90’s: Las Protestas Anti Poll Taxes de Londres

Anti Poll Tax protest UK. Image: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02530/Anti-Poll_Tax_demo_2530713b.jpg

El Impuesto a la Comunidad o “Community Charge” (conocido también como “poll tax”) fue un sistema de impuestos introducido en reemplazo de los impuestos domésticos primero en Escocia en 1989 y luego en Inglaterra y Gales en 1990. El “Community Charge” estipulaba un impuesto individual de monto fijo per cápita para todo adulto en un porcentaje determinado por la autoridad local. Este impuesto fue establecido por la Primera Ministra Margareth Tatcher.

Debido a su impopularidad y constantes protestas de los ciudadanos, este impuesto tuvo que ser reemplazado por el “Council Tax” establecido por la Local Government Finance Act de 1992. Lo que llevó también a la caída política de Tatcher meses mas tarde.

Lectura recomendada: Las Protestas Anti Poll Tax – 20 años después de la violencia que sacudió Londres (2010)

European parliament votes to suspend Turkey EU accession talks

The parliament concluded that Turkey has abandoned the fundamental principles of democracy. The same day, Turkish police detained a group of human rights activists, including Amnesty International’s Turkey director.

European Parliament. Image: http://www.dw.com/image/39547662_303.jpg

The European Parliament in Strasbourg on Thursday voted for the suspension of membership talks with Turkey .

The vote on the proposal passed by a wide margin, with support from the biggest party groups.

Proponents of the measure say Erdogan’s crackdown on opposition forces and the media mean Ankara cannot meet the bloc’s democratic criteria.

However, the parliament has little sway on the issue. The European Commission and EU member state governments have so far ignored calls for the process, already effectively in limbo, to be formally suspended.

Anticipating the vote, Turkey’s EU affairs minister warned it would be a “terrible mistake,” adding that European lawmakers should show solidarity with Turkey after last year’s failed coup attempt.

Turkish foreign ministry spokesman Huseyin Muftugolu separately said the decision was based on false claims and allegations.

Arrests at island meeting

Meanwhile, Amnesty International demanded the release of a group of human rights activists – including its country director – on Thursday, citing their detentions as a “grotesque abuse of power.”

Amnesty’s Turkey Director Idil Eser. Image: http://www.dw.com/image/39567795_404.jpg

Amnesty’s Turkey Director Idil Eser and others were taken to a police station on Wednesday evening after they gathered at a hotel on the island of Buyukada, just south of Istanbul.

Amnesty’s Turkey researcher Andrew Gardner said 11 people were arrested in a police raid on a seminar at a hotel in Istanbul. Those arrested included eight human rights activists, two instructors, from Germany and Sweden respectively, and the hotel owner.

He said the hotel owner has since been released. It was unclear why they were being held, with police saying they would make an announcement later on Thursday.

“The detentions seem very arbitrary,” Gardner said. “They were attending a routine educational workshop. But there was a speculative notice as if they were holding a secret meeting.”

The detentions follow thejailing of the chairman of Amnesty’s branch in Turkey, Taner Kilic, on charges that he was a member of a terrorist organization.

Amnesty: Human rights ‘meltdown’

Amnesty demanded the group’s release, saying it was “profoundly disturbed and outraged” at the detentions, as the group met on the island to discuss strategies for digital security and information management.

“Idil Eser and those detained with her, must be immediately and unconditionally released,” said Amnesty’s International’s Secretary General, Salil Shetty.

“Her incommunicado detention and that of the other human rights defenders attending a routine training event, is a grotesque abuse of power and highlights the precarious situation facing human rights activists in the country. ”

Amnesty urged world leaders meeting at the G20 summit in Hamburg to address Turkey’s human rights “meltdown” with President Recep Tayyip Erdogan.Among those detained with Eser were seven human rights activists and two foreign trainers – one German and one Swedish.

rc/ng (AFP, AP, dpa, Reuters)

In: DW

¿Quién financia al terrorismo Islámico?

Imagen: https://www.cronista.com/__export/1496666222690/sites/diarioelcronista/img/2017/06/05/qatar_crop1496666222463.jpg_258117318.jpg

Por León Opalín
Las rivalidades existentes entre los países islámicos del Medio Oriente y, de estos con diferentes naciones de Occidente, Rusia y China, principalmente, están fomentando alianzas entre enemigos, quizá circunstanciales, en las que se confunden los intereses de cada uno de ellos. Así, resulta una paradoja que millones de dólares en donaciones para financiar a los fundamentalistas islámicos provengan de los aliados cercanos de EUA en materia energética y militar; en este ámbito, Qatar y Kuwait; han sido fundamentales en el financiamiento del Ejército Islámico (EI) que se ha extendido rápidamente en el Norte de Irak y en parte de Siria. Las donaciones de Qatar al EI fueron en un principio muy importantes para la consolidación del mismo, quien ahora tiene recursos propios originados en la apropiación de los pozos petroleros que conquistó en Mosul y del Banco Central de esa región, también obtiene ingresos de las principales zonas agrícolas de Siria e Irak, además de cobrar impuestos y extorsionar a pequeñas y grandes compañías en las ciudades que controla. Se estima que en el presente el EI posee activos por más de 2,000 millones de dólares que le sirven para mantener a sus 15,000 combatientes. Por su parte, individuos de Kuwait financian a extremistas en Siria.

Qatar y Kuwait, entre otras naciones islámicas, se adhirieron el 15 de septiembre pasado a la Coalición que liderea EUA con la participación de una treintena de países para apoyar al nuevo régimen de Irak para “establecer una adecuada acción militar, contra el EI”; sin embargo, siguen financiando al terrorismo a fin de incrementar su hegemonía en la región.

En este contexto, destaca el apoyo financiero de Qatar a Hamas en su reciente guerra con Israel en la Franja de Gaza y a la Hermandad Musulmana, fundada en 1928 en Egipto. La ayuda de Qatar a la Hermandad le dio recursos a esta para obtener el poder político en Egipto en donde Morsi obtuvo la presidencia, quien fue destituido y encarcelado por los militares a un año de su gestión; empero, la Hermandad logró incrementar los sentimientos del fanatismo islámico en Egipto provocando una gran inestabilidad social.

