestro marco legal en la resolución de disputas en el puesto 122 de 144 países).

La reacción inmediata de los políticos a la sentencia –ya sea la de criticar la instancia internacional, buscarle el lado ‘positivo’ al fallo (en este caso, el no pago de reparaciones civiles) o ‘denunciar’ una supuesta persecución a los héroes de Chavín de Huántar– solo obvia el gran problema subyacente: la absoluta deficiencia de nuestro sistema de justicia.

Después de todo, para que un caso llegue a la Corte IDH es necesario, en primer lugar, que haya agotado todas las instancias nacionales; y luego, que sea aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última, además, no deriva casos a la corte a menos que considere que existan muy altas posibilidades de ganar.

La respuesta política sensata a este fallo, por lo tanto, debería empezar por enfocarse en las cosas que se pueden mejorar en el Poder Judicial (PJ). De acuerdo con los criterios del Proyecto Mundial de Justicia, por ejemplo, alcanzamos solo un 23% en juzgamiento oportuno y efectivo en el sistema de justicia criminal y un 43% de debido proceso. Una manera de romper esta tendencia es contar con un Poder Judicial que sea capaz de determinar en un período razonable lo ocurrido en cada caso.

Para ello es imprescindible que se implementen mecanismos de control e incentivos a los jueces y a los procesos judiciales, sin que ello dé pie a una mayor burocratización. También son necesarias la automatización de los sistemas y sanciones para los jueces que no cumplan con los plazos y para los funcionarios estatales que ralentizan los procesos. Y asimismo que dichos procesos estén dotados de una mayor transparencia y sometidos a mecanismos de control civil.

Lo que no podemos pretender es seguir con un PJ funcionando en los niveles antes mencionados y que se considere que al mismo tiempo cumplimos con garantizar el derecho al debido proceso que todos tenemos y que, entre otras cosas, sirve para que a todos quede siempre claro que es limpiamente y en justicia que los criminales reciben el castigo que les toca.

En: editorial elcomercio

Entre los gobernantes cuestionados se encuentran Pilar Freitas, exregidora de Lima; Luis Picón, expresidente regional de Huánuco; y Luis Flores, exalcalde del Cusco

Se tiene la imagen del político que ordena a algún técnico que pertenece a su staff que le prepare un proyecto de ley para presentarlo ante el pleno del Congreso para su debate y posible aprobación como Ley.

El técnico, generalmente bien preparado, con un CV que indica que acabó su carrera profesional de economista, abogado, administrador, ingeniero, etc en una buena universidad, con una maestría o posiblemente un doctorado, se quema las pestañas, pone a trabajar sus neuronas y pone en práctica toda su experiencia para presentar un proyecto decente al congresista y lo logra.

Sin embargo, muchos políticos, ególatras como ellos mismos, solo “revisan” el resumen del proyecto y deciden colocarle algo de su “propia cosecha”, generalmente detalles que, o desvirtúan el proyecto original o va completamente en contra de el mismo.

Así, un buen trabajo, serio y profesional, se puede ir al tacho por cuestiones políticas (modificarlo para devolver un favor a alguien por ahí, algún familiar o conocido que podría entrar en el supuesto de hecho del proyecto a presentarse, o por el simple orgullo del político de indicar descaradamente: “yo lo hice”, etc).

De esa manera muchos políticos, inflados por su megalomanía presentan verdaderos fiascos como proyectos de ley. El técnico se fajó para ofrecer un buen producto, pero, desgraciadamente, la mano del político es la que tiene la decisión sobre qué hacer con dicho proyecto o cómo interpretarlo.

Se trata de ese anhelo casi imposible de conseguir: Un político que sea técnico, un político que haga su tarea, que estudie, que analice, desde la presidencia, Congreso, corte judicial, alcaldía o posición que ostente en la administración pública. En suma, un político que piense en frío, sin intereses y con la perspectiva del bienestar general y no el beneficio propio. En definitiva, un político peruano imposible.