Un nuevo estudio divulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que América Latina y el Caribe recibirán más de US$ 60 000 millones de todas partes del mundo por concepto de remesas en el año 2006, monto superior a las inversiones extranjeras directas y la ayuda oficial para el desarrollo en la región. En particular, los inmigrantes latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos enviarán unos US$ 45 000 millones a sus países de origen en 2006, lo que supone un crecimiento 50% respecto al año 2004.

El estudio señala, además, que del total del ingreso de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, el 73% de los latinoamericanos adultos envían en promedio un 10% de sus ingresos. De igual modo se encuentra que ser propietarios de una casa o de un negocio en sus países son las aspiraciones más comunes. Así, un tercio de los encuestados ya ha realizado tales inversiones, lo que supone un cambio significativo respecto a cinco años atrás, cuando sólo el 5% señalaba su interés en realizar una inversión en su país.

Las remesas constituyen uno de los mecanismos de alivio de pobreza más amplios[1] y efectivos del mundo, pero además son un enorme potencial de inversión desaprovechado, puesto que éstas podrían multiplicar su impacto económico si se aplicaran a servicios y productos financieros como seguros, hipotecas, microcrédito, entre otros. Por ejemplo, en el Perú se ha creado un fondo de solidaridad que protegerá las remesas de cerca de tres millones de peruanos residentes en el extranjero. El fondo garantiza a los afiliados que en caso de muerte sus restos sean repatriados y enterrados en su país de origen. Además, con ese aporte, sus familias podrán recibir, durante tres años, el mismo monto de las remesas que les solían enviar, además de una cantidad adicional para el pago de servicios básicos y los gastos de sepelio.

[1] En América Latina y el Caribe unos 20 millones de hogares reciben estas transferencias.
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El pasado 18 de octubre, el Instituto Blacksmith[1] publicó un ranking con las diez ciudades con mayor polución en el mundo. En estos lugares no sólo se encontró contaminación de tierra, aire y agua producto de actividades que se vienen realizando en el presente, sino también producto del legado de la emisión indiscriminada en el pasado. Si bien entre las fuentes de contaminación planteadas en el informe se observa a la actividad minera (La Oroya, Perú) y la industria del carbón (Linden, China), los metales pesados como el plomo, se encuentran entre los principales agentes causantes de polución.

El ranking se realizó tomando en cuenta el efecto de la contaminación en la salud humana y el riesgo sobre la vida de los niños de dichas localidades. Según el informe, la degradación del medio ambiente afecta a cerca de diez millones de personas en estos diez lugares, siendo los niños, niñas y mujeres pobres los más perjudicados. La selección se realizó entre un total de 300 lugares, entre los nominados destacan ciudades como el Distrito Federal de México y New Orleans en Estados Unidos.

Para la selección de estos lugares se uso una metodología simple de calificación numérica[2], tomando en cuenta los siguientes criterios de selección:
• El tamaño de la población afectada,
• La severidad de las toxinas implicadas
• El impacto en la salud y el desarrollo de los niños.
• Evidencia sobre un claro patrón de contaminación
• Evidencia existente y confiable sobre el impacto en la salud.

[1] http://www.blacksmithinstitute.org/about10.php
[2] “Scoring system”.
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La semana pasada el BCRP publicó el Reporte de Inflación (setiembre 2006), donde revisa sus perspectivas macroeconómicas para el país durante este año. Entre los datos a resaltar figuran la corrección al alza en la estimación del crecimiento de la inversión privada, (de 13,5% a 19,4% respecto al 2005), ubicándose en torno al 17,1% del PBI[1]. Este crecimiento respondería a la evolución favorable de los precios de las exportaciones y al dinamismo de la economía nacional, los cuales repercutirían favorablemente en la confianza empresarial.

No obstante, el reporte señala la posible aparición de presiones inflacionarias por el lado de la demanda interna, debido a que ésta viene creciendo a niveles cercanos al 9,3%, mientras que el PBI crecería en 6,6%[2]. Para el año 2007 se estima un menor crecimiento de la demanda interna (6,4%), sin embargo, ésta continuaría estando por encima del crecimiento estimado del PBI (5,7%), lo cual haría peligrar el cumplimiento de la meta de inflación[3] a menos que venga acompañado de un mayor crecimiento de la inversión o de la productividad de la economía.

