PROYECTO PARA QUE LOS CONSUMIDORES RECIBAN 20% POR LAS MULTAS IMPUESTAS A LOS PROVEEDORES POR RECLAMOS FUNDADOS SERÁ DEBATIDO EN EL CONGRESO

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Desde esta plataforma virtual siempre hemos saludado todas las iniciativas que busquen ampliar el abanico de los derechos de los consumidores, tanto en los procedimientos administrativos como en los derechos frente a las transacciones comerciales. En este sentido, hace unos días se ha anunciado que el INDECOPI a través de la Comisión de Protección al Consumidor presentará un proyecto al Congreso de la República que tiene como objeto otorgarle el 20% del monto de las multas a los consumidores. Al respecto, es necesario hacer algunas precisiones.

En primer lugar,  no debe entenderse que este porcentaje de la multa  constituye  una indemnización o reparación civil propiamente dicha  por los eventuales daños que se le haya causado al consumidor. Como sabemos la indemnización por los daños y perjuicios, se solicita ante la vía judicial y no en la vía administrativa, aunque hay ya una tendencia a que esta situación cambie en el futuro.

En segundo lugar,  es importante resaltar que este monto será materia de debate, y no debemos dar por fijado un 20%; en perspectiva, podríamos tener un mayor porcentaje. A nuestro parecer, el porcentaje establecido no debería ser mayor al porcentaje tope de las multas otorgadas a las asociaciones de consumidores, toda vez que un consumidor como ciudadano, persona natural, también asume gastos “extras” por un producto defectuoso o un mal servicio, por ello lo dispuesto en el proyecto nos parece adecuado y coherente.

Por otro lado, no se debe confundir en la norma este porcentaje,  con los costos del procedimiento, toda vez que el patrocinio y asesoramiento jurídico, en muchas ocasiones puede ser mayor que el 20% de la eventual multa. Solo pensemos en los casos donde las multas son extremadamente bajas o donde se sanciona a la empresa con una amonestación, lo dispuesto en el proyecto seria inocuo.

En tercer lugar, se ha mencionado que se busca fomentar una cultura de reclamo, lo cual a nuestro parecer es erróneo. La acción del INDECOPI y de todos los operadores debe estar orientada a la promoción no de una cultura de reclamo, sino de una cultura de consumo, que tiene un alcance integral y responde de manera eficiente a las exigencias del mercado.

El desarrollo de una cultura de consumo, no solo busca incrementar los reclamos, sino que involucra una verdadera educación al consumidor, que este conozca sus derechos y las maneras de ejercitarlo a través de la vía procedimental o la sociedad civil. Una cultura de consumo involucra una educación de los derechos del consumidor desde las etapas formativas de la persona, no como una clase escolar, sino como parte de una formación ciudadana continua, cuya participación involucre las juntas vecinales, entidades locales, entre otras. No se busca que todos reclamen por reclamar, sino que reclamen cuando se tenga que reclamar, no se busca una cultura de conflicto, sino una cultura de conciliación.

En cuarto lugar, debemos señalar que se busca que el proveedor pueda atender el reclamo en un plazo no mayor de 15 días, con lo que reduce el plazo conferido a través del artículo 6 del Reglamento sobre el Libro de Reclamaciones que establece que el proveedor tiene un plazo de 30 días para atender el reclamo del consumidor.

Finalmente, es importante precisar y tomar en cuenta estos puntos relevantes, toda vez que lo que se busca es una protección efectiva al consumidor, el impacto de la norma tiene que beneficiar al consumidor y no perjudicarlo. Por ende la misma norma debe responder al esquema que siempre planteamos, es decir, debe tomar en cuenta la suficiencia conceptual, precisión normativa y coherencia sistémica, de lo contrario su reglamentación terminará contradiciendo el objeto de la misma, es decir, la protección al consumidor, y eso no debe  suceder.

(*)Fuente: Imagen www.pcm.gob.pe

LA REAL DIMENSIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN EL PERÚ

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A raíz de la resolución N 0219-2018/SPC-INDECOPI relacionada con el caso de los cines, y la participación de ASPEC, como la asociación de consumidores que fue la que inicio este proceso con la denuncia correspondiente, se ha venido discutiendo mucho sobre la pertinencia en la  participación de las asociaciones de consumidores en la protección del consumidor, incluso se ha argumentado que perciben hasta el 50% de las multas que el INDECOPI, eventualmente impone a determinados operadores de mercado. Aquí es necesario hacer una precisión.

