La medida se tomó ante la negativa de la empresa “de llegar a un entendimiento en buenos términos y tras haber agotado todos los recursos posibles para sacar adelante el proyecto de infraestructura”, refiere el MTC en un comunicado.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, ante la negativa de la empresa Kuntur Wasi, de llegar a un entendimiento en buenos términos y tras haber agotado todos los recursos posibles, el Estado Peruano decidió resolver el contrato de concesión con la empresa “por razones de interés público, dentro del alcance del contrato de concesión y sus cláusulas de caducidad”.
A través de un comunicado, el MTC detalla que se notificó de manera formal, esta mañana, su decisión a Kuntur Wasi y que viene estudiando actualmente la modalidad adecuada para la construcción del referido aeropuerto, “de manera que la ejecución del proyecto no se retrase y se salvaguarde el interés involucrado en dicho proyecto”.
“Conocedor de la relevancia de contar con una obra aeroportuaria de gran magnitud para el desarrollo del sur del país, el MTC reitera su pleno compromiso de llevarla a cabo en el menor tiempo posible”, finaliza el comunicado.
El titular del sector, Bruno Giuffra, a través de su cuenta de twitter, afirmó que la resolución del contrato de concesión fue ante la “imposibilidad de cerrar un acuerdo de mutuo disenso”.
Hoy hemos resuelto el contrato de concesión d Aepto Chinchero a Kuntur Wasi, dada la imposibilidad de cerrar un acuerdo de mutuo disenso 1/2
Encarcelado ‘Peter Ferrari’ estaría detrás de este plan.
Juez Richard Concepción Carhuancho. Imagen: http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/articles/images/juez-carhuancho-ratificado-en-caso-del-crime-22777-jpg_604x0.jpg
Este artículo fue publicado originalmente en febrero de 2017; sin embargo, la actualizamos debido a que se reveló que la Policía detectó un plan para asesinar al juez Concepción Carhuancho. Atribuyeron la autoría de la conspiración al investigado Pedro Pérez Miranda, alias ‘Peter Ferrari’, quien se encuentra recluido en el penal de Piedra Gordas.
“Se ordena prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique”. Las palabras del juez Richard Concepción Carhuancho contra el ex presidente del Perú, acusado de soborno, se alzan como las más importantes en la historia de la política peruana desde los tiempos en que el también ex presidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado.
“…Se dispone cursar los oficios correspondientes para la ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Para tal efecto se debe cursar orden de captura nacional e internacional”, dijo cansado, tras las casi 12 horas de audiencia Carhuancho, quien se ha convertido en el hombre de justicia más importante de los últimos días.
¿Quién es Concepción Carhuancho?
No es la primera vez que Richard Concepción Carhuancho, tarmeño de 45 años, es designado para un caso de interés nacional. De hecho su hoja de vida también nos muestra que estuvo al frente de las investigaciones sobre La Centralita, Nadine Heredia, ‘Peter Ferrari’, ‘Pancho’ Boza, entre otros.
Concepción Carhuancho estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres, logrando graduarse poco antes de 2000. Tres años más tarde lograría su título de maestría en Derecho de Empresas e iniciaría un Doctorado en la misma materia en 2013. Según su hoja de vida, publicada en el Consejo Nacional de la Magistratura, aún no lo acaba.
Su carrera como magistrado la inició el 2006 en Junín cuando fue designado como juez especializado suplente del 1° juzgado penal de Tarma. A partir de allí comenzó a escalar posiciones hasta ser nombrado como titular del 1° juzgado de investigación preparatoria nacional. Cargo que asume hasta hoy
La Centralita
Apenas fue designado en su nuevo cargo, tuvo en sus manos el caso ‘La Centralita’, convirtiéndose en un blanco directo de ataques. En su calidad de juez encargado de la investigación logró llevar a prisión al ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, principal implicado en el caso.
Junto al fiscal Elmer Chirre, Richard Concepción Carhuancho también tuvo a cargo la solicitud de extradición de Martín Belaunde Lossio de Bolivia. Finalmente logró traer de vuelta al exasesor presidencial y posteriormente, dictarle prisión preventiva.
Nadine Heredia
El pasado 22 de noviembre, una fotografía reveló que la ex primera dama, Nadine Heredia, se encontraba dentro de un avión rumbo a España. Inmediatamente se encendieron las alertas de una posible fuga de la esposa de Ollanta Humala, quien es investigada por los aportes que recibió el Partido Nacionalista para las campañas presidenciales 2006 y 2011.
