Manipuladores y manipulables

Existen auténticos expertos en maniobrar en la vida de los demás y personas susceptibles de ser manejadas. Perder el miedo a no agradar siempre es el primer paso para librarse de los profesionales del chantaje. Cuidado con los chantajistas emocionales.

Se ha sentido presionado a realizar algo que no quería? ¿Se ha sentido coaccionado a decir sí cuando en realidad quería decir no? Cuando actuamos bajo la influencia de otro y nos dejamos llevar por opiniones ajenas, no estamos centrados en nuestro poder personal. Para que no nos manipulen, debemos tener claro dónde y cuándo poner límites. Debemos atrevernos a decir no sin miedo al juicio del otro, al fracaso o al rechazo. Mientras tengamos miedo a que nos rechacen, seremos manipulados. Porque esta es precisamente una de las armas del manipulador: “Si no actúas como quiero, no te hablaré más”. El manipulador depende del manipulado y viceversa. Es una relación de pérdida de libertad.

Un ser libre se atreve a decir no y actúa basándose en sus convicciones, sin temor a quedarse solo ni a ser rechazado. Al sistema no le interesan seres libres, con poder de voluntad desarrollada, que piensen conscientemente, actúen y se responsabilicen de sí mismos. Por esto se nos manipula a muchos niveles, social, político, mediático, publicitario, a nivel de relaciones interpersonales.

Este artículo se centra en la importancia de comprender los procesos de manipulación interpersonal, en cómo darse cuenta a tiempo de que una persona es manipuladora para así no permitir que nos manipule y en recuperar nuestro poder interior.

Cómo es su personalidad. Aunque no existe un perfil propio de estas personas, sí podemos detectar actitudes propias de las personas con tendencia a manipular. Isabelle Nazare-Aga define algunas características:

– Cambia de opinión, de comportamiento y de sentimientos en función de las personas y las situaciones.

– Culpabiliza a los demás, traspasándoles a ellos la responsabilidad que le corresponde a él o ella.

– Critica sin que se note, desvalora y juzga. Juega con la ignorancia de los otros para evidenciar su superioridad.

– Sabe hacerse la víctima para que lo compadezcan.

– Divide para reinar mejor. Miente. Es egocéntrico. Cuando puede, procura dejar notas escritas, llamar o mandar mensajes en vez de dar la cara.

– No tiene en cuenta los derechos, las necesidades o los deseos de los demás.

– Espera al último momento para pedir, dar órdenes o hacer trabajar a otros.

– Utiliza la adulación, hace regalos o nos mima súbitamente.

Entre las formas habituales de manipulación está el chantaje emocional, en el que, por ejemplo, uno amenaza con poner fin a una relación si el otro no hace lo que él quiere; si no se le conceden sus deseos, tacha al otro de egoísta, interesado o insensible. En cambio, afirma Susan Forward, “se deshacen en alabanzas cuando se cede a sus deseos y las retiran si el otro se mantiene firme”.

Dudas y miedo

“Nadie puede herirle sin su consentimiento” (Eleanor Roosevelt)

La persona vulnerable a ser manipulada o a aceptar el chantaje emocional suele tener una autoestima baja, vive sin rumbo, ha perdido el sentido de su vida, es demasiado ingenua, le falta sentido común, depende del otro, teme la soledad. Forward considera estas características: un alto nivel de dudas sobre uno mismo, un profundo miedo al conflicto, la necesidad de que haya paz al precio que sea, una necesidad exacerbada de aprobación, la tendencia a asumir un exceso de responsabilidad con relación a la vida de los otros.

El camino hacia la autonomía emocional se inicia en el momento en que nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. Debemos escuchar a nuestra intuición y ser conscientes de lo que sentimos. A veces hay que poner distancia para observar desde lejos lo que se está viviendo y darse cuenta de lo que se quiere y a qué hay que poner límites. Es importante reconocer que su responsabilidad en cualquier situación de manipulación en la que esté involucrado es su contribución a la misma. El proceso de responder a cualquier persona o situación es algo que sucede en usted. Nadie puede hacerle sentir nada sin su permiso.