En relación al terrorismo, Ron Prosor, embajador de Israel en las Naciones Unidas, publicó recientemente un artículo en el periódico New York Times en el que afirma que el financiamiento de Qatar a Hamas ha socavado los esfuerzos de Israel para un logro político efectivo tras el alto al fuego en el Franja de Gaza. Asimismo, analistas internacionales consideran que Qatar fue la nación que más contribuyó económicamente a estimular los movimientos de la Primavera Árabe que acabaron con los regímenes de Libia y Egipto y “precipitó la guerra en Siria”; Qatar, de alguna forma ya controla a parte del mundo árabe a través de la Liga Árabe en la que su Secretario es en la práctica un empleado del Emir. Por otra parte, a través de su única cadena televisiva, propiedad del Emir, tiene una vasta influencia en 40 millones de árabes que constituyen su audiencia.

Qatar, tercer lugar mundial en la producción petrolera, tiene enorme potencial de convertirse en uno de los líderes del Medio Oriente. El pequeño emirato de Qatar, con una superficie de solo 11,000 km2, que fuera protectorado Británico hasta su independencia en 1971, pasó de ser una economía pesquera y de recolección de perlas a una petrolera en los cuarentas cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo y gas en su territorio: las reservas de crudo ascienden en el presente a 15,000 millones de barriles y las de gas a 26 billones de metros cúbicos. El petróleo y el gas son responsables por el 50.0% de su Producto Interno Bruto, de 85.0% de las divisas de exportación y 70.0% de los ingresos presupuestales.

El ingreso per cápita de los qataríes es de 100,000 dólares al año, el mayor a nivel mundial; ello en virtud de su enorme riqueza y de su limitada población de aproximadamente 300,000 personas, aunque en Qatar trabajan y viven 1.5 millones de extranjeros, principalmente indonesios, nepaleses, filipinos, bangladeshíes, cingaleses y paquistaníes que se emplean en las industrias de la construcción y la petrolera, principalmente.

Qatar tiene una ubicación geográfica estratégica en el Golfo Pérsico y a pesar de que financia al terrorismo, aloja en su territorio una base naval de EUA y recientemente firmó un contrato con este último país para la adquisición de armas sofisticadas por 11,000 millones de dólares ante el temor de que pueda experimentar una insurrección popular promovida por fundamentalistas islámicos o un conflicto bélico con sus vecinos del Golfo.

Cabe destacar que los Estados del Golfo no son oficialmente los donadores de recursos para el terrorismo, los principales fondos generalmente son entregados a nombre de individuos y organizaciones privadas (ONGS e instituciones de caridad); el más importante conducto de entrega de recursos se hace vía el lavado de dinero. El Fondo Monetario Internacional ha consignado que ambas actividades están frecuentemente vinculadas, que representan delitos financieros que tienen consecuencias económicas que pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general; a través del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo se distorsiona la asignación eficiente de recursos en menoscabo de las instituciones y en el desaliento de la inversión extranjera. Así, las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no solo responden a un imperativo moral, sino a una razón económica.

En este marco, resulta un contrasentido que el gobierno de EUA encabece la Coalición Internacional Contra el Terrorismo y, a su vez haya enviado informes de inteligencia y ayuda militar indirecta a la organización terrorista Hesbolla; ciertamente, en una entrevista del periódico New York Times al responsable de las relaciones públicas de esa organización, Mohamed Afif, este confirmó que la ayuda de EUA se canalizó por medio del Ejército Libanes, estrechamente coordinado con Hesbolla. Por otra parte, Afif acusó a EUA de haber apoyado la creación del EI, Hesbolla aparece en la lista de organizaciones terroristas de EUA.

También resulta incongruente que el Congreso de EUA aprobara el Plan Obama para entrenar y armar a rebeldes sirios moderados que luchan contra el EI; en la realidad los supuestos combatientes sirios “moderados” del Ejército Libre Sirio (ELS) son minoría, predominan los radicales inspirados en alqaeda; en este sentido, un gran número de efectivos del ELS están desertando de este para junto con el EI derrocar a Bashar al Hassad. Él está integrado por sunitas, enemigos de los chiitas; en Siria la minoría aluita, a la que pertenece Assad, es vertiente del Islam Chii, cabe destacar que el EI y otros grupos fundamentalistas que operan en Siria como Al-Nostra (filial de al-Qaeda), han recibido miles de millones de dólares de Qatar para incrementar el número de sus armas y de combatientes. Qatar ayuda esencialmente a suníes en desacuerdo con grupos chiíes y musulmanes seculares. Igualmente, Arabia Saudita impulsa la ofensiva de los suníes a pesar de que su gobierno incluyó en mayo pasado al EI en su lista de grupos terroristas y anunció castigos hasta de 20 años de cárcel para quienes respalden y financien al EI. Arabia Saudita es enemigo del Irán Chiita y aliado de EUA a quien ha pedido que no llegue a un acuerdo con Irán para combatir al EI, a su vez Irán ha condicionado su cooperación en la lucha contra el EI si Occidente le alivia las sanciones que le impuso por su programa nuclear. Benjamin Netanyahu consignó que “aliviar las sanciones a Irán es un verdadero despropósito; Irán y el EI se han estado peleando por quien será el gobernante del mundo islámico”. Es desconcertante lo que está pasando en el Medio Oriente.

La Unión Europea y Japón llegan a un acuerdo de libre comercio

El acuerdo se sellará mañana en Bruselas y podría tener que ser ratificado en las cámaras de cada miembro

La Unión Europea (UE) y Japón han llegado a un acuerdo político para aprobar el tratado de libre comercio que negocian desde 2013 y que liberalizará el 99% de los intercambios, según ha anunciado la Comisión Europea(CE). La firma servirá para contrarrestar la posición proteccionista de Estados Unidos en el panorama comercial global tras la llegada de Donald Trump al poder.

El acuerdo se sellaría mañana en Bruselas en una cumbre bipartita. Desde Bruselas se ha pedido el respaldo de ambas partes al nuevo tratado. “Hemos despejado las diferencias que quedaban”, afirmó Cecilia Malmstrom, comisaria europea de Comercio, que se reunió este miércoles en Bruselas con el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, para cerrar los últimos detalles del acuerdo antes de la cumbre.

