Blog de ArturoDiazF

Trump insiste en equiparar a nazis y manifestantes como responsables de los incidentes de Charlottesville

“Hubo un grupo de un lado que fue malo y hubo un grupo del otro lado que también fue muy violento”, ha dicho el presidente de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha responsabilizado este martes de la violencia de este fin de semana en Charlottesville (Virginia) tanto a grupos neonazis y supremacistas como a los manifestantes de izquierda que les hicieron frente.

Hubo un grupo de un lado que fue malo y hubo un grupo del otro lado que también fue muy violento“, dijo Trump durante una conferencia de prensa en Nueva York.

El presidente calificó de “horrible” lo sucedido en Charlottesville, pero insistió en que no todos los que acudieron a la protesta eran neonazis o supremacistas blancos.

“He condenado a los neonazis, he condenado a muchos grupos. Pero no toda esa gente eran neonazis, créame. No todas esas personas eran supremacistas blancos, ni mucho menos”, subrayó Trump.

“Mucha gente también estaba allí para protestar por la retirada de una estatua de Robert E. Lee. Esta semana es Robert E. Lee. (…) Me pregunto, ¿es George Washington la semana que viene? ¿Es Thomas Jefferson la siguiente?”, añadió el presidente.

La marcha “Unir a la derecha”, que derivó en los choques de este fin de semana en Charlottesville, se convocó en protesta por la decisión de eliminar una estatua de Lee, un general confederado considerado un símbolo de la defensa de la esclavitud y el racismo.

Aunque dio a entender que está en desacuerdo con la retirada de ese tipo de monumentos, Trump aseguró hoy que en su opinión lo mejor es dejar esas decisiones a las autoridades competentes en cada caso.

El presidente estadounidense defendió además con vehemencia su respuesta a lo sucedido en Charlottesville, tras las críticas que recibió por haber esperado dos días para condenar explícitamente al Ku Klux Klan (KKK), los neonazis y los supremacistas blancos que se dieron cita allí.

“Antes de hacer una declaración, necesito los hechos”, subrayó Trump, explicando que, cuando hizo sus primeros comentarios, no sabía por ejemplo que el histórico líder del KKK David Duke estaba allí.

Originalmente, el presidente había responsabilizado a “muchas partes” del “odio y fanatismo” vistos en Charlottesville.

Hoy, tras censurar directamente a los grupos racistas un día antes, recuperó su línea inicial e insistió en repartir culpas por los disturbios.

“¿Qué pasa con la alt-left (izquierda alternativa) que atacó a lo que usted llama alt-right? ¿Tienen alguna culpa?”, respondió a una periodista que le pidió que comentase sobre la supuesta responsabilidad de la nueva derecha estadounidense en los choques

MÁS INFORMACIÓN

En: publico.es

Los perros podrían quedar fuera del menú del festival de Yulin en China

Perros a la venta en un mercado de Yulin, China, en 2015, durante el festival anual del solsticio de verano. Credit Adam Dean para The New York Times. Imagen: https://static01.nyt.com/images/2017/05/19/world/19chinadogs-1/19chinadogs-1-master1050.jpg

BEIJING — Defensores de los derechos animales anunciaron una victoria en la lucha contra el festival anual de la carne de perro en China, pues aseguran que las autoridades de la ciudad sureña de Yulin aceptaron prohibir la venta de carne de perro durante la semana previa a este evento.

Sin embargo, ninguna de las autoridades contactadas confirmaron tal prohibición, y los restaurantes de perro que fueron contactados por la BBC declararon que no han escuchado nada al respecto.

“No creo que lo reconozcan públicamente”, expresó Andrea Gung, fundadora de Proyecto Duo Duo, en relación con las respuestas de las autoridades gubernamentales. “Sin embargo, mi fuente habló con cada uno de los vendedores de carne de perro en Dongkou (el principal mercado de carne en Yulin) y todos dijeron lo mismo: hay una prohibición de siete días a partir del 15 de junio sobre las ventas de carne de perro”.

La Humane Society International y el Proyecto Duo Duo, un grupo con sede en California que defiende los derechos animales, citaron algunos informes de defensores chinos de derechos animales, así como de comerciantes de carne de perro en Yulin. De acuerdo con estos informes, aquél que sea sorprendido vendiendo carne de perro durante la semana previa al Festival de Lichi y Carne de Perro de Yulin, el cual inicia el 21 de junio, recibirá multas de hasta 100.000 renminbi, lo que equivale a unos 14.500 dólares, e incluso podría pasar algún tiempo en prisión.

Aunque antes ha habido otros intentos por impedir la venta de carne de perro, se cree que esta es la primera vez que el gobierno ha amenazado con sanciones concretas.

“Me siento optimista”, afirmó en entrevista telefónica Peter J. Li, consultor político en China de la Humane Society International. “Naturalmente, estamos conscientes de que ninguna ley puede evitar por completo la venta de carne de perro en Yulin. Sin embargo, esta prohibición sugiere que el gobierno está siendo más serio respecto a tomar acciones en una dirección determinada”.

En el pasado, las autoridades en general eludían el tema e insistían en que el festival es una tradición local para celebrar el inicio del solsticio de verano y que el gobierno no lo organiza ni lo patrocina.

Falta ver en qué medida se hará cumplir la restricción, que dura únicamente una semana. Aunque abarca los días previos al festival y su inauguración, cuando usualmente se sacrifica y consume la mayoría de los perros, los activistas suponen que muchos –si no todos– de los comerciantes de carne de perro retomarán la venta cuando se levante la prohibición. Además, no queda claro si esta incluye a los gatos, los cuales también se consumen durante el festival, aunque su carne es menos popular.

Pese a todo, este veto se sigue celebrando como un avance en favor del bienestar animal en China.

“Aun cuando estos comerciantes de carne de perro probablemente vuelvan a sus actividades habituales, la restricción sigue enviando un mensaje claro: de ahora en adelante, su negocio y la manera en que se ganan la vida serán cada vez más difíciles”, aseguró Li.

Esta prohibición es el último acontecimiento de lo que se ha convertido en una lucha muy pública entre los defensores del bienestar animal y los habitantes y los vendedores de carne de perro en Yulin. Los llamados para cancelarlo han sido cada vez mayores.

El festival, según activistas, empezó apenas en 2009 por iniciativa de los vendedores de carne de perro, quienes buscaban aumentar sus ventas. Se estima que en las celebraciones de cada año se consumen más de 10.000 perros, muchos de los cuales se cree que son mascotas robadas.

Ante el creciente escrutinio internacional, los habitantes y los vendedores de carne de perro se encuentran cada vez más a la defensiva. Los activistas aseguran que apenas cerca del 30 por ciento de las personas en Yulin comen carne de perro de manera regular, y muchos residentes afirman que se sienten atacados injustamente. Argumentan que comer carne de perro y lichi durante el solsticio de verano es una antigua costumbre local y que no es distinto de comer vacas o cerdos.

Actualmente, los llamados a poner fin a este festival se han difundido tanto que este se ha convertido en el punto central de una campaña de mayor envergadura para erradicar por completo el consumo de carne de perro en China, así como las prácticas a menudo brutales asociadas con este comercio que, en gran medida, no está regulado.

“Los activistas chinos merecen mucho crédito”, declaró Gung. “La mayoría de los activistas extranjeros usualmente se van de la ciudad cuando el festival termina, pero los activistas locales se quedan y siguen hablando al respecto; se preocupan por este tema”.

Perseidas 2017 – Estrellas fugaces en vivo y en directo

Retransmisión en directo de la lluvia de las Perseidas desde el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida, Cataluña) y el Observatorio del Teide (Tenerife, Canarias).

Las Perseidas tienen su origen en los pequeños fragmentos -meteoroides- desprendidos del cometa periódico 109P/Swift-Tuttle, que da una vuelta alrededor del Sol cada 130 años. Las Perseidas han sido observadas durante siglos, pero fueron reconocidas oficialmente a mediados del siglo XIX y es una de las lluvias mejor estudiadas. Este año, las predicciones hablan de una actividad bastante alta, en torno a los 150 met/hora THZ (IMO).

Chile rechaza la “amenaza de intervención militar” de Donald Trump en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se refirió a la “amenaza” del gobierno estadounidense. Imagen: http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20141104/imag/foto_0000000220141104145049.png

El canciller Heraldo Muñoz rechazó este viernes los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención militar para acabar con la crisis en Venezuela.

