Un clima de tensión política se vive en Bolivia. La medida del gobierno que intenta impulsar una constitución “socialista” es vista por sus opositores como una constitución “indigenista” que atenta contra sus intereses. Las protestas son impulsadas por los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija[1], quienes reclaman la devolución de USD 166 millones de dólares en regalías petroleras y se aplique un régimen de gobierno departamental autónomo.
Para los opositores, el gobierno intenta plantear un modelo socialista, centralizador y comunitario, en contra de lo que, en Santa Cruz por ejemplo, vienen impulsando hace muchos años y ha producido que sea uno de los departamentos con mayor prosperidad económica; democracia participativa. Bolivia es un país geográficamente dividido entre el altiplano pobre y de mayoría indígena, y las tierras bajas del este más ricas, de raza mestiza y blanca[2].
Los efectos de los conflictos suscitados entre quienes apoyan al gobierno central y los opositores causó que esta semana las exportaciones de gas a Brasil y Argentina se vean afectadas por tomas de estaciones del gasoducto; a nivel diplomático tanto EEUU y Bolivia expulsaron a sus respectivos embajadores; en el mercado interno el gas y el combustible escasearon[3], que sumado al cierre de carreteras creará presiones inflacionarias; a nivel regional este conflicto sigue creando un mal precedente para la democracia y el buen clima de negocios en América Latina, razón por la cual distintos presidentes han mostrado su apoyo al gobierno de Morales[4].
[1] Según el cuadro adjunto, curiosamente, los opositores son los departamentos de Bolivia con mayor Índice de Desarrollo Humano.
[2] Según el Censo Nacional del 2001, el 62% de la población se autodenomina indígena, donde el 53,4% se ubica en zonas urbanas y el 77,7% en zonas rurales.
[3] Bolivia es el segundo productor de hidrocarburos del continente.
[4] En el último referéndum la población le dio un 70% de respaldo al gobierno de Evo Morales.