Recuperar nuestro poder

“Podemos cambiar la conducta y conseguir que los demás cambien la suya” (Josep Redorta)

Para alcanzar y mantener un estado de plenitud, ha de saber qué es lo que le acerca a la realización plena y aquello que le aleja de ella. Debe arriesgarse positivamente a concederse poder, liberarse de cualquier aspecto que le haga sombra y permitir que su ser se manifieste con todo su potencial. Para lograrlo, debe tener la soberanía sobre su mundo interior y asegurarse de no dejar puertas abiertas a la sumisión. Es decir, que sepa poner límites, no le de vueltas a las cosas innecesariamente y no se regocije en el dolor ni en sentirse víctima. Porque si por un lado se fortalece y por el otro se debilita, no logrará centrarse en el poder interior que necesita para vivir libre de dependencias emocionales.

Para recuperar la soberanía personal, revise sus creencias. ¿Cree que para ser amado necesita siempre complacer al otro? ¿Las preocupaciones le dan salud, bienestar, le ayudan a canalizar la energía de su mente, a encontrar soluciones? ¿Le beneficia complacer al otro renunciando a lo mejor para usted? Si la respuesta es que no, revise por qué mantiene estos comportamientos.

Ponga límites y exprese sus necesidades

Para evitar el conflicto, solemos ceder a las peticiones del otro en contra de nuestro bienestar interior. La necesidad de que haya paz al precio que sea nos lleva a enfermar, ya que no ponemos límites, no declaramos nuestras necesidades y nos volvemos dependientes de las decisiones y actitudes del otro. Es importante que no tengamos miedo al enfado del otro. El miedo disminuye nuestra capacidad asertiva de responder sin ser manipulados. Cuando vamos a la defensiva, expresamos al manipulador que estamos bajo su influencia, y él o ella se regocijan del poder que tienen sobre nosotros. Así lo alimentamos. Podemos ser asertivos, comunicar sin atacar y sin ir a la defensiva. Si su relación con el otro se basa en una necesidad, en la constante búsqueda de gratificación, intentará que la persona satisfaga sus carencias. Al relacionarse desde la necesidad, es inevitable que haya expectativas, conflictos, frustración. Mientras vayamos al encuentro del otro desde nuestras necesidades dependientes, las relaciones seguirán siendo nidos de conflictos, de malentendidos y de manipulación. Por el contrario, ir al encuentro del otro desde la plenitud de nuestro ser nos ofrece un vínculo creativo y complementario.

En: elpais

MEF: Es inconstitucional la ‘grati’ sin descuento

Consultado por una posible demanda de inconstitucionalidad sobre el proyecto del Parlamento que elimina los descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, aseveró que el Ejecutivo ha dejado muy en clara su postura y que las acciones que vengan en su momento tienen como sustento un problema fiscal.

“Esto en el camino se va a tener que ir resolviendo. En materia concreta se tendrá que definir esa agenda pero como ustedes saben el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no es quien puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Esos temas seguirán su propio curso”, apuntó el ministro Segura.

Asimismo, anotó que deben verse otras aristas como las legales, así como propuestas pues consideró que en este momento se tiene una seguridad social que “la han precarizado significativamente” así como un sistema público de pensiones que es actuarialmente insostenible.

En: larepublica

Piden a procurador se pronuncie sobre otorgamiento de bono a funcionarios

¿ILEGAL? Regidora de oposición, Rocío Taboada Pilco, asegura que 62 personas recibieron 3,450 nuevos soles sin tener derecho por cuanto no son sindicalizados.

Wilson Aranda
Wilson Castro

Trujillo

Al parecer el otorgamiento de bonos a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) traerá más de un dolor de cabeza al burgomaestre Elidio Espinoza Quispe. Las aguas volvieron a agitarse tras el ingreso de un documento hecho por la regidora de oposición, Rocío Taboada Pilco, en donde solicita al procurador municipal Jorge Seminario Mauricio, se pronuncie sobre este supuesto beneficio ilegal.

Taboada explicó que se trata de un bono salarial que asciende a 2,200 nuevos soles y de un bono por concepto de uniformes que se fijó en 1,250 nuevos soles, haciendo un total de 3,450 nuevos soles que recibieron los jefes de las diversas áreas ediles.

