La semana pasada la comúnmente llamada ley de nativos o ley de la Selva, fue derogada por el pleno del congreso ante un clima de amenaza y presión popular. Lo que nuevamente caracterizó a estas protestas fueron los cierres de carreteras, toma de puentes, tomas de comisarías, etc; es decir, el uso del vandalismo y la fuerza como herramienta de “negociación”. ¿Cuál es la implicancia de esta medida? ¿Cómo afecta nuestra economía?
Bajo la Ley No. 29157, que aprobó el Congreso, delegó al Presidente de la República la potestad de legislar por un plazo de 180 días sobre materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Una de las leyes emitidas durante la vigencia de este plazo fue la 1015, precisándose posteriormente bajo la ley 1073, bajo las cuales se pretendía reducir a 50% más uno el quórum mínimo necesario para que las comunidades campesinas de la Sierra y la Selva tomen decisiones autónomas sobre el uso de sus tierras; lo que ya sucede con los campesinos de la costa. Con la derogatoria de estas leyes, el Congreso dispuso restituir los artículos 10 y 11 de la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las actividades económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, por la que se establece que para ejercer cualquier acto en tierras comunales de la Sierra y Selva era necesario el acuerdo de la asamblea general de la comunidad con el voto conforme de no menos de los dos tercios de sus miembros.
El objetivo de estas leyes finalmente era el elevar la productividad de las tierras comunales bajo el acceso a la inversión privada. Por un lado, la consigna del gobierno parece ser que si los comuneros no tienen acceso a los recursos para invertir en sus tierras, dejemos que otros lo hagan por ellos. Por otro lado, los comuneros no están de acuerdo con que sólo el 50% de ellos puedan tomar las decisiones de qué hacer con sus tierras. El debate de propiedad de tierras comunales e inversión privada parece haberse reducido a un tema de cuál es el mejor sistema de toma de decisiones, sintiéndose amenazados los comuneros porque un número menor de ellos podría tomar decisiones erradas. Lo cierto es que bajo las condiciones actuales, las tierras comunales no atraen inversión y el gobierno no encuentra la forma de hacer partícipes del crecimiento económico a sus pobladores. Poniéndolo en términos económicos, para el actual gobierno el costo de oportunidad de tener tierras comunales sin un mayor valor agregado es muy alto, en el actual contexto de crecimiento económico.
El debate toma quizás mayor relevancia si lo ponemos en un enfoque mayor, ¿cómo generamos que aquellos pobladores se inserten en la economía y puedan acceder a mayores bienes y servicios que les genere mayor bienestar? Es cierto que las leyes derogadas no eran la solución al problema y que debió ser consultada y elaborada en conjunto con sus afectados, error grave del actual gobierno; sin embargo, el oponerse con violencia afectando la democracia y el principio de autoridad que nos separa de un estado de anarquía tampoco lo es. Los eventos de violencia producen una mayor imagen de riesgo sobre las inversiones en el país, presión al alza de la inflación, mayor debilitamiento del sistema democrático, todos en contra de nuestro desarrollo.