Flecos pendientes

En la cita de mañana la UE estará representada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mientras que por la parte nipona participará el primer ministro, Shinzo Abe.

Este acuerdo, en principio no supone el fin de las negociaciones, que deberán continuar para cerrar asuntos en los que las partes no han sido capaces de ponerse aún de acuerdo, como los mecanismos de que dispondrán los inversores para protegerse frente a la actuación de los Estados, entre otros.

Se debe definir si las cámaras nacionales deben ratificarlo

Según fuentes europeas, este es el único punto dónde persisten diferencias “sustanciales” entre ambas partes, aunque quedan también detalles por cerrar en otras áreas, como decidir si el acuerdo será mixto, es decir, si tendrá que ser validado además de por los países (el Consejo) y el Parlamento Europeo por las cámaras nacionales.

La UE y Japón esperan concluir la negociación y tener el acuerdo definitivo firmado antes de que termine este año.

El acuerdo definitivo llegaría antes de fin de año

En: lavanguardia 

John Oliver explains “the most influential media company that you’ve never heard of”

Sinclair Broadcast Group’s conservative bias, according to John Oliver.

John Oliver investigated the media company Sinclair Broadcast Group on the latest episode of Last Week Tonight, calling it “maybe the most influential media company that you’ve never heard of.”

The largest owner of local news stations in the country, Sinclair is finalizing a deal to acquire Tribune Media, making it an even larger force in local media. This is particularly important because of the company’s documented conservative lean.

As Vox’s Jeff Guo noted in his explainer on Sinclair, much of this conservative lean comes directly from company executives and not from a natural political environment in local areas:

For instance, over 80 Sinclair stations regularly air a 90-second segment called Behind the Headlines, where conservative commentator Mark Hyman gives his opinions on the news. In a recent spot, Hyman defended Trump’s first 100 days, claiming that the media was unfairly harsh on the president. In February, Hyman criticized the US Court of Appeals for the Ninth Circuit for ruling against Trump’s travel ban on people from seven Muslim countries.

The company also produces national news segments — often with a conservative tinge — that it requires stations to run during their local news broadcasts.

A Washington Post investigation revealed that during 2016 election, Sinclair executives often forced their stations to run pro-Trump or anti-Clinton segments during their evening or morning local news programs. One of the mandatory segments emphasized problems about Clinton’s health and questioned her trustworthiness.Another mandatory segment featured Ivanka Trump talking about her potential role in her father’s White House.

Oliver mentions these mandatory Sinclair-produced segments, noting Hyman’s commentary as well as the daily “Terrorism News Desk,” which features pieces that just sometimes generally concern Muslims.

If the company was biased toward Trump during the election, then the hiring of people like Boris Epshteyn, a former Trump surrogate and White House staffer, as its chief political analyst earlier this year would only further such questions.

To emphasize Sinclair’s reach in light of the company’s upcoming acquisition, Oliver did the math, saying, “when you combine the most watched nightly newscasts on Sinclair and Tribune stations in some of their largest markets, you get an average total viewership of 2.2 million households, and that is a lot. It’s more than any current primetime show on Fox News. …”

After Sinclair’s acquisition of Tribune Media, Oliver worries that in this new local media environment, “there’ll be even more unsuspecting audience members who’ll be getting a heaping dose of Sinclair’s content, possibly without realizing it.”

In: vox 

Seguidores de Maduro irrumpen con violencia en el Parlamento y hieren a diputados

El vicepresidente de Venezuela había llamado poco antes “al pueblo de a pie” a acudir a la Asamblea Nacional

https://youtu.be/-EqvKhuXyrs

Grupos de choque del chavismo irrumpieron este miércoles en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, y agredieron a diputados y visitantes que en ese momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia del país suramericano.

Según las primeras informaciones, el ataque se inició a las 11:50 de la mañana. Manifestantes progubernamentales, que hasta entonces mantenían bajo asedio el edificio, ganaron el paso al Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas. Periodistas, personal de la AN y parlamentarios fueron blanco de golpes y robos. Al momento de redactar esta nota, se sabía de al menos cinco diputados heridos, algunos de consideración: Nora Bracho, Armando Armas, Américo De Grazia, Luis Padilla y José Regnault Hernández, todos de oposición. Todavía se escuchaban detonaciones en los alrededores del lugar, adyacente a la plaza Bolívar de Caracas y a las sedes de Cancillería, la gobernación de la capital y el palacio arzobispal.

En el hemiciclo se celebraba entonces la sesión conmemorativa de la firma de la declaración de Independencia el 5 de julio de 1811, cuando los representantes de las provincias que entonces constituían la Capitanía General de Venezuela, reunidos en Congreso, proclamaron su separación de la Corona española.

El acta original de la declaración se conserva en el Palacio Federal Legislativo. Es tradición que en esta fecha se realice un evento conmemorativo. Este miércoles, el discurso de orden estaba a cargo de la historiadora Inés Quintero.

Sin embargo, desde que en las elecciones de diciembre de 2015 la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) conquistó la mayoría absoluta en el parlamento, el Ejecutivo chavista, que ha hecho al Tribunal Supremo declararlo en desacato, se niega a participar en eventos del Legislativo.

Por eso fue una sorpresa -tanto como, quizás, una demostración del poder de los símbolos- que a primera hora de la mañana de este miércoles se presentara en la misma sede de la Asamblea Nacional el vicepresidente Tareck El Aissami, para rendir honores al acta y llamar a los fieles de Maduro a acercarse al Parlamento. “Al pueblo de a pie a que venga a este salón a tomar juramento de nuevo y asumir esta proclama para conducir en los tiempos futuros nuestro país hacia una gran victoria. Es la hora de los pueblos”, afirmó, “es la hora de los revolucionarios”. El Aissami invitó a reaccionar contra los que, según su la propaganda del Gobierno, “pretenden entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo”. “Los que se vayan quedando en el camino por traiciones, ambiciones y por proyectos personales, que se queden. Por cada traidora o por cada traidor vendrán miles de millones de revolucionarios a alzar la bandera de Bolívar y de Chávez para seguir empujando esta causa”, mantuvo.