Las asociaciones de consumidores, son asociaciones civiles sin fines de lucro, que se forman para defender los intereses de los consumidores y que tienen un rol activo y participativo en el sistema de protección al consumidor, en el entendido que coadyuvan a la labor que por antonomasia le correspondería al Estado y que este sin embargo por no tener toda la capacidad operativa y administrativa para poder cubrir todo el mercado, podríamos decir que delega en las asociaciones de consumidores esta función a fin que estas complementen la función estatal de vigilancia de mercado, en la medida que estas asociaciones identifican ciertos sectores de mercado donde no se respetan los derechos de los consumidores, así como determinados comportamientos anticompetitivos de determinadas empresas que tienen alcance social amplio y por lo tanto ejercen su función y su rol a través de las denuncias correspondientes y solo en ciertas ocasiones, realizan defensas puntuales de ciudadanos en particular.

Es de esperar que obviamente las acciones de las asociaciones de consumidores se desarrollen dentro del estricto cumplimiento del marco legal, conforme a sus atribuciones y sobretodo respetando la institucionalidad, de manera que su trabajo se entienda como la defensa de los intereses ciudadanos en la protección al consumidor promoviendo a su vez cultura de consumo, sin que ello signifique crear barreras u obstaculizar la labor empresarial, sino muy por el contrario, nada quita que una asociación pueda trabajar de la mano con los gremios empresariales, en la promoción de un mercado más competitivo, y el desarrollo de buenas prácticas corporativas y de negocio, es más, esta es la propuesta que el suscrito siempre ha difundido desde mi experiencia como académico y profesional desde esta tribuna académica. Es más considero que las asociaciones pueden establecer alianzas estratégicas con los gremios, en la búsqueda de prácticas de respeto a los derechos de los consumidores, sin embargo esta es una vertiente que no se ha explotado, y que desde este foro, en mi condición de especialista en la materia, propongo al mercado.

Incluso, podríamos señalar que INDECOPI, como institución tutelar de la protección al consumidor, por mandato constitucional, puede ser el gran articulador de esta propuesta, de tal manera que juntos, el Estado, los consumidores organizados y las empresas a través de sus gremios, podamos trabajar juntos, en la búsqueda de un mercado creciente y competitivo y de pleno respeto a las reglas del propio mercado.

INDECOPI ha establecido a través de disposiciones internas cual es el tratamiento jurídico para la participación de las asociaciones de consumidores en nuestro sistema, tan es así que la Directiva N° 009-2013/ DIR-COD-INDECOPI determina las normas, reconocimiento y participación de las asociaciones de consumidores en los procedimientos de defensa del consumidor, establece cómo, cuándo y qué medida se otorga un porcentaje de la multa a las asociaciones de consumidores.[1]

El tema es muy sencillo, en primer lugar las asociaciones tienen que estar adecuadamente organizadas, formalizadas e inscritas ante el INDECOPI. Se registran en el INDECOPI, y cuando inician un procedimiento de denuncia ante cualquier empresa, se establece que un porcentaje de la multa se dispone a favor de la asociación, pero este monto se determina de acuerdo a la naturaleza del caso, la gravedad, el grado de participación, la complejidad y el impacto que tiene en el mercado; estas son algunas de las consideraciones que se toman en cuenta para establecer el porcentaje de la multa que va a recibir la asociación.

Hubo un tiempo donde el porcentaje bordeaba los 30 o 40%, posteriormente, el INDECOPI bajo este monto, hasta 5 a 10%, hasta que se establecieron ciertas reglas para que la graduación sea objetiva, tales como las que hemos mencionado en el párrafo anterior.

Otro punto que hay que señalar, es que se trata de fondos públicos, por tanto, este dinero puede ser fiscalizado por la autoridad, incluso la Contraloría, podría lícitamente pedirle a una asociación cuentas sobre los fondos públicos recibidos a través de la multas. Estos fondos son auditables y entiendo que las asociaciones de consumidores informan constantemente y presentan información financiera ante el INDECOPI para efectos de fiscalización, de manera que las asociaciones de consumidores no están sueltas en plaza como se podría creer.