“Se trata de 62 funcionarios a quienes el alcalde les ha concedido esa suma. He consultado a varios especialistas en el tema y me han dicho que no les corresponde ninguno de los dos bonos. Entonces, se habría incurrido en un delito penal que tiene sanciones”, aseveró.

En ese sentido, la concejal mencionó que en el documento citado le ha pedido al procurador que emita su opinión legal sobre el tema y le ha dado un plazo pertinente hasta el lunes 6 de julio. Consideró que si Jorge Mauricio ha denunciado presuntos delitos de la gestión pasada, también lo tiene que hacer con los errores de esta gestión porque se supone que es una persona imparcial.

Taboada arguyó que la ilegalidad del referido pago está en que los 62 funcionarios no forman parte del Pacto Colectivo 2015 que tienen los empleados ediles. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), precisa que dichos bonos se les tiene que dar a los sindicalizados y no a quienes ocupan cargos de confianza.

“Ese dinero le pertenece a la comunidad trujillana. El burgomaestre, haciendo uso del dinero del pueblo, ha pagado un comunicado solamente para decir que respalda los bonos para dichas personas. Por eso, quién mejor que el propio procurador municipal que debe velar por el buen uso de los recursos, para que nos diga si es legal o no ese pago político que tendrán que costearlo los contribuyentes trujillanos”, acotó.

LLAMAN AL GERENTE

El miércoles 8 de julio el gerente general del ayuntamiento, Ismael Iglesias León, deberá explicar en sesión ordinaria de concejo el pago de bonificaciones a funcionarios de la comuna.

El pedido de presentación del gerente municipal fue de los concejales Edward Berrocal Gamarra (Apra) y Hernán Aquino Dionisio (APP) en la pasada sesión ordinaria.

El regidor de oposición, Carlos Fernández Verde, manifestó que esperarán el informe de Ismael Iglesias para adoptar una decisión al respecto y dijo que Servir dio una norma contra ese pago.

Ayer el alcalde Elidio Espinoza Quispe evitó declarar sobre este tema a los periodistas que lo abordaron en la Plaza de Armas de Trujillo.

La CIDH y nuestro Poder Judicial

El problema de fondo en muchos de los casos que enfrentamos en la CIDH es nuestro PJ.

Este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló parcialmente en contra del Estado Peruano en el caso denominado Chavín de Huántar (CdeH). En la sentencia se especifica que, además de haber violado el derecho a la vida del terrorista conocido como ‘Tito’ (Eduardo Nicolás Cruz Sánchez), quien fuera capturado vivo en la operación CdeH, el Estado violó los derechos de garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

La decisión, como se ha explicado, versa específicamente sobre “la conformidad o no de los actos estatales con la CADH, en cuanto a si existió o no ejecución extrajudicial en el marco de la operación”. En otras palabras, la Corte IDH ha encontrado que, a pesar de haber firmado la referida Convención en 1977, el Estado Peruano no se atuvo a determinadas reglas en materia de derechos humanos estipuladas en ella. Por lo tanto, la sentencia no niega el heroísmo mostrado por los efectivos durante la operación Chavín de Huántar y de hecho considera la operación que lideraron como plenamente justificada. Lo único que hace es circunscribirse a la forma en que actuaron ciertos agentes del Estado –que no eran parte del grupo de comandos– durante la acción militar y en los procesos judiciales que siguieron.

Ahora, en lugar de destemplanzas absurdas, lo que corresponde a un Estado moderno y responsable es, obviamente, hacer frente a las decisiones tomadas por una entidad a cuya jurisdicción se sometió voluntariamente, así le hayan sido desfavorables. Pero también, claro, preguntarse qué factores han influido en un resultado así.

Cabe recordar, en ese sentido, que no es esta la primera vez que el Estado Peruano pierde un caso ante esta instancia. A decir verdad, tiende más bien a perderlos todos, y por razones que un análisis desapasionado de los casos hace difícil atribuir, al menos en gran número de ellos, a las supuestas inclinaciones ideológicas de los miembros de la Corte IDH. Más parecen pesar en nuestras sistemáticas derrotas en este tribunal dos razones no atribuibles a sus miembros.

La primera ha sido mencionada extensamente en los últimos días: la calidad de nuestras estrategias de defensa ante la corte.