Otro de los riesgos señalados corresponde a la postergación de la aprobación del TLC con los EEUU por el impacto que tendría sobre el desempeño del sector exportador, y posteriormente sobre el tipo de cambio. Cabe señalar que a pesar de que las exportaciones, entre enero y agosto, crecieron en 35% respecto al año anterior, las cifras de agosto[4] muestran una caída de 11,7% en términos reales.

Finalmente, se debe señalar que aunque los fundamentos internos de la economía, como consumo, inversión, y balance fiscal, se mantienen favorables para los próximos dos años, el riesgo de que una desaceleración de la economía de los EEUU sea más fuerte de la prevista, le restaría fuerza a los fundamentos externos que también han contribuido a explicar parte importante del crecimiento de los últimos años.

[1] Esta estimación resulta más optimista a la proyectada en el MMM 2007-2009 (revisado en agosto), donde se estima un nivel de la inversión privada en torno al 16,7% del PBI.
[2] En línea con las proyecciones contempladas en el MMM 2007- 2009.
[3] 1,5% – 3,5%
[4] INEI.
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Edmund Phelps, economista estadounidense de 73 años, recibió el Premio Nóbel de Economía 2006 por su análisis de intercambios intertemporales de la política macroeconómica. El trabajo de Phelps reconoce que la inflación no sólo depende del desempleo sino que también de las expectativas de las firmas y trabajadores acerca del nivel de precios y salarios. Más aún, se le atribuye que a través de sus investigaciones es posible comprender mejor las relaciones entre los efectos de corto y largo plazo de la política económica.

A fines de los sesentas, Phelps desarrolló teorías sobre la tasa natural de desempleo planteando que el equilibrio no implica necesariamente la eliminación de la desocupación; y durante los setentas, Phelps y Friedman demostraron que la curva de Phillips no funcionaba. [1] De acuerdo a sus investigaciones, el desempleo disminuye sólo si la expansión fiscal o monetaria es inesperada ocasionando así un nivel de inflación no anticipado. Esto permitió comprender que el impacto de estas medidas dependerá también de las expectativas, y que los intentos por reducir el desempleo, vía mayor inflación, sólo son relevantes en el corto plazo. En el largo plazo éste converge hacia la tasa natural de desempleo que se rige por el funcionamiento del mercado laboral y es independiente del nivel de inflación. Ello implica que, a largo plazo, las expectativas inflacionarias se adaptan de tal manera que los intentos persistentes por reducir el desempleo, por debajo de su tasa natural, sólo terminan aumentando la inflación. Esta reinterpretación, formulada por Phelps, es conocida como Curva de Phillips aumentada con expectativas.

Así, el trabajo de Phelps mostró que las políticas de estabilización sólo reducen las fluctuaciones del desempleo en el corto plazo y que el efecto futuro de éstas depende de las decisiones de política presentes. Adicionalmente, sus investigaciones han contribuido en la toma de decisiones gubernamentales y corporativas.

[1] Esta teoría plantea una relación estable y negativa entre la inflación y el desempleo.
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El anuncio de una probable ayuda financiera por parte del gobierno alemán para reflotar la empresa privada[1] de aeronáutica Airbus ha generado controversia en toda Europa. Y es que, partiendo de la visión de Estado del Bienestar[2], el destinar fondos del fisco para saldar, completa o parcialmente, los más de € 4 000 millones de deuda que posee la compañía no ha generado consenso.

Por un lado, los que están a favor consideran que es clave, para mantener el bienestar actual y futuro de los europeos, el apoyar financieramente a esta compañía, debido a los eslabonamientos que genera a nivel agregado sobre toda la economía, lo estratégico de la industria aeroespacial para la seguridad europea y por la demanda de personal extremadamente capacitado que precisa. Por otro lado, los que están en contra argumentan que el hecho de que Europa posea un Estado del Bienestar no permite que se utilicen los impuestos que todos los europeos pagan para solucionar la mala administración de una empresa privada, incluso a pesar de la importancia que esta puede tener.

Lo concreto es que el Banco Alemán de Desarrollo[3] no ha desmentido la información sobre la compra de un 7,5% de las acciones de Airbus, para ayudar a la empresa en la consecución de su plan de reingeniería Power 8 Programme. Queda por saber cual es la definición de la opinión pública europea sobre su propio Estado del Bienestar.