Ahora bien, ¿por qué existen? Existen porque el sistema las ha establecido así, unas son más grandes que otras, tienen mayor prestigio y plataforma de trabajo que hayan asumido en el mercado, pero lo que sí es importante destacar es que el modelo responde a la defensa del consumidor organizado colectivamente, ¿por qué? Porque como el Estado no puede estar observando todos los rincones del mercado y tienen cierta incapacidad para analizar, estudiar todos los problemas que se encuentran; es ahí donde entran a tallar las asociaciones de consumidores, para suplir ese rol del Estado, identificando sectores sensibles donde se está violando ostensiblemente los derechos del consumidor e interponen ciertas denuncias para que la autoridad pueda sancionar a los malos operadores.

Este es el quehacer de las asociaciones de consumidores, es decir, no se trata de endiosarlas ni de criticarlas abiertamente sin conocer su trabajo, sino simplemente analizar, saber, conocer, estudiar  y observar de que se trata su trabajo, ver que están haciendo y seguir de cerca lo que ellas hacen.

Obviamente ASPEC es la más conocida, sin embargo, hay varias asociaciones de consumidores y todas vienen trabajando no solamente denunciando, sino haciendo cursos, conferencias, seminarios, entre otros.

Finalmente, lo más importante en una asociación de consumidores, no solamente es que haga denuncias, sino que exponga, difunda y promueva comportamientos más competitivos, comportamientos transparentes, buenas prácticas en el mercado y a los consumidores que les promueva una cultura responsable. Esta es su función principal.

[1] Artículo 26.- Porcentaje disponible La firma del Convenio de Cooperación Institucional otorga la posibilidad al INDECOPI de entregar a la Asociación de Consumidores un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos por afectación a los intereses colectivos o difusos promovidos por ellas. Dicho porcentaje no podrá exceder del 50% del valor de la multa impuesta. Los montos entregados constituyen fondos públicos, de conformidad con lo señalado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo 27.- Finalidad de montos entregados Los porcentajes entregados a las asociaciones de consumidores deben ser utilizados en la implementación de acciones específicas de promoción y defensa de los intereses de los consumidores, pudiendo el INDECOPI establecer prioridades, siendo posible que un monto no mayor del cinco por ciento (5%) del total que se les entregue de las multas administrativas impuestas, sea empleado en el funcionamiento de la organización a efectos del desarrollo de su finalidad en las condiciones que establece el Decreto Supremo Nº 032-2011-PCM, Reglamento sobre Condiciones del Destino del Monto para el Funcionamiento de las Asociaciones de Consumidores.

(*) Imagen: Fuente www.trazosdigital.com

DÍA MUNDIAL DEL AGUA. BREVES REFLEXIONES SOBRE SU USO Y LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

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En el día mundial del agua es necesario hacer una reflexión sobre la cultura del uso del agua en el Perú, no solamente de la cantidad del recurso hídrico que tiene disponible el país, sobretodo con los reservorios de agua dulce, sino de la gestión integral del recurso hídrico, que prevee la nueva Ley General de Recursos Hídricos, y el rol integral que asumimos nosotros con relación a dicha norma.

Se dice que hay una crisis del agua, sin duda alguna, las crisis se dan por la diponibilidad del recurso que está en función de la naturaleza, ahora bien, lo que está en crisis no solamente es el recurso hídrico desde el punto de vista natural o del ciclo biológico del agua; sino que realmente, lo que está en crisis es la gestión, es decir, la forma en cómo el Estado viene conduciendo sus políticas públicas destinadas al abastecimiento de agua no solamente en la zona urbana, sino rural, porque hasta el momento no se ha encontrado una forma ideal, equilibrada, sostenible, principista de largo alcance que pueda manejar con rigor o criterio técnico, inteligencia y sostenibilidad, los procesos técnicos para dotar de agua a muchas familias peruanas que la necesitan, esto es realmente lo que está en crisis y es una tarea pendiente para el actual gobierno.