Mediante su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores expresó su reiteración a las críticas hechas por los cancilleres en Lima sobre el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, sostuvo que “Gobierno de Chile rechaza amenaza de una intervención militar en Venezuela”.

Desde el Ministerio aseveraron que “la postura (del Ejecutivo)” sobre los “dichos de Trump es que cancilleres de varios países latinoamericanos han estado en contacto y en acuerdo expresan su rechazo”.

“Al mismo tiempo reiteran las críticas a gobierno de Venezuela, contenidas en Declaración de Lima”, dada a conocer el martes, en la cual se condena la “ruptura del orden democrático”.

En: 24horas.cl

¡Qué tal lisura!, por Alfredo Bullard

“Para mí, Sublime es un chocolate. Y lo es para usted. Lo que nos diga el ministerio no nos interesa”.

“¡Basta ya de usar nombres engañosos para los alimentos!”. Bajo este ingenioso lema, en una conferencia de prensa los representantes de diversas instituciones públicas, encabezadas por el Ministerio de Agricultura, la Digesa, el Indecopi y el mismísimo Congreso de la República hacen un anuncio esperado por toda la población.

Se crea la Superintendencia de Veracidad Alimenticia (la Suvea), ente público descentralizado encargado de regular, fiscalizar y sancionar los actos de engaño sistemático en el uso de nombres equivocados de alimentos. Con ello se busca proteger a los consumidores de fabricantes inescrupulosos.

Se nombra el primer superintendente: el señor Anastacio Cárdenas, conocido paladín de la defensa de los consumidores, con años de experiencia en combatir este tipo de prácticas ilegales.

La Suvea muestra una energía y proactividad impresionantes. Dicta normas para evitar (según lo que crea la Suvea) que se diga que algo es lo que no es. Luego lanza a sus inspectores al mercado a fiscalizar y retirar de la comercialización esos alimentos con nombres de triquiñuela.

Don Anastacio anuncia, luego de los primeros meses de actividad, sus extraordinarios resultados.

“Estamos en camino de eliminar estas prácticas”, indicó muy orondo. “Hemos intervenido una serie de chifas que llaman arroz chaufa a preparados que no llevan un 5% de cebolla china. Y es que los chifas suelen vender unos menjunjes que no respetan el origen chino del plato”.

También da cuenta del Operativo Picarón. “Hemos cerrado aquellos locales que venden picarones con huecos inferiores a 1,5 centímetros. Como saben, los que no tengan esas dimensiones solo pueden ser llamados donuts”.

Por otro lado, anuncia: “Hemos forzado a Inca Kola a cambiar su nombre por Inca Líquido, pues según las regulaciones que se han dictado solo las gaseosas de color negro pueden llevar el añadido Kola. No se puede admitir que se engañe a los consumidores vendiéndoles como negro algo que en realidad es de color amarillo”.

Pero la Coca-Cola tampoco se libra. “La empresa no ha demostrado que la fórmula de esa gaseosa lleve algún derivado de la planta de la coca”.

El chocolate Cua Cua también ha sido retirado del mercado. Según el superintendente: “Hemos constatado, para nuestra sorpresa, que la referida golosina, a pesar de llevar como nombre el sonido que hacen los patos al graznar e incluso ilustrar el envase con la figura de un pato, no lleva ningún ingrediente derivado de patos ni aves similares”. Similar suerte siguen las famosas orejas de chancho, típicas de nuestras pastelerías, pues se ha determinado que no provienen de ningún tipo de cerdo.

“También hay que proteger nuestra comida criolla. A partir de la fecha hemos decretado que el tacu tacu tendrá que llevar 50% de frejol y 50% de arroz”. Y continúa diciendo: “Hemos descubierto que en las cebicherías se vende un producto llamado leche de tigre sin que se haya demostrado que tenga leche y menos aun que provenga de ordeñar tigresas”.

Pero guarda para el final su anuncio más impactante: “¡El chocolate Sublime no es chocolate porque no tiene suficiente cacao! ¡Qué tal lisura!”.

Por absurdo que suene todo lo dicho, este relato no es tan de ciencia ficción. Cada vez nos acercamos más a un mundo similar.

Si yo le digo a usted que imagine un chocolate, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Por supuesto, el chocolate Sublime. Usted sabe qué es y cuál es su sabor. Si llamaran chocolate Sublime a otra cosa se sentiría engañado. Pero al Ministerio de Agricultura se le ha ocurrido que tiene muy poco cacao.

El error de estas ideas es que quien define el significado de un término no es el Estado, sino quien necesita entender a qué se refiere el término. Los consumidores sabemos muy bien qué esperamos de un arroz chaufa, de una Inca Kola, de una leche de tigre o de un chocolate Sublime. Para mí, Sublime es un chocolate. Y lo es para usted. Lo que nos diga el ministerio no nos interesa. Pero ahora quieren obligarme a consumir un producto distinto al que siempre me ha gustado y además subirle el precio con la inclusión de porcentajes mayores de insumos más caros. Y es que, como decía Napoleón, “de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso”.

En: elcomercio

Ver:

Primera prioridad: el Sublime, por Franco Giuffra

Minagri: “El problema no es el contenido, sino lo que dicen las etiquetas”

HAIRE v. PARKER

Court of Appeals of Indiana.

Donald K. HAIRE and Julie A. Haire, Individually and as Husband and Wife, Appellants, v. Andrew PARKER, Appellee.

No. 24A01–1102–CT–24.

    Decided: October 25, 2011

Paul S. Petro, R.T. Green, Blackburn & Green, Karl L. Mulvaney, Shannon D. Landreth, Bingham McHale LLP, Indianapolis, IN, Attorneys for Appellants. Dennis E. Harrold, Kyle M. Baker, Brett J. Haacker, McNeely, Stephenson, Thopy & Harrold, Shelbyville, IN, Attorneys for Appellee.

OPINION

Donald K. Haire and Julie A. Haire appeal the trial court’s order granting summary judgment to Andrew Parker. The Haires raise three issues, which we revise and restate as whether the trial court erred in granting Parker’s motion for summary judgment. We reverse and remand.

The relevant facts as designated by the parties follow.1 On March 28, 2009, Donald, Parker, and others went to Haspin Acres, an off road vehicle and motorcycle park located in Laurel, Indiana. Before entering Haspin Acres, Donald paid a fee and signed a Release and Waiver of Liability, Assumption of Risk and Indemnity Agreement (the “Release”), which states:

RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY, ASSUMPTION OF RISK AND INDEMNITY AGREEMENT

_

Description and Location of Scheduled Event(s) Date of Release Signed

To some extent all motor vehicles are potentially dangerous. The participants should take part in motor vehicle events based on their own abilities. Regardless of state law, Haspin Acres strongly urges the participant to wear a helmet and other appropriate safety apparel. Haspin also urges participants to receive professional instruction before operating any motor vehicle.

Haspin does not provide medical insurance. We urge all participants not to operate their vehicle without personal medical coverage.

Any participant who: prior to starting an event doubts their ability to participate in an event, feels they have not adequately prepared themselves and their equipment, questions the safety or condition of the facility, believes their personal insurance coverages are not adequate to cover them for any loss that might occur; are urged to notify the management who will immediately refund their entry fee.

In consideration of permission to enter for any purpose the NON–PUBLIC AREA (defined as any area to which admission is not open to the general public, including but not limited to pit areas, judging areas, special promotion areas, racing surfaces, walkways, official’s and participants’ areas, etc.) of the above location, and/or in further consideration of permission to observe and/or participate in the above described meet in any capacity whatsoever, I hereby understand and agree as follows:

1. I RELEASE, DISCHARGE AND AGREE NOT TO SUE THE HASPIN ACRES MOTORPARK, its officers, trustees, employees and agents, meet officials, promoters, sponsors, motorcycle owners, riders, mechanics and pit crew and owners and lessees of premises used in connection with the meet, and each of their respective employees and agents, from all claims, demands, actions, causes of action, liability loss or injury (including death) of whatsoever kind, nature or description that may arise to my person and property, in any way resulting from or arising in connection with the above-described meet while I am in the NON–PUBLIC AREA.