La segunda se menciona menos pero tiene un peso igualmente grande: nuestras instituciones estatales de justicia suelen ser incapaces de llevar a cabo un trabajo que se adecúe a los lineamientos suscritos en la convención. Hace 18 años, por ejemplo, que nuestro Poder Judicial está procesando el caso de la muerte del antes mencionado ‘Tito’ sin que haya podido llegar a una conclusión sobre qué fue lo que sucedió con él ni quiénes fueron los responsables.

Las falencias de los procesos y el sistema judicial general son patentes. Así lo confirman tanto el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia (que coloca a nuestro sistema legal en el puesto 67 de 99 países), como el World Economic Forum (que ubica la eficiencia de nuestro marco legal en la resolución de disputas en el puesto 122 de 144 países).

La reacción inmediata de los políticos a la sentencia –ya sea la de criticar la instancia internacional, buscarle el lado ‘positivo’ al fallo (en este caso, el no pago de reparaciones civiles) o ‘denunciar’ una supuesta persecución a los héroes de Chavín de Huántar– solo obvia el gran problema subyacente: la absoluta deficiencia de nuestro sistema de justicia.

Después de todo, para que un caso llegue a la Corte IDH es necesario, en primer lugar, que haya agotado todas las instancias nacionales; y luego, que sea aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última, además, no deriva casos a la corte a menos que considere que existan muy altas posibilidades de ganar.

La respuesta política sensata a este fallo, por lo tanto, debería empezar por enfocarse en las cosas que se pueden mejorar en el Poder Judicial (PJ). De acuerdo con los criterios del Proyecto Mundial de Justicia, por ejemplo, alcanzamos solo un 23% en juzgamiento oportuno y efectivo en el sistema de justicia criminal y un 43% de debido proceso. Una manera de romper esta tendencia es contar con un Poder Judicial que sea capaz de determinar en un período razonable lo ocurrido en cada caso.

Para ello es imprescindible que se implementen mecanismos de control e incentivos a los jueces y a los procesos judiciales, sin que ello dé pie a una mayor burocratización. También son necesarias la automatización de los sistemas y sanciones para los jueces que no cumplan con los plazos y para los funcionarios estatales que ralentizan los procesos. Y asimismo que dichos procesos estén dotados de una mayor transparencia y sometidos a mecanismos de control civil.

Lo que no podemos pretender es seguir con un PJ funcionando en los niveles antes mencionados y que se considere que al mismo tiempo cumplimos con garantizar el derecho al debido proceso que todos tenemos y que, entre otras cosas, sirve para que a todos quede siempre claro que es limpiamente y en justicia que los criminales reciben el castigo que les toca.

En: editorial elcomercio

Las 34 autoridades que contrataron con el Estado pese a que ley lo impide

Entre los gobernantes cuestionados se encuentran Pilar Freitas, exregidora de Lima; Luis Picón, expresidente regional de Huánuco; y Luis Flores, exalcalde del Cusco

Las 34 autoridades que contrataron con el Estado pese a que ley lo impide

Un informe elaborado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), al que tuvo acceso Correo, revela que regidores, alcaldes y presidentes regionales, durante el periodo 2011-2014, estaban vinculados a empresas que contrataron con el Estado, pese a que la ley se los impedía porque se desempeñaban como autoridades en virtud a su elección popular.

Según el reporte, en algunos casos tales autoridades contrataron con la misma municipalidad o gobierno regional en la que ejercían su cargo.

Es más, varios de ellos conformaron sus empresas meses después de asumir funciones públicas. El Osce ha encontrado 34 casos.

LIMA. Un caso que llama la atención es el de la exregidora metropolitana María del Pilar Freitas Alvarado, quien es representante de la Fundación Ignacia R. Vda. de Canevaro desde el 1 de setiembre de 2001.

Dicha fundación tiene como fecha de inscripción el 27 enero de 1993, según la Sunat, pero inició su vigencia en el Registro Nacional de Proveedores del Estado el 20 de abril de 2009.

Posteriormente, el 10 junio de 2014 obtiene la buena pro en un proceso convocado por el Seguro Social de Salud, entidad que se encuentra ubicada en su jurisdicción.

En este caso, la citada entidad ganó por servicios de alquiler de un año, es decir, hasta el mes último, la cantidad de S/.70,800.

