¿Es justo condonar deudas soberanas? ¿Escándalo o sentido común?
8:00 p.m. | 28 feb 25 (LCC).- ¿Es razonable cancelar las deudas de Estados insolventes? ¿Se mezcla a la ligera caridad con lógicas financieras? Un ensayo en La Civiltà Cattolica busca demostrar que el pedido de la Iglesia para el Año Santo es una medida sensata para afrontar los desafíos ambientales, económicos y sociales. No pretende ignorar quiénes salen perdiendo o las complicaciones, sino mostrar el balance positivo si se concibe adecuadamente. Analiza el contexto, lo que está en juego, objeciones morales, y las ideas de deuda ecológica y swaps deuda-clima.
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El 9 de mayo de 2024, el Papa publicó la bula Spes non confundit (SnC), anunciando el inicio del Jubileo 2025 y delineando sus orientaciones espirituales y pastorales. Este Jubileo coincide con el octavo centenario del Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, una obra que resalta el llamado a la fraternidad universal, el cual la Iglesia desea profundizar en este Año Jubilar. El Papa utiliza esta ocasión para destacar la urgente necesidad de enfrentar los grandes desafíos ambientales, especialmente los daños derivados de las actividades humanas, y para recordar que, a pesar de los esfuerzos previos como el Acuerdo de París, aún no se han logrado avances significativos en la protección del medioambiente.
En este contexto, Francisco insta a las naciones más prósperas a perdonar las deudas de los países más empobrecidos (SnC 16), una propuesta que remite tanto a la tradición bíblica como a los actos de Juan Pablo II en la década de 1990. Este llamado ha generado dudas en el ámbito financiero, con interrogantes sobre si es justo cancelar deudas contraídas por los Estados, considerando los esfuerzos de aquellos que pagan sus propias deudas. Sin embargo, se argumenta que, bajo una interpretación adecuada, esta medida podría ser una solución razonable ante los desafíos ambientales y sociales actuales, superando las lógicas tradicionales de gestión financiera y proponiendo un enfoque más solidario y global.
El contexto ambiental y eclesial
En 2024, las emisiones globales de carbono procedentes de combustibles fósiles alcanzaron niveles récord, lo que agrava la crisis climática. Las proyecciones indican que el umbral de +1,5 °C de aumento de la temperatura global se alcanzará en la década de 2030-2040, con un riesgo alto de superar los +2 °C hacia mediados de siglo. El costo de la inacción sería devastador, con pérdidas económicas significativas: según un informe del grupo Swiss Re, una de las principales reaseguradoras del mundo, la economía mundial podría perder entre un 11 % y un 18,1 % del PIB anual a partir de 2050, lo que duplicaría o triplicaría las pérdidas causadas por la pandemia de COVID-19. Este panorama subraya la urgente necesidad de actuar para mitigar los efectos del cambio climático.
Ante esta crisis, el papa Francisco ha destacado repetidamente la urgencia de un cambio ecológico. Desde 2015, ha abordado la importancia de respetar el medioambiente, como lo reflejan documentos como la exhortación apostólica Querida Amazonia y la encíclica Fratelli tutti, donde cuestiona la teoría neoliberal del “goteo”. En este contexto, el Papa ha instado a la condonación de deudas de países empobrecidos, un tema que ha retomado en varias ocasiones, como en la bula Spes non confundit de 2024 y en su mensaje para la LVIII Jornada Mundial de la Paz (párrafo 7), subrayando la necesidad de una respuesta política e internacional al cambio climático.
Cancelar la deuda de los Estados: ¿qué está en juego?
Cuando un Estado soberano se endeuda, emite bonos del tesoro que, en la mayoría de los casos—especialmente en los países del Sur global—, son adquiridos por instituciones bancarias. Al hacerlo, el banco otorga un préstamo al Estado, creando dinero de la nada (ex nihilo), ya que el sistema bancario genera dinero a través del crédito. La concesión de un préstamo -y su reembolso- se lleva a cabo mediante una simple operación de escritura (digital), por lo que cancelar una deuda significa que ese dinero sigue circulando en la economía.