Pero, si ya se tenían sospechas de una posible salida del país de la esposa de Ollanta Humala, ¿Por qué no se le negó?
Las miradas voltearon al Juez Richard Concepción Carhuancho, encargado de la investigación por presunto lavado de activos. Luego de explicar que no impidió la salida del país debido a que el fiscal del caso no lo solicitó, dio paso a la presión y ordenó la vuelta de Heredia Alarcón en 10 días. Aún no se resuelven las apelaciones que definirán su situación legal y el juez afronta una investigación de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Consultado sobre la complejidad del caso Nadine, Concepción Carhuancho le dijo a *Perú21* una frase contundente, frase que quizás lo acompaña en cada uno de los casos que lleva adelante: “Estoy preparado para todo”.
Ahora, Toledo
El jueves fue una jornada maratónica en la Sala Penal Nacional. Luego de doce horas de iniciada la sesión y tras llamar al orden innumerables veces, el juez dio a conocer su decisión final: 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo. De esta forma colocó al hombre que se presentó al mundo como un humilde lustrabotas que triunfó en Harvard cada vez más cerca de ingresar a los libros de historia como el segundo ex presidente peruano tras las rejas.
Así como Fujimori nunca olvidará al juez César San Martín, el ahora prófugo de la justicia posiblemente siempre lleve en el recuerdo a Richard Concepción Carhuancho.
En una de las pocas entrevistas brindadas, el juez Richard Concepción Carhuancho explicó que la justicia “es darle a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos. Utilizar el aparato penal para que en caso se advierta que alguien es responsable, imponga las medidas que correspondan. Si también se detecta que alguien ha sido injustamente procesado, deben existir los correctivos para que se le excluya de una investigación y un proceso penal”.
La medida restrictiva de la libertad fue dictada por el Juez Richard Concepción Carhuancho. Esta no es una pena, los ahora reos de la justicia impugnarán la decisión judicial dictada en su contra en un plazo de 15 días.
https://youtu.be/R0m9-Sp7gFk
Wilfredo Pedraza consideró que ex primera dama y el ex presidente Ollanta Humala tendrían que ser internados en un lugar que garantice su seguridad
Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, criticó la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de ordenar 18 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama y su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. A su juicio, el magistrado ha emitido prácticamente “una condena”, no una resolución correspondiente a una primera instancia en el marco de la investigación preliminar.
Según consideró, el juez ha valorado elementos probatorios que no están en el expediente del caso de lavado de activos que se le sigue a la ex pareja presidencial. Por ejemplo, indicó, información referida al Caso Madre Mía.
“Nosotros vamos a hacer la evaluación en otro momento. De hecho, nos parece una decisión absolutamente arbitraria, carente de fundamento. Se ha esbozado una serie de elementos a título de excusa muy imprecisos”, manifestó.
Asimismo, consideró que evaluar la gravedad de los hechos corresponde a la etapa de juicio oral, pues se está recién en una investigación preliminar.
En declaraciones a la prensa, Pedraza insistió en que su defendida y el ex mandatario nunca pensaron en fugar. “El mensaje es: ellos no se fugan, nunca han tenido ese propósito y por eso se están poniendo a derecho a pesar de que eso supone el abandono de sus tres menores hijos. A pesar de haber cumplido todas y cada una de las reglas de conducta. De manera que quede bien clara la arbitrariedad”, refirió el abogado, que apeló la resolución judicial.
De otro lado, dijo esperar que Nadine Heredia y Ollanta Humala sean internados en un centro de reclusión donde no estén expuestos y garantice su seguridad.
“Nadie pide un privilegio, pero sí medidas razonables en un estado de derecho”, señaló.
Las leyes que regulan las elecciones en los Estados Unidos datan del Artículo 1 de la Constitución, la cual asigna a los estados la rfesponsabilidad de supervisar las elecciones federales. Varias enmiendas constitucionales y leyes federales han sido aprobadas hace muchos años para asegurar que todos los Americanos gocen del derecho al voto y la capacidad de ejercer este derecho.