2. I ASSUME FULL RESPONSIBILITY FOR AND THE RISK OF loss, damage or injury (including death) of whatsoever kind, nature or description that may arise to my person and property notwithstanding any negligence of the HASPIN ACRES REC PARK, its officers, trustees, employees and agents, meet officials, promoters, sponsors, motorcycle owners, riders, mechanics and pit crew, and owners and lessees of premises used in connection with the meet, and each of their respective employees and agents, while I am for any reason in the NON–PUBLIC AREA voluntarily and upon reliance of my own judgment and ability and knowledge of the risks and hazards to myself and property while entering, upon departing such area.

3. I INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS the HASPIN ACRES REC PARK, its officers, trustees, employees, and agents, meet officials, promoters, sponsors, motorcycle owners, riders mechanics and pit crew, and owners and lessees of premises used in connection with the damage, or cost each of them may incur due to my presence in the above-described NON–PUBLIC AREA.

4. THIS RELEASE, ASSUMPTION OF RISK AND INDEMNITY AGREEMENT SHALL BE BINDING UPON my heirs, administrators, executors and assigns.

If any portion of this RELEASE ASSUMPTION of RISK AND INDEMNITY AGREEMENT is held invalid, the balance shall notwithstanding continue in full legal force and effect.

I HAVE READ AND VOLUNTARILY SIGN THIS RELEASE, ASSUMPTION OR RISK AND INDEMNITY AGREEMENT, AND I certify that no oral representation statements or inducements apart from the foregoing written agreement have been made.

Appellants’ Appendix at 47.

At some point, Parker’s ATV “rolled down” a hill and “tipped over.” Id. at 143. Parker turned his ATV back over and started it as he stood beside it. “The throttle cable was stretched so [the ATV] took off.” Id. at 65. Donald described the incident as follows:

At that time [Parker] stood to the side and started the machine. Jason was in front of it. I was to the rear, right wheel and [Parker] was on the, what I would call the driver, left side. Upon starting it the thing just took off. Jason was in front of it trying to stop it backing up to this embankment and I was at the right rear wheel trying to grab it and scraped my arm on the tires ‘cause they’re gripping tires. And then the next thing I know I fell down, the machine went up this embankment and just come up in the air. It looked like it was ten feet in the air, came over and landed right on top of me. I pulled my knees up into the fetal position to take the brunt of the impact and I remember thinking this thing is on, turned on, moving sprockets or something. I need it off of me so when it hit me I, uhm, instinct just kicked my feet to get it off of me and it went tumbling, not tumbling.

Id. at 84. Parker later described the incident as follows:

Well, Nick rolled his four wheeler. Went down to help him out and once we got him back on his, his four wheeler back on his tires I went up to my four wheeler that had rolled down the hill and tipped over and I tipped mine back over. Looked at it for a second and, uh, talking with Jason. Started the four wheeler and it took off wide open and went up a hill, rolled down the hill. Donnie was standing in the middle of the hill. He never moved. The four wheeler hit him․ And before I continued down the hill and landing, landing upside down in some trees the four wheeler died. And then we, uh, rolled it back over, out of the trees it was then when we noticed that the throttle had been stretched from when it tipped over from before. It’s got a rubber boot that goes over the throttle so even at the first sight we didn’t even notice what happened.

Id. at 143. Donald sustained physical injuries.

On October 26, 2009, the Haires filed a complaint against Parker alleging that Parker was negligent which resulted in physical injuries and expenses to the Haires and that Julie lost the services and consortium of Donald. On December 18, 2009, Parker filed an answer setting out nine defenses. The Haires filed an amended complaint alleging that Donald was injured by Parker’s actions and that Julie lost the services and consortium of Donald.

On June 2, 2010, Parker filed a motion for summary judgment alleging that the Haires’ claims against Parker were explicitly barred as a result of Donald’s execution of the Release. On October 6, 2010, the Haires filed a Cross–Motion for Partial Summary Judgment/Response to Defendant, Andrew Parker’s, Motion for Summary Judgment and Designation of Evidence in Support Thereof. Parker filed a response and argued that he was entitled to summary judgment based upon the Release and based upon the idea that “participants in sporting events will not be permitted to recover against their co-participants for injuries sustained as the result of the inherent or foreseeable dangers of the sport.” Id. at 117. The trial court granted Parker’s motion for summary judgment and denied the Haires’ motion for partial summary judgment.2

The issue is whether the trial court erred in granting Parker’s motion for summary judgment. Summary judgment is appropriate only where there is no genuine issue of material fact and the moving party is entitled to judgment as a matter of law. Ind. Trial Rule 56(c); Mangold ex rel. Mangold v. Ind. Dep’t of Natural Res., 756 N.E.2d 970, 973 (Ind.2001). All facts and reasonable inferences drawn from those facts are construed in favor of the nonmovant. Mangold, 756 N.E.2d at 973. Our review of a summary judgment motion is limited to those materials designated to the trial court. Id. We must carefully review a decision on summary judgment to ensure that a party was not improperly denied his day in court. Id. at 974. A party moving for summary judgment bears the initial burden of showing no genuine issue of material fact and the appropriateness of judgment as a matter of law. Monroe Guar. Ins. Co. v. Magwerks Corp., 829 N.E.2d 968, 975 (Ind.2005). If the movant fails to make this prima facie showing, then summary judgment is precluded regardless of whether the non-movant designates facts and evidence in response to the movant’s motion. Id. “An appellate court may affirm summary judgment if it is proper on any basis shown in the record.” Pfenning v. Lineman, 947 N.E.2d 392, 408–409 (Ind.2011).

“In order to prevail on a claim of negligence, a plaintiff is required to prove: (1) a duty owed by the defendant to the plaintiff; (2) a breach of that duty by the defendant; and (3) an injury to the plaintiff proximately caused by the breach.” Peters v. Forster, 804 N.E.2d 736, 738 (Ind.2004). In negligence cases, summary judgment is “rarely appropriate.” Rhodes v. Wright 805 N.E.2d 382, 387 (Ind.2004). “This is because negligence cases are particularly fact sensitive and are governed by a standard of the objective reasonable person—one best applied by a jury after hearing all of the evidence.” Id. Nevertheless, a defendant is entitled to judgment as a matter of law when the undisputed material facts negate at least one element of the plaintiff’s claim. Id. at 385.

A. The Release

The parties disagree as to whether the Release signed by Donald applies to Parker. Generally, only parties to a contract or those in privity with the parties have rights under the contract. OEC–Diasonics, Inc. v. Major, 674 N.E.2d 1312, 1314–1315 (Ind.1996). However,

[o]ne not a party to an agreement may nonetheless enforce it by demonstrating that the parties intended to protect him under the agreement by the imposition of a duty in his favor. To be enforceable, it must clearly appear that it was the purpose or a purpose of the contract to impose an obligation on one of the contracting parties in favor of the third party. It is not enough that performance of the contract would be of benefit to the third party. It must appear that it was the intention of one of the parties to require performance of some part of it in favor of such third party and for his benefit, and that the other party to the agreement intended to assume the obligation thus imposed.

Id. at 1315 (internal citation omitted). The intent of the contracting parties to bestow rights upon a third party must affirmatively appear from the language of the instrument when properly interpreted and construed. Id. However, it is not necessary that the intent to benefit a third party be demonstrated any more clearly than the parties’ intent regarding any other terms of the contract. Id.

“A release, as with any contract, should be interpreted according to the standard rules of contract law.” Huffman v. Monroe Cnty. Cmty. Sch. Corp., 588 N.E.2d 1264, 1267 (Ind.1992). “[R]elease documents shall be interpreted in the same manner as any other contract document, with the intention of the parties regarding the purpose of the document governing.” OEC–Diasonics, Inc., 674 N.E.2d at 1314 (quoting Huffman, 588 N.E.2d at 1267). Generally, “[i]nterpretation of a contract is a pure question of law and is reviewed de novo.” Dunn v. Meridian Mut. Ins. Co., 836 N.E.2d 249, 252 (Ind.2005). If its terms are clear and unambiguous, courts must give those terms their clear and ordinary meaning. Id. Courts should interpret a contract so as to harmonize its provisions, rather than place them in conflict. Id. “We will make all attempts to construe the language of a contract so as not to render any words, phrases, or terms ineffective or meaningless.” Rogers v. Lockard, 767 N.E.2d 982, 992 (Ind.Ct.App.2002). “A contract will be found to be ambiguous only if reasonable persons would differ as to the meaning of its terms.” Beam v. Wausau Ins. Co., 765 N.E.2d 524, 528 (Ind.2002), reh’g denied. “When a contract’s terms are ambiguous or uncertain and its interpretation requires extrinsic evidence, its construction is a matter for the fact-finder.” Johnson v. Johnson, 920 N.E.2d 253, 256 (Ind.2010).

