El miércoles 20 de diciembre 361 000 profesores iban a ser evaluados, lo que no conllevaba ningún carácter punitivo en los casos desaprobatorios[1], dado que esta evaluación sólo serviría para identificar las falencias de los docentes. Sin embargo, debido a la sustracción de la prueba ésta tuvo que ser suspendida. A pesar de este incidente, dicha evaluación será realizada el 8 de enero de 2007, lo cual no significará ningún costo adicional para el Estado, debido a que se había considerado que ocurra una eventualidad similar.
El problema de los profesores en el país puede ser visto desde tres puntos: problemas en la formación del docente, bajo nivel remunerativo, y un marco normativo irreal. Primero, la docencia peruana atraviesa un serio problema de calidad. En la década de los noventa se flexibilizó las normas que autorizaban la creación de centros de formación docentes. La proliferación de Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), caracterizados por su poco alumnado y baja calidad, ha llevado a que la oferta de profesores supere la demanda[2]. Entre 1990 y 1997, el número de ISP privados pasó de 17 a 117[3].
Segundo, no existen mecanismos de incentivo para el profesor. El marco normativo vigente no penaliza la ineficiencia ni premia la eficiencia, así, el régimen de remuneraciones no está vinculado al desempeño. En la remuneración del docente existe una diferencia importante en la remuneración entre los que poseen título pedagógico y los que no. El sistema público no se encuentra sometido a evaluaciones que den cuenta del desempeño a las autoridades y a los padres de familia. Tercero, la Ley del Magisterio, que espera ser modificada, fue promulgada en 1984. Esta ley tiene como características principales: estabilidad laboral absoluta del profesor nombrado, se impide la creación de incentivos basados en el desempeño donde los ascensos proceden de acuerdo a la antigüedad del docente, sólo se admite evaluaciones a profesores para ascensos y/o mayor sueldo, no permite movilidad de los maestros de acuerdo con las necesidades del sistema y un docente puede ser nombrado sólo si posee título profesional en la carrera de educación convirtiéndose en un desincentivo para que profesionales de otras especialidades ingresen al magisterio.
Finalmente, el entrampamiento político en el que se encuentra actualmente este sector no le hace nada bien a una educación como la peruana que se halla mal ubicada a nivel internacional[4]. La solución al problema educativo, debería buscar soluciones innovadoras tanto por el lado de la demanda y como de la oferta.
[1] Según el MINEDU.
[2] El MINEDU maneja un ratio alumno por profesor de 35,0 como objetivo, aunque puede variar según nivel o ubicación geográfica. Sin embargo, para el 2003 el ratio en mención alcanza 24,75. Además, para 1980 el ratio alcanzaba 37,19 alumnos.
[3] Díaz y Saavedra (2002) “Perú: sobran regulaciones, faltan estímulos”.
[4] En la evaluación PISA Plus, elaborada por los países de la OECD, lo resultados muestran que el Perú aparece en último lugar en el ranking de países en matemáticas, alfabetización lectora y ciencias.
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