El Impuesto General a las Ventas (IGV) está diseñado para que afecte a los consumidores de distintas clases sociales por igual, ya que todos deben pagar lo mismo por el consumo de los bienes que requieren. Sin embargo, en un país en el que la pobreza bordea el 44,5% a nivel nacional, los individuos de menores recursos son los se ven más afectados ante el aumento de este tipo de impuesto.

Esta semana se ha propuesto una rebaja gradual del IGV para los próximos años, la cual implicaría que este impuesto pase de 19% en 2007 a 18% en 2008, hasta alcanzar el 15% para el año 2011. Esto se podría lograr debido al contexto económico favorable que atraviesa el país, que permite un continuo incremento de los ingresos fiscales. La pregunta entonces es: ¿permite el contexto económico, de mayores ingresos fiscales, una reducción del IGV? La importancia del IGV sobre los ingresos tributarios ha venido decayendo en los últimos años. Así, en julio de 2000 representaba el 31.3%, mientras que a julio de 2007 fue de 26,8%. Paralelamente, la participación del impuesto a la renta ha ido en aumento, al pasar de 20,1% en julio de 2006 a 38,5% en julio de este año, como consecuencia del aumento del Producto Bruto Interno.

Por tanto, el cambio en la composición de los ingresos tributarios parece permitir una reducción del IGV, sin que esto genere un impacto negativo sobre los ingresos en comparación a años anteriores. Sin embargo, la adopción de una política de disminución del IGV debe de estar fundamentada en la evolución de otras variables, entre ellas, la base tributaria. Leer más »

El terremoto del último 15 de agosto mostró que es necesario contar con instrumentos de prevención contra desastres naturales. En ese sentido, el Estado estaría trabajando con Swiss Re en la emisión de bonos catastróficos (i.e. bonos elaborados especialmente para ser utilizados en este tipo de contingencias) [1].

Sin embargo, existen condiciones estructurales que pueden hacer repensar esta decisión: (i) la débil institucionalidad para el enfrentamiento de siniestros, (ii) el menor apetito de los mercados financieros en comparación con el año pasado, (iii) la autoconstrucción y la escasa masa asegurada, que incrementan el riesgo de los bonos, (iv) la calificación de riesgo de estos bonos, que los haría adquiribles por los hedge funds y empresas de private equity, y no por las AFP.

Esto no significa que la opción de bonos catastróficos no sea atractiva. De hecho, tendría un efecto estabilizador en los gastos fiscales. No obstante, antes de su aplicación deben de adoptarse decisiones de política pública que disminuyan la vulnerabilidad del sector construcción y aumenten el aseguramiento contra terremotos. Sin perjuicio de lo anterior, otra alternativa es la creación de fondos gubernamentales para la ampliación de la cobertura de seguros contra terremotos.

Cabe precisar que el mercado mundial de bonos catastróficos ha cambiado mucho y muy rápidamente, especialmente luego del huracán Katrina. A julio de 2007, el monto del mercado de transferencia alterna de riesgos en seguros es de US$ 4.7 billones (entre bonos y garantías sectoriales de perdidas). Es importante precisar que los bonos catastróficos no han sido evaluados en grandes siniestros, lo cual hace más incierta su posible eficacia ante la ocurrencia de terremotos [2].

[1] Este tipo de bonos poseen características especiales: la indización, el alto riesgo que enfrentan los inversionistas y una elevada tasa de rendimiento como consecuencia.
[2] Existe el caso de Kamp Re, un vehículo especial auspiciado por Zurich Financial Services, que todavía debate sobre la activación de bonos catastróficos por el huracán Katrina. Reactions, Julio/Agosto 2007. Leer más »

Del total de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, el 80% son latinoamericanos. Según la CEPAL (2006), durante el período 1986 – 2002 los indocumentados en ese país pasaron de 3.2 millones a 9.3 millones[1]. Esta situación ha generado que el gobierno norteamericano baraje diversas opciones de política, desde legalizar la situación de los inmigrantes hasta endurecer las leyes. En un contexto de probable endurecimiento de la política migratoria, la pregunta es: ¿tendrá esto un efecto homogéneo en las economías de los países de la región?.A parecer, esto variaría de acuerdo con la escala, dinamismo y dependencia de cada economía.