The Release provided that Donald released, discharged, and agreed not to sue:

THE HASPIN ACRES MOTORPARK, its officers, trustees, employees and agents, meet officials, promoters, sponsors, motorcycle owners, riders, mechanics and pit crew and owners and lessees of premises used in connection with the meet, and each of their respective employees and agents, from all claims, demands, actions, causes of action, liability loss or injury (including death) of whatsoever kind, nature or description that may arise to my person and property, in any way resulting from or arising in connection with the above-described meet while I am in the NON–PUBLIC AREA.

Appellants’ Appendix at 47. The Release also listed the entities in the following paragraphs:

I ASSUME FULL RESPONSIBILITY FOR AND THE RISK OF loss, damage or injury (including death) of whatsoever kind, nature or description that may arise to my person and property notwithstanding any negligence of the HASPIN ACRES REC PARK, its officers, trustees, employees and agents, meet officials, promoters, sponsors, motorcycle owners, riders, mechanics and pit crew, and owners and lessees of premises used in connection with the meet, and each of their respective employees and agents, while I am for any reason in the NON–PUBLIC AREA voluntarily and upon reliance of my own judgment and ability and knowledge of the risks and hazards to myself and property while entering, upon departing such area.

Id.

The Haires argue that because “the plain language of the Release does not identify Parker by name or category, there is no affirmative intent to benefit Parker” and that Parker “does not have standing to enforce the Release.” Appellants’ Brief at 15. The Haires argue that “[t]he Release does not say it releases anybody who is on the property, nor does it say it releases the general public.” Id. at 14. The Haires argue that “[t]he effect of the possessive ‘its’ controls the entire list, including ‘riders,” and that “[t]he express provision states ‘its ․ riders,’ not all riders.” Id.

Parker argues that he was a rider and that “the Release ․ clearly states (without qualification) that Haire agreed to release, discharge and not sue, among other individuals and entities, all ‘riders’ at Haspin Acres, which clearly includes Parker who was likewise operating an ATV.” Appellee’s Brief at 9. Parker argues that:

the Release Agreement intends for there to be a full stop read between the words ‘agents’ and ‘meet officials’, and it distinguishes those entities which are understood to be affiliated with Haspin Acres (Haspin Acres, its officers, its trustees, its employees and its agents) from those that are not affiliated with Haspin Acres (meet officials, promoters, sponsors, motorcycle owners, riders, mechanics and pit crew, owners and lessees).

Id. at 10.

In their reply brief, the Haires argue:

This list begins with a modifier: a possessive. If the statement was, “These are John’s carrots, beans, apples and oranges, fruit, kiwis, and pears,” the pears would still be John’s though ‘apples and oranges’ are listed before pears. The comma after ‘apples and oranges’ is not a period, it’s a comma. They are still ‘John’s ․ pears.’ It is illogical to say otherwise. Also, the apples, oranges, kiwis, and pears are still John’s though ‘fruit’ appears in the middle of the statement and is a term that overlaps the others.

Appellants’ Reply Brief at 7.

To the extent that the Haires argue that “the entire list of categories is controlled by the possessive ‘its,’ “ we observe that the list includes “riders,” “motorcycle owners,” “mechanics and pit crew, and owners and lessees of premises,” Appellants’ Appendix at 47, and the plain language of the Release does not reveal whether these entities are or are not owned by or separate from Haspin Acres and such a conclusion is dependent upon certain extrinsic facts. Further, even assuming that “its” applied to the entire list of categories as the Haires contend, we cannot say based upon the language of the Release whether, on the one hand, being a Haspin Acres’ rider requires a certain type of relationship between the rider and Haspin Acres or, on the other hand, one of Haspin Acres’ riders is merely a person in Parker’s position, i.e., someone who went to Haspin Acres, stopped at the gate, went inside, showed them identification, signed a waiver, gave Haspin Acres money, and rode his ATV around Haspin Acres. We conclude that there is a question of fact as to whether Parker was a rider for purposes of the Release .3 See Cummins v. Mcintosh. 845 N.E.2d 1097, 1108 (Ind.Ct.App.2006) (holding that summary disposition was improper as there were factual issues regarding the scope and effect of a release), trans denied; see also Huffman, 588 N.E.2d at 1267 (holding that contradictory references clouded the intent of the document, “parol evidence may be utilized to determine the parties’ true intentions respecting the document’s application,” and that the entry of summary judgment must be reversed and the case remanded for a factual determination).

The Haires also argue that Donald was not in a non-public area. The Haires argue that “Haspin Acres is a large park of approximately 750 acres, most of which is open to the general public upon payment of the entrance fee” and that the Release “does not define the relevant area as anywhere and everywhere on the 750 acres .” Appellants’ Brief at 17. The Haires argue that for the Release to operate, Haire must be in the “nonpublic area,” and that “[t]he relatively few areas defined as non-public are tied to organized races, or, as contemplated by the Release, ‘Scheduled Event(s).’ “ Id. at 17–18.

In his motion for summary judgment, Parker cited Plaintiff’s Response to Request for Admission No. 9 and alleged that the Release Agreement was applicable because Donald “admits that he was injured in an area that was not open to the general public, as it is undisputed that he was required to sign the Release Agreement and pay a fee before being allowed into the park.” Appellants’ Appendix at 34–35. On appeal, Parker again cites to Plaintiff’s Response to Request for Admission No. 9 and argues that “Haire admits that he was injured in an area that was not open to the general public, as it is undisputed that he was required to sign the Release Agreement and pay a fee before being allowed into the park.” Appellee’s Brief at 12. Without citation to the record, Parker also argues that “the Release’s ‘non-public area’ definition includes ‘participants’ areas,’ which definition clearly applies to Haire and his location at the time of the occurrence.” Id.

Plaintiff’s Response to Request for Admission No. 9 states:

9. Donald K. Haire was required to sign the “Release and Waiver of Liability, Assumption of Risk and Indemnity Agreement,” (a copy of which is attached as Exhibit A) and pay a fee, before entering the area where the incident complained of in the Complaint occurred.

RESPONSE :

Admit that Mr. Haire signed the “Release and Waiver of Liability, Assumption of Risk and Indemnity Agreement” (“Agreement”) and paid a fee before entering Haspin Acres on the day of the incident. However, Plaintiff disputes that the area where the incident occurred qualifies as a “Non–Public Area” as defined by the “Release and Waiver of Liability, Assumption of Risk and Indemnity Agreement” (“Agreement”). The Agreement defines a “Non–Public Area” as: “any area to which admission is not open to the general public, including, but not limited to, pit areas, judging areas, special promotion areas, racing surfaces, walkways, officials’ and participants’ areas, etc.” Mr. Haire disputes that he was in a “Non–Public Area” as defined by the Agreement. Moreover, the Agreement’s language is limited to “participants” in official “events” or “meets” organized by or for Haspin Acres. Mr. Haire was not participating in an organized and/or official event and/or meet at the time of the incident.

Appellants’ Appendix at 52–53. We cannot say that Donald’s response to Request No. 9 reveals that he admits that he was injured in an area that was not open to the general public. Further, Request No. 8 and Donald’s response to Request No. 8 state:

8. The incident complained of in the Complaint occurred in a NONPUBLIC AREA at Haspin Acres, meaning it occurred in an area that was not open to the general public.

RESPONSE:

Deny. Mr. Haire disputes that the area where the incident occurred qualifies as a “Non–Public Area” as defined by the “Release and Waiver of Liability, Assumption of Risk and Indemnity Agreement” (“Agreement”). The Agreement defines a “Non–Public Area” as: “any area to which admission is not open to the general public, including, but not limited to, pit areas, judging areas, special promotion areas, racing surfaces, walkways, official’s and participants’ areas, etc.” The area where the incident occurred was not of the same type as those areas included within the definition of a “Non–Public Area” contained in the Agreement. Moreover, the Agreement’s language is limited to “participants” in “events” or “meets” organized by or for Haspin Acres. Mr. Haire was not participating in an organized and/or official event and/or meet at the time of the incident.

Id. at 51–52. We cannot say based upon the designated evidence and as a matter of law that the incident occurred in a Non–Public Area.