Sin embargo, la cancelación de deudas implica una pérdida para los bancos, ya que dejan de recibir los intereses esperados. Esto no es un asunto menor, en absoluto, pero tampoco es comparable al despojo de una familia cuyos ahorros fueran “robados” por un Estado sin recursos. Además, Francisco ha precisado claramente que la cancelación de la deuda debería aplicarse únicamente a aquellos países “que jamás podrían pagarla”, lo que requiere una gestión prudente por parte de los acreedores.
Ahora, toda esa situación tiene otras complicaciones. Lo primero, cuando la deuda está denominada en moneda extranjera, lo que puede generar fluctuaciones en los tipos de cambio y afectar la economía. Además, muchos inversores institucionales, como fondos de pensiones o compañías de seguros, también actúan como prestamistas, pero no crean dinero. Los bonos del tesoro, utilizados como colateral en múltiples operaciones financieras, son esenciales para la estabilidad del sistema financiero global, lo que puede generar riesgos si se cancelan deudas.
Los derivados financieros, como los swaps de crédito (CDS), también complican la reestructuración de la deuda, ya que pueden causar grandes pérdidas. Sin embargo, la solución no es prohibir la reestructuración, sino regular el mercado de derivados y limitar las prácticas financieras riesgosas, para evitar efectos negativos en los mercados financieros.
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¿Quién puede pagar?
Desde hace más de 30 años, los episodios de default de deuda pública se producen con frecuencia, aproximadamente cada dos años, lo que demuestra que el impago de la deuda no es un fenómeno excepcional, sino una práctica común en el sistema financiero global. Actualmente, la deuda pública mundial asciende a unos 100 billones de dólares, equivalente al PIB global, y una parte significativa de esta deuda corresponde a los países en desarrollo. Entre 2010 y 2021, la deuda pública externa de los países de renta baja y media se duplicó, alcanzando los 3 billones de dólares.
Según el Banco Mundial, en 2022 los países llamados “en desarrollo” destinaron la cifra récord de 443.500 millones de dólares al servicio de su deuda pública externa y de los préstamos garantizados por el Estado. Ese mismo año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las subvenciones públicas destinadas al desarrollo global alcanzaron aproximadamente los 204.000 millones de dólares. En la actualidad, el flujo neto de capital refleja una realidad paradójica: es el Sur global el que está financiando al Norte del mundo.
La mayoría de los Estados no saldan completamente su deuda, sino que la refinancian, es decir, negocian nuevos préstamos para pagar deudas vencidas, lo que permite a los prestamistas seguir recibiendo pagos por los intereses indefinidamente. Este mecanismo genera una presión constante sobre los presupuestos, lo que a menudo lleva a recortes en servicios públicos esenciales. La capacidad de un Estado para pagar el servicio de su deuda es un indicador importante de su solvencia.
Mientras que en los países occidentales esta relación es inferior al 10%, en los países en desarrollo, especialmente en África, supera el 15%, y en muchos casos, los gobiernos destinan más recursos a pagar intereses que a sectores como la salud y la educación. Ante esta situación, diversas organizaciones abogan por la cancelación de las deudas insostenibles para permitir que los países inviertan en áreas clave como la educación y la resiliencia climática.
Objeciones morales
Un argumento común contra la cancelación de deuda es que podría fomentar la irresponsabilidad financiera en los gobiernos, un riesgo denominado “riesgo moral” (que en realidad no tiene mucho que ver con la moral, pues es una traducción literal de la expresión inglesa moral hazard, que en el ámbito asegurador se refiere a la incertidumbre sobre si una conducta será conforme a los compromisos asumidos). Sin embargo, este argumento no tiene gran peso, al fin y al cabo los incumplimientos de deuda soberana ocurren regularmente y se espera que aumenten en el futuro.