Si bien es cierto, anteriores gobiernos han lanzado programas como “Agua para todos” y han tenido cierto presupuesto para invertir en agua, el tema es mucho más grande y va más allá de la simple inversión del agua, el tema pasa por la promoción de una cultura en el uso de agua, no solamente para fines domésticos, sino también para fines industriales, agrícolas. El agua tiene múltiples aplicaciones, lo importante es que en esa multiplicidad de usos  encontremos la fórmula y el equilibrio para lograr un uso responsable del agua, para que no solamente sea un recurso que los peruanos usamos cuando tenemos necesidades, sino que sea un recurso que sea capaz de promover economía de escala, crecimiento, en la medida que sea utilizado dentro del marco de la legalidad, la tecnología aplicada y otras figuras modernas. Lo importante es que necesitamos una Ley de Gestión Integral del recurso hidrico.

El agua es fuente de vida y adecuadamente suministrada tiene un impacto importante en la salud de las personas y el Estado debe apuntar a dotar a los ciudadanos del recurso hídrico que nuestra madre naturaleza nos provee.

Finalmente, compartimos algunos datos de la Organización de Naciones Unidas:

• Mundialmente, más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada.
• 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio. El agua no potable, y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842 000 muertes al año.
• Las oportunidades de explotar las aguas residuales como un recurso son enormes. El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables.

 

 

REFLEXIONES EN TORNO AL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR.

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El 15 de marzo se celebra el “Día mundial del Consumidor”, en conmemoración de aquel discurso de John F. Kennedy al Congreso de la República en 1962, donde ponía en la palestra del mundo a los consumidores como protagonistas de la historia y enunciaba nuestros principales derechos, como el derecho a la seguridad, a la información, a ser escuchados y a elegir.

Hoy día, después de 56 años, podemos  reflexionar sobre los avances del Derecho del Consumidor en la actualidad. Con este objetivo se escriben las presentes líneas.

El Derecho del Consumidor no es un Derecho Estatutario, especial para una clase, porque no existe una clase, un gremio o una profesión de consumidores, dado que todos los seres humanos somos consumidores e incluso las personas jurídicas pueden ser consideradas como consumidores dentro del marco conceptual de las previsiones de las leyes de protección de los consumidores; sin distinciones sociales, económicas, ni profesionales.

El Derecho del Consumidor es para todos. Solo cuando se comprenda que lo que está en juego en este Derecho no es una categoría, sino la centralidad de la persona en el ordenamiento jurídico, su prioridad sobre cualquier otro tipo de interés; cuando se comprenda que ella prevalece sobre el mercado y que la producción de bienes tiene por fin su realización, se entenderá que el Derecho del Consumidor no es un Derecho Estatutario, especial para una clase.

La tutela del Derecho del Consumidor no va dirigida a cierta clase de personas, o a determinado sector social; no existe el grupo o la clase de los consumidores porque todos los seres humanos, sin excepción somos consumidores que de un modo u otro debemos adquirir bienes en el mercado en las condiciones que se ofrecen, sea el adquiriente un obrero, un empleado, un profesional, un directivo de una empresa, o un dueño de empresa.

Aunque la noción de consumidor constituye una categoría de la que se sirven economistas y juristas, tiene una traducción directa y un significado propio en la realidad sociológico-existencial, pues todos somos consumidores, pero ante todo personas. Por ende el consumidor es una persona con necesidades, gustos, preferencias, sentimientos, vanidades, etc. En el mercado los consumidores somos protagonistas principales.

Es por ello que, la materialización de la protección a los consumidores es consecuencia del reconocimiento de la existencia de una gran mayoría de personas que al realizar las operaciones normales de la vida diaria, no están en condiciones de conseguir por sí solas calidades y precios adecuados, se ven imposibilitados de ejercer sus derechos por no contar con los recursos necesarios para enfrentarse a los productores y proveedores.

Por esta condición en el mercado, los consumidores tienen muy pocas posibilidades de influir en el mercado, y se ven sometidos a una extraordinaria presión por medio de la publicidad, que tiende a reducir su capacidad crítica.

Por otra parte, creemos que la condición de consumidor es intrínseca a la condición misma de persona humana en toda su esencia y sin condición alguna, porque el hombre ontológicamente hablando es sujeto de necesidades desde su nacimiento, e inclusive desde antes, y como tal tiene el derecho de gozar de todas las prerrogativas y facultades que en materia de consumo el sistema jurídico ha creado para él. En efecto Todos los seres humanos somos consumidores y usuarios de bienes y servicios y todas las actividades económicas que el hombre realiza en una u otra medida están destinadas a la satisfacción de necesidades por ello el comercio está destinado a satisfacer dichas necesidades.

