Un ejemplo de las dificultades para hacer negocios en el Perú es la reciente promulgación de una serie de decretos legislativos para acelerar el otorgamiento de concesiones en la selva. El Convenio 169 de la OIT y ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas, firmado por el estado peruano, establece que este tipo de medidas deben ser consultadas con los pueblos afectados. Estos tratados tienen rango constitucional y por ello prevalecen sobre cualquier otra norma o decreto. Al no haber un proceso de consulta con los pueblos afectados, los pueblos indígenas realizaron una serie de protestas, incluyendo bloqueos de carreteras, huelgas y desfiles. En respuesta a las protestas, el Estado decretó estado de emergencia en 9 distritos de la selva, comprometiendo los derechos humanos de los protestantes, que a su vez se declararon en insurgencia. Luego de una serie de diálogos se ha logrado acuerdos parciales.
Este es un claro ejemplo de cómo el Estado, al tratar de tomar un atajo para favorecer inversionistas multinacionales, ha terminado imponiéndoles mayores costos, pues además de las negociaciones previas con el Estado, ahora las multinacionales tienen negociar con las comunidades.
Las concesiones pueden crear beneficios económicos y sociales para el Estado, para las comunidades locales y para los inversionistas. Lo importante (y lo más difícil) es que los beneficios sean distribuidos de manera justa, basada en el diálogo con concesiones políticas y de poder por las partes afectadas y en un sistema claro y transparente.
[1] Para más información, visitar www.doingbusiness.org
El ser más papistas que el Papa en cuestión de incentivos a la inversión privada (qué lejos están los tiempos del repudio a la inversión extranjera de los años 85 al 90), puede llevar al Gobierno a cometer excesos, como el de desconocer los derechos de las comunidades nativas aledañas a las futuras concesiones, y cuyo descontento puede ser aprovechado con fines políticos-electoreros y/o extremistas. Esto puede dar lugar a un clima de mayor incertidumbre para las inversiones, que finalmente puede desembocar en una baja de la calificación de riesgo. Así la estampida de los inversionistas a otras plazas está asegurada. No hagan que el codo borre lo que hizo la mano.