En países como Guatemala y El Salvador las remesas superan las divisas que ingresan por inversión extranjera directa (IED), por lo que el efecto adverso sería mayor. Sin embargo, en países con economías más dinámicas y diversificadas, como Brasil y México, las remesas, a pesar de ser elevadas, no superan a las dividas que ingresan por IED y por ende no tendrían un impacto muy significativo[2]. Cabe aclarar que la principal fuente de información para el análisis comparativo de remesas es la balanza de pagos. Sin embargo, debido a las distintas especificidades de recolección de datos y a la diversidad en el mecanismo de envío de remesas, la agregación que ofrece el FMI sobre la balanza de pagos es sólo una aproximación.

Pero lo que aún se encuentra en discusión es el impacto social. Según la CEPAL [3], la atenuación de la pobreza en los países de la región sería poco significativa. No obstante, si el análisis toma como unidad a los hogares preceptores de remesas, más del 50% de los integrantes de dichos hogares estarían por debajo de la línea de pobreza si dejan de percibir dichas remesas. Además, es probable que las encuestas de hogares subestimen el volumen de remesas, por lo que el efecto en alivio a la pobreza podría ser mayor.

[1] Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe. CEPAL, 2006.
[2] El documento de la CEPAL registra tres categorías. Grades perceptores: Remesas superiores a 2500 millones de dólares, Medianos perceptores: Remesas cercanas o superiores a 1000 millones y Pequeños perceptores: no superan los 500 millones de dólares.
[3] CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2005), Panorama social de América Latina. 2005. Leer más »

Luego del último terremoto que asoló principalmente el departamento de Ica, se requiere volcar todos los esfuerzos en la formulación de políticas públicas que incentiven el crecimiento de la economía de dicho departamento. Para lograrlo, se debe promover la acumulación de capital a través de la inversión. Como el economista Robert Solow afirmó hace más de 40 años, éste es un factor necesario, más no suficiente, si se busca un crecimiento en la productividad agregada y en la producción nacional [1]. La misma conclusión se mantiene a nivel departamental.

Estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima indican que se requerirán US$450 millones en inversión pública y privada para reconstruir este departamento [2]. Tal como manifestó el Ministro de la Producción, Rafael Rey, Oswal Group y Terra Industries Inc. estarían aún más interesadas en invertir luego del desastre [3], acto que ha sido considerado por dicho ministerio como un gesto de solidaridad. Esto nos deja con una pregunta: ¿se puede considerar el acto de invertir únicamente como solidaridad, o es un acto movido por la conveniencia?

Por un lado, ¿por qué no se puede pensar que la solidaridad intergubernamental puede nacer también en grandes corporaciones extranjeras? Por otro lado, ¿es posible que las empresas, como agentes maximizadores de beneficios, inicien un proyecto a mediano o largo plazo sin que éste sea rentable? Actualmente, el patrimonio de Ica se encuentra en un nivel deficitario y, por ende, se han visto afectas las condiciones iniciales sobre las cuales se pueden construir las bases para su crecimiento futuro. De esta manera, una inversión en este departamento puede ser interpretada como solidaridad, como una apuesta por su futuro o como un aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad y subutilización de los activos existentes.

Es probable prever que en los próximos meses Ica posea las características de una economía en reconstrucción: tierras vendidas a precios bajos, mano de obra barata (abundancia relativa de capital humano con respecto al físico), mayores inyecciones de gasto público y privado, e inclusive el otorgamiento de incentivos económicos para nuevas inversiones. Estos factores pueden crear un clima favorable que deje entrever que un incentivo altruista no necesariamente es el motor de la inversión.

[1] Robert M. Solow. Technical Progress, Capital Formation, and Economic Growth. The American Economic Review, Vol. 52, No. 2, May, 1962, pp. 76-86.
[2] Diario El Comercio, jueves 23 de agosto de 2007.
[3] Reuters, América Latina, jueves 23 de agosto de 2007. Leer más »

El singular periodo de crecimiento económico al que asistimos desde hace más de seis años atrás, ha traído como consecuencia la expansión del crédito y demás servicios financieros en el país, producto del incremento en los niveles de consumo, inversión, comercio exterior, etc.