Enmiendas Constitucionales
La Decimoquinta Enmienda de la Constitución otorgó a los varones Afroamericanos el derecho al voto. Sin embargo, muchos de ellos no fueron capaces de ejercerlo por casi 100 años. Los impuestos por capitación, pruebas de conocimientos y otros medios utilizados por los Estados del Sur hicieron difícil el ejercicio del derecho al voto para ellos.
La Vigésimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1964, eliminó el impuesto por capitación, el cual afectó desproporcionadamente a los Afroamericanos como barrera a su derecho al voto en las elecciones federales.
Varias leyes federales aprobadas a lo largo de los años ayudan a proteger el derecho al voto de los Americanos, facilitándoles el ejercicio del mismo.
La Ley sobre Derechos Civiles provee las primeras protecciones legales contra la discriminación en el voto (42 U.S.C. 1971 & 1974). Estas protecciones se originaron en la Ley sobre Derechos Civiles de 1870, y fueron enmendadas posteriormente por la Ley de Derechos Civiles de 1957, 1960 y 1964.
La Ley de Derecho al Voto de 1965. Esta Ley prohibe prácticas y procedimientos electorales que realizan una discriminación basada en raza, color, o pertenencia a un grupo linguistico minoritario. También requiere que ciertas jurisdicciones provean materiales electorales en otros idiomas que no sean el inglés.
Ley Nacional del Registro de Votantes (HAVA) de 1993. Esta ley autoriza fondos federales para la administración electoral y crea la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos (EAC). También requiere que los Estados adopten normas mínimas en sistemas de votación, boletas provisionales, carteles de información para votantes en los días de las elecciones y para los votantes que por primera vez que se registren para votar por correo y bases de datos estatales de registro de votantes. La EAC apoya a los Estados en el cumplimiento de estos requisitos.
Ley de Empoderamiento del Voto Militar y en el Extrajero (MOVE) de 2009. Esta Ley mejora la Ley para la Votación de los Ciudadanos en la Fuerzas Armadas y en el Extranjero (UOCAVA) en cuanto al acceso al acceso al voto de estos. Requiere que los Estados les faciliten el acceso electrónico en varias etapas del proceso electoral, el envío de boletas de votación por correspondencia para ciertos votantes 45 días antes de la elección por lo menos, y desarrollar el sistema de libre acceso para informar a los militares y ciudadanos en el extranjero sobre la confirmación de su voto o si las boletas han sido recibidas y contadas.
Leyes Sobre el Documento de Identidad (ID) de los Votantes
Dos tercios de los Estados requieren que el ciudadano muestre alguna forma de identificación antes de permitírsele votar en las urnas.
Las leyes de su Estado, como se indica en el mapa, determinaran si el votante tendrá que mostrar una identificación, y si es así, de qué tipo.
Identificación con Foto frente a Identificación sin Foto
Aproximadamente la mitad de los Estados con leyes de identificación de votantes aceptan sólo identificaciones con foto, como licencias de conducir, tarjetas de identificación emitidas por el estado, tarjetas de identificación militar y pasaportes. Muchos de estos estados ahora ofrecen una tarjeta de identificación de votante gratis en caso el votante no tenga otra forma de identificación con foto válida.
Otros estados aceptan ciertos tipos de identificaciones sin fotografía, como certificados de nacimiento, tarjetas de Seguro Social, estados de cuenta bancarios y facturas de servicios públicos (agua, electricidad, gas, etc). Cada Estado es específico respecto de los documentos que aceptará como prueba de identificación. El votante debe asegurarse de conocer los requisitos de su Estado para votar antes del Día de las Elecciones.
También debe ser consciente de que ciertas objeciones legales pueden afectar las leyes de identificación de votantes de algunos estados, y los requisitos pueden cambiar como resultado de ello. Siempre es aconsejable verificar directamente con la oficina electoral del Estado para asegurarse de que tiene la identificación adecuada.
Incluso si el votante no tiene una forma de identificación que su Estado requiere, se le puede permitir votar. Sin embargo, algunos Estados requieren que tome medidas adicionales después de votar para asegurarse de que su voto cuenta.
Algunos Estados pueden requerir que firme un formulario que confirme su identidad. Otros Estados permitirán al votante emitir una boleta provisional, que se usa cuando hay una pregunta con respecto a la elegibilidad de un votante. En algunos estados, los funcionarios electorales investigarán la elegibilidad del votante y decidirán si contarán el voto.
Otros estados requieren que regrese a la oficina electoral dentro de unos días y muestre una forma aceptable de identificación. Si no lo hace, su voto no se contará.
