Lo que más resalta en términos positivos del desempeño económico de los primeros dos años de gobierno de Alán García es la continuidad del crecimiento y la reducción de la pobreza total. Por el contrario, lo que más decepciona y preocupa es el incremento de la desigualdad y la persistencia de la exclusión y de la pobreza extrema, en particular en las zonas rurales andinas y amazónicas de nuestro país. La mayor parte de las regiones del país (16) tiene niveles de pobreza sobre el 40% de la población, y en el peor caso es cerca a 90%, en Huancavelica.
La economía del Perú ha crecido entre el 2002 y 2007 a un ritmo promedio de 6% anual, y durante el periodo del Gobierno del Presidente García se ha acelerado la tasa de crecimiento. En términos acumulados, el PBI de mayo de 2008 fue 27% mayor que el de julio de 2006 (medido por el índice del BCRP). En el 2007 el PBI creció en 9% con respecto al 2006, con lo cual llegó a un PBI anual de US$109 mil millones. Algo similar se observa en el PBI por habitante, el cual pasó de US$3 302 en el 2006 a US$ 3 385 en el 2007. Estos resultados, sumados a los niveles de las reservas internacionales (S/.99 mil millones), de la inversión privada (23% del PBI), del ahorro interno (24,4% del PBI), la apertura de los mercados externos (TLC con EEUU y otros países y regiones) y la reducción relativa de la deuda pública (27,2% del PBI) ha llevado a que la percepción del riesgo país se reduzca, obteniendo el grado de inversión, lo cual coloca al Perú dentro de los países más atractivos para la inversión privada. Esto ha tenido un impacto positivo en el mercado laboral, especialmente en las empresas formales. El empleo urbano en empresas de 10 y más trabajadores se ha incrementado en 13.5%, mientras que el empleo en Lima en empresas de 100 y más trabajadores se incrementó en 18.7%.
Sin embargo algunos de los resultados macroeconómicos empiezan a preocupar. Las tasas de crecimiento alrededor de 10% han llevado a un incremento muy alto de la demanda interna (gasto público y de las empresas y familias) y, por lo tanto, un aumento de la inflación, la cual llegó en junio de 2008 a una tasa de 5.7% anual. Resalta principalmente el aumento de los precios de los alimentos, lo cual afecta principalmente a las familias de menores recursos, quienes dependen de una distribución del gasto que otorga mayor peso a los alimentos. Al respecto el BCRP ha optado por un encarecimiento del crédito mediante una mayor tasa de interés. El mercado de capitales tampoco se ha desempeñado favorablemente en los últimos meses. La caída del precio del zinc, relacionado con la alta dependencia de la Bolsa a las acciones mineras, se suma a la salida de inversionistas extranjeros por la crisis internacional y su reducción de exposición al riesgo de países emergentes.
Las encuestas de opinión publicadas en varios medios durante el último mes notan una baja aprobación del Presidente, menor al 30% de la población. Asimismo, la gran cantidad de conflictos sociales latentes y activos demuestra la insatisfacción de la población con la orientación de las políticas y la falta de la presencia del Estado cuando se enfrentan a empresas con los intereses de la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo reportó al mes de junio la existencia de 132 conflictos sociales, de los cuales 86 se encuentran activos (65%) y 46 en estado latente (35%). En el último mes, resalta el paro general en Moquegua por la distribución del Canon, que incluyó la captura de policías por parte de los manifestantes, y el paro nacional, que contó con una amplia movilización en todas las regiones y algunas manifestaciones violentas, en particular la de Madre de Dios donde se quemó la sede del Gobierno Regional, como protesta hacia las leyes promovidas por el Ejecutivo para cambiar las condiciones de decisión para la privatización de los territorios de las comunidades andinas y amazónicas. Con poco acierto, se ha propuesto una ley que autoriza la represión con el uso de armas letales contra la población y la intervención de los militares en caso de manifestaciones.
Dentro de los cambios institucionales resalta la transferencia de funciones del Gobierno Central hacia los Gobiernos Regionales y la creación del Ministerio del Ambiente. Las transferencias no han tenido aún un mayor impacto debido principalmente a que han sido principalmente administrativas y existe una limitada capacidad de gestión en los Gobiernos Regionales, en donde se ha aumentado sus funciones pero no los recursos para contratar más personal y en condiciones adecuadas. Por su parte, la implementación del Ministerio del Ambiente ha tenido una gran acogida en el mundo y a nivel de la ciudadanía, sin embargo resalta la poca coherencia entre las políticas ambientales que propone este despacho con las de los Ministerios de Agricultura, de la Producción y de Minería.
En el contexto de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- EEUU se ha expedido ciento dos (102) Decretos Legislativos en los últimos seis meses. Entre los cuales resalta una nueva ley para el Centro de Planeamiento Estratégico Naconal-CEPLAN, que aún no se implementa a pesar de existir desde antes del actual gobierno, y los avances en la implementación de una carrera administrativa y la reforma en los Gobiernos regionales y locales.
El contexto internacional no ha favorecido mucho. La crisis de Estados Unidos, que es uno de nuestros principales mercados de destino de las exportaciones, y el alza de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos influyen negativamente.
Algunos de los principales desafíos para los siguientes tres años que le quedan a Alan García como presidente son: reducir los riesgos inflacionarios, mejorar el impacto de los programas sociales (fortalecer la estrategia Crecer) y de infraestructura básica (saneamiento, vivienda, electricidad, carreteras), mejorar la capacidad de gestión de los ministerios y apoyar a las regiones a ejecutar mejor sus gastos, darle coherencia a la política ambiental en todo el poder ejecutivo, implementar el CEPLAN, promover políticas inclusivas (especialmente en la Sierra y la Selva), mejorar el acceso a la salud y la calidad de la educación, luchar contra la corrupción (tema descuidado) y el narcotráfico, mejorar la seguridad sin promover la represión violenta, y respetar la participación ciudadana, la transparencia y los espacios de diálogo.