La intermediación financiera [1] en nuestro país se encuentra en niveles aún muy bajos (en torno al 22% del PBI) en comparación a países como Chile (60%) o Uruguay (36%); sin embargo, se puede apreciar que el crédito bancario ha experimentado un crecimiento de 74% entre el año 2003 y junio de 2007, al pasar de los US$ 10 869 millones a los US$ 18,741 millones. A pesar de que los créditos comerciales representaron el componente más importante dentro de los créditos totales (casi el 64%), y de que los créditos a microempresas tan solo representan el 5% del total, se observa un crecimiento mucho más acelerado de los créditos a microempresas, ya que éstas aumentaron en 163% durante el mismo periodo.

Por otro lado, en cuanto al desempeño de las instituciones microfinan
cieras no bancarias, tales como las Cajas Rurales, Cajas Municipales, y EDPYMES, se observa que, en conjunto, expandieron su oferta crediticia en 150%, al pasar de los US$ 269 millones en 2003 a los US$ 1 710 millones en junio de 2007. Dentro de este rubro, el crédito a las microempresas representa el componente más importante (54% aprox.)

Lo anterior nos lleva a concluir que el crecimiento de la intermediación financiera no solo se estaría concentrando en colocaciones, sino que se estaría expandiendo hacia sectores de menores recursos, que tradicionalmente estaban excluidos del crédito financiero. No obstante, esta expansión en cobertura continúa siendo muy baja, sobretodo en los departamentos más pobres del país, tales como: Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, Apurimac, Huanuco, Pasco y Loreto [2]. Frente a esto, se debe buscar nuevas estrategias de asistencia financiera para estas zonas del país.

[1] Medida como créditos sobre PBI.
[2] Estos departamentos concentran tan solo el 1,74% del crédito total. Leer más »

El pasado viernes 31 de agosto el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Ben Bernanke, aseguró que el Banco Central está preparado para reducir la tasa de interés si fuera necesario. Esta reducción estaría destinada a que los bancos puedan disponer de recursos y aliviaría las preocupaciones acerca del financiamiento disponible por parte de los inversionistas.

A su vez, el presidente Bush ofreció ayuda a los consumidores que hubieran sido afectados por la crisis del mercado hipotecario. Entre la principales medidas tomadas se encuentran: la modernización de la institución estatal que asegura las hipotecas, la creación de una agencia gubernamental que permita extender la garantía de las hipotecas de compradores con un buen historial crediticio, y la creación de un programa que informe a los consumidores acerca de los instrumentos financieros disponibles.

Así, las acciones de la FED para contrarrestar el impacto negativo generado por la crisis en el mercado hipotecario y el discurso del Presidente Bush lograron que el pasado viernes el Dow Jones cerra ra con 0,9% al alza, mientras que el S&P 500 y Nasdaq cerraron en más de 1,0%.

Las consecuencias de estas decisiones son que la FED mantiene la credibilidad de los inversionistas, y las acciones de la administración Bush son vistas con buenos ojos por parte de los consumidores; sin embargo, del mensaje se desprende que los especuladores no obtendrán ayuda y que no le corresponde al gobierno salvarlos de las malas decisiones tomadas. Leer más »

El 21 de agosto del presente año, el Banco Mundial presentó el estudio “Informalidad: Escape y Exclusión” [1], en el cual se señala que la informalidad es un fenómeno complejo que conduce a un equilibrio social no óptimo en el que los actores sociales participantes (trabajadores, empresas y microempresas) quedan desprotegidos en términos de salud y empleo. A su vez, el estudio señala que la informalidad se incrementa a causa de tres factores principales: impuestos laborales y mala legislación en seguridad social, políticas macroeconómicas que afectan a los sectores más propensos a optar por la informalidad, y reformas comerciales sin análisis de impacto en los sectores de menor productividad.

