El pasado 29 de marzo, se aprobó en el Consejo de Ministros un paquete de nueve medidas referentes al agro nacional, que obtendrían la categoría de ley si es que el Congreso ratifica el TLC con los EEUU.
Este paquete de medidas incluye: La creación del Programa de Saneamiento de Deudas de los Fondos Rotatorios; la aprobación de la condonación de una deuda ascendente a casi S/. 200 millones que afecta principalmente a los pequeños agricultores; la ampliación de la vigencia de la Ley 27360 que aprueba las normas de promoción del sector agrario hasta el 2021; la aprobación de la ley que crea el Fondo Nacional del Agua; de la ley de promoción de la inversión privada en forestación y/o reforestación; de la ley que crea el Fondo de Garantía para el Sector Agrario; de la ley que crea el Programa de Formalización para la competitividad de la cadena del maíz amarillo duro-avícola-porcícola; de la ley que crea un marco para el desarrollo competitivo del sector; y, finalmente, la creación de un Fondo de Compensación para los productores de algodón, maíz amarillo duro y trigo (productos identificados como los más perjudicados frente al TLC).
Respecto a este último punto, cabe señalar que la necesidad de adoptar este programa radica en la dificultad de implementar, en el corto plazo, una política exitosa de reconversión agrícola, donde los sectores perdedores ante esta negociación comercial se orienten, con el apoyo del gobierno, hacia otros cultivos con ventajas competitivas respecto a los cultivos estadounidenses.
Por ejemplo, para el caso del algodón, el problema que enfrentan los productores nacionales es que compiten contra una economía que subsidia, bajo el concepto de apoyo y subvenciones, con US$ 4.000 millones a sus productores de algodón[1].
Este nivel de subsidios sumado al hecho de que EEUU es el segundo productor mundial de algodón (luego de China) y el primer exportador en el mundo (explicando el 38.9% de las exportaciones totales) ocasiona, según un estudio de la FAO (“Food and Agriculture Organization of the United Nations”), un impacto del 11 – 12% sobre los precios internacionales; precios que ya de por si, tienen una tendencia decreciente en el largo plazo (al igual que el resto de productos primarios según la tesis Prebisch-Singer sobre los términos de intercambio) debido en parte al uso cada vez mayor de las fibras sintéticas, que tienden a sustituir al algodón.
Todo esto, tendría un impacto perjudicial en el precio nacional ya que el Perú importa cerca del 87% del algodón de los EEUU; esta caída en los precios desplazaría del mercado a los pequeños agricultores, empobreciéndolos aún más, ya que muchos cuentan con tan sólo con 4 ó 5 hectáreas de cultivo, pues forman parte de la agricultura de subsistencia nacional. Recordemos que son cerca de 36 000 puestos de trabajo a nivel nacional que se verían potencialmente amenazados tras la entrada del algodón subsidiado.
Como puede verse, se trata de una competencia asimétrica donde la implementación del Fondo de Compensaciones busca limitar el impacto negativo de los precios. Mientras tanto, la tarea de diseñar una estrategia de reconversión agrícola, se hace impostergable pues este Fondo, aprobado por el Consejo de Ministros, solo contempla un desembolso de US$ 160 millones en cinco años, según indicó el Ministro de Agricultura[2].
[1] EEUU es considerado por la ICAC (“International Cotton Advisory Committee”) como uno de los países con mayores niveles de protección para su algodón.
[2] Fuente: Diario “El comercio”.Edición del 28/03/06.
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