No puede existir actividad comercial sin consumidores, es por ello que todos los empresarios en calidad de proveedores, financiadores, programadores, etc. Todos están identificados en la tarea de producir e intercambiar bienes y servicios con destino a la masa de consumidores y usuarios finales. Pero todos estos productos y servicios tienen que ser ofrecidos con calidad y dentro del marco de una contratación de buena fe, para que todos resultemos ganadores, tanto los empresarios que se benefician con las rentas y los consumidores satisfaciendo sus necesidades.

OSIPTEL APROBÓ LA ELIMINACIÓN DEL COBRO POR LOS DECODIFICADORES DE TELEVISIÓN POR CABLE. BREVE RECUENTO A TRAVÉS DE NUESTRA PLATAFORMA

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En octubre de 2017, publicamos nuestro artículo: “¿Llego el momento de la regulación de los decodificadores?[1], por aquel entonces, argumentábamos que el cobro adicional por el decodificador que permite ver la televisión por cable, constituía una práctica de abuso de posición de dominio explotativa contra los consumidores, toda vez que, al ser parte integrante y esencial del cable por tv, el hecho que el consumidor no quiera pagar por el decodificador le impedía ver el cable por televisión, debiendo el OSIPTEL intervenir en esta conducta integrando el precio por el costo del servicio y eliminando el precio por el alquiler del decodificador.

En diciembre de 2017, publicamos nuestro artículo: “Entonces, ¿Ahora sí llego su momento? sobre la regulación de los decodificadores. Estado de la problemática.”,  donde enfatizábamos que el OSIPTEL debía proponer una serie de medidas, lineamientos y modificaciones normativas para eliminar la tasa de cobro por el alquiler de los decodificadores de cable de TV, y crear una tasa única por el servicio, dada la naturaleza de los bienes, y la imposibilidad para los consumidores de poder ver televisión por cable sin contar con un decodificador, evidenciando una práctica abusiva para todos los usuarios.[2]

En febrero del presente año, publicamos un último artículo titulado: “El momento de la regulación de los decodificadores. A propósito de las modificaciones normativas del OSIPTEL respecto de la televisión por cable[3], en el cual, conocedores que el OSIPTEL había aprobado un proyecto de normativo al respecto, resaltábamos su labor, que guardo una coherencia sistémica con el lineamiento estratégico que se ha planteado en la actual gestión, además de beneficiar a los consumidores, quienes podrían comparar tarifas fácilmente y no pagar en exceso por un decodificador que vendría integrado a la tarifa única del servicio, como renta mensual.

Finalmente, a siete meses de nuestra primera publicación, el día 13 de marzo del presente año, el OSIPTEL ha aprobado la norma que prohíbe la venta o alquiler de decodificadores en el servicio de TV paga, materializando lo que con suma certeza y análisis jurídico habíamos propuesto meses anteriores en esta plataforma virtual, volviendo las cosas a su equilibrio natural, beneficiando a los consumidores, quienes ahora podrán pagar el precio justo por la instalación, el servicio de cable y la modificación o aumento de punto de tv, encontrándose el precio de los decodificadores, integrado a la oferta primaria.

Es de advertir, que el precio de la tv por cable no tiene por qué incrementar, recordemos que lo que se ha logrado es la unificación de los precios, no la eliminación o la reducción del precio por el decodificador, sin duda, creemos que es un gran avance en materia de protección y promoción de nuestros derechos como consumidores.

Se ha logrado un primer paso, es momento de comenzar a trabajar por conseguir más y mejores pasos en materia de consumidor y en beneficio de ellos, recordemos que los servicios por cable hoy en día son masivos, la contratación del servicio por cable no se encuentra extinta de cláusulas abusivas, vejatorias o desventajosas para el consumidor, de falta de información, atención universal y sobretodo, un servicio de calidad.

