Consideran un error exceptuar de Ley del Servicio Civil a trabajadores del Poder Judicial

Si nos referimos a trabajadores administrativos, estos deberían estar regidos por las leyes de empleo público (Ley del Servicio Civil) y no por leyes de carrera especial, en este caso la ley de carrera judicial.

Cuando hablamos de carreras especiales nos referimos a:

1. Ley del Servicio Diplomático de la República para diplomáticos.
2. Ley universitaria para docentes y catedráticos universitarios.
3. Ley del trabajo y la carrera de los Profesionales de la Salud.
4. Ley de Reforma Magisterial para profesores y maestros.
5. Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas para militares.
6. Ley de la Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú para policías.
7. Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria solo para trabajadores penitenciarios.
8. Ley Orgánica del Ministerio Público para fiscales.
9. Ley de la Carrera Judicial para jueces y magistrados.

Vista esta lista taxativa de carreras especiales se debería uno plantear: Cada carrera exige una preparación específica para ingresar en cada una de ellas, por ejemplo:

Un funcionario diplomático tendrá que estudiar necesariamente en la academia diplomática y después de graduado subir en el escalafón perteneciente a dicha carrera y ser representante consular o embajador en el extranjero (salvo los porcentajes políticos que tiene a su cargo el Presidente de la República y que son nombrados directamente por él).

Asimismo, la carrera de los profesionales de la salud esta conformada por médicos que, valga la redundancia, estudiaron medicina en la universidad.

Por otro lado, un militar o un policía, estudian en sus respectivas escuelas de oficiales para ser militares y con las obligaciones y beneficios que les correspondan.

Lo mismo con la carrera fiscal, generalmente abogados de profesión. La misma lógica con los maestros y profesores, los docentes universitarios y hasta los penitenciarios.

Entonces ¿Por qué considerar a los trabajadores administrativos del Poder Judicial dentro de la carrera judicial? ¿Acaso no es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos un sistema transversal? ¿si todas las entidades públicas compran, contratan, realizan su presupuesto, realizan la contabilidad, etc, por qué excluirse en lo referido a los Recursos Humanos? Si realizan funciones que no son inherentes a la carrera especial ¿por qué buscar incluirlas en ellas y excluirlas de la Ley del Servicio Civil que se supone aplicable a todos los trabajadores administrativos de la Administración Pública? 

 

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Lima, abr. 02. El presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan Carlos Cortés, consideró hoy como un error exceptuar de la Ley de Servicio Civil a los trabajadores del Poder Judicial, tal como lo aprobó hace algunos días la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento.

“Creemos que es un error, porque la Ley es buena, creo que a ellos les interesaría mucho esta Ley porque es meritocrática, pues logra que se baje mucho la posibilidad de arbitrariedad y porque le da la posibilidad a cualquier servidor del Poder Judicial de trasladarse y postular a otros sectores”, precisó.

En declaraciones Radio Nacional, explicó que el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo todavía no fue presentado ante el pleno del Legislativo y que, además, faltaría ser aprobado en la Comisión de Presupuesto.

Cortés señaló que no se informó lo suficiente a estos trabajadores o “no se conversó mucho con ellos”, pues, incluso, no existe ningún tipo de injerencia, por parte de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) en la independencia de este poder del Estado.

Según la posición de la Corte Suprema, expuesta por su titular Enrique Mendoza ante el Congreso, la Ley Servir “afecta la autonomía e independencia”, así como los derechos laborales de los servidores del sistema judicial.

“¿De cuáles decisiones propias (se está hablando)?, el juez es el que toma la decisión jurisdiccional, los demás están apoyando al juez, al igual que ocurre en otros tribunales administrativos del Estado; es la misma labor, el mismo perfil, abogados que apoyan a la labor jurisdiccional administrativa”, replicó.

Comentó que la Ley del Servicio Civil solo exceptúa a los trabajadores del Congreso, Banco Central de Reserva (BCR), Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y la Contraloría.

“Nosotros no nos pronunciamos a favor de esas excepciones, fue parte de la decisión tomada dentro del Parlamento. Creemos que esta Ley es buena para todos y lo que queremos demostrarle es que esta implementación será buena”, añadió.

En otro momento, manifestó que con la nueva Ley si un trabajador considera que fue despedido de manera arbitraria, luego del proceso de evaluación, podrá reclamar ante un comité y al Tribunal de Servicio Civil.

“La persona que tiene que irse del sector público y que tendría que estar desaprobado es aquella que no hace nada, esa es la que tiene que irse”, afirmó.