Lastly, the Haires argue that Donald “must be a participant” and “participate in a ‘scheduled event’ “ for the Release to apply. Appellants’ Brief at 15. The Haires argue that “both ‘event’ and ‘meet’ should be interpreted harmoniously to mean an organized sporting competition, which is very different from the informal, recreational weekend of ATV trail-riding Haire and Parker anticipated.” Id. at 17. The Haires point to the fact that the Release contains a blank area provided for the “Description and Location of Scheduled Event(s).” Appellants’ Brief at 15 (quoting Appellants’ Appendix at 26). The Haires also point to the following statement in the Release: “Any participant who: prior to starting an event doubts their ability to participate in an event․” Id. (quoting Appellants’ Appendix at 26). Parker argues that “an examination of the actual language of the contract reveals plain, unambiguous language that clearly states the intention of the parties, and which does not require any of the creative interpretation that the Appellants provide.” Appellee’s Brief at 11. Based upon the language in the Release, we cannot say that the Release requires that Donald be a participant in a scheduled event or meet.

In summary, we conclude that issues of fact exist as to whether Parker was a rider within the terms of the Release and whether Donald was in a non-public area at the time of the incident. Accordingly, the court erred in granting Parker’s motion for summary judgment.

B. Negligence

The Haires argue that “[t]he doctrine of inherent risk does not apply to this case because non-competitive, recreational ATV usage is not an organized sport.” Appellants’ Brief at 20. Parker cites Pfenning v. Lineman, 947 N.E.2d 392 (Ind.2011), and argues that he is entitled to summary judgment because “there has been absolutely no facts alleged that would suggest that Parker acted outside of the scope of ordinary behavior for a person participating in an ATV activity.” Appellee’s Brief at 15. In their reply brief, the Haires argue that Pfenning “does not change the conclusion that casual, recreational ATV usage still is not an organized sport” and that “common-law negligence principles apply here.” Appellants’ Reply Brief at 13. The Haires also argue that “[u]nder the Pfenning analysis, there must still be an organized sport, not merely a recreational activity.” Id. Lastly, the Haires contend that “[b]ecause recreational ATV usage is not an organized sport, and because there is no way to ascertain reasonableness as a matter of law, the inherent risk doctrine does not apply.” Id. at 14.

In Pfenning, Cassie Pfenning was injured by a golf ball at a golf outing when she was sixteen years old. 947 N.E.2d at 396. Specifically, Pfenning drove a beverage cart and after making several trips around the golf course “was suddenly struck in the mouth by a golf ball while driving the beverage cart on the cart path approaching the eighteenth hole’s tee pad from its green.” Id. at 397. The ball was a low drive from the sixteenth tee approximately eighty yards away. Id. The golfer’s drive traveled straight for approximately sixty to seventy yards and then severely hooked to the left. Id. The golfer noticed the roof of another cart in the direction of the shot and shouted “fore.” Id. But neither the plaintiff nor her beverage-serving companion heard anyone shout “fore.” Id. After hearing a faint yelp, the golfer ran in the direction of the errant ball and discovered the plaintiff with injuries to her mouth, jaw, and teeth. Id.

Pfenning brought an action against Joseph E. Lineman, the golfer who hit the ball that struck her. Id. at 396. Lineman sought summary judgment on grounds that he could not be held liable under a negligence theory because the plaintiff was a co-participant in the sporting event, and her injuries resulted from an inherent risk of the sport. Id. at 398. The trial court granted summary judgment in favor of the defendant. Id. at 396. On appeal, the Indiana Supreme Court “reject[ed] the concept that a participant in a sporting event owes no duty of care to protect others from inherent risks of the sport,” but adopted “instead the view that summary judgment is proper when the conduct of a sports participant is within the range of ordinary behavior of participants in the sport and therefore is reasonable as a matter of law.” Id. at 396.

The Court held:

We conclude that sound judicial policy can be achieved within the framework of existing Indiana statutory law and jurisprudence. As noted previously, there are three principal elements in a claim for negligence: duty, breach of duty, and a proximately caused injury. When there is no genuine issue of material fact and any one of these elements is clearly absent, summary judgment is appropriate. Colen v. Pride Vending Serv., 654 N.E.2d 1159, 1162 (Ind.Ct.App.1995), trans. denied. But rather than focusing upon the inherent risks of a sport as a basis for finding no duty, which violates Indiana statutory and decisional law, the same policy objectives can be achieved without inconsistency with statutory and case law by looking to the element of breach of duty, which is determined by the reasonableness under the circumstances of the actions of the alleged tortfeasor. Breach of duty usually involves an evaluation of reasonableness and thus is usually a question to be determined by the finder of fact in negligence cases. Kroger Co. v. Plonski, 930 N.E.2d 1, 9 (Ind.2010); [N. Ind. Pub. Serv. Co. v.l Sharp, 790 N.E.2d [462, 466 (Ind.2003) ]. But in cases involving sports injuries, and in such cases only, we conclude that a limited new rule should apply acknowledging that reasonableness may be found by the court as a matter of law. As noted above, the sports participant engages in physical activity that is often inexact and imprecise and done in close proximity to others, thus creating an enhanced possibility of injury to others. The general nature of the conduct reasonable and appropriate for a participant in a particular sporting activity is usually commonly understood and subject to ascertainment as a matter of law.

Id. at 403–404. The Court held that “in negligence claims against a participant in a sports activity, if the conduct of such participant is within the range of ordinary behavior of participants in the sport, the conduct is reasonable as a matter of law and does not constitute a breach of duty.” Id. at 404. In any sporting activity, however, a participant’s particular conduct may exceed the ambit of such reasonableness as a matter of law if the participant either intentionally caused injury or engaged in reckless conduct. Id. Such intentional or reckless infliction of injury may be found to be a breach of duty. Id. The Court concluded that “[a]s to the golfer’s hitting an errant drive which resulted in the plaintiff’s injury, such conduct is clearly within the range of ordinary behavior of golfers and thus is reasonable as a matter of law and does not establish the element of breach required for a negligence action.” Id.

Here, even assuming that this case is one “involving sports injuries,” we cannot say that the “general nature of the conduct reasonable and appropriate for a participant” in ATV riding “is usually commonly understood and subject to ascertainment as a matter of law.” Id. at 403–404. Specifically, we cannot say as a matter of law and Parker does not direct our attention to any designated evidence suggesting that his conduct of starting his ATV while standing beside it after the ATV had “tipped over” was conduct within the range of ordinary behavior of participants in the sport and reasonable as a matter of law. Appellants’ Appendix at 143. Accordingly, we conclude that an issue of fact exists as to whether Parker’s actions constituted a breach of duty and that the trial court erred in granting Parker’s motion for summary judgment.

For the foregoing reasons, we reverse the trial court’s grant of Parker’s motion for summary judgment.

Reversed and remanded.

BROWN, Judge.

BAKER, J., and KIRSCH, J., concur.

In: findlaw

Welch v Young

Court of Appeals of Indiana.

Cynthia Ann WELCH, Appellant–Plaintiff, v. Shawn D. YOUNG, Jordan Young, McCutcheon Youth Baseball League, Inc., Wea Summer Recreation and Wea Summer Recreation Center, Appellees–Defendants.

No. 79A02–1012–CT–1407.

    Decided: August 04, 2011

Frederick R. Hovde, Hovde Dassow & Deets, LLC, Indianapolis, IN, Attorney for Appellant. John T. Roy, Neha M. Matta, Travelers Staff Counsel Office, Indianapolis, IN, Attorneys for Appellees.

OPINION

Cynthia Welch was injured when a little league player who was taking practice swings struck her knee with a bat. She sued the player, Jordan Young; the player’s father and coach, Shawn Young; McCutcheon Youth Baseball League, Inc.; and Wea Township through Wea Summer Recreation and Wea Summer Recreation Center (“Wea defendants”).1 The Wea defendants and Shawn Young moved for summary judgment, which the court granted.2 Welch moved to correct error and her motion was denied.

Our Indiana Court has articulated a new rule for determining liability in cases like the one before us, and there are questions of fact as to where Jordan Young was when he was taking the practice swings and whether the game had started when Welch was injured. Thus, summary judgment was inappropriate under the new standard3 and we accordingly affirm in part, reverse in part, and remand .4

FACTS AND PROCEDURAL HISTORY

The facts most favorable to Welch, the non-moving party, are that Welch’s son played in the Wea Summer Recreation little league for a team coached by Shawn Young. Jordan Young, Shawn’s eleven-year-old son, was on the same team as Welch’s son. Welch described herself as the “team Mom.”5 (App. at 101.)