Sin lugar a dudas, aún hay muchos temas que tienen que corregirse, otros modificarse y otros eliminarse. Ahora bien, cabe recordar que el OSIPTEL no solo se debe concentrar en esta clase de servicio, recordemos que el servicio de telefonía fija y móvil genera mucho dinamismo, y son cada vez más y más usuarios los que adquieren el producto o prestan el servicio de línea telefónica, a ellos también les corresponde una adecuada protección, a través de la vigilancia, fiscalización y de ser el caso, sanción, para mantener el correcto equilibrio del mercado, logrando su crecimiento, transparencia y eficiencia, y evitando cobros excesivos, publicidad engañosa, graves fallas en la prestación, falta de atención al consumidor, entre otros problemas que suelen suscitarse constantemente.

Sin duda se ha cumplido con un gran reto. Es el momento para que los operadores de mercado (consumidores, proveedores y autoridad administrativa) comiencen a trabajar arduamente para lograr disposiciones y medidas que beneficien a todos en materia de regulación de la telefonía y el servicio de cable. Sin duda alguna, existen muchas más retos por cumplir. El momento es ahora.

[1] Leer el artículo completo en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/10/10/llego-el-momento-de-la-regulacion-de-los-decodificadores/

[2] Leer el artículo completo en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/12/11/entonces-ahora-si-llego-su-momento-sobre-la-regulacion-de-los-decodificadores-estado-de-la-problematica/

[3] Leer el artículo completo: http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2018/02/06/el-momento-de-la-regulacion-de-los-decodificadores-a-proposito-de-las-modificaciones-normativas-del-osiptel-respecto-de-la-television-por-cable/

LOS CINES A LA ORDEN DEL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES. NI AUMENTO DE PRECIOS DE ENTRADAS NI PÁNICO ECONÓMICO.

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Desde que la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI ordeno la posibilidad que los consumidores puedan llevar sus snacks a las salas de cine comprados en cualquier tienda, mucho se escribió, teorizó y comentó. Nosotros expusimos en un anterior artículo la posibilidad que las empresas puedan variar su propuesta ofertable, ofreciendo nuevas ofertas y cumpliendo la resolución administrativa de manera audaz e inteligente, de tal manera que el negocio de los cines no se iba a ver afectado y las entradas preliminarmente, no tendrían por qué variar sus precios.[1] Todo aquel análisis sobre la cuestión, se observará plasmado en la realidad, toda vez que  hace unos días, Fernando Soriano, Gerente General de la cadena de Cineplanet anunció en una entrevista a El Comercio lo siguiente:

“Seguiremos brindando la mejor experiencia que es lo más importante. Si subo algún precio impactaré a mis clientes fieles y eso es lo que menos queremos hacer.”
(…)
“Vamos a trabajar en reducir los precios de confitería para no perder a nuestros clientes que la consumen.”

De esta manera, con la certeza en el análisis jurídico que solemos hacer en esta plataforma académica virtual, y lejos de especulaciones banales y descontextualizadas de la realidad, la propuesta que expusimos en nuestro anterior artículo se materializará a través de la disposición que tomará Cineplanet respecto de la resolución y de cara a la satisfacción de sus clientes consumidores y respecto de sus principales competidores.

Es importante dejar en claro, que la nueva propuesta ofertable considera la reducción del precio de la confitería (snack, bebidas, canchita, otros), de tal manera que el negocio no se verá afectado, toda vez que reduciendo los precios, la confitería vuelve a ser atractiva para los consumidores, quienes seguirán comprando su canchita o snack en el mismo cine, claro está, a un precio razonable. Esto también involucra, que quizá, sean otros consumidores los que puedan adquirir estos productos, que anteriormente no podían por el tema de los precios.

Por parte de los cines, seguirán vendiendo sus productos y también sus entradas, abriéndose un abanico de posibilidades que tendrán que ser analizadas y aplicadas para conseguir fidelizar a una mayor cantidad de clientes, de tal manera que, las nuevas ofertas, promociones, 2×1, cupones, entradas gratis, entre otros promocionales, constituyen una nueva modalidad de atraer y consolidar a nuevos y más cinéfilos.