En la breve ceremonia, efectuada en un salón del Palacio Federal, se vio a El Aissami (sobre quien pesa una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por acusaciones de participar en actividades de narcotráfico y legitimación de capitales) flanqueado por el coronel Bladimir Lugo, comandante del destacamento de la Guardia Nacional encargado de la custodia de las instalaciones del parlamento.

En días recientes, el coronel Lugo adquirió notoriedad pública por un video que circuló a través de las redes sociales, en la que aparecía discutiendo con el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, y al que finalmente dio un empujón.

Apenas minutos después de la inesperada visita de El Aissami, dio inicio la sesión solemne de la Asamblea Nacional. La duplicidad de eventos da testimonio del acelerado tránsito hacia una realidad de institucionalidades paralelas a la que marcha Venezuela en medio de una profunda crisis socioeconóimica y de gobernabilidad.

Cuando los comúnmente llamados “colectivos” del Gobierno atacaron la Asamblea, no se vio a los efectivos de la Guardia Nacional cumplir sus labores de resguardo.

Simultáneamente con el ataque, todo el sistema de radio y televisión del país transmitía en cadena nacional el desfile militar con que las Fuerzas Armadas tradicionalmente saludan la fecha patria, desde el paseo Los Próceres de la capital venezolana. El evento cuenta con la presencia del presidente Nicolás Maduro y miembros de su Gobierno y de otros poderes del Estado.

A pesar del asalto, los diputados de oposición consiguieron aprobar en la cámara un acuerdo para convocar a un plebiscito popular el próximo 16 de julio.

Se anticipa que la violencia política se recrudezca en Venezuela durante este mes de julio. El 30 de julio debe realizarse las votaciones para elegir los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro ha convocado como un recurso para sortear la grave crisis política que su Gobierno enfrenta. La oposición, que califica esa convocatorio como un fraude, se ha adelantado a llamar para el 16 de julio un plebiscito popular en el que se preguntará a los ciudadanos si desean una nueva Constitución.

El Gobierno de Maduro ha establecido que las sesiones de la venidera Asamblea Constituyente tengan lugar en el Palacio Federal Legislativo, lo que implicaría desalojar de allí por la fuerza al parlamento ahora en funciones.

En: elpais 

Una ley anticorrupción tras caso Odebrecht puede asfixiar a Perú

(FILES) This file photo taken on June 23, 2016 shows a logo of Brazilian construction company Odebrecht at the Olympic and Paralympic Village in Rio de Janeiro, Brazil. Brazil-based construction giant Odebrecht on December 21, 2016 agreed to pay fines of at least $2.6 billion to US, Brazilian and Swiss authorities, in what the US is calling the largest foreign bribery case in history. The US Justice Department said the conglomerate pled guilty to paying hundreds of millions to bribe government officials in countries on three continents.
/ AFP / YASUYOSHI CHIBA

LIMA. – Una norma que prohíbe trabajar con el Estado peruano a empresas que admitan actos de corrupción, como Odebrecht, podría desanimar a otras firmas implicadas a confesar irregularidades, para no quedar fuera de proyectos de infraestructura claves para la economía del país.

La brasileña Odebrecht admitió en un preacuerdo judicial que, al igual que en varios países de América Latina, en Perú pagó 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras públicas. Mientras en Brasil o Estados Unidos pudo seguir contratando con el Estado tras ser multada y procesada, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue más drástico.

Un decreto de febrero del Poder Ejecutivo impide que firmas envueltas en corrupción, ya sea en Perú o en el extranjero, contraten con el Estado, que es usualmente el mayor cliente de muchas compañías.

La norma fue celebrada por políticos y la ciudadanía, que protestó contra Odebrecht y hasta quemó una caseta de peaje de una vía que construyó.

La brasileña se desprendió de un proyecto de transporte de gas de unos 5.000 millones de dólares y apunta a dejar sus participaciones en represas y vías.

De acuerdo con esta ley, nada puede ser vendido ni transferido si el Estado no ha dado su visto bueno, porque antes tiene que garantizar la reparación civil, aún en cálculo. La firma tiene en Perú activos por 2.500 millones de dólares.

Limita las confesiones 
Después de Odebrecht, ninguna otra firma presuntamente implicada en corrupción se ha acercado a la justicia de Perú. Para algunas autoridades, la norma podría estar teniendo un efecto contrario al deseado.

“Es importante reflexionar sobre esta norma, porque una empresa es más que sus socios, tiene que ver con sus empleados, con sus proveedores, con sus consorciados, y desde luego con la propia sociedad”, ha dicho el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, en una conferencia con la prensa extranjera.

“Esto de manera alguna quiere decir que no paguen las multas y que los que han cometido delitos dejen de asumir sus responsabilidades penales. Pero nos preocupa esta medida, porque podría detener el flujo de información, y generar problemas para la investigación”, agregó.

En el mundo, firmas como Volkswagen han reconocido irregularidades, pagado sus culpas y seguido operando, recuerda Gutiérrez. Menciona incluso que “un software que sirve para hacer seguimiento al lavado de activos, utilizado por muchos países en Europa y Estados Unidos, pertenece a IBM, que también ha sido sancionada en su momento por corrupción (en Argentina)”.

El propio juez brasileño del caso “Lava Jato”, como se conoce a este megaescándalo de corrupción, Sergio Moro, dijo a su paso por Lima que el comportamiento de las empresas que reconocieron delitos, “debe ser estimulado”, y pidió “no sancionarlas más severamente” que a aquellas que no han suscrito acuerdos, pues ello puede desincentivarlas.

Daños colaterales 
Odebrecht redujo su fuerza laboral en Perú de 20.000 a 4.000 trabajadores en el último año. El embargo de sus cuentas generó una ruptura de la cadena de pagos con deudas por unos 450 millones de dólares a unos 700 proveedores.

“La corrupción tiene que acabar y los responsables ir a la cárcel. Pero nadie prevé el problema social. Los ejecutivos implicados ya están pagando, por qué tenemos que sufrir los trabajadores”, dice a la AFP César Sarria, gerente de Comunicaciones, a nombre de los trabajadores de la firma.