On May 30, 2007, Welch dropped off her son at the baseball field, then went to a drugstore to buy gum for the team. She returned and began passing out gum to the players. Jordan Young was warming up with practice swings outside the dugout, when his bat hit Welch in the knee.

Welch filed a complaint alleging various theories of liability. Shawn Young and the Wea defendants moved for summary judgment. In an order dated August 10, 2010, the trial court granted summary judgment for all the defendants for various reasons. It noted Welch admitted (1) an action against the coach, Shawn Young, was barred by Ind.Code § 34–13–3–5(b) because his employer, Wea Township, is a governmental entity; and (2) defendants Wea Summer Recreation and Wea Summer Recreation Center were not liable for Jordan Young’s negligence. The court also noted Welch had made no argument Shawn Young was liable in an individual capacity.

Welch moved to correct error, arguing she had not conceded the Wea defendants were not liable as a governmental entity or through their employee Shawn Young, and further arguing Shawn Young should remain a defendant in his capacity as coach for the little league team. In its order on the motion to correct error the trial court again granted summary judgment for the defendants, stating Welch was a participant in the event because she was the “Team Mom”: “Team Moms can be considered participants in the event. They have a title, a role to perform, and are expected to perform certain duties for the team and coaches when they volunteer to assume that role.” (Id. at 17.) Welch also “incurred the risk of injury when she stood in the area between the dugout and the opening in the fence.” (Id. at 19.) It found the Wea defendants were not liable because Welch’s injury was “due to risks inherent in the sporting event, and [Welch] incurred the risk of such injury as a spectator at the event.” (Id. at 16.)

On appeal, Welch makes no independent arguments concerning governmental immunity or premises liability. Instead, both parties address Welch’s status as either a spectator at or participant in the baseball game, and the implications of her status to the determination whether she incurred the risk of her injury. As explained below, that distinction can no longer serve as a basis for determining negligence in situations such as this.

DISCUSSION AND DECISION

When reviewing a summary judgment, our standard is the same as it is for the trial court: we determine whether there is a genuine issue of material fact, and whether the moving party is entitled to judgment as a matter of law. Monroe Guar. Ins. Co. v. Magwerks Corp., 829 N.E.2d 968, 973 (Ind.2005). Summary judgment should be granted only if the evidence sanctioned by Indiana Trial Rule 56(C) shows that there is no genuine issue of material fact and the moving party is entitled to judgment as a matter of law. Id. All evidence must be construed in favor of the opposing party, and all doubts as to the existence of a material issue must be resolved against the moving party. Id. If there is any doubt as to what conclusion a jury could reach, then summary judgment is improper. Beck v. City of Evansville, 842 N.E.2d 856, 860 (Ind.Ct.App.2006), reh’g denied, trans. denied. The party appealing a summary judgment, here Welch, has the burden of persuading us the summary judgment was erroneous. See Cortez v. Jo–Ann Stores, Inc., 827 N.E.2d 1223, 1230 (Ind.Ct.App.2005), reh’g denied.

1. Governmental Immunity

A lawsuit alleging an employee of a governmental entity acted within the scope of his employment bars an action against the employee personally. Ind.Code § 34–13–3–5(b). For purposes of chapter 34–13–3, an employee is “a person presently or formerly acting on behalf of a governmental entity, whether temporarily or permanently or with or without compensation.” Ind.Code § 34–6–2–38.

Welch alleged in her complaint that Shawn Young was an agent of Wea Summer Recreation and was “acting within the scope of that agency.” (App. at 119.) In their motion for summary judgment the defendants alleged “Shawn Young is entitled to personal immunity,” (id. at 92), and they argued in their memorandum in support of the summary judgment motion that an action against him was barred by Ind.Code § 34–13–3–5(b) because as a coach for a Wea Township program, he was an employee of Wea township.

In her response, Welch agreed that “as to [the Wea defendants] only, IC § 34–13–3–5(b) provides that an action against Shawn Young as an employee is barred.” (Id. at 33.) Accordingly, Welch designated as “Material Issues of Fact” only whether she was a “participant” and whether she incurred the risk of being hit by the bat.

In its order on Welch’s motion to correct error, the trial court said, “Shawn Young is dismissed from this part of the action” because he is immune from suit as a governmental employee. (Id. at 16.) Later in the same order, the court said Shawn Young was granted summary judgment, presumably in connection with his relationship to the little league.

The defendants argued in their appellate brief that Shawn Young was entitled to personal immunity as an employee of the township. Welch did not address that matter in either her brief or reply brief. We cannot say the trial court erred in dismissing Shawn Young to the extent his potential liability was premised on his status as a Wea Township employee.

2. Breach of Duty

Both parties’ remaining arguments are premised on whether Welch was a “participant” in the little league game when she was injured, or was merely a “spectator.” At the time of the briefing, that distinction had implications for the duty of care owed to Welch. But our Indiana Supreme Court’s recent decision in Pfenning v. Lineman, 947 N.E.2d 392 (Ind.2011), has changed how we assess negligence in this context.

In Pfenning, a golf outing was sponsored by a tavern and held at the Elks Country Club. Pfenning, then sixteen years old, attended at the invitation of her grandfather. She was driving a beverage cart on the cart path near the 18th hole when she was struck in the mouth by a golf ball. The ball was a low drive from the sixteenth tee, which was approximately eighty yards from where Pfenning was when she was struck. The drive traveled straight for approximately sixty to seventy yards, then hooked to the left. The golfer sought summary judgment on the ground he could not be liable for negligence when Pfenning was a co-participant in the sporting event and her injuries resulted from an inherent risk of the sport.

The Pfenning Court summarized the “diverging approaches” this court had utilized in addressing “the concept of duty in golf liability cases.” Id. at 398. It addressed Parsons v. Arrowhead Golf, Inc., 874 N.E.2d 993 (Ind.Ct.App.2007) (plaintiff golfer injured when he stepped from cart path onto the green); Bowman v. McNary, 853 N.E.2d 984 (Ind.Ct.App.2006) (plaintiff golfer injured when struck by club of another golfer taking practice swing); and Gyuriak v. Millice, 775 N.E.2d 391 (Ind.Ct.App.2002) (golfer struck in head by another player’s errant tee shot), trans. denied. All three opinions concluded that a sports participant has no duty to exercise care to protect a co-participant from inherent risks of the sport. Pfenning, 947 N.E.2d at 399.

The Pfenning Court noted we have employed

differing rationales to support a no-duty rule when analyzing sports injury claims but [have] consistently analyzed the issue of duty by focusing primarily on the injured plaintiff’s actual or presumed venturousness in undertaking inherent risks of a sporting activity rather than on the actions of the athlete whose conduct causes the injury.

Id. at 400–01.

Similarly, the Court found “[s]ignificant variations” among decisions from other jurisdictions addressing liability for sports injuries. Id. at 403. In its survey of approaches from other jurisdictions, the Pfenning Court noted:

Two states, New Hampshire and Arizona, provide enhanced protection from liability for sports participants by focusing not on the element of duty but rather on breach of duty, finding that no breach of duty occurs from the ordinary activities of a sport. Allen v. Dover Co–Recreational Softball League, 148 N.H. 407, 419–20, 807 A.2d 1274, 1285–86 (2002) (finding that defendants had a duty “to not create an unreasonable risk of injury,” that is, “not to act in an unreasonable manner that would increase or create a risk of injury outside the range of risks,” and that an inaccurate throw that strikes a base runner was “within the ordinary range of activity involved in playing softball which, even if negligent, cannot as a matter of law constitute unreasonable conduct under the circumstances”); Estes v. Tripson, 188 Ariz. 93, 95–96, 932 P.2d 1364, 1366–67 (Ariz.Ct.App.1997) [holding a base runner who collided with a catcher did not increase the inherent risks faced by catcher and thus there is no breach of duty as a matter of law].

