Las tendencias demográficas indican que, en los próximos años, la población de la tercera edad representará un mayor porcentaje de los habitantes[1]. Ello planteará, principalmente, la necesidad de esquemas para responder a los nuevos requerimientos en cuanto a las relaciones laborales, los sistemas de salud, y de ahorro para la vejez. Respecto de esto último, conviene preguntarse cómo se encuentra el panorama previsional, pues tanto a nivel local como global observamos debates acerca de las reformas de los sistemas de pensiones. Cabe decir que por la dinámica intergeneracional de este mercado, hablar de “ajustes” implica tener en cuenta condiciones que afectarán el bienestar de los que están por jubilarse como de generaciones más jóvenes[2].
Concretamente, en Chile, luego de evaluar el escenario post reforma e identificar aspectos para mejorar las condiciones del retiro, se discute la mejor forma de llevar a cabo medidas sin perjudicar ni el fisco ni causar distorsiones en otros mercados. En Argentina, se discute el retorno al sistema de reparto. En Perú, el debate sobre la desafiliación plantea la adopción de medidas para atender casos en los que el trabajador se vió perjudicado por dejar el sistema público. En España, que no ha realizado una reforma previsional, actualmente se analizan los riesgos de sostener un sistema que no sería autofinanciable y que podría colapasar alrededor del año 2015. Así, si bien los tres primeros casos evaluan aspectos que podría ser necesario incorporar en los sistemas a fin de procurar el bienestar de los jubilados, el último caso acentúa la necesidad de contemplar su impacto sobre las cuentas fiscales. En ese sentido, considerando las tendencias de envejecimiento, las medidas que se adopten deberán ser cuidadosamente analizadas, tanto porque estas presiones no desaparecerán del todo –debido al aumento de la población en esta edad y a la mayor importancia de estos temas en la agenda política por esta misma razón-, como por las implicancias que el aumento de los costos fiscales, para financiar dichas medidas, tendrá en términos de tributos o recortes en otras partidas presupuestarias.
[1] Según CELADE e INEI al año 2005 representaban el 5%, mientras que para el año 2050 serán el 15%.
[2] Para los primeros, los ajustes se traducen en las prestaciones; para los segundos, además en estructuras impositivas para financiarlas.