Si se utiliza la no inscripción en seguridad social, uno de los criterios esbozados en el reporte para medir el nivel de informalidad, el Perú ostenta más del 35% de informales independientes y más del 40% de informales asalariados; sean éstos informales por exclusión (i.e. los que no tienen posibilidad de inserción en el mercado) o informales por escape (i.e. los que deciden que ser informales es más beneficioso).

Estas cifras generan implicancias tanto a nivel microeconómico como a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes económicos involucrados. En el caso de los trabajadores, los salarios se reducen y se crea un subempleo que no puede ser controlado por el Estado. En el caso de las firmas, se genera dificultades y restricciones en el acceso al crédito que normalmente son mayores a las ganancias obtenidas por evasión fiscal. A nivel macroeconómico, los efectos se perciben en la menor recaudación fiscal y en la menor gobernabilidad.

Esto conlleva a entender la informalidad como un fenómeno complejo que, en países como el Perú, actúa como “colchón social” ante la pobreza y la desigualdad en el ingreso. Por ende, debe ser prioridad del gobierno el establecer políticas públicas en el mercado laboral que generen incentivos para el traslado hacia el sector formal, las cuales permitan que el sector informal sea incorporado paulatinamente al mercado.

[1] Perry, G.E.; Arias, O.S.; Fajnzylber, P.; Maloney, W.F.; Mason, A.D.; Saavedra Chanduvi, J. Informalidad: escape y exclusión. Washington: Banco Mundial, 2007. 248 p. (Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe). Leer más »

Luego del último terremoto del 15 de agosto, el gobierno se ha empezado a preocupar por el normal desarrollo de las actividades de las empresas microfinancieras (EMF) que operan en la zona afectada [1]. En particular, existen efectos adversos de corto plazo sobre la liquidez de dichas empresas y efectos de mediano plazo sobre las colocaciones de las mismas. El primer efecto se origina por un incremento de la demanda de dinero por parte de los ahorristas y la disponibilidad de recursos de las EMF, para cumplir con sus obligaciones. El segundo se origina ante la posibilidad de que los deudores, afectados económicamente por el sismo, no cumplan con el pago de sus obligaciones.

Al respecto, el MEF autorizó al Banco de la Nación a otorgar líneas de crédito hasta por 50 millones de nuevos soles a las EMF que operan en el departamento de Ica y la provincia de Cañete; asimismo, se supo que COFIDE está evaluando la posibilidad de una inyección de liquidez adicional [2] . Con respecto al probable incremento del riesgo crediticio, la SBS emitió una Resolución mediante la cual se establece el mantenimiento de la calificación de buenos deudores hasta el 31 de marzo de 2008, lo que permitirá que las EMF no aumenten el nivel actual de provisiones debido a un posible deterioro de su cartera de créditos. Todas estas medidas están destinadas a reforzar la gestión de liquidez y colocaciones de las EMF.

[1] A nivel geográfico, la concentración de los depósitos de las empresas bancarias tan sólo alcanza, en promedio, el 0.8% en la zona afecta. Por ello, el análisis se centra en las empresas microfinancieras (EMF).
[2] Diario Gestión, viernes 24 de agosto de 2007. Leer más »

Las economías de todo el mundo, en particular, las de América Latina, se encuentran a la expectativa del impacto que tendrá sobre ellas la actual crisis del sector inmobiliario en los Estados Unidos [1] en términos de una contracción del crédito mundial, incremento del riesgo país, volatilidad de los mercados financieros, rebrotes inflacionarios, disminución del comercio internacional, entre otros. A esto se suma la posibilidad de una eventual recesión económica de ese país [2].

No obstante, en el caso de una crisis económica norteamericana, el dinamismo de Europa y Japón y los todavía altos precios de los commodities –principalmente minerales, granos y cereales– atenuarían sus efectos sobre América Latina. Además, la región se encontraría menos vulnerable que en anteriores oportunidades pues sus países cuentan con excedentes en cuenta corriente, cuantiosas reservas internacionales, menor ratio de deuda externa sobre PBI, solidez fiscal y una política cambiaria flexible.