Id. at 402.6

The Pfenning Court then rejected our “no duty” approach, finding it inconsistent with Indiana’s comparative fault system “and its explicit direction that fault’ includes assumption of risk and incurred risk.” Id. at 403. It noted “such considerations of a plaintiff’s incurred risk, even if evaluated by an objective standard, cannot be used to support a finding of no duty in a negligence action.” Id. (citing Heck v. Robey, 659 N.E.2d 498, 505 (Ind.1995), and Smith v. Baxter, 796 N.E.2d 242, 245 (Ind.2003)). In contrast, it noted sports injury decisions from this court that have

employed consideration of the “inherent risks” of a sport to justify development of a no-duty rule. We view the evaluation of such inherent risks to be tantamount to an objective consideration of the risk of harm that a plaintiff undertakes and thus unsatisfactory because it violates the Comparative Fault Act and the precedent of this Court.

Id.

The Pfenning Court reaffirmed that “strong public policy considerations favor the encouragement of participation in athletic activities and the discouragement of excessive litigation of claims by persons who suffer injuries from participants’ conduct,” so sound policy reasons support enhanced protection against liability to co-participants in sports events. Id. “Athletic activity by its nature involves strenuous and often inexact and imprecise physical activity that may somewhat increase the normal risks attendant to the activities of ordinary life outside the sports arena, but this does not render unreasonable the ordinary conduct involved in such sporting activities.” Id.

To achieve these policy objectives consistently with statutory and case law, the Pfenning Court decided, we must look to “the element of breach of duty, which is determined by the reasonableness under the circumstances of the actions of the alleged tortfeasor.” Id. The Court noted breach of duty, because it involves an evaluation of reasonableness, is usually a question to be determined by the finder of fact in negligence cases. Id. However, it held:

in cases involving sports injuries, and in such cases only, we conclude that a limited new rule should apply acknowledging that reasonableness may be found by the court as a matter of law. As noted above, the sports participant engages in physical activity that is often inexact and imprecise and done in close proximity to others, thus creating an enhanced possibility of injury to others. The general nature of the conduct reasonable and appropriate for a participant in a particular sporting activity is usually commonly understood and subject to ascertainment as a matter of law.

Id. at 403–04. The Court articulated this rule: “in negligence claims against a participant in a sports activity, if the conduct of such participant is within the range of ordinary behavior of participants in the sport, the conduct is reasonable as a matter of law and does not constitute a breach of duty.” Id. at 404. As to the golfer’s errant drive that resulted in Pfenning’s injury, “such conduct is clearly within the range of ordinary behavior of golfers and thus is reasonable as a matter of law and does not establish the element of breach required for a negligence action.” Id.

After Pfenning, then, the analysis of an injury like that before us is based not on the status of the plaintiff7 as a participant or spectator, or her incurrence of risk. Rather, the analysis should address whether the conduct of the defendant is within the range of ordinary behavior of participants in the sport. Id. at 405. If it is, “the conduct is reasonable as a matter of law and does not constitute a breach of duty.” Id. at 404.

Accordingly, our focus is not on whether Welch was a “participant” in the event, but on whether Jordan Young’s action—i.e., taking practice swings at the time and place of the injury—was within the range of ordinary behavior of participants in the sport.8 As there are genuine issues as to whether Jordan Young was inside or outside the baseball field and whether the injury happened before or during the game, that question could not be resolved on summary judgment.

Our Supreme Court offered little guidance in Pfenning as to the meaning of its new rule that “if the conduct of such participant [i.e., the alleged tortfeasor] is within the range of ordinary behavior of participants in the sport, the conduct is reasonable as a matter of law and does not constitute a breach of duty.” Id. at 404. However, other courts offer helpful insights. For example, the Supreme Court of New Jersey discussed the importance of examining the specific context of the recreational sport at issue:

In many recreational sports, softball included, some amount of physical contact is expected. Physical contact is an inherent or integral part of the game in many sports. The degree of physical contact allowed varies from sport to sport and even from one group of players to another. In addition, the physicality of sports is accompanied by a high level of emotional intensity [, which also varies] from sport to sport and from game to game.

Crawn v. Campo, 643 A.2d 600, 605 (N.J.1994) (citations omitted).

The New Hampshire Supreme Court noted a number of factors that may help determine the reasonableness of behavior by participants, sponsors, and organizers of recreational athletics: (1) the nature of the sport involved; (2) the type of contest, i.e., amateur, high school, little league, pick-up, etc.; (3) the ages, physical characteristics, and skills of the participants; (4) the type of equipment involved; and (5) the rules, customs, and practices of the sport, including the types of contact and the level of violence generally accepted. Allen v. Dover Co–Recreational Softball League, 807 A.2d 1274, 1285–86 (N.H.2002).

A defendant may be held liable for “creating or countenancing risks other than risks inherent in the sport, or for increasing inherent risks, and in any event will be held liable for recklessly or intentionally injurious conduct totally outside the range of ordinary activity involved in the sport.” Id. (quoting Foronda ex rel. Estate of Foronda v. Hawaii Int’l Boxing Club, 25 P.3d 826, 841 (Haw.Ct.App.2001)) (emphasis added). A defendant, however, may not be held liable for negligent, or even reckless or intentional, injurious conduct unless that conduct is outside the range of ordinary activity involved in the sport. Id. To demonstrate the importance of that context, the Foronda court noted “the very acme of achievement for a boxer is to so batter the opponent as to induce a temporary coma—otherwise known as a knockout.” Id.

Allen involved a softball player who was hit in the head by an errantly thrown softball during a co-recreational, slow-pitch softball tournament. The Court affirmed dismissal of the lawsuit, applying the factors it stated above. It noted participation in a softball game generally gives rise to the risk that a player may be struck by a ball that has been hit by a batter or thrown by a fielder. All of the players, including Allen, were adults. The ball used when Allen was injured was designed for use in games played by women, single sex and coed teams, teenage girls and ten- to twelve-year-old boys. The Court noted, “[w]hen fielding the ball ․ a fielder has a duty to not act unreasonably. In other words, the fielder has a duty to not act in a manner outside the range of the ordinary activity involved in playing softball.” 807 A.2d at 1286. As “reasonable fielders commonly make errant throws,” a fielder cannot be held liable for errant throws that reasonably flow from participation. Id.

In Estes, another decision our Supreme Court cited in Pfenning, Estes was a participant in company softball game. She was playing catcher and was injured when Tripson, a baserunner for the opposing team, accidentally stepped on and broke her leg while trying to score. The court noted Tripson ran the bases in an “ordinary and typical” manner. 932 P.2d at 1367. Estes did not assert Tripson intentionally or recklessly stepped on her leg, nor did she contest the assertion by observers that Tripson tried to avoid her leg. Estes asserted only that Tripson could have avoided her leg and his failure to do so was negligent.

The Estes court disagreed and affirmed summary judgment for Tripson:

Although we ordinarily leave questions of negligence or unreasonable risk to juries to decide, the courts retain authority to set “outer limits.” It is appropriate to do so here. There is no evidence that Tripson did anything as a baserunner to increase or exacerbate the inherent risks that Estes faced as a catcher in a softball game. As a baserunner intent on scoring, Tripson simply did not act negligently—did not breach a duty of reasonable care under the circumstances—in failing to perceive or make minute adjustments in his course that might have avoided contact with a catcher attempting to tag him out. To hold otherwise would unreasonably chill participation in recreational sports.

Id. (citation omitted).

Welch notes that in another little league in which Jordan Young participated, a batter that was warming up outside the dugout “typically would either be taking cuts outside the dugout with a parent’s supervision or another assistant coach.” (App. at 40–41.) She alleges the purpose of that supervision was “to make sure that the other kids aren’t wandering ․ into harm’s way.”9 (Id. at 40.) In the little league where Welch was injured, the players were told that if they are “swinging a bat, to know what their surroundings are, know who is around you, because you don’t know who is going to be around you when you were swinging a bat.” (Id. at 45.)

We have found no decisions specifically addressing injuries caused by a baseball batter taking warmup swings, but in Phares v. Carr, 122 Ind. App 597, 106 N.E.2d 242 (1952), we addressed a situation where a golfer injured someone while taking practice swings away from the tee. In Phares, we reversed a directed verdict for the golfer and driving range owner. The golfer stepped out of a shelter, selected a golf club, and took a full swing, striking and injuring Phares, who was walking past. The shelter, from which an attendant leased balls and clubs, was near the south end of a space between a parking area and the tees. There were benches and chairs in other parts of the open grassy space for the convenience of customers and spectators.