[1] Se la puede considerar privada a pesar de que el gobierno francés y alemán tienen una participación pequeña.
[2] Se entiende Estado del Bienestar como el tipo de gobierno que busca proveer seguridad económica a la población a través de ayuda cuando se encuentran desempleados, enfermos o en edad avanzada (Glosario de términos de la Universidad de Michigan).
[3] Kreditanstalt für Wiederaufbau.
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5 años contribuyendo a la difusión del
conocimiento en el país. Leer más »

En las últimas semanas el debate sobre el proyecto de ley que plantea la eliminación de la renta básica, ha dado lugar a la revisión/renegociación del contrato-ley que firmó en 1994 la empresa Telefónica del Perú (TdP) con el Estado Peruano.

Lo que se busca es mejorar las condiciones de los usuarios mediante la reducción de tarifas y la ampliación de la cobertura, evitando violentar la situación contractual con TdP, que no sólo terminaría en un caso de arbitraje internacional sino que además constituiría un mal precedente para la inversión en el país. [1] Los participantes de la negociación son representantes de Osiptel, como asistente técnico y regulador, el Estado, como concedente, y Telefónica, como concesionario. Los puntos en los que se buscará acuerdo son: 1) tarifa y renta mensual (renta básica), 2) tasación de minutos a segundos, 3) acumulación de saldos de tarjetas prepago y plazo de caducidad, 4) tarifas de larga distancia nacional e internacional, 5) telefonía pública, 6) expansión del servicio telefónico en el interior del país en zonas de preferente interés social; y, 7) innovación telefónica en el servicio. [2]

No obstante, cabe señalar que esta discusión no es nueva. En el año 2003 la renta básica y la facturación al segundo fueron materia de discusión. En dicho momento, dominaron las presiones sobre el gobierno de tal forma que las medidas adoptadas fueron sólo un paliativo y no se llegó a resolver el problema de fondo. Según Jorge Fernández Baca, el problema de telefonía debió tratarse de forma general dentro del marco de la Ley de Telecomunicaciones en lugar de renegociar con TdP y correr el riesgo de darle privilegios y un mayor poder monopólico. En este sentido, en las negociaciones debería quedar claro cuál es el trade-off entre los incentivos que se otorgue a TdP para mejorar las condiciones del consumidor y los efectos de éstos sobre la estructura del mercado.

[1] De acuerdo a cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Lima por cada 100 personas existen 16 teléfonos mientras que en Puno por cada 100 personas sólo hay 1 teléfono.
[2] MTC

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El viernes 6 de octubre se promulgó la ley que crea el programa “Sierra Exportadora”, cuyo objetivo es promover, fomentar y desarrollar actividades económicas de transformación e industrialización de la sierra rural del país[1]. ¿Cuáles son los beneficios esperados y las críticas al programa? ¿Se beneficiará realmente la población más pobre?

El gobierno con este programa espera equiparar la capacidad exportadora de la sierra y la costa[2]; crear 18 000 puestos de trabajo en cinco años e incluir 150 000 hectáreas de tierras andinas en 5 años para la exportación. Por otro lado, se critica la creación de este programa como un ente con rango ministerial, la contratación de 85 trabajadores, y lo irreal de transformar tantas hectáreas de tierras. Las dos primeras críticas se sustentan en la duplicidad de funciones e ineficiencias que crearían. Además, se estima que la inversión necesaria por hectárea en la sierra rural es de US$ 20 000[3], lejano a los US$2 000 que planea el gobierno que espera se complete con la inversión privada[4].

Los beneficiados inmediatos de esta ley son el gobierno y el sector agroexportador. El cumplir con promesas electorales le genera buen rédito político, mientras que los nuevos productos de exportación para las empresas exportadoras pueden ser rentables. Aún así, ¿la poca inversión pública en la sierra rural garantizará grandes inversiones privadas[5]? ¿Acaso el enfoque exportador o modelo costeño cambiará las asignaciones estructurales en activos económicos y sociales que mantiene a esa población desconectada del mercado? La respuesta podrá ser más clara en algunos días cuando se especifique como se pondrá a la práctica dicho programa.