Cabe recordar que Fundación Canevaro no es una entidad pública, pero tiene un representante del Ministerio de Justicia, según la resolución ministerial 097-2007.

No obstante, el directorio presidido por María del Pilar Freitas apeló la decisión del Minjus, pero el Poder Judicial falló contra Freitas.

De esta manera, Pilar Freitas, administradora de una persona jurídica sin fines de lucro y regidora de la Municipalidad de Lima, no podía contratar a través de la citada fundación con una entidad de la misma jurisdicción, en este caso EsSalud.

MÁS CASOS. Entre los contratos que también causaron sorpresa destaca el caso de Luis Raúl Picón Quedo, expresidente regional de Huánuco, quien es socio de seis empresas privadas, de las cuales tres se adjudicaron individualmente procesos con entidades estatales de la región Huánuco.

La empresa ganó más de un millones de soles en sus contratos.

Luis Arturo Flórez García, exalcalde provincial del Cusco, es socio de las empresas Inversiones F&Z S.A., Inversiones Latino S.R.LTDA y Grifo San Martin S.A.C.

A través de esta última empresa, en la que tiene una participación del 10.0%, se adjudicó en su misma jurisdicción 16 procesos en siete entidades públicas entre los años 2010 y 2014.

Cabe recordar que Flórez García fue regidor provincial del Cusco desde el 2007 hasta mayo de 2009. Luego fue elegido alcalde. Este ganó en venta de petróleo y gasolina casi 2 millones de soles.

Por su parte, Gilmer Ananias Fernández Rojas, exalcalde Provincial de Jaén (Cajamarca), es socio de la empresa Inversiones e Inmobiliaria Jaén S.A.C., con una participación del 34.0%.

Esta obtuvo la buena pro en 2014 y ganó por servicio de alquiler de local a la Universidad Nacional de Jaén (provincia de Jaén). S/.275 mil.

En la lista también se encuentra Marco Hurtado Pazos, quien fue regidor distrital de San Borja hasta el año pasado. Este es representante de la empresa ESKE Corporation S.A.C. y a su vez gerente de la misma desde el 14 de abril de 2000. Esta empresa inició su vigencia en el Registro Nacional de Proveedores el 24 de mayo de 2006.

Posteriormente, entre el 2011 y 2013 su empresa obtiene la buena pro individualmente en tres procesos convocados por la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército Peruano, entidades que se encuentran ubicadas en su jurisdicción. En estos procesos ganó más de S/.572 mil.

Asimismo, la mencionada empresa también se adjudicó tres procesos conformando un consorcio con Argos Medical Import S.R.L. En este caso se vendieron vacunas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por S/. 106 mil.

Con la FAP ganó S/.61 mil por vacunas y con el Ejército S/.305 mil.

Cabe recordar que Marco Hurtado ha sido vinculado en la investigación que llevó la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado contra el exalcalde de San Miguel Salvador Heresi, quien recibió de su empresa 37.500 dólares entre el 2010 y 2011.

No obstante, Heresi afirmó en su momento que los pagos tuvieron que ver con asesorías.Sin embargo, nunca especificó los servicios. Casulamente, dos años después, la empresa fue beneficiada por la Municipalidad de San Miguel.

CON LA MISMA ENTIDAD. También hubo autoridades que se autocontrataron a través de sus empresas.

En este situación resalta el caso de Humberto Marchena Villegas, quien fue alcalde provincial de Ayabaca-Piura desde 1990 hasta el 2014 y socio de la Empresa Maquinaria Pesada y Equipo de Ayabaca S.A.C. con una participación del 8.33%.

Dicha empresa, que inició sus actividades a inicios del 2011, según información de la Sunat, se encuentra conformada por 12 socios que casualmente en su mayoría eran regidores de la mencionada municipalidad.

La empresa, dedicada al alquilar de maquinarias y equipos de construcción, obtuvo la buena pro en 5 procesos de selección entre los meses de julio del año 2010 y mayo del 2011. Ellos ganaron casi medio millones de soles tan solo por alquilar tractores, retroescavadoras y rodillas de uso.

