En las últimas semanas el debate sobre el proyecto de ley que plantea la eliminación de la renta básica, ha dado lugar a la revisión/renegociación del contrato-ley que firmó en 1994 la empresa Telefónica del Perú (TdP) con el Estado Peruano.

Lo que se busca es mejorar las condiciones de los usuarios mediante la reducción de tarifas y la ampliación de la cobertura, evitando violentar la situación contractual con TdP, que no sólo terminaría en un caso de arbitraje internacional sino que además constituiría un mal precedente para la inversión en el país. [1] Los participantes de la negociación son representantes de Osiptel, como asistente técnico y regulador, el Estado, como concedente, y Telefónica, como concesionario. Los puntos en los que se buscará acuerdo son: 1) tarifa y renta mensual (renta básica), 2) tasación de minutos a segundos, 3) acumulación de saldos de tarjetas prepago y plazo de caducidad, 4) tarifas de larga distancia nacional e internacional, 5) telefonía pública, 6) expansión del servicio telefónico en el interior del país en zonas de preferente interés social; y, 7) innovación telefónica en el servicio. [2]

No obstante, cabe señalar que esta discusión no es nueva. En el año 2003 la renta básica y la facturación al segundo fueron materia de discusión. En dicho momento, dominaron las presiones sobre el gobierno de tal forma que las medidas adoptadas fueron sólo un paliativo y no se llegó a resolver el problema de fondo. Según Jorge Fernández Baca, el problema de telefonía debió tratarse de forma general dentro del marco de la Ley de Telecomunicaciones en lugar de renegociar con TdP y correr el riesgo de darle privilegios y un mayor poder monopólico. En este sentido, en las negociaciones debería quedar claro cuál es el trade-off entre los incentivos que se otorgue a TdP para mejorar las condiciones del consumidor y los efectos de éstos sobre la estructura del mercado.

[1] De acuerdo a cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Lima por cada 100 personas existen 16 teléfonos mientras que en Puno por cada 100 personas sólo hay 1 teléfono.
[2] MTC

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El viernes 6 de octubre se promulgó la ley que crea el programa “Sierra Exportadora”, cuyo objetivo es promover, fomentar y desarrollar actividades económicas de transformación e industrialización de la sierra rural del país[1]. ¿Cuáles son los beneficios esperados y las críticas al programa? ¿Se beneficiará realmente la población más pobre?

El gobierno con este programa espera equiparar la capacidad exportadora de la sierra y la costa[2]; crear 18 000 puestos de trabajo en cinco años e incluir 150 000 hectáreas de tierras andinas en 5 años para la exportación. Por otro lado, se critica la creación de este programa como un ente con rango ministerial, la contratación de 85 trabajadores, y lo irreal de transformar tantas hectáreas de tierras. Las dos primeras críticas se sustentan en la duplicidad de funciones e ineficiencias que crearían. Además, se estima que la inversión necesaria por hectárea en la sierra rural es de US$ 20 000[3], lejano a los US$2 000 que planea el gobierno que espera se complete con la inversión privada[4].

Los beneficiados inmediatos de esta ley son el gobierno y el sector agroexportador. El cumplir con promesas electorales le genera buen rédito político, mientras que los nuevos productos de exportación para las empresas exportadoras pueden ser rentables. Aún así, ¿la poca inversión pública en la sierra rural garantizará grandes inversiones privadas[5]? ¿Acaso el enfoque exportador o modelo costeño cambiará las asignaciones estructurales en activos económicos y sociales que mantiene a esa población desconectada del mercado? La respuesta podrá ser más clara en algunos días cuando se especifique como se pondrá a la práctica dicho programa.

[1] Proyecto de Ley N° 49-2006-PE
[2] La sierra exporta US$ 162 millones, mientras que la costa US$ 1 072 millones.
[3] Eduardo Zegarra, investigador Grade.
[4] Hasta el momento se cuenta con US$ 102 millones provenientes de cooperación internacional.
[5] Eduardo Zegarra afirma que en la costa se necesitó en promedio US$10 000 por hectárea y que luego de 10 años no se llega aún a las 60 000 hectáreas cultivadas.
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El riesgo más importante para la estabilidad económica global y de América Latina son los grandes desequilibrios macroeconómicos de los países claves en el mundo. En el 2006-2007 el riesgo más importante se centra en la probabilidad de estanflación[1] en EEUU.

La desaceleración de la economía de EEUU se daría porque el “efecto riqueza[2]”, que mantenía alto los niveles del consumo en ese país, se esta reduciendo por la fuerte caída en la actividad de la construcción de viviendas (el índice de actividad alcanzó 32 puntos en setiembre frente los 68 puntos promedio entre 2001 y 2005) y por la fuerte disminución de la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda, próxima a volverse negativa (en el 2005 llegó a superar el 15%).

Además, las expectativas de inflación se han incrementado significativamente debido a la posibilidad de que la política monetaria expansiva de los últimos años recién esté afectando los precios de los bienes y servicios. En particular, un indicador preocupante es el crecimiento del costo laboral unitario (alrededor de 3,5% en el 2S2006). A esto se suman los riesgos de mayores precios del petróleo, debido a los problemas de Medio Oriente.

