¿SI ACERCAMOS EL PROCESO ELECTORAL A UN PROCESO DE LICITACIÓN?

Quizá la noticia más común de los últimos meses ha sido el mediocre nivel del debate electoral. Frente a ello, surgió una idea que vale la pena ser pensada y que presentamos a continuación.

Con las elecciones los ciudadanos decidiremos a qué agentes privados otorgamos el manejo monopólico de la gestión pública durante cinco años. Sin embargo, el proceso tal como está diseñado actualmente no contempla una declaración expresa por parte de los concursantes (candidatos) de sus ofertas (compromisos) ni un mecanismo que permita evaluar objetivamente el cumplimiento de los objetivos. Acercar el proceso electoral a un proceso de licitación podría permitir evaluar si quienes gobiernen los próximos cinco años cumplieron sus ofertas, gracias a las cuales ganaron el puesto.

Cabe recordar que el Perú ya asumió el compromiso de cumplir ciertas metas para el 2015, entre ellas, reducir la pobreza extrema a la mitad. Para ello puede ser de notable ayuda el que los próximos gobiernos se comprometan explícitamente a cumplir metas intermedias que hagan posible llegar al 2015 con cambios sociales significativos. Como expusimos en el semanario pasado, en la última sesión de la Comisión para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas se revisó el progreso de los diez primeros años (1997 -2006) del compromiso de erradicar la pobreza a nivel mundial y el resultado de la evaluación fue que en ese período hubo una notable falta de progreso social en América Latina. Diez años perdidos. Quizá haya subyacente un problema de incentivos.

Es cierto que en algunos casos resulta difícil medir objetivamente las mejoras, como en la lucha contra la corrupción, exclusión cultural y política, medio ambiente, etc; sin embargo, eso no debería ser impedimento para que los gobernantes asuman compromisos en esos ámbitos y metas explícitas en aquellos que sí pueden ser evaluados con una medición. Entre los temas principales en los que se podrían exigir compromisos medibles figuran los siguientes:

¿Cuánto reducirá el porcentaje de la población en situación de pobreza?
¿Cuánto reducirá la tasa de desnutrición infantil?
¿Cuánto aumentará el porcentaje de viviendas con electricidad y desagüe?
¿Cuántos puestos subirá el Perú en el ranking de rendimiento escolar?
¿Cuánto aumentará la cobertura de los servicios de salud?
¿Cuánto aumentará el porcentaje de trabajadores formales en el sector privado?
¿Cuánto aumentará el ingreso real de los trabajadores del sector privado?

Las respuestas a preguntas de este tipo conformarían la oferta o los compromisos de los candidatos y tomado eso en consideración la población podrá elegir (contratar) la que le parezca la mejor opción. Además, para los que “ganen la licitación” (presidentes y congresistas) estos compromisos serán los objetivos para los cuales la población en su conjunto los está contratando y pagando. Si al final del mandato no se cumpliesen los objetivos se podría generar una multa monetaria proporcional al nivel de incumplimiento, si se sobre-cumplieran entonces ameritaría un “bono de productividad”.

Este mecanismo generaría mejores incentivos, menor populismo, más transparencia, más rendición de cuentas y una evaluación permanente de los presidentes y congresistas en función al logro de objetivos prioritarios. Pero principalmente podría contribuir a fortalecer los derechos ciudadanos y la democracia, además de generar incentivos en los funcionarios hacia la búsqueda de mejoras sociales significativas y sostenibles.