(FIN) JCC /FHG

En: Andina

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Condicionan préstamos por uso de transgénicos

“Los awá del sur de Colombia hemos vivido de la caza, la pesca. También de la siembra del plátano chiro, de los tubérculos papacún y chilma, de frutas como la chirimoya, el caimito, la guava y la granadilla. Desafortunadamente las vamos perdiendo por causa de la fumigación para erradicar la hoja de coca”, cuenta a DW Francisco Javier Cortés Guanga, “y porque, últimamente, no podemos sacar ni 20 racimos de plátano chiro porque nos los quitan”, dice el representante de este grupo de 42.000 indígenas.

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“Nos piden un certificado para nuestras propias semillas, pero nuestras comunidades no lo tienen. Son tradicionales. Pero como no lo tenemos, nos las quitan”, cuenta Cortés Guanga. Tras la regulación de las semillas, que lleva a cabo el gobierno colombiano desde el 2010, el representante indígena detecta otras intenciones. “No hay garantías de que podamos seguir viviendo en nuestros territorios”, afirma.

“Nos piden un certificado para nuestras propias semillas, pero nuestras comunidades no lo tienen. Son tradicionales. Pero como no lo tenemos, nos las quitan”, cuenta Cortés Guanga. Tras la regulación de las semillas, que lleva a cabo el gobierno colombiano desde el 2010, el representante indígena detecta otras intenciones. “No hay garantías de que podamos seguir viviendo en nuestros territorios”, afirma.

Una llamada de auxilio

En su región, que linda con Ecuador, la presencia del Estado es escasa; no ha habido inversión social y, en los fuegos cruzados de actores armados, intereses mineros y agronegocios, las poblaciones autóctonas tienen todas las de perder.

Por eso Cortés Guanga y representantes de la Red de Semillas Guardianes de la Vida realizan en conjunto una gira por Europa lanzando una llamada de auxilio.

“Si el Banco Agrario, por ejemplo, te hace un préstamo, lo condiciona a que usemos sus semillas. Es un negocio redondo. El indígena campesino agricultor no tiene garantías de que va a seguir cultivando el campo. Quieren volverlo esclavo de la multinacionales y que cultive maíz transgénico. Pero no queremos, queremos seleccionar la semilla de nuestra propia cosecha y volver a sembrarla”, anota el líder awá.

Erosión de cultura y biodiversidad

“Perder las semillas significa perder la tierra y nuestra fuente de trabajo. Significaría miseria, desplazamiento a las ciudades a padecer”, cuenta Alba Portillo, campesina y agricultora colombiana. La portavoz de la Red de Semillas, ve como fin último de las regulaciones fitosanitarias de los tratados comerciales firmados por Colombia el favorece al gran agronegocio.

“Los grandes cultivos afectan la vida campesina, y erosionan la biodiversidad. El maíz transgénico acaba con nuestras variedades de maiz, tenemos una para hacer arepas, otra para hacer sopa. Si sólo hay una variedad de alimentos se acaba con toda esa cultura y la posibilidad de quedarse en el campo subsistiendo”, afirma Portillo.

La prevista entrada de transgénicos y la propagación del método de sólo semillas certificadas la equipara la agricultora colombiana a una expulsión masiva, si bien lenta.

“El control de la semilla pretende regular uso, reproducción, resiembra y venta. Impone unos requisitos que ninguna semilla tradicional podrá cumplir. Quieren que sean estables, homogéneas y diferenciables.

Nuestras semillas campesinas para nosotros tienen que ser diversas para que sean buenas y sanas y para que puedan dar nuevamente otra semilla”, comenta Portillo.

Como fuere, la preocupación de indígenas y campesinos colombianos no es ajena a organizaciones semejantes en Europa –en donde, por lo pronto, no han cundido los intentos de estandarizar normas para la pequeña agricultura y para la industrial.

Recuperando semillas tradicionales

Por lo pronto, “hemos iniciado un proceso de recuperación de las semillas tradicionales, midiendo las consecuencias. Va a ser muy difícil pues el gobierno tiene otros planes que no son recuperar semillas sino convertirlas en transgénicas”, afirma Cortés Guanga.

En busca de apoyo político para lograr que su gobierno cumpla con el plan de salvaguarda étnico que respeta tanto su territorio como sus formas de producción, “no hemos avanzado”, denuncia, “no hay voluntad política, mientras que los pueblos indígenas tienen un plan de vida, el gobierno tiene un plan de exterminio físico y cultural”.

Efectivamente, “esos pueblos han permanecido porque tienen alimentos, si no los tienen van a desaparecer”, concluye Portillo que como Cortés Guanga no ve por qué tienen que entrar en la misma legislación el maiz transgénico certificado que los frijoles, el maíz morado, el chiro, el amaranto, el papacún, el bacao.

En: DW.DE

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