Lo que empezó como una norma ejemplificadora, salpicó a empresas peruanas que trabajaron en consorcio con la brasileña. La Procuraduría considera que las peruanas Graña y Montero, J.J Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales conocían del pago de 20 millones de dólares que se le hizo al entonces presidente Alejandro Toledo para ganar la licitación de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

Graña, el mayor grupo constructor del país, vio afectadas sus finanzas. Ha lamentado que los peruanos “se hayan sentido defraudados por la empresa”, de 28.000 trabajadores, y encargado investigaciones internas, pero no admite culpas.

Las constructoras hoy son vitales para el Perú. La reconstrucción por inundaciones a causa de “El Niño Costero” demandará una inversión de hasta 9.000 millones de dólares, según ha dicho el gobierno.

“Más que prohibir, insto a esas empresas (implicadas con Odebrecht) a no participar en los procesos (de licitación) durante la reconstrucción”, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

La poderosa oposición fujimorista, que controla el Congreso, plantea modificar el decreto del Ejecutivo para que también queden impedidas de contratar con el Estado empresas investigadas, aún sin sanción.
Varios proyectos están detenidos, a la espera de claridad.

El rubro de construcción se contrajo un 3,81% en marzo. “Vamos a salir a un rubro parado a buscar empleo”, asegura Sarria.

En: eldia.com.do 

Beyond Trump’s Big, Beautiful Wall

Trump’s plan to wall off the entire U.S.-Mexico border is just one of a growing list of actions that extend U.S. border patrol efforts far past the international boundary itself.

By: Todd Miller & Joseph Nevins

At the already existing border fence that divides Tijuana, Mexico, from Imperial Beach, California. KATIE SCHLECHTER. Image: http://tandfonline.com/doi/full/10.1080/10714839.2017.1331805

In the fall of 2016, Donald Trump’s “big, beautiful wall” along the U.S.-Mexico divide seemed like an unlikely presidential candidate’s campaign bluster. Since the New York real estate magnate’s swearing-in as Barack Obama’s White House successor on January 20, 2017, it is now a serious Executive Branch threat. Only five days after the inauguration, the Tweeter-in-Chief signed an executive order requiring “the immediate construction of a physical wall on the southern border.” It is to be one “monitored and supported by adequate personnel so as to prevent illegal immigration, drug and human trafficking, and acts of terrorism.” According to the administration’s official request for proposals, released on March 17, the wall should be “physically imposing in height”—about 30 feet high but certainly not less than 18 feet.

The new administration’s walled hopes and dreams face considerable obstacles. Among them are the fact that most people in the United States are opposed to building the new barrier, particularly one with a price tag of somewhere between $15 and $40 billion USD— or somewhere between 101 and 270 times the National Endowment for the Arts’ annual budget, estimates Carolina Miranda in the Los Angeles Times. According to an Associated Press-NORC Center for Public Affairs poll in early April, only 28 percent of respondents support new spending for the border wall, with 58 percent against. The results are consistent with findings of a Quinnipiac survey from February. It found that 59 percent of voters opposed the construction of Trump’s wall, with 39 percent in favor; the gap only grew when voters were asked their opinions of the project if U.S. taxpayers had to finance it.

In addition, and perhaps most significant, is the matter of property. Most of the already-existing walls and fencing stand on federally-owned land. Much of the rest of the land where Trump’s Great Wall would be built is either privately-held or owned by Native tribes. Given this fact, the Trump administration will have a big legal battle on its hands that could involve years of litigation, predicts University of Pittsburgh law professor Gerald Dickinson in the Washington Post.

Regardless of the outcome of Trump’s plans for the wall along the actual international boundary line, it is but one part of a gigantic enforcement regime, one that already is comprised of approximately 18,000 Border Patrol agents in the Southwest borderlands alone (out of a total of roughly 22,000 agents nationally). The U.S.-Mexico borderlands is also already littered with several hundred miles of barricades—in the form of walls, fences, and low-lying vehicle barriers—almost all of which were constructed since the mid-1990s, across administrations, both Democratic and Republican. In some of the most urbanized stretches along the international divide, double-layered barriers exist. In and around San Diego, for example, a corrugated metal wall is paired with a steel mesh fence, portions of which are topped with concertina wire.

Moreover, the apparatus of exclusion goes far beyond the actual U.S.-Mexico divide. It includes a 100-mile-wide “border zone” inside the territorial perimeter of the United States, an area in which U.S. Customs and Border Protection (CBP) has certain extra-constitutional powers, such as the authority to set up immigration checkpoints. And there is also the interior policing apparatus run by Immigration and Customs Enforcement (ICE), an agency with about 5,800 deportation officers, a force that Trump seeks to almost triple in size. Before even setting foot in the White House, Trump already had the largest border enforcement apparatus in U.S. history at his disposal. And with the definition of “operational control” for that apparatus altered in Trump’s January 2017 Border Security Executive Order—it now reads the “prevention of all unlawful entries” (emphasis added) into the United States—there is an anticipation of another massive border policing build-up.

This build-up will not only be at the Mexico-U.S. international boundary line, nor will it simply be within the United States’ own national territory. Rather, under Trump, we can expect an expansion of the apparatus of exclusion beyond the country’s official territorial boundaries. As then head of the U.S. Border Patrol Mike Fisher explained before the House Committee on Homeland Security in 2011, “The international boundary is no longer the first or last line of defense, but one of many.” This means there is not only an internal thickening of the border policing apparatus within the United States, but also a multilayered, extraterritorial extension of the border.

“The U.S. border starts at Guatemala now,” Daniel Ojalvo, a staff member at a migrant shelter in the Mexican state of Oaxaca, told a reporter from In These Times in 2015. In other words, greater efforts to stop migrants in southern Mexico and in Guatemala precede the Trump administration; in many ways, they are the product of Obama administration policies. With General John Kelly, the former head of U.S. Southern Command (SOUTHCOM), now at the helm of the Department of Homeland Security (DHS), it is reasonable to expect such boundary “thickening” efforts—wall-building of a sort that rarely gets attention—to grow.