Nombre o dirección no coincidente
Incluso si el votante tiene una forma de identificación que su Estado acepta, se le puede requerir que emita una boleta provisional si el nombre o la dirección en su identificación no coincide con el nombre o la dirección en su registro de votante. Esto puede suceder, por ejemplo, si:
El votante se casó, cambió su apellido, actualizó su registro de votante pero presentó una licencia de conducir con su nombre no casado.
El votante se mudó, presentó una factura de servicios públicos actual como prueba de identificación, pero se olvidó de actualizar su dirección en su registro de votante de antemano.
Además, algunos estados requieren que el votante notifique a su oficina de registro local de cualquier cambio en su nombre para seguir siendo un votante registrado calificado.
Los votantes pueden evitar problemas siempre actualizando su registro de votante cada vez que se muda o si cambia su nombre.
Votantes por primera vez
Los votantes primerizos que no se registraron en persona y no han proporcionado previamente prueba de identificación son requeridos por la ley federal a mostrar alguna forma de identificación.
In 2016, Why Are Voters Still Paying Poll Taxes?. Image: http://images.huffingtonpost.com/2016-06-25-1466878976-2007786-PollTaxReceiptCropped.jpg
Fifty years ago today, the 24th Amendment, prohibiting the use of poll taxes as voting qualifications in federal elections, became part of the U.S. Constitution. Poll taxes were among the devices used by Southern states to restrict African Americans (as well as poor whites, Native Americans and other marginalized populations) from voting. The taxes had been ubiquitous across the old Confederacy earlier in the 20th century, but by 1964 only five states — Alabama, Arkansas, Mississippi, Texas and Virginia — retained them.
The nominal amount of the taxes wasn’t very much, then or now. Alabama, Texas and Virginia set theirs at $1.50 per year, or $11.27 in today’s dollars; Arkansas had the lowest tax, $1 (or $7.51 today), while Mississippi’s was highest at $2 ($15.03 today). But the taxes were more onerous than they might appear. In Virginia, Alabama and Mississippi the taxes were cumulative, meaning a person seeking to vote had to pay the taxes for two or three years before they were eligible to register. Often only property owners were billed for the taxes, and the due dates were several months before the election. Virginia, Mississippi and Texas allowed cities and counties to impose local poll taxes on top of the state charge. And in some jurisdictions taxes had to be paid in person at the sheriff’s office, an intimidating prospect for many.
Also, as voting historian J. Morgan Kousser noted, the taxes had to be paid in cash, at a time when many black southerners had extremely low cash incomes: “[B]ecause sharecroppers, small farmers, factory workers, miners, and others bought most of their necessities on credit, they might not see more than a few dollars in cash during a year. To such men, who composed majorities or near-majorities of the adult male populations of every southern state at the turn of the century, a levy of a dollar or two might seem enormous and a cumulated poll tax, impossibly high.”
The 24th Amendment didn’t, however, mark the end of poll taxes in the United States. While it ended taxes as factors in federal elections, poll taxes remained in place for state and local elections. Arkansas effectively repealed its state poll tax in November 1964; it wasn’t till 1966 that the taxes in the four remaining states were struck down in a series of federal court decisions.
The failed coup in Turkey triggered a crisis with several layers. Internally a large numbers of high officials have been demoted or jailed and the overall repression increased. Externally, the changes beg for questions yet to be answered: What is going to be the impact of the events in NATO, in the EU, in Syria civil war, in the refugee crisis, and the struggle against ISIS.
Anti Poll Tax protest UK. Image: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02530/Anti-Poll_Tax_demo_2530713b.jpg
El Impuesto a la Comunidad o “Community Charge” (conocido también como “poll tax”) fue un sistema de impuestos introducido en reemplazo de los impuestos domésticos primero en Escocia en 1989 y luego en Inglaterra y Gales en 1990. El “Community Charge” estipulaba un impuesto individual de monto fijo per cápita para todo adulto en un porcentaje determinado por la autoridad local. Este impuesto fue establecido por la Primera Ministra Margareth Tatcher.
Debido a su impopularidad y constantes protestas de los ciudadanos, este impuesto tuvo que ser reemplazado por el “Council Tax” establecido por la Local Government Finance Act de 1992. Lo que llevó también a la caída política de Tatcher meses mas tarde.