En Ayacucho, Heraclides Vásquez Gómez, exalcalde distrital de Concepción , es socio de la empresa Consultoría, Asesoría y Constructora Ingenieros Los Waris S.A.C. con una participación del 68.29%. Dicha empresa inició sus actividades en 2012 y obtuvo la buena pro en un proceso de selección el 24 de octubre del 2012.

Casualmente, esta fue la única postora y ganó por la adquisición de agregados S/.38 mil.

Por otro lado, Juan Mesías Saavedra Salazar, exregidor distrital de Querocotillo (Cutervo-Cajamarca), es socio de la empresa Constructora Chocoypico S.R.L. (20488032292) con una participación del 50.0%.

Esta empresa obtuvo la buena pro y siendo la única postora ganó manteniendo el monto del valor referencial de S/.713 mi l por la construcción de una trocha y el mejoramiento de un tramos.

En: diariocorreo

Políticos y técnicos

Se tiene la imagen del político que ordena a algún técnico que pertenece a su staff que le prepare un proyecto de ley para presentarlo ante el pleno del Congreso para su debate y posible aprobación como Ley.

El técnico, generalmente bien preparado, con un CV que indica que acabó su carrera profesional de economista, abogado, administrador, ingeniero, etc en una buena universidad, con una maestría o posiblemente un doctorado, se quema las pestañas, pone a trabajar sus neuronas y pone en práctica toda su experiencia para presentar un proyecto decente al congresista y lo logra.

Sin embargo, muchos políticos, ególatras como ellos mismos, solo “revisan” el resumen del proyecto y deciden colocarle algo de su “propia cosecha”, generalmente detalles que, o desvirtúan el proyecto original o va completamente en contra de el mismo.

Así, un buen trabajo, serio y profesional, se puede ir al tacho por cuestiones políticas (modificarlo para devolver un favor a alguien por ahí, algún familiar o conocido que podría entrar en el supuesto de hecho del proyecto a presentarse, o por el simple orgullo del político de indicar descaradamente: “yo lo hice”, etc).

De esa manera muchos políticos, inflados por su megalomanía presentan verdaderos fiascos como proyectos de ley. El técnico se fajó para ofrecer un buen producto, pero, desgraciadamente, la mano del político es la que tiene la decisión sobre qué hacer con dicho proyecto o cómo interpretarlo.

Se trata de ese anhelo casi imposible de conseguir: Un político que sea técnico, un político que haga su tarea, que estudie, que analice, desde la presidencia, Congreso, corte judicial, alcaldía o posición que ostente en la administración pública. En suma, un político que piense en frío, sin intereses y con la perspectiva del bienestar general y no el beneficio propio. En definitiva, un político peruano imposible.

Universidades rechazan las sanciones de la SUNEDU

Ante imposición de plazo para adecuarse a nueva ley. Reglamento castiga a quienes no cambien autoridades y estatutos antes del 31 de diciembre.

Por: Milagros Berríos

Decisiones que aún generan discrepancias. La demora de las universidades públicas por adecuarse a la nueva Ley Universitaria provocó que –hace más de una semana– la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) establezca un plazo límite para que la ejecuten: el próximo 31 de diciembre. Esta fecha, sin embargo, no goza de la aceptación de las instituciones educativas involucradas.

Lo que tampoco cuenta con el respaldo de las 64 casas de estudios que integran la Asociación de Universidades del Perú (Asup) son las sanciones que recibirán aquellas que incumplan con el mencionado plazo.

A casi un año de la publicación de la ley, solo 6 universidades públicas autorizadas han cumplido con el cambio de estatutos y de autoridades. El resto debe acelerar los procesos para culminarlos máximo en diciembre; de lo contrario recibirán sanciones que pueden alcanzar las 300 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), lo que equivale a 1 millón 155 mil soles, según informó a La República la titular de la Sunedu, Lorena Masías.

Otro castigo, también considerado en el reglamento de sanciones elaborado por la Sunedu, será la denuncia penal contra la autoridad que se resista a dejar su cargo.

A través de un comunicado emitido ayer, la Asup manifiesta que dicho documento viola la Constitución y las leyes y amenaza a los rectores de las universidades públicas con sanciones penales y multas.

Precisa, además, que para la redacción de este reglamento no se ha convocado a ninguna universidad, ni a un debate público. “Se trata de una persecución y un ataque dictatorial contra la autonomía universitaria, y la liquidación de la universidad nacional buscando su privatización”, argumenta.