Por otro lado el creciente déficit en la cuenta corriente de EEUU ha incrementado el riesgo de mayores depreciaciones del dólar. Ahora, la desaceleración de su economía no es suficiente para corregir su desequilibrio externo (vía disminución de importaciones). Además de una depreciación importante del dólar, se requiere de una apreciación significativa de las monedas asiáticas, especialmente de China.

¿Cómo afecta al Perú?: i) Disminuyen las exportaciones dado que EEUU es nuestro primer socio comercial; ii) menor cotización de los precios de los metales ya que EEUU es un importante comprador; iii) incrementaría la aversión al riesgo de los inversionistas, con consecuencias negativas en las entradas de flujos de capitales y los avances en las calificaciones de riesgo; iv) una fuerte depreciación del dólar disminuye el valor real de las reservas internacionales; y, v) un fuerte incremento de las tasas de interés internacionales afectaría los flujos de capital y el costo de la deuda externa.

[1] Recesión con inflación.
[2] Relacionado con la mayor capacidad de compra.
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La reducción del precio de los combustibles tiene mucha relevancia tanto por la importancia que tienen los combustibles en el consumo a nivel familiar e industrial, como también por tratarse de la primera rebaja después de cuatro alzas consecutivas en los precios de las refinerías.

Sin embargo, la reducción de los precios de refinería no se traslada inmediatamente ni en la misma proporción a los consumidores finales debido a factores de demanda y de mantenimiento de stocks. Asimismo, cabría esperar que la reducción de los combustibles sea diferente por grupo socio económico, dependiendo de la intensidad de uso de determinados tipos de combustibles.

Para el caso de Lima Metropolitana y Callao, que concentra el 42,3% de la demanda nacional de gasolinas (84, 90, 95 y 97) y Diesel 2, se puede apreciar que la mayor reducción promedio se ha dado en la gasolina de 84 octanos (-4,12%).[1]

Se puede observar del siguiente cuadro que existiría una mayor proporción de estaciones de servicio y grifos (E y G) que redujeron el precio de los combustibles de uso masivo del quintil V (G-90, G-95 y G-97) que la que existe de E y G que redujeron el precio de los combustibles del quintil I (G-84 y Diesel 2). Sin embargo, se puede argumentar que las reducciones de los precios de los combustibles se efectúan siempre que para las E y G sea rentable hacerlo dependiendo de sus márgenes de ganancia. Esto podría explicar la poca proporción de E y G que decidieron reducir los precios de los combustibles de mayor consumo en el quintil I que en el quintil V.

[1] Los precios mínimos por distritos son: San Juan de Miraflores en S/. 9.63, S/. 11.30 y S/. 13.02 en G-84, G-90, y G-97 respectivamente, La Victoria en S/. 12.40 en G-95 y Breña en S/.9.99 en Diesel 2
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El World Economic Forum en su informe Global Competitiveness Report 2006 presentó el Índice Global de Competitividad para el periodo 2006 – 2007[1]. Este índice intenta medir para cada país los principales factores que impulsan el desarrollo económico. Para ello, construye cerca de noventa variables, que agrupa en los nueve pilares que considera claves para incrementar sostenidamente el nivel de ingresos y bienestar de la población: instituciones, infraestructura, desempeño macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento especializado, eficiencia de mercado, adaptabilidad tecnológica, sofisticación empresarial e innovación.

Sin embargo, este índice pondera de manera distinta para cada país cada uno de dichos nueve pilares, dependiendo de su nivel de ingreso per cápita. Esto lo considera debido a que “los factores que incrementan productividad en un país como Suecia no son los mismos que impulsan productividad en Ghana”[2]. Por ello, agrupa a los 125 países con los que trabaja en tres grupos: países factor-dependientes, dependientes de eficiencia y dependientes de innovación, cada uno de ellos reflejando un nivel de desarrollo distinto y de complejidad de la economía.

Además agrupa los cuatro primeros pilares[3] bajo la denominación de “requerimientos básicos”, por ser estos los factores que incrementan más rápidamente la competitividad de países de bajos ingresos. Agrupa también bajo el nombre de “impulsadores de eficiencia” los pilares de educación superior y entrenamiento especializado, eficiencia de mercado y adaptabilidad tecnológica, por ser los motores de desarrollo en países de ingresos medios. Por último, remarca que para países de ingresos elevados los pilares anteriores no son suficientes, debido a que se encuentran en la frontera de desarrollo. Para ellos, los pilares de sofisticación empresarial e innovación son los que reciben mayor ponderación, bajo la categoría de “impulsadores de innovación”.

Este indicador es importante porque la competitividad (o productividad) es un factor que se considera determinante para el crecimiento económico. Muestra de ello es que los países que más han crecido son los que ha tenido una política explícita de aumento de la competitividad dentro de sus planes de desarrollo a largo plazo. Sólo un país latinoamericano, Chile, se encuentre dentro de los treinta primeros lugares, mientras que seis países del sudeste asiático ocupan esta lista, desplazando cada vez más a los países de Europa occidental.

[1] Otros índices similares son el “Ease of Doing Business” y el “Index of Economic Freedom”, realizados por el Banco Mundial y Wall Street Journal respectivamente.
[2] World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2006.
[3] Instituciones, infraestructura, desempeño macroeconómico y salud y educación primaria.
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