Tomemos el planteamiento del Congreso como una reducción de impuestos a modo de simplificar. De concretarse, el consumidor tendría un mayor ingreso disponible, lo que se traduce en un mayor gasto de consumo. Sin embargo, no todo el mayor ingreso disponible se traduce en consumo, ya que las familias también ahorran. La Macroeconomía nos indica que tanto el gasto de gobierno como los impuestos, ambos herramientas de política fiscal, tienen un efecto multiplicador sobre la demanda agregada [1]. El multiplicador de impuestos es menor al multiplicador de gasto debido a que no toda la reducción se va al gasto de consumo; la que dependerá de la magnitud de la propensión marginal a consumir.
El principal argumento a favor es que significaría un mayor ingreso para los trabajadores ante una eventual desaceleración de la economía y contracción del crédito. Por otro lado, el principal argumento en contra se centra en que significaría un “forado” en la recaudación para el Estado. Como indicamos, la teoría económica nos indica que si de incentivar la demanda agregada se trata, el gasto de gobierno es más eficiente que la reducción de impuestos; sin embargo, esto no significa que lo segundo sea perjudicial. Ambas herramientas pueden utilizarse; no son excluyentes. Considerando los limitantes de la política fiscal [2], el manejo de la misma ante una eventual reducción del crecimiento e impacto sobre el empleo es difícil. Finalmente, el tema de fondo es analizar si los actuales niveles de impuestos son altos, observar experiencias foráneas y debatir las medidas.
[1] El efecto multiplicador actúa de la siguiente manera: para el caso del gasto, al ser un componente del gasto agregado, afecta directamente la demanda agregada; con ello, el PBI real cambia e induce a un cambio en el gasto de consumo, lo que produce que el gasto agregado cambie nuevamente. Para el caso de una reducción de impuestos, el efecto es similar al de un incremento en el gasto
[2] Podemos mencionar tres limitantes: el retraso en el reconocimiento, el retraso en la implementación de leyes, y el retraso en el impacto de las leyes aplicadas
