Finanzas vaticanas: nueva investigación, transparencia en la información
1:00 p m| 10 oct 19 (ABC/LN).- En un gesto sin precedentes, el Vaticano informó de un registro judicial en dos de sus centros neurálgicos, la secretaría de Estado, que coordina la actividad de todos los departamentos, y la Autoridad de Información Financiera (AIF), encargada precisamente de combatir los delitos económicos como los que presuntamente se han producido. El resultado: cinco funcionarios suspendidos.
El hecho de reconocer de manera pública estos casos de corrupción -en centros estratégicos- confirma la línea de pasar este tipo de delitos directamente a la vía judicial, que incluye juicios públicos en el Tribunal del Vaticano, formado por magistrados laicos expertos en derecho penal. Días después brindó declaraciones el presidente del Banco Vaticano, para confirmar que simplemente se aplicó la ley, en un entorno óptimo vigilancia interna.
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Por primera vez en la historia reciente de la Iglesia, el martes pasado la gendarmería del Vaticano allanó las oficinas de la “terza loggia” del Palacio Apostólico de la Secretaría de Estado, el ministerio más importante de la curia romana y ombligo del poder de la administración central, en busca de documentos y aparatos electrónicos.
Además, suspendió en forma preventiva a cinco funcionarios de este dicasterio clave, que estarían involucrados en turbias operaciones financieras inmobiliarias millonarias, realizadas en los últimos años en el exterior, así como en reciclaje de dinero llegado al denominado óbolo de San Pedro, que recolecta las donaciones de todo el mundo.
Entre ellos -un prelado y cuatro laicos-, el personaje más en vista es Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el ente encargado de vigilar que no haya reciclaje o movimientos de dinero sospechosos. Y un monseñor, Mauro Carlino, jefe de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, que fue durante años secretario personal del cardenal Angelo Becciu, un hombre que hasta hace poco fue muy poderoso.
Becciu fue sustituto de la Secretaría de Estado, es decir, el número tres de la Santa Sede, desde 2011 hasta mediados de 2018, cuando el Papa lo reemplazó por el venezolano Edgar Peña Parra y lo desplazó a la Congregación para las Causas de los Santos.
El Papa, que fue alertado por el Instituto para las Obras de Religión (IOR, el banco del Vaticano) y el Revisor General de estas irregularidades en junio pasado, dio luz verde al inédito operativo porque “quiere ir hasta el fondo”, según trascendió.
En un fiel reflejo de su determinación a hacer limpieza, Francisco designó a Giuseppe Pignatone, ex fiscal general de Roma y destacado ex procurador antimafia, como nuevo presidente del tribunal criminal de la Santa Sede.
Aunque no hay demasiada información sobre el escándalo -revelado por el semanario L’Espresso-, medios italianos, que derramaron hoy ríos de tinta sobre el tema, hablaron de inmuebles comprados por centenares de millones de euros en París, en Londres y en Suiza. El Corriere della Sera escribió sobre un “edificio de lujo en Sloane Square, en el corazón de uno de los barrios más caros de Londres, sobre el que se invirtieron en forma aventurera 200 millones de euros”. Además, subrayó la “guerra interna” que se oculta detrás del escándalo, ya que Di Ruzza, yerno de Antonio Fazio, el ex director de la Banca de Italia (el banco central), “era de la cordada relacionada con el cardenal Tarcisio Bertone”.
El Huffington Post indicó que las sospechas se centran sobre el denominado “negocio Grolux”, una inversión inmobiliaria de 100 millones para comprar una prestigiosa propiedad en el número 176-206 de High Street Kensington, formada por 108 departamento y más de 5000 metros cuadrados de tiendas, que hoy valdría la mitad.
“No se sabe por qué motivo, de hecho, esta propiedad fue comprada en 2015, cuando era nuncio el arzobispo Antonio Mennini, en medio de la burbuja inmobiliaria y con una libra esterlina muy fuerte, cuando hoy su valor se derrumbó también debido a la incertidumbre por el Brexit”, escribió Maria Antonietta Calabró.
Esta vaticanista detalló que la empresa compradora resulta ser la británica Grolux, que maneja desde hace décadas inversiones realizadas por el Vaticano con dinero que recibió de parte del gobierno italiano cuando se firmaron en 1929 los pactos Lateranenses (que regulan las relaciones entre Italia y la Santa Sede). Calabró también destacó que, en todo caso, esa compra fue posterior a otro escándalo inmobiliario que implicó a ex directivos del IOR en diciembre de 2014, por el que están siendo procesados Angelo Caloja, Gabriele Liuzzo y su hijo.
Más allá de estos detalles, en el Vaticano era palpable la irritación, por no decir indignación, por el hecho de que el semanario L’Espresso publicó ayer el facsmil de un comunicado escrito por el comandante de la gendarmería vaticana, Domenico Giani, con el que avisaba, con nombre y foto, que cinco funcionarios habían sido suspendidos preventivamente de sus cargos, por lo que se iba a limitar su ingreso al Vaticano.
“Nunca pasó algo así en el Vaticano, con un escarnio al mejor estilo Far-West”, comentó un monseñor que denostó el trato dado a las cinco personas involucradas “como si se tratara de criminales”. En un clima de gran “imbarazzo”, palabra italiana traducible como “vergüenza”, se comentaba que otra anomalía fue que el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado y segundo del Papa, se enteró solamente a último momento de los allanamientos realizados el martes.
