La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó, en julio, su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2006-2007” donde proyectan en 5% y en 4.6% las tasas de crecimiento económico que experimentaría la región durante este año y durante el 2008 respectivamente[1]. Estas proyecciones estarían sustentadas en la evolución favorable de los fundamentos tanto externos como internos de las economías:
Por un lado, la demanda internacional y su impacto sobre los términos de intercambio (equivalente al 3.4% del PBI) explicarían, en gran parte, el superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos que experimenta la región desde 2003.
Por el lado del componente interno, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo (13.4%) y el consumo (6%) habrían impactado favorablemente en el dinamismo de los ingresos fiscales de la región (estimados en torno al 19% del PBI regional), los cuales habrían crecido, en promedio, por encima del gasto público.
Esta bonanza macroeconómica de la región, se habría traducido en una disminución constante en los niveles de pobreza. Según el estudio “Panorama Social de América Latina 2006”[2], entre 2002 y 2006 la pobreza y pobreza extrema disminuyeron desde 44% y 19.4% hasta 38.5% y 14.7% respectivamente. Este hecho constituye, según la CEPAL, el periodo de mejor desempeño social de América Latina en los últimos 25 años.
No obstante, un análisis desagregado por países nos demuestra que a pesar de esta significativa reducción de la pobreza a nivel general, esta continúa manteniéndose bastante elevada en los países con mayor proporción de población indígena, tales como: Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras o Perú; lo que nos lleva a concluir que la dinámica del crecimiento económico actual, por si sola, no tendería a disminuir las brechas de desigualdad que durante décadas han caracterizado a América Latina como la región más desigual en el mundo.
Es imperante, en ese sentido, impulsar políticas inclusivas desde el Estado, donde se empiece por reconocer y respetar los derechos tanto civiles y políticos, como económicos de estos grupos sociales, para lograr su inserción en la economía formal.
[1] Países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay, y Venezuela serían algunas de las economías con mejores desempeños.
[2] CEPAL. Diciembre 2006.