Hay que precisar que esta organización está encabezada por el también rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Pedro Cotillo. Esta casa de estudios ha sido calificada por la Sunedu como “rebelde a lo dispuesto por la ley”. Sin embargo, el jefe de la oficina de imagen institucional, Fernando Obregón, asegura que “ya se ha aprobado el reglamento de elecciones y está por aprobarse el cronograma electoral”. “Si se aplican sanciones que no están consideradas en la ley se apelará y se denunciará”, agrega el ministro Saavedra.

Y mientras la Asup señala que la Ley Universitaria viene siendo interpretada “al antojo del Ejecutivo”, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, indica que la norma y la renovación de autoridades se tienen que cumplir. “Estamos en una situación en la que alguien dice: a mí no me da la gana de cumplir la ley. Eso, por un lado, no tiene mucho sentido. Lo que preocupa es que quienes asumen esta posición son rectores, quienes están a cargo de la formación de los jóvenes”.

Mora denuncia salida de decano

El promotor de la nueva Ley Universitaria, Daniel Mora, indicó que la Sunedu tiene la potestad de definir plazos para implementar la norma. “Saludo el reglamento, pero también considero que la Sunedu ya debió hacer denuncias penales”.

El congresista informó sobre la destitución del decano (e) de la facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM, Jorge Silva. Al respecto, la organización Acuerdo Institucional
Sanmarquino señala que la destitución se da “de manera repentina y arbitraria por parte de Pedro Cotillo” luego de que Silva se negara a suscribir un comunicado en contra de la Sunedu.

En: larepublica

Poder Ejecutivo expide su primer Decreto Legislativo para agilizar la inversión pública

FACULTADES. Humala comenzó a legislar en materia económica y administrativa, autorizando transferencias para proyectos de gobiernos nacional, regionales y locales.

Haciendo uso de las facultades legislativas que el Congreso de la República le otorgó por 90 días, el Poder Ejecutivo emitió ayer el decreto legislativo 1176 (de 10 artículos), orientado a promover, fomentar y agilizar la inversión pública.

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con la firma del presidente Ollanta Humala dispone que durante el año fiscal 2015 se realicen modificaciones presupuestarias, con el objetivo de reasignar recursos a las entidades de los tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales) para el financiamiento de proyectos de inversión pública.

Estas iniciativas deberán contar con el registro del informe de consistencia del estudio definitivo, expediente detallado, o con el registro de la Verificación de Viabilidad, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

“Dichas modificaciones (…) serán destinadas a financiar la ejecución o la transferencia para la ejecución de proyectos de inversión en las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), que no hayan sido comprometidos o transferidos al 31 de agosto de 2015, según corresponda”, señala el decreto legislativo.

También se reorientarán recursos a favor del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), para lo cual autoriza la reasignación de recursos a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, se estableció el 31 de julio como nuevo plazo para autorizar las transferencias destinadas al financiamiento de proyectos de inversión pública, además se dispone que las transferencias de recursos destinadas a financiar proyectos de inversión con un monto mayor o igual a 3 millones de soles, que no correspondan a proyectos inversión pública ejecutados por empresas del Estado, se efectuará sólo hasta por un 80% del valor total pactado.

Otra de las medidas establecidas en el decreto legislativo 1176 es la autorización a la Presidencia del Consejo de Ministros a realizar modificaciones presupuestarias para financiar nuevos Centros de Mejor Atención al Ciudadano.

Además se autoriza el financiamiento para proyectos de inversión, mantenimiento y equipamiento en el Gobierno Regional de Piura. También se dispone el financiamiento de proyectos de inversión con cargo al Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como poder financiar estudios, proyectos y mantenimiento en universidades públicas.

Infraestructura vial urbana

Con el decreto legislativo el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante el año fiscal 2015, a realizar modificaciones presupuestarias a favor de los gobiernos locales, para financiar actividades y proyectos de inversión pública de infraestructura vial urbana, principalmente vinculados a la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

También se incluyen los proyectos de infraestructura vial relacionados al desarrollo integral de los sistemas de transporte masivo de la ciudad de Lima Metropolitana.

En: larepublica