“South of the Border” and the New Boss

During his January confirmation hearing, General Kelly told senators that “a physical barrier will not do the job.” In an exchange with Senator John McCain (RAZ), he said that, as reported by the New York Times, “It has to be a layered defense. If you build a wall, you would still have to back that wall up with patrolling by human beings, by sensors, by observation devices.” In other words, border policing cannot be an “endless series of goal-line stands on the one-foot line,” to use Kelly’s words. Indeed, Trump’s handpicked Homeland Security chief stressed that he believed “the defense of the southwest border starts 1,500 miles south with great countries as far south as Peru.”

One of us saw this U.S. border extension up-close in Zacapa, Guatemala, in January 2017. At a Guatemalan military base, not far from Honduras, part of the 300-person-strong entity, called the Chorti border task force—named after the Indigenous people who live in the region—stood at attention. Established in 2014, the force demonstrated the construction of a roadside checkpoint during our visit. This included weaponizing six armored jeeps, which then tore through the roads of the military base at breakneck speeds, as if they were really in action.

When in 2008 the United States initiated the Central American Regional Security Initiative (CARSI)—a military assistance cooperation with Honduras, El Salvador, and Guatemala—U.S. officials pointed to “border deficiencies” in the region as particularly problematic. Approximately $1.7 billion USD later, one of the solutions is the Chorti, which works hand-in-hand with a similar force on the Honduran side of the boundary as a binational border patrol. Guatemala also has a border force along its boundary with Mexico, known as the Tecun Uman. And in the works is a third Guatemalan border patrol, called the Xinca, which will patrol the Guatemala-El Salvador divide.

Before the border security demonstration on that sunny January day, the commanders of the Chorti force detailed, via slide show images, all the resources they obtained from the U.S. Embassy in 2016: assault rifles, night vision goggles, bullet-proof vests, a GPS digital map of Central America, 42 armored Jeeps, seven Ford F-450s, 25 Hilux pickups. Slides displayed pictures of U.S. military personnel training the new Guatemalan border patrol in both 2015 and 2016. Another slide detailed those trainings, which included the U.S. National Guard, BORTAC—the special forces unit of the U.S. Border Patrol—and a trip to Ft. Benning, Georgia, the location of the infamous the School of the Americas, which was rebranded as the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) in 2001.

Fernando Archila Gozalvo, an official from the Guatemalan Ministry of Interior, repeatedly stressed how the new security unit was part police force, part military force. For example, during the training operation that we witnessed, the military stood poised with assault rifles, carrying out perimeter surveillance, while the police set up a checkpoint, questioned the driver of a vehicle passing through that checkpoint, and then practiced pulling people from the car and handcuffing them. The Chorti border patrol had both a police commander and a military commander who wore a maroon beret, identifying himself as a Kaibil. Formed in 1975, Guatemala’s Kaibiles were a special counterinsurgency force modeled off, and initially trained by, the U.S. Green Berets. The 1999 report of the internationally supported Guatemalan Commission for Historical Clarification called the Kaibiles a “killing machine.”

Washington has long played a key role in the violence of everyday life in Central America and many Guatemalans see this type of border militarization as a continuation of that violent history. Serving the interests of the Boston-based United Fruit Company, the Eisenhower Administration played a key role in the overthrow of a democratically-elected government in Guatemala in 1954. In doing so, it laid the foundation for a series of military-dominated governments and the Guatemalan military’s reign of terror in the 1970s and 1980s. During that time, over 200,000 people—most of them Indigenous Mayans—lost their lives in the context of a brutal conflict between a U.S.- backed military oligarchy and guerrilla forces. The Commission for Historical Clarification concluded that the Guatemalan state was responsible for more than 90 percent of the deaths and had committed “acts of genocide.” The commission also found that U.S. training of members of Guatemala’s intelligence apparatus and officer corps in counterinsurgency “had significant bearing on human rights violations.” It additionally found that Washington, largely through its intelligence agencies, “lent direct and indirect support to some illegal state operations.”

The legacies of that conflict persist amidst the current wave of re-militarization in Guatemala. Even as the Trump administration threatens to cut different types of economic assistance, the bolstering of police and military to Central America is poised not only to continue, but to drastically increase under his regime, if the $54 billion USD proposed increase to the Pentagon’s already bloated 2018 budget is any indication. Under Trump, in Guatemala, it just might be that the past meets the present with even more force. And the Guatemalan past, as the presence of the Kaibil commander shows, still haunts everyday life. Indeed, the very military base in Zacapa where the Chorti border task force finished its trial operation was one of those places where many human rights violations committed by the U.S.-backed Guatemalan military happened. Former Guatemalan president Manuel Arana Osorio was even dubbed the “Butcher of Zacapa” for running brutal counterinsurgency operations in the region in the late 1960s, killing as many as 15,000 people.

So, it really shouldn’t have been a surprise that during the training that there was a U.S. military advisor—a major—on base, in a year-long detail to support the Chorti border patrol. Only now classic counterinsurgency has a new twenty-first century form: border militarization. As DHS Secretary John Kelly offered to the House of Representatives Homeland Security Committee in February 2017, the U.S. has a “great opportunity in Central America to capitalize on the region’s growing political will to combat criminal networks and control hemispheric migration.” Kelly contended that “leaders in many of our partner nations recognize the magnitude of the tasks ahead and are prepared to address them, but they need our support. As we learned in Colombia, sustained engagement by the United States can make a real and lasting difference.”

Back in Zacapa, after they finish up their checkpoint exercise, the soldiers and police of the Chorti task force talk about how they are separated from their families for weeks at a time to do the work of guarding Guatemala’s border from, according to their mission, the smuggling of narcotics and people heading north, most likely to the United States. Considering that more than 60 percent of the Guatemalan population live below the poverty line, there is no doubt that some of these agents have attempted to go north themselves. According to 2013 numbers, close to one million Guatemalans live in the United States.

In fact, the uniformed U.S. major, who made it quite clear right from the start that he wasn’t talking on behalf of the Embassy nor the military, indicated that he himself was from the U.S.-Mexico border region— more precisely, the city of Brownsville, Texas. On that military base, deep in Guatemala, he explained that his family had to make a choice in the late 1980s when the Reagan administration began to fortify the border: whether to stay in Mexico or move to the United States. He told of how the border had crossed his family: they moved to the United States from Mexico, and shortly thereafter, he joined the U.S. Army. Even as he did his job supporting the Chorti border force, with the blessing of DHS secretary John Kelly, he knew that every time his force drew a militarized boundary they were dividing families, friends, and entire communities.