Finalmente, es oportuno señalar que, tanto el INDECOPI, los cines y los propios consumidores, deben seguir alineándose y trabajar conjuntamente hacia la promoción de una cultura de consumo responsable, a través de prácticas de buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial, colocando productos y servicios de calidad, pensando no solo en la rentabilidad empresarial, sino en quien lo adquiere para su consumo. Esta labor de los operadores de mercado, es lo que permitirá seguir creciendo hacia un mercado competitivo, creciente, transparente y eficiente, que pueda beneficiar a todos. El tema de los cines, es solo una muestra de ello. A seguir trabajando, al final ganamos todos.

[1] Artículo: La resolución que empoderó a los consumidores y les devolvió su dimensión real de libertad de elección sobre lo que compra y consume en el mercado. Análisis coherente, sistémico y principista. Link:

 

NUEVA DIRECTIVA QUE MEJORA LA SEGURIDAD JURIDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ANTE INDECOPI

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Hace unos días el INDECOPI ha aprobado la Directiva N° 004-2018/DIR-COD-INDECOPI, que modifica el numeral 4.3 de la Directiva N° 006-2017/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”. Al respecto la Directiva señala que:

4.3. Calificación de la denuncia

4.3.1. Una vez recibida la denuncia, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor verifica inmediatamente el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral 4.2. En caso de verificarse el incumplimiento de dichos requisitos, tiene tres (3) días hábiles, desde la fecha de recepción de la denuncia, para emitir la respectiva resolución, que otorgue al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de ser declarada inadmisible.

La anterior Directiva, no señalaba el plazo que tenía la Secretaría Técnica, por ende dejaba abierta la posibilidad que la demora en la resolución con la orden de subsanación sea mayor e impredecible, habiendo muchos casos donde los días podían excederse varias semanas después.

Ahora existe un mandato imperativo establecido en la norma que otorga a la Secretaría Técnica 03 días hábiles para emitir la respectiva resolución, que dispone al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de ser declarada inadmisible.

Cabe mencionar que esta nueva Directiva, se ha aprobado dentro del marco de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, en correspondencia con los principios de legalidad, debido procedimiento, informalismo, simplicidad, y por sobretodo, impulso de oficio  y celeridad en la administración, para contribuir a la celeridad de los procedimientos administrativos.

Finalmente, es preciso señalar, que esperamos el cumplimiento de la normativa, toda vez que los plazos que establece la norma, casi siempre no son cumplidos debido a la alta carga de trabajo de la administración, pudiendo observar procedimientos que se extienden durante meses, y que son producto del incumplimiento de los plazos establecidos en la norma. Esperemos que esta vez, el principio de celeridad e impulso de oficio, no sea letra muerta, y que por el contrario, sea letra viva en la defensa y protección de los administrados, en especial, de todos los consumidores. INDECOPI nos ofrece un paso, tiene empezar a dar ese paso, de esta manera, podrá caminar y avanzar hacia el desarrollo de una cultura de cumplimiento administrativo, para crear confianza en los ciudadanos respecto de sus instituciones.

NUEVAS PROPUESTAS OFERTABLES DE NEGOCIO EN EL MERCADO. EL FENÓMENO Y ÉXITO DE LOS MINIMARKETS Y TIENDAS DE CONVENIENCIA

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Hace un buen tiempo, hemos observado como tiendas como Tambo+ o Listo (de Primax) han comenzado una expansión a lo largo de la capital y al interior del país, lo hacen con suma rapidez y eficiencia en su actividad económica, y surgen en cada calle, esquina, barrio y en los lugares menos esperados de nuestra ciudad. Es muy fácil toparnos con un minimarket a unas cuantas cuadras y por otro lado, ver como se están abriendo, otros cerca de nuestras casas.

Respecto a los espacios donde operan estas empresas, al día de hoy sabemos que cada metro cuadrado destinado a la creación de minimarket o tiendas de conveniencia, pueden costar cuando menos $410.00 (cuatrocientos diez dólares americanos) hasta unos $1,000.00 (mil dólares americanos). Sin duda un gran negocio para aquellos que se dedican a la venta y corretaje de terrenos, espacios privados, construcciones e incluso alquiler de viviendas donde se pueden adaptar estas tiendas.

Otro punto que hemos de observar, es la cantidad de espacio. Como son tiendas y minimarkets, estas no necesitan un espacio mayor, la visión empresarial no está en ocupar grandes espacios o terrenos como Wong, Metro u