[1] Proyecto de Ley N° 49-2006-PE
[2] La sierra exporta US$ 162 millones, mientras que la costa US$ 1 072 millones.
[3] Eduardo Zegarra, investigador Grade.
[4] Hasta el momento se cuenta con US$ 102 millones provenientes de cooperación internacional.
[5] Eduardo Zegarra afirma que en la costa se necesitó en promedio US$10 000 por hectárea y que luego de 10 años no se llega aún a las 60 000 hectáreas cultivadas.
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El riesgo más importante para la estabilidad económica global y de América Latina son los grandes desequilibrios macroeconómicos de los países claves en el mundo. En el 2006-2007 el riesgo más importante se centra en la probabilidad de estanflación[1] en EEUU.

La desaceleración de la economía de EEUU se daría porque el “efecto riqueza[2]”, que mantenía alto los niveles del consumo en ese país, se esta reduciendo por la fuerte caída en la actividad de la construcción de viviendas (el índice de actividad alcanzó 32 puntos en setiembre frente los 68 puntos promedio entre 2001 y 2005) y por la fuerte disminución de la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda, próxima a volverse negativa (en el 2005 llegó a superar el 15%).

Además, las expectativas de inflación se han incrementado significativamente debido a la posibilidad de que la política monetaria expansiva de los últimos años recién esté afectando los precios de los bienes y servicios. En particular, un indicador preocupante es el crecimiento del costo laboral unitario (alrededor de 3,5% en el 2S2006). A esto se suman los riesgos de mayores precios del petróleo, debido a los problemas de Medio Oriente.

Por otro lado el creciente déficit en la cuenta corriente de EEUU ha incrementado el riesgo de mayores depreciaciones del dólar. Ahora, la desaceleración de su economía no es suficiente para corregir su desequilibrio externo (vía disminución de importaciones). Además de una depreciación importante del dólar, se requiere de una apreciación significativa de las monedas asiáticas, especialmente de China.

¿Cómo afecta al Perú?: i) Disminuyen las exportaciones dado que EEUU es nuestro primer socio comercial; ii) menor cotización de los precios de los metales ya que EEUU es un importante comprador; iii) incrementaría la aversión al riesgo de los inversionistas, con consecuencias negativas en las entradas de flujos de capitales y los avances en las calificaciones de riesgo; iv) una fuerte depreciación del dólar disminuye el valor real de las reservas internacionales; y, v) un fuerte incremento de las tasas de interés internacionales afectaría los flujos de capital y el costo de la deuda externa.

[1] Recesión con inflación.
[2] Relacionado con la mayor capacidad de compra.
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La reducción del precio de los combustibles tiene mucha relevancia tanto por la importancia que tienen los combustibles en el consumo a nivel familiar e industrial, como también por tratarse de la primera rebaja después de cuatro alzas consecutivas en los precios de las refinerías.

Sin embargo, la reducción de los precios de refinería no se traslada inmediatamente ni en la misma proporción a los consumidores finales debido a factores de demanda y de mantenimiento de stocks. Asimismo, cabría esperar que la reducción de los combustibles sea diferente por grupo socio económico, dependiendo de la intensidad de uso de determinados tipos de combustibles.

Para el caso de Lima Metropolitana y Callao, que concentra el 42,3% de la demanda nacional de gasolinas (84, 90, 95 y 97) y Diesel 2, se puede apreciar que la mayor reducción promedio se ha dado en la gasolina de 84 octanos (-4,12%).[1]

Se puede observar del siguiente cuadro que existiría una mayor proporción de estaciones de servicio y grifos (E y G) que redujeron el precio de los combustibles de uso masivo del quintil V (G-90, G-95 y G-97) que la que existe de E y G que redujeron el precio de los combustibles del quintil I (G-84 y Diesel 2). Sin embargo, se puede argumentar que las reducciones de los precios de los combustibles se efectúan siempre que para las E y G sea rentable hacerlo dependiendo de sus márgenes de ganancia. Esto podría explicar la poca proporción de E y G que decidieron reducir los precios de los combustibles de mayor consumo en el quintil I que en el quintil V.

[1] Los precios mínimos por distritos son: San Juan de Miraflores en S/. 9.63, S/. 11.30 y S/. 13.02 en G-84, G-90, y G-97 respectivamente, La Victoria en S/. 12.40 en G-95 y Breña en S/.9.99 en Diesel 2
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