As the major talked on that hot day at the Zacapa base, we could see the parched mountains surrounding where the Chorti force enacted their border exercise. Not only were we in the middle of the extending U.S. border regime, we were in the middle of the Central American dry corridor that extends through El Salvador, Honduras, and Nicaragua. According to climate scientist Chris Castro, the northern triangle of Central America is “ground zero” in Latin America for ecological upheavals in a changing and destabilizing climate. The thirsty mountains around us were one indication of a drought that was pushing parts of Guatemala into famine. In 2015, hundreds of thousands of people across Central America were pushed to the brink when the annual rains never arrived and harvests failed. Add to the mix the destructive superstorms and hurricanes that have battered the region and the northern triangle region represents a “catastrophic convergence,” to use the term of sociologist Christian Parenti, of political, economic, and ecological issues—all of which are compounding one another. At a global level, the United Nations predicts that by 2050, 250 million people will be displaced because of ecological disasters due to climate change.

The Trump administration will not only be deepening the violence and economic despair that propels people north from places like Guatemala through its border policies; through its embrace of climate change denialism and policies that will only increase U.S. greenhouse gas emissions, it will also be aiding a regional ecological crisis in Central America. And instead of stopping migration, such policies are likely to accelerate the forced displacement of possibly millions.

Where is the Wall?

As founder of the Global Detention Project Michael Flynn (not the Trump administration’s former national security advisor) described in a 2003 article published in the Bulletin of Atomic Scientists and entitled “Donde está la frontera?” (Where is the Border?), the outward expansion of the U.S. border enforcement apparatus gives new meaning to the concept of a “wall.” According to Flynn, a wall is much more than a physical barrier. “U.S. border control efforts,” he argued, “have undergone a dramatic metamorphosis in recent years as the United States has attempted to implement practices aimed at stopping migrants long before they reach U.S. shores.”

These efforts manifest themselves not only in Guatemala, of course. They are present in many countries around the world. Agents from the special forces BORTAC unit have, according to CBP, “global response capability.” Agents from the unit have travelled to countries like Peru, Panama, Belize, Mexico, Honduras, and Ecuador to first provide a “diagnosis” of those countries’ respective borders, and then offer a “prescription” of training and resources to solve border “woes.” BORTAC has done this not only throughout Latin America, but also in other parts of the globe, including Iraq, where it trained border police and its tactical unit from 2006 to 2011.

As part of its own effort to spread “hard” borders across the globe, the U.S. State Department has also run training programs in countries that include Morocco, Algeria, Libya, and Turkey. These efforts are part of an initiative known as the Export Control & Related Border Security Program (EXBS). In addition to conducting trainings, EXBS has provided, as the State Department gushes, “state-of-the-art detection equipment and equipment training” to U.S. allies.

Since 2003, CBP has opened offices abroad, starting in Mexico City, Brussels, and Ottawa. Presently, there are 21 such CBP outposts in cities ranging from Panama City to Johannesburg to Cairo. Homeland Security has even set up “preclearance” sites in the airports of Shannon, Ireland and Vancouver, Canada. It was in this last city where, this past November, U.S. agents blocked Canadian journalist Ed Ou from boarding a flight headed to North Dakota. Ou was on his way to cover the Dakota Access Pipeline (DAPL) stand-off at Standing Rock when CBP detained him for more than seven hours after he declined to give border agents the password to his phone. What Ou experienced in Canada was one small manifestation of an expensive and expansive regime of control and exclusion that will cost U.S. taxpayers approximately $20 billion USD in 2017, if you combine the budgets of both CBP and ICE. This constitutes a mammoth increase of approximately $1.5 billion USD over the annual budgets of the early 1990s.

It is on this already gargantuan budget that the Trump administration seeks to bestow even more largesse. According to the proposed budget for Fiscal Year 2018, Trump has a little over $2.5 billion USD designated for “tactical infrastructure” and other surveillance technology on the border, including money to “plan, design and begin building the wall.” This would amount to just a fraction of the total cost to construct what he promised during his campaign. Regardless, the physical wall that Trump envisions in the U.S.- Mexico borderlands is and should be a concern. As Verlon Jose, tribal chairman for the Tohono O’odham Nation, whose reservation in southern Arizona borders Mexico, declared in November 2016: “Over my dead body will a wall be built.” This sentiment resonates with many border residents along the 2,000-mile divide, who have voiced opposition.

While the U.S.-Mexico border wall may be the most xenophobic of symbols, it is just a small part of a policing apparatus that is spreading far beyond formal U.S. borders on waves of ever-increasing budgets for U.S. border and immigration control. As the pursuit of what is now called, in official parlance, “homeland security” has shown time and time again, such monies exact high human costs—from migrant deaths and divided families to myriad civil and human rights violations, and ecological degradation. It is this larger “prize” upon which we must focus, and that we must resist and ultimately eradicate.

Additional author information:

Todd Miller
Todd Miller is a journalist who lives in Tucson, Arizona. He is the author of Border Patrol Nation: Dispatches from the Front Lines of Homeland Security (City Lights Books, 2014) and the forthcoming Storming the Wall: Climate Change, Migration, and Homeland Security (City Lights, 2017).

Joseph Nevins
Joseph Nevins teaches geography at Vassar College. Among his books are Dying to Live: A Story of U.S. Immigration in an Age of Global Apartheid (City Lights Books, 2008), and Operation Gatekeeper and Beyond: The War on “Illegals” and the Remaking of the U.S.-Mexico Boundary (Routledge, 2010).

In: tandfonline.com 

The Great Transportation Conspiracy – National City Lines and related corporate conspiracies to destroy America’s electrified mass-transit systems from the 1930’s into the present

The BHRA is a non-profit organization, where most of the work is done primarily by volunteers. Although we are a non-profit, we are a real railroad, not just a museum! BHRA is a turn-key engineering organization, certified in electric railroad construction.