Una reciente publicación de la CEPAL ha planteado un factor adicional que fortalece a la región [3]. El estudio señala que el continente asiático, una década después de la crisis de 1997, es fuente fundamental del financiamiento del déficit comercial norteameri cano y ha absorbido durante 2005 y 2006 alrededor del 70% de las corrientes mundiales de inversión destinadas a los países en desarrollo, entre ellos, los países de América Latina. Esto ha desarrollado una expansión del comercio intrafirma e intraindustrial entre ambas regiones, derivado del creciente grado de complementariedad de sus países.

Al respecto, la creciente vinculación económico-comercial de América Latina con el Asia se viene convirtiendo en una base sólida de crecimiento económico regional en el mediano plazo, lo cual reduce paulatinamente la fuerte dependencia de los Estados Unidos. Cabe resaltar que, así como es necesario diversificar los mercados para poder presentar una mejor respuesta ante shocks externos y recesiones económicas de nuestros principales socios comerciales, resulta prioritario modificar la estructura de las exportaciones, la cual se concentra en recursos naturales y manufactura de baja intensidad tecnológica, además de fomentar el desarrollo de redes de cadenas producción y comercialización a nivel regional como extrarregional.

[1] Ver artículo: “Contagio por la crisis inmobiliaria de los EE.UU.”, 20 de agosto 2007
[2] La financiera Merrill Lynch ha ajustado hacia abajo sus proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos para 2008, del 2,3% al 1,5%.
[3]Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).“Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2006. Tendencias 2007”, agosto de 2007. Leer más »

Por las pérdidas humanas y materiales causadas, el terremoto ocurrido el pasado 15 de agosto califica como una tragedia nacional. Ante ello, cabe preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias económicas luego de terminado el periodo de crisis. A nivel macroeconómico, la economía seguirá creciendo, apoyada por el buen desempeño del sector construcción[1].

El sector construcción se caracteriza por tener altos efectos de arrastre para con las demás industrias y demandar una elevada cantidad de mano de obra. En los últimos cinco años, el mismo ha mostrado un crecimiento sostenido que en promedio ha alcanzado el 8%[2]. Para el año 2007, las proyecciones de crecimiento de este sector están sustentadas en los proyectos de mejora de infraestructura vial e inmobiliaria, cuya ejecución se verá facilitada por la reciente creación de las Empresas Administradoras Hipotecarias y por los nuevos programas de vivienda del Estado tales como “Mi Callejón”[3], además de la reformulación del “Programa Mi Vivienda”[4].

Sin embargo, en una perspectiva regional, el sismo afectará fuertemente la zona central del desastre, localizada al sur del Perú, en el departamento de Ica. Durante el último sismo ocurrido a finales de 2002, el Banco de Materiales otorgó préstamos por un monto de S/.32,2 millones como parte del programa de emergencia, en un momento en el que la economía peruana comenzaba a mostrar signos de recuperación[5].

Dada la situación actual, no se descarta una acción similar por parte del gobierno, aunque cabe tomar en cuenta que el contexto conlleva una mejor posición financiera en la cuentas fiscales y una mejora en el poder adquisitivo de la gente, así como un mayor acceso al financiamiento inmobiliario.

Debido a que los inversionistas observan el desempeño a nivel nacional y no el crecimiento regional, el efecto de corto plazo del sismo no reduciría necesariamente las perspectivas de crecimiento económico ni las decisiones de inversión. Sin embargo, las consecuencias en el mercado de trabajo iqueño, en las exportaciones de productos agrícolas y en la infraestructura regional no son tan alentadoras. Debe ser prioridad del gobierno apresurar las mejoras en esta región.

[1] Accesible en: http://www.rpp.com.pe/portada/economia/92695_1.php
[2] Fuente: INEI.
[3] Programa de mejora y saneamiento de solares antiguos.
[4] Desde mediados de 2006 el fondo Mivivienda comenzó a otorgar créditos bajo las modalidades de Crédito de Riesgo Crediticio y Pago al Buen Pagador (CRC-PBP) así como Créditos Estandarizados (CME).
[5] La economía peruana venia de una fase recesiva. Leer más »