Más bien, oponerse a la negociación de cancelaciones de deuda con el argumento de que esto incentivaría a otros países a gestionar sus finanzas públicas de manera irresponsable no tiene mayor valor moral que oponerse a extirpar las metástasis del cáncer de pulmón de un fumador bajo la excusa de que esto podría animar a otros a seguir fumando. Además, este riesgo puede mitigarse si la cancelación de la deuda se vincula a compromisos claros de reformas económicas verificables, como lo demuestra la condicionalidad aplicada en los planes de ajuste estructural del FMI.
A pesar de esto, algunos pueden considerar injusta la cancelación de deuda después de que otros países hayan hecho sacrificios severos para pagarla. Sin embargo, muchas reformas estructurales impuestas por los acreedores resultaron ser más perjudiciales que el problema original, como ocurrió en Grecia entre 2010 y 2020. Además, muchos países no se volvieron insolventes por errores propios, sino por factores fuera de su control, como guerras o catástrofes. El Papa Francisco justifica la cancelación de la deuda en parte por la deuda ecológica, un argumento central en su llamado a la justicia económica global.
¿Es un buen criterio la deuda ecológica?
Una manera de calcular la deuda ecológica de los países industrializados consiste en atribuir su responsabilidad en el calentamiento global, basándose en su contribución a las emisiones. Los países más afectados por el cambio climático, especialmente aquellos con bajas y medianas rentas, han sufrido pérdidas significativas. Desde la adopción de la Convención sobre el Clima de Río en 1992, estos países han perdido alrededor de 21 billones de dólares. La deuda ecológica total que los países industrializados deben al Sur global es considerable, siendo la cancelación de una fracción de deuda externa solo una pequeña parte (1,7%) de la deuda ecológica real. Por lo tanto, las objeciones morales a la cancelación de deuda deben considerar la magnitud de la deuda ecológica, que exige mucho más que una simple reducción de deudas públicas.
Es importante señalar que no todos los ciudadanos de los países ricos son igualmente responsables de las emisiones. Según OXFAM, el 10% más rico de la población global es responsable del 52% de las emisiones de CO2 entre 1990 y 2015. Por lo tanto, sería justo que el 10% más acomodado del Norte asumiera gran parte de la deuda ecológica. No obstante, el concepto de deuda ecológica y su monetización puede ser problemático, ya que reducir la dignidad humana y la responsabilidad moral a cifras económicas podría desviar la atención de la justicia ambiental.
Una posible solución: los “swaps” deuda-clima
Los intercambios deuda-clima son una solución más realista que las cancelaciones de deuda y menos perjudicial que las reformas estructurales del FMI. Estos canjes permiten la cancelación o refinanciación de parte de la deuda de un país a cambio de inversiones en acciones climáticas y proyectos de conservación. Implementados por el Banco Mundial a principios de los 2000, y más recientemente por países como Francia, Sudáfrica y Alemania, estos intercambios buscan aliviar tanto la deuda como los problemas derivados del cambio climático, especialmente en países en desarrollo y pequeños Estados insulares.
Aunque el mercado de los swaps deuda-naturaleza sigue en expansión, el monto actual de estos intercambios es limitado en comparación con las inversiones necesarias para la transición climática, estimadas en 90 billones de dólares en los próximos 20 años. Con todo eso, ¿no sería acaso una cuestión de justicia y sentido común cancelar una (modesta) parte de la deuda de los países más endeudados para contribuir a financiar el rescate de nuestra casa común?
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Fuentes
Síntesis y extractos del ensayo Condonar la deuda de los países insolventes de Gaël Giraud, Kako Nubukpo y Hubert Rodarie. Publicado en La Civiltà Cattolica / Videos: Radio María Argentina – Universidad Bíblica Latinoamericana – Vatican Media / Foto: PNUD