Streetcar. Image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Streetcar_in_New_Orleans%2C_USA1.jpg/1200px-Streetcar_in_New_Orleans%2C_USA1.jpg

National City Lines Conspiracy and Conviction in Federal Court:

“Mass transit didn’t just die, it was murdered”  Kwitny, 1981

“When GM and a few other big companies created a transportation oligopoly for the internal-combustion engine  . . . they did not rely just on the obvious sales pitch.  They conspired.  They broke the law. . . in 1949 a jury convicted the corporations and several executives of criminal antitrust violations for their part in the demise of mass transit.  The convictions were upheld on appeal.”   Kwitny, 1981

The above quotes refer to the infamous anti-mass transit “National City Lines Conspiracy” led by General Motors, Standard Oil and Firestone Tires.  The above quotes by Jonathan Kwitny are taken from page 14 of the Feb 1981 edition of Harper’s Magazine (PDF).  It is a truly exceptional article.

In 1949, National City Lines were convicted in Federal court (and in 1951 the conviction was upheld) for destroying the electrified rail and electric bus transit systems in 44 American cities.  Beginning in 1937, National City Lines embarked on a nationwide campaign to induce cities (by aggressively pushing “an offer you can’t refuse” of G.M. /National City Lines financing – at the height of a 12 year long, world-wide economic depression) to scrap electrically powered streetcars and trolley-buses, which G.M. did not make, and to substitute gasoline powered buses manufactured by G.M., burning Standard Oil gasoline, and rolling on Firestone rubber tires.  When National City Lines would aquire a transit system, the trolley rails would be ripped up, the overhead wires would be cut down, and the system would be converted to buses within 90 days.  It’s noteworthy that New York City’s electrified surface transportation system was National City Lines first victim (see the video “Taken For A Ride”).

Strangely, although the Federal Government won the case against G.M., it never imposed any penalty on the company other than extremely small symbolic fines. Perhaps at the time, the Truman administration felt it needed the undivided assistance of G.M. in fighting the Korean War, and pursuing the “Cold War” against the former Soviet Union, more than it needed a national, privately financed and operated all electric mass transit system.

The National City Lines controversy didn’t just go away:

GM’s role in Monopolizing the Sale of Buses for municipal use:

In 1971, the City Of New York led a class action anti-trust lawsuit of 300 localities against G.M. in federal court (PDF) for price fixing and price gouging in the sale of G.M. buses to municipalities. See NY times article (PDF). 

GM’s role in the destruction of intercity rail, suppression of alternative energies and more:

In 1972, then U.S. Senator Ted Kennedy called for a Federal investigation into G.M.’s alleged conspiratorial destruction of the U.S. rail industry and public mass transit industry, in order to facilitate the sale of automobiles.  (see NY Times article (PDF))

At the time, this subject was brought to the attention of Senator Kennedy by NYC based labor attorney and transportation expert Theodore W. Kheel and Ralph Nader associate Bradford C. Snell (see PDF streetcar conspiracy article by Snell and the video “Taken For A Ride”).  Snell was then a San Francisco based attorney, who worked on NYC’s anti-trust bus lawsuit against G.M.

This led to Senate Bill 1167 of 1974 “The Industrial Reorganization Act” and the now little known Ground Transportation Hearings of April 1974 – which were sidetracked by the resignation of then U.S. President Richard Nixon on August 8, 1974 (Watergate). G.M. was literally “saved by the bell”…

In 1974, during the height of the first “Energy Crisis”, the U.S. Senate re-investigated General Motors for its involvement in not only the intentional destruction of the U.S. Streetcar industry, but also G.M.’s direct involvement in the intentional destruction of the U.S. rail freight and passenger rail industry, the systematic suppression of U.S. alternative energy sources, and energy efficient automobile engines, as well as providing direct material aide to Nazi Germany during WWII in the critical areas of military truck manufacture, and military airplane and jet engine manufacture.

Part 4a through appendix  of 1974 Senate Investigation document can be read here (78mb PDF)
Part 4 of 1974 Senate Investigation document can be read here (40mb PDF)

So is the “Unholy Trinity” of the National City Lines Conspiracy still in effect today?

If so in a current corporate context this Unholy Trinity may include:

G.M. = NovaBus (builds CNG buses at the G.M. bus manufacturing plant in Quebec, Canada)
Standard Oil = Trillium USA (provides CNG bus fuel to nearly every U.S. municipal bus fleet)
Firestone Tire = Cato Institute / Wendell Cox / National Highway Users Alliance

Urban transportation planning and system design, pre-National City Lines conspiracy and decimation:

Before the criminal conspiracy that destroyed America’s mass transit systems, Heavy Rail (subways), electrified streetcars and electric bus lines formed an integrated system.  Such a system can still be found in San Francisco (America’s second densest populated city).  Although such an integrated system no longer exists in New York City, we once had such a system. The Brooklyn-Manhattan Transit Company (BMT) and it’s subsidiary Brooklyn and Queens Transit Company (B&QT) actually pioneered this type of integrated transit system.  A new type of vehicle was even created for this system, the PCC. During the 1920’s NYC transportation engineers and planners developed the following hierarchy of all urban electric transportation modes, as a function of corridor ridership density:

1. Heaviest density corridors to be serviced by subway/elevated
2. Electric Streetcar lines to feed subway/elevated lines
3. Electric Bus lines to feed the Streetcar lines

BHRA feels the best way to improve quality of life in urban communities, and truly get a handle on CO2 emissions in densely populated urban settings, is to return to a truly integrated and sensible mode of transportation planning.  This includes switching mass transit vehicles (along densely populated corridors) back from hydrocarbon combustion (in any form), to electric energy derived from low carbon footprint, renewable electrical generating sources.

A fascinating side note: National City Lines was complicit in maintaining Apartheid (“Jim Crow Laws”) in the American south:

“Rosa Parks was arrested for refusing to move to the back of the bus operated by Montgomery Bus Lines, a subsidiary of a National City Lines on 1 December 1955 which led to the Montgomery Bus Boycott. . . The boycott lasted for just over a year and ended only after a successful ruling by the Supreme Court that allowed black bus passengers to sit anywhere they wanted.” (from: National City Lines and the Montgomery Bus Boycott)

In: brooklynrail.net 

1 10 11 12 13 14 23