El pasado lunes 28 de mayo la policía nacional desalojó a los invasores del mercado de Santa Anita, luego de aproximadamente cinco años de posesión ilegal del terreno por miles de personas. De esta manera se puso fin a un caso más que puso en evidencia la ineficiencia del Poder Judicial, la débil defensa de los derechos de propiedad y el escaso desarrollo del mercado de títulos de propiedad en el Perú. Este caso debería ser un recordatorio para los hacedores de política de que aún hay reformas pendientes, sobre aspectos fundamentales para promover un crecimiento económico fuerte y sostenible en el país.
Existen condiciones que permiten que el mercado funcione como mecanismo eficiente de asignación de recursos. Si estas condiciones se cumplen, se espera que las propias fuerzas del mercado generen un continuo movimiento de factores de producción (capital, tierra y trabajo) hacia usos cada vez más productivos, lo que es una de las principales fuentes de crecimiento de la productividad y de la producción en una economía. Algunas de estas condiciones son las siguientes: i) el respeto de los derechos de propiedad; ii) una eficiente administración de justicia y iii) la estabilidad en las reglas de juego y confianza en las instituciones. Lamentablemente, estas tres condiciones básicas en una economía de mercado están lejos de cumplirse en el Perú.
El Informe de Competitividad Global 2006-2007, publicado por el Foro Económico Mundial, realiza un escalafón de 125 países de acuerdo al desarrollo relativo en aspectos fundamentales para el funcionamiento del mercado, el crecimiento de la competitividad y el crecimiento económico. Según dicho informe, el Perú ocupa el puesto 74 en el índice de competitividad global, el puesto 106 en el ranking de derechos de propiedad, el 112 en el de eficiencia del marco legal, y el 119 en el de independencia del Poder Judicial.
Es evidente que aún hay mucho por hacer. Sobre todo porque las condiciones expuestas anteriormente son sólo condiciones necesarias para que el mercado maximice bienestar, pero no son suficientes. Luego de garantizar el buen funcionamiento del mercado, hace falta que el Estado atienda aquellos aspectos donde el mercado falla; produciendo bienes públicos, defendiendo la libre competencia, etc.
