¿AGROBANCO RECARGADO?

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que propone el relanzamiento del Banco Agropecuario (Agrobanco) para que funcione como entidad integrante del sistema financiero nacional. Esto implica que dicha entidad se convertirá en un banco de primer piso con lo cual tendrá la facultad de otorgar préstamos directos a los agricultores y recibir depósitos para obtener los fondos necesarios para sus operaciones.

Durante el primer gobierno de García, la política crediticia de la entidad se basó en el mantenimiento de tasas de interés subsidiadas. La experiencia constituye un pésimo precedente para el relanzamiento del Banco Agrario puesto que, por ejemplo, los recursos necesarios para el financiamiento de créditos provenían del BCRP, lo que acrecentaba el contexto inflacionario de la economía. Por otro lado, el Banco Agrario fue desplazando a la banca comercial de sus zonas de operación habitual con lo que los recursos siguieron destinados a agricultores más ricos concentrándose fundamentalmente en cultivos tradicionales costeños[1]. Esto es lógico si tomamos en cuenta que los productores de dicha zona, presentan un mayor nivel de ingreso y una mayor integración al mercado, lo que reducía el problema de información asimétrica para el banco y convertía a dichos productores en los únicos sujetos de crédito. Finalmente, en el año 1991, la cartera de préstamos vencida del Banco Agrario era de aproximadamente US$ 122.5 millones, cerca del 50% de las colocaciones totales de ese período.

Actualmente, la independencia del BCRP mantendría alejada la posibilidad de utilizar la emisión primaria para el financiamiento de colocaciones por parte de Agrobanco. No obstante, existen diversos problemas que incrementarían la carga operativa del banco si es que éste se convierte en un banco de primer piso. Por ejemplo, se pide que además de la concesión de créditos en forma directa, el banco provea la asistencia técnica necesaria para el desarrollo satisfactorio de proyectos agrícolas, lo cual desbordaría la capacidad de gestión del banco al necesitarse un técnico para cada campesino. En todo caso, una alternativa es la de mantener el esquema de colocaciones a productores pertenecientes a una cadena productiva, con lo que las asesorias se harían de manera colectiva. Además, con este esquema se superaría el problema de atomización de la propiedad, incrementando la rentabilidad de la unidad de producción individual convirtiéndolas en mejores sujetos de créditos dentro del conjunto.

El presidente García señaló que el Ejecutivo buscará garantizar que se no se repitan las altas tasas de morosidad y opinó a favor de que Agrobanco otorgue créditos en lugares donde la banca comercial no atiende a pequeños agricultores. Para ello, esta ley permitirá la transferencia de S/. 60 millones de los S/. 100 millones del Fondo de Garantía para el Campo (creado en diciembre del 2006). No obstante, Agrobanco deberá identificar las zonas desatendidas y poner su esfuerzo en hacer que los sectores agrarios que aun no son sujetos de crédito lo sean. Finalmente, en los sectores agrarios de pobreza extrema se requieren, además, transferencias directas mediante el programa “Juntos”, por ejemplo.

[1] “Del Banco Agrario a las Cajas Rurales: pautas para la construcción de un nuevo sistema financiero rural”. Martín Valdivia. Consorcio de Investigación Económica.