El pasado martes, el presidente García indicó que los municipios estarían en la capacidad de recaudar lo referente al RUS[1] y RER[2], a través del cual tributan las medianas y pequeñas empresas, lo que ayudaría a incrementar la recaudación tributaria bajo la lógica de que éstos tienen un mayor acercamiento a la población y conocen a los sectores informales en los cuales se evidencia una mayor evasión. De esta manera, el encargo de la recaudación incrementaría las rentas de los municipios lo que les ayudaría a la realización de mayores obras.
En tal sentido, la propuesta de García implica una manera interesante de aumentar la recaudación, mediante el incremento de la base tributa (a través de la reducción de evasión) y no implicando ejercer mayor presión tributaria sobre aquellas empresas formales que ya pagan sus impuestos.
Pero, ¿que tan factible es ésta propuesta? ¿Es posible que los municipios verdaderamente cuenten con la capacidad logística de realizar esta función?, cuando vemos en algunos distritos que: i) aún persisten las amnistías que implican incentivos perversos a los que si pagan impuestos, ii) no se ha conseguido una eficiencia aceptable en el cobro del impuesto predial y arbitrios y finalmente, iii) se cuenta con una baja capacidad de ejecución del gasto, dada la escasez de proyectos eficientes. Estos tres factores, entonces, nos hacen pensar que al transferir más recursos a los municipios, se hará un uso ineficiente de los mismos.
Si bien es cierto que los factores negativos mencionados en el párrafo anterior implicarían importantes barreras en la implementación del proceso de recaudación, por parte de las municipalidades, lo cierto es que hay sectores informales y otros alejados, a los que la Sunat no llega y por tanto no se recauda, pero a los cuales el Estado si provee de otros servicios (seguridad nacional, salud, educación, etc.)
Por ello, si con la actual capacidad instalada de los municipios se puede llegar a incrementar la recaudación, implicando que no exista pérdida de eficiencia en sus funciones habituales, ni la generación de incentivos perversos que reduzcan la eficiencia del gasto, entonces la medida debiera ser implementada.
[1] Régimen Único Simplificado.
[2] Régimen Especial de Impuesto a la Renta.
Adoptar una posición política de esa manera, traería consecuencias negativas al país, pues se pretende sustraer una función específica de un ente del estado para trasladárselo a otro que no tiene la capacidad para realizar dichas funciones. Efectivamente es cierto que si se brindan las condiciones una política estatal de tal magnitud puede resultar, pero entonces eso quiere decir que primero debe realizarse un análisis de viabilidad y económico para determinar si efectivamente tienen capacidad para recibir esa función, o en todo caso reforzar estas instituciones para que estas puedan afrontar las nuevas funciones. No hacer ni dejar hacer, se trata de establecer instituciones sólidas u establecer un plan piloto a fin de que las municipalidades sean capaces de afrontar el problema de la evasión y mejorar la recaudación tributaria