At the time of the injury, Phares was crossing the open space from her parked car to join friends who were already at the tees. She had never played golf and had visited the driving range only once before as a spectator. The golfer’s back was to her and she did not see the club in his hands as she tried to pass him. There were stones and rough places on the ground, and she was watching them immediately before she was struck. The driving range owner said he was “always having trouble with people swinging clubs off the tees” but he didn’t know what he could do about it. Id. at 601, 106 N.E.2d at 244. There were no warning signs on the premises, and no instructions regarding swinging clubs off the tees.

In Phares we did not apply a breach of duty analysis, as did the Pfenning Court, but instead addressed whether the doctrine of assumed risk applied. Under that doctrine “the proprietor of an athletic field or golf course is not liable for damages sustained by participants or spectators by reason of injuries which are reasonably incidental to the particular athletic events.” Id. at 602, 106 N.E.2d 242, 244 (emphasis added). The Phares determination the injury might not have been “reasonably incidental to the particular athletic events” offers guidance as to the application of the Pfenning standard that the conduct of the defendant be within the range of ordinary behavior of participants in the sport.

We noted Phares’ injury did not result from participation in an athletic event by either the golfer or Phares—it was the result of the golfer’s negligence when both he and Phares were outside the area provided for active participation in the sport. Id. at 602, 106 N.E.2d at 244. The evidence regarding the general character of such driving ranges was that most people at driving ranges are novices. Many people are hurt each year by clubs swung off the tees. “Several (ranges) have signs warning: Don’t swing clubs off the tees’ and, in most cases, they are so fenced off that you could not swing off the tees if you wanted to.” Id. at 601, 106 N.E.2d at 244.

As the trial court was not to weigh the evidence but to consider only the evidence favorable to Phares, and to determine therefrom whether there was any substantial evidence of probative value on each element of Phares’ case, the directed verdict for the defendants was error. Id.

We acknowledge the Pfenning “limited new rule ․ that reasonableness may be found by the court as a matter of law,” so that “in negligence claims against a participant in a sports activity, if the conduct of such participant is within the range of ordinary behavior of participants in the sport, the conduct is reasonable as a matter of law and does not constitute a breach of duty.” 947 N.E.2d at 404. But in the case before us we are faced with factual issues about “the conduct of [the] participant” that preclude our determination whether, as a matter of law, his conduct was “within the range of ordinary behavior of participants in the sport.” Id.

Specifically, there are fact issues as to whether the injury took place on the field or outside the playing area, and whether the game was underway or had not yet started. As we cannot be certain from the designated evidence before us whether Welch was injured before or during the game and whether she and Jordan Young were inside the ball field or outside it in an area where spectators normally are present, we cannot determine as a matter of law whether Jordan Young’s behavior while taking warmup swings was within the range of ordinary behavior of participants in little league baseball.

As to Jordan Young’s location when Welch was injured, Welch presented evidence she was about five or ten feet from the dugout and outside the fenced playing area, in a place where spectators commonly sat. Shawn Young testified people would “walk back and forth from that area” to the concession stand or to the seats behind home plate. (App. at 51.) Welch testified she was hit “[a]s [she] was passing out gum,” and she was “outside the field behind the fence that surrounds the field in the area where the spectator’s [sic] walk and those with their own chairs sit.” (App. at 75.) But Jordan Young testified that when she was passing out gum she was standing at “the door to the dugout ․ sort of right in the threshold.” (Id. at 61.) The trial court found Welch “incurred the risk of injury when she stood in the area between the dugout and the opening in the fence.” (Id. at 19) (emphasis added).

Welch testified the game had not yet started. But Shawn Young testified when Welch was hit, Jordan Young was the on-deck batter, the assistant coaches were “out in their base assignments, first and third,” (id.), and Shawn Young was “doing [his] coaching duties.” (Id. at 47.) Specifically, Shawn Young testified:

A. I kept book.

Q. Meaning balls and strikes—

A. Correct.

Q. —and hits and the whole thing?

A. Right. Yeah.

(Id.) Jordan Young testified his father was in front of the dugout “giving signals.” (Id. at 54.) He testified that after the incident, he took his turn at bat and finished playing the game. From the testimony that Jordan Young was “on deck,” the assistant coaches were at their positions at first and third base, the coach was giving signals and recording balls, strikes, and hits, and Jordan Young took his turn at bat after the incident, a trier of fact could infer the game must have been underway when Welch was hit.

The record before us presents issues of fact that will likely have a bearing on whether Jordan Young’s conduct when Welch was injured was within the range of ordinary behavior of participants in little league baseball. We must therefore reverse summary judgment for Young and remand.

Affirmed in part, reversed in part and remanded.

FOOTNOTES

1.  The Wea defendants own and operate the baseball field.

2.  The summary judgment motion does not list Jordan Young or McCutcheon Youth Baseball League, Inc. as movants. The chronological case summary indicates both were served as defendants, and no subsequent entry indicates either defendant was dismissed. Nor does the trial court address in its summary judgment orders the legal status of either defendant, except to note neither was named as a moving party on summary judgment. Accordingly, we address only those parties that moved for and were granted summary judgment: Shawn Young and the Wea defendants.As to Shawn Young and the Wea defendants, we note neither party has explicitly addressed on appeal the basis for their potential tort liability. Both parties’ arguments on appeal focused on the actions of Welch and Jordan Young. Welch’s complaint alleges Shawn Young was “negligent in the supervision of Jordan,” (App. at 119), and was an agent of Wea, but Welch does not explicitly address negligent supervision or agency in her appellate briefs.

3.  As explained below, while summary judgment for Shawn Young was inappropriate under our Supreme Court’s new standard to the extent he might be subject to liability based on his relationship to the little league, this summary judgment was not error to the extent he was immune from suit as a Wea Township employee.

4.  We heard oral argument June 23, 2011, at Indiana State University in Terre Haute before an audience of Hoosier Girls State participants. We thank the University and Hoosier Girls State for their hospitality and commend counsel on the quality of their advocacy.

5.  Welch’s affidavit indicated her duty as “team mom” was to find parents to work the concession stand. She “had no responsibilities in connection with any practices or games.” (App. at 74.)

6.  That focus on whether a breach of duty occurred seems most consistent with the new rule in Pfenning, 947 N.E.2d at 404 (adopting an approach that “is akin to that taken by the Arizona courts in Estes when faced with the Arizona Constitution’s explicit declaration that assumption of risk is a question of fact that shall be left to the jury”).

7.  It appears the decision in Pfenning was carefully worded to take the status of the victim out of the equation; it omits references to participants, co-participants, or spectators, and instead refers only to a sports participant’s liability to “others.” For example, the Court said:Because this Court has not previously addressed the issue of a sports participant’s liability to others, we granted transfer and now affirm summary judgment in favor of the golfer and the Elks but reverse summary judgment as to Whitey’s and the grandfather. We reject the concept that a participant in a sporting event owes no duty of care to protect others from inherent risks of the sport, but adopt instead the view that summary judgment is proper when the conduct of a sports participant is within the range of ordinary behavior of participants in the sport and therefore is reasonable as a matter of law.947 N.E.2d at 396 (emphasis added).

8.  As noted above, Jordan Young and the little league were not named as moving parties in the summary judgment motion. Welch’s lawsuit alleged the various defendants were liable based on Shawn Young’s negligent supervision of Jordan Young and his status as an agent of Wea Summer Recreation and the little league. The trial court’s summary judgment was premised on various theories including the township’s non liability as a governmental entity, and Welch’s purported admissions that an action against certain defendants was barred and those defendants were not liable for Jordan Young’s negligence. On Welch’s motion to correct error, the trial court determined Welch had, in fact, not conceded certain issues, and it addressed two additional questions—whether there is a duty from one participant in a sports activity to another, and whether Welch incurred the risk of her injury. On appeal, the arguments of both parties focused on whether negligence could arise from the actions of Jordan Young. We accordingly address only Jordan’s actions.

9.  Welch characterizes that testimony as meaning: “At Lions [little league] the only time a player was allowed to swing a bat outside of the playing field and outside the fence surrounding the field was with a parent supervising.” (Br. of Appellant at 2.) The testimony to which Welch directs us addressed what was “typically” done when a player was taking practice swings, (App. at 40), and the “verbal communication” about “what was expected of them when they were swinging a bat,” (id.), but it does not support Welch’s statement the players were not “allowed” to swing a bat in that area without supervision.

MAY, Judge.

BAKER, J., and NAJAM, J., concur.

In: findlaw

1 2 3 4 5 6 9