La versión del Osservatore Romano
Otra sorpresa fue que el Vaticano, que en otras épocas se hubiera mantenido en silencio, pero que fue el primero en comunicar escuetamente el martes que había habido allanamientos en la Secretaría de Estado, en un artículo publicado hoy en el diario oficial, el Osservatore Romano, salió a dar su versión de las cosas.
“La noticia de los allanamientos realizados por la magistratura vaticana y que tienen que ver con algunas personas al servicio de organismos de la Santa Sede tuvo, como es comprensible, un gran eco en los medios de comunicación”, admitió, en un artículo en el cual lamentó, sin embargo, que pocos destacaron “en forma suficiente” una evidencia. “Lo ocurrido demuestra concretamente que los procesos puestos en marcha por Benedicto XVI y llevados adelante por su sucesor, funcionan”, aseguró el Osservatore Romano.
El diario del Papa destacó asimismo que lo sucedido “demuestra que las nuevas leyes del Estado y de la Ciudad del Vaticano se están aplicando y que los organismos de control, de revisión y los mismos organismos controlados pueden señalar a la magistratura eventuales anomalías pidiendo que se aclaren”. Por lo tanto, “el doloroso camino anunciado en estos días no es entonces el síntoma del fracaso de un sistema, sino que, al contrario, demuestra que el sistema ha desarrolado los anticuerpos para reaccionar y que el proceso de reforma de los organismos económicos-financieros está bien encaminado”, agregó.
El Osservatore no ocultó, por otro lado, su malestar por la publicación en los medios de las fotos de los cinco implicados, pese a que “las eventuales responsabilidades aún deben definirse”. “Aquellos que fueron involucrados en la investigación tenían y tienen el derecho a ser respetados por su dignidad de hombres y mujeres, tanto se trate de sacerdotes, como de padres y madres de familia”, indicó.
Pese a esta defensa del Papa, es claro que el escándalo financiero será usado por los opositores de Francisco como una nueva arma de ataque. “El ala bergogliana se prepara para volver a proponer la tesis de un Francisco decidido a hacer limpieza; la adversaria a acusarlo de falta de capacidad de gobernar y tomar decisiones en nombre de la competencia y la honestidad”, sintetizó en un análisis Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera.
Presidente del Banco Vaticano niega “guerra interna”
“La reforma de las finanzas y del Instituto de Obras Religiosas es un proceso deseado e iniciado por el papa Francisco. Trabajamos tratando de cumplir con nuestro deber de la mejor manera posible, y en silencio”. Así lo ha declarado Jean-Baptiste Douville de Franssu, presidente del Instituto de Obras Religiosas (IOR), en la que es su primera entrevista desde su nombramiento en 2014, realizada por el periódico económico italiano Il Sole 24 Ore y recogida por Vatican News.
De Franssu, junto con el Director General Gian Franco Mammì, ha desarrollado durante los últimos años la reforma del Instituto. Hoy, el IOR está en sintonía con las normas y prácticas internacionales, si bien durante los últimos días ha salido a la luz la investigación que ha conducido a la suspensión de cuatro empleados de la Secretaría de Estado y del Director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), publicada por la propia Oficina de Prensa del Vaticano.
“No hay ninguna guerra entre los organismos”, ha subrayado Franssu, aclarando que esta investigación no parte de una disputa interna. “Somos simplemente funcionarios públicos que han aplicado la ley, cumpliendo con la obligación de denunciar, solo para proteger a las instituciones, las anomalías encontradas durante las operaciones cotidianas”, ha apostillado. Del mismo modo, el presidente del IOR ha matizado que no se ha “denunciado a personas ni a oficinas individuales”, sino que se ha “presentado un informe contra personas desconocidas para la protección de las instituciones”.
Continuar con la transformación
Asimismo, Franssu ha comentado que el IOR pertenece al circuito SEPA (marcas con garantía de seguridad), de lo que se entiende que “está completamente renovado en comparación con hace algunos años, en términos de gobernanza, controles internos, competencias profesionales disponibles y servicios prestados a los clientes”. Además, “los resultados son satisfactorios y el objetivo de hoy es continuar, afinar y perfeccionar lo que se ha hecho, especialmente en beneficio de los clientes”. Sin embargo, para Franssu, la reforma, “entendida como una mejora constante, continúa”, porque “la dirección de la transparencia y la legalidad nunca se abandona”.
En cuanto a la misión del Instituto, el presidente ha subrayado que esta sigue siendo la de “estar al servicio de la Iglesia en todo el mundo”. “No olvidemos que hoy, con una sola sede y una plantilla de poco más de 100 personas, el IOR llega a 112 países y que, a menudo, en áreas geopolíticamente críticas, privadas o carentes de servicios financieros fiables y eficientes, es el único referente para las congregaciones que operan en el territorio”.
“En segundo lugar”, ha continuado, “nuestros ingresos (que en 2018, 17,5 millones de dólares), se destinan a la acción pastoral del Papa”. Por lo tanto, es “útil reiterar que cuando una congregación, o en general un cliente, trabaja con el IOR, hace una contribución financiera directa y concreta a la obra del Santo Padre y no a la lógica exclusivamente económica típica de un banco”.
Antecedentes en Buena Voz:
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- Francisco pide “coraje y determinación” a cardenales que reformarán finanzas vaticanas
Fuentes:
ABC.es / La Nación / Vida Nueva