¿Qué cambia el nuevo decreto anticorrupción de Francisco?
5:00 p.m. | 7 may 21 (RNS/AM).- El Vaticano estrena nueva ley anticorrupción. El Papa publicó un decreto sobre transparencia en la gestión de finanzas que exige a cardenales, directivos y personal administrativo de la Santa Sede que declaren que no tienen condenas ni investigaciones por corrupción, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación de menores, trata de seres humanos o evasión fiscal. La Secretaría para la Economía tiene el encargo de investigar y verificar cada declaración, que se deberá renovar cada dos años. Además, queda prohibido para cualquier empleado del Vaticano aceptar regalos u “otros beneficios” por un valor superior a los 40 euros.
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El Papa continúa su decidido esfuerzo para reformar las finanzas del Vaticano. Un nuevo decreto establece nuevas normas jurídicamente vinculantes para garantizar la transparencia y evitar cualquier forma de corrupción por parte de los funcionarios del Vaticano -tanto clérigos como laicos- implicados en la gestión de dichas finanzas públicas. Con la norma, Francisco introduce cambios significativos en el “Reglamento General de la Curia Romana”, y en primer término prohíbe a todas las personas empleadas en la Curia Romana, el Estado de la Ciudad del Vaticano y las entidades relacionadas, aceptar o solicitar dinero o regalos por valor de más de 40 euros (unos 50 dólares), ya sea para sí mismos o para otra persona.
Durante su pontificado, Francisco ha observado casos de entrega de dinero o regalos en especie y en diversas formas a altos funcionarios por razones no acordes con el Evangelio, incluyendo la promoción o la aceleración de las causas de santidad, para ganar el favor de una organización o asociación, o para influir de alguna manera en la selección o el nombramiento de personas. Ha sido testigo de la mala gestión del dinero, como se ha visto en la compra de la propiedad de Sloane Avenue en Londres, y en inversiones que no están en consonancia con la doctrina social de la Iglesia.
El decreto añade que, “las normas y las mejores prácticas internacionalmente aceptadas exigen la transparencia de quienes desempeñan funciones clave en el sector público con el fin de prevenir y combatir los conflictos de intereses, las prácticas de patrocinio y la corrupción en general”. “Según la Escritura”, dijo el papa, “la fidelidad en asuntos de poca importancia está relacionada con la fidelidad en otros más importantes”.
Un segundo término explica que, los funcionarios del Vaticano, desde los jefes de departamentos en la Curia Romana y los responsables de otras oficinas o instituciones hasta los subdirectores que tienen contratos de cinco años y los que tienen funciones administrativas, judiciales o de supervisión en el Vaticano, estarán obligados a firmar una declaración cuando sean contratados, que deberán renovar cada dos año. Deberán afirmar que nunca han sido condenados por ningún tribunal ni han sido objeto de juicios o investigaciones penales pendientes sobre corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de dinero, explotación de menores o evasión fiscal.
Los funcionarios de la Curia también deberán declarar que no poseen, ni siquiera a través de terceros, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en lugares incluidos en la lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados allí por razones válidas, como la familia, el trabajo o los estudios). Deberán declarar que no están vinculados de ninguna manera a la financiación de actividades terroristas, a paraísos fiscales, a empresas cuya política sea contraria a la doctrina social de la Iglesia.
La nueva legislación entra en vigor de inmediato y lleva las políticas financieras del Vaticano más allá de las regulaciones acordadas internacionalmente, esbozadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2005, que el Vaticano firmó el 23 de septiembre de 2016. Y se complementa con el anterior motu proprio del Papa del 19 de mayo de 2020; que establecía nuevas normas “sobre la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.”
El decreto del Papa tiene repercusiones más allá de la Curia Romana, ya que obliga a las entidades vaticanas que no se rigen por el Reglamento para la Curia Romana a adecuar también sus propias normas a lo que él ha legislado. Esas otras entidades son la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, los Tribunales del Estado de la Ciudad del Vaticano y las demás entidades mencionadas en el Estatuto del Consejo de Economía. En otras palabras, el decreto de hoy servirá también como legislación para todas estas otras entidades.
ENLACE. Decreto sobre transparencia en finanzas pública (completo)
Verificación e investigación
La Secretaría para la Economía, el superministerio que maneja el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, no sólo guardará las declaraciones (cuya copia también deberá estar en la Secretaría de Estado), sino que además podrá realizar controles sobre la veracidad de las mismas. Y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas o mendaces, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos. Estas declaraciones también exigen que dicho personal atestigüe que, según su conocimiento, todos los activos, bienes muebles e inmuebles de su propiedad o remuneración de cualquier tipo provienen de actividades lícitas.
El decreto llega cuando se espera que Moneyval, un comité del Consejo de Europa encargado de evaluar la transparencia financiera de las instituciones, publique un informe muy esperado sobre el cumplimiento de las normas internacionales por parte del Vaticano. El informe se considera una prueba de la eficacia de los esfuerzos de reforma financiera de Francisco. El nuevo decreto dificultaría la participación del personal del Vaticano en transacciones como la operación inmobiliaria de 200 millones de dólares en Londres, que ha provocado la detención de cinco empleados del Vaticano y la caída de un destacado cardenal.
Un reciente informe del medio de comunicación italiano Rai3 descubrió que la Administración del Patrimonio de la Santa Sede del Vaticano, conocida como APSA, que gestiona los activos inmobiliarios de la institución, invirtió millones en empresas farmacéuticas que producen una versión de control de la natalidad conocida como la píldora del día después, que viola las doctrinas morales consagradas en la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI de 1968.
En mayo de 2019, el Papa emitió un reglamento sobre las adquisiciones de los departamentos del Vaticano, aplicando una mayor supervisión y limitaciones en la compra de bienes y servicios, y en diciembre del mismo año despojó a la poderosa Secretaría de Estado de sus activos financieros. Pero siguen existiendo áreas de opacidad financiera.
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Fuentes
Religion News Service / America Magazine / La Nación / Vida Nueva / Foto: AP – Gregorio Borgia
