El pasado jueves 9 del presente mes, la Comisión Permanente del Congreso de la República finalmente dio luz verde a la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de PetroPerú”, norma que tiene entre sus principales lineamientos el retiro de la empresa petrolera estatal del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial (FONAFE), del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones (CONSUCODE), así como la fusión con el organismo encargado de los contratos petroleros (PERUPETRO).
Esta ley que le otorga a PETROPERÚ mayor autonomía en sus inversiones, sobretodo en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos parte de la necesidad, impostergable, de fortalecer el rol de la petrolera estatal en la industria de hidrocarburos nacional. Esta industria, caracterizada por “el requerimiento de inversiones significativas, de carácter específico que da lugar a costos hundidos, con economías de escala y de ámbito (puede haber una producción diversificada con la misma eficiencia) en la refinación y el almacenamiento, y con importantes barreras estratégicas y estructurales que frenan e ingreso de más competidores”[1], cumple con las propiedades de un monopolio natural donde PetroPerú hace el papel de regulador bajo el esquema de empresa pública; esquema mediante el cual “la empresa estatal toma como dado el nivel de producción de la empresa privada y es instruida por el gobierno para establecer el nivel de producto resultante de igualar el precio a sus costos marginales (precio de competencia)”; este comportamiento originaría que en una industria duopólica compuesta por un actor privado (Repsol-YPF) y uno estatal (PETROPERÚ), el precio resultante tienda al de competencia (precio paridad de exportación)[2]. Sin embargo, tal esquema no parece resultar efectivo en la práctica ya que los precios de los combustibles en el mercado se han venido mostrando inclusive por encima de los de paridad de importación, y ya desde 1997 algunos expertos señalaban que “la peculiaridad en la formación de precios de esta industria era que la empresa estatal mostraba síntomas de ir retirándose lentamente del mercado”[3].
Según palabras del responsable del sub-sector Energía y ex director de Petroperú, Juan Miguel Cayo[4], la empresa habría entrado en una etapa crítica de su existencia ya que de no invertir en una planta de desulfurización para producir diesel de bajo contenido de azufre, que deberá de estar lista para el 1ero de enero del 2010, simplemente la empresa dejaría de producir Diesel, su principal producto en el país. Por ello la urgencia de modernizar y fortalecer la capacidad de gestión de la empresa.
La reciente ley busca excluir a la empresa de las normas de CONSUDODE, lo cual resulta positivo si tenemos en cuenta que Petroperú tiene tantas trabas burocráticas para comprar insumos y combustibles terminados, que constantemente pierde oportunidades de negocio importantes.
Su exclusión del FONAFE y del SNIP son temas más delicados pues tal vez la solución pasa por modificar algunas normas de dichos organismos y no la desvinculación total, ya que estos tienen por objetivo llevar un adecuado control de las empresas del estado.
Por otro lado, existe un desacuerdo casi general entre algunos expertos respecto a la fusión con PERUPETRO incluida en la ley, lo que implica que Petroperú sería el nuevo contratante en los contratos petroleros. Estas funciones de promoción, negociación y supervisión de contratos la viene asumiendo eficientemente PERUPETRO desde 1993, una entidad autónoma especializada en estos temas, por lo que sería un error delegar estas responsabilidades a otra empresa sin la experiencia necesaria.
En suma, la Ley de Modernización busca que Petroperú reingrese nuevamente en el “upstream” de la industria de hidrocarburos, facilitándole los trámites para actividades como exploración y explotación; sin embargo, es necesario tener cautela con algunos aspectos de dicha ley, que pueden tener repercusiones negativas.
[1] Fuente: Diario “El Comercio”: Alusión al trabajo de José Távara y Aurelio Ochoa sobre la formación de precios y concentración en el mercado de Hidrocarburos.
[2] Beato and Mas-Colell: “The Marginal Cost Pricing as a Regulating Mechanism in Mixed Markets”. North Holland – Amsterdam. 1984.
[3] Távara, José: “Análisis del Mercado de Combustibles de Uso Industrial”. Macroconsult.1997
[4] Fuente: Diario “Gestión” 15/02/06.
