REFORMA PREVISIONAL EN CHILE

A partir del 1 de julio del 2008, entró en vigencia la reforma del sistema previsional en Chile, principal promesa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, quien a inicios de 2006, convocó a un grupo de expertos conocidos como la Comisión Marcel[1]. Esta reforma basada en principios de equidad, solidaridad e incentivo al ahorro, intenta solucionar algunas deficiencias surgidas que no se previeron al momento de instaurar el modelo original pensionario en los años 80 y que ponían en riesgo el financiamiento de las jubilaciones de los afiliados a las AFP[2] y el acceso a pensiones mínimas[3].

La reforma incluye los siguientes principales elementos:

– Pensión Básica Solidaria (PBS) a todos los chilenos mayores de 65 años que pertenecen al 60% más pobre del país y que no han cotizado a alguna AFP.
– Aporte Previsional Solidario (APS) o aporte fiscal al fondo de pensiones, para quienes sí han cotizado en el sistema pero sus pensiones son bajas.
– Bonificación por hijo nacido vivo: el Estado depositará un bono de aproximadamente US$ 532 en el fondo de pensiones de la madre, sin importar su condición socioeconómica[4].
– Subsidio parcial de las 24 primeras cotizaciones de los trabajadores jóvenes con menores ingresos y subsidio al empresario por la contratación de jóvenes.
– Ahorro voluntario colectivo: ahorro de los trabajadores para mejorar su pensión, que será complementado por su empleador, pudiendo éste utilizar ese complemento como escudo fiscal.
– Obligatoriedad de que los trabajadores independientes coticen en una AFP. Los próximos tres años serán debidamente informados[5] y luego cotizarán escalonadamente para que a partir del 2015, lo hagan por toda su renta imponible.
– Licitación bienal para que la AFP que ofrezca la menor comisión de mercado afilie a toda la masa de trabajadores que ingresa al mercado laboral anualmente (aproximadamente 200 mil personas).
– Las AFP podrán subcontratar una serie de servicios, como la administración de cuentas con distintos bancos[6]. Con estas reformas se pretende incluir en el sistema de pensiones a todas las personas que hasta el momento no tienen ese derecho, y mejorar las pensiones de aquellos jubilados que no alcanzaban a superar las pensiones mínimas. Se estima que las pensiones básicas solidarias (PBS) alcanzarán a 510 mil personas el año 2008, un millón en 2012 y un millón 600 mil el año 2017. El costo de las reformas equivaldrá a US$1.543 millones, en sus primeros tres años.

El financiamiento provendrá de los ingresos fiscales proyectados para el período 2008-2010, los intereses que dejan los excedentes fiscales provenientes del cobre, la liberación de obligaciones respecto a pensionados del sistema antiguo (INP) y, en general, a la eficiencia del gasto público.

[1] Puede encontrarse documentos de estudio utilizados por esta comisión en http://www.consejoreformaprevisional.cl/
[2] Algunas deficiencias que surgieron fueron: la creciente cantidad de trabajadores independientes que no cotizan regularmente, los empleos temporales, aumento de la esperanza de vida, jóvenes recién ingresados a la fuerza de trabajo con ingresos menores.
[3] Un estudio de la Superintendencia de AFP mostró que para el año 2025, el 50% de afiliados recibiría pensiones inferiores a la mínima. Ver http://www.safp.cl/573/articles-3492_pdf.pdf
[4] Este bono sirve para incrementar el fondo de pensiones de las mujeres, quienes por su responsabilidad de madres frecuentemente interrumpen su periodo laboral que termina afectando la cuantía de su pensión comparada con la de los hombres.
[5] Para este fin se ha creado el Fondo de Educación Previsional, que capacitará a los trabajadores en temas previsionales.
[6] Inicialmente la propuesta fue que los Bancos administren directamente los fondos de pensiones, para crear competencia en el mercado de AFP, pero la propuesta fue desechada por que los bancos incurrían en un tema de conflicto de intereses, al administrar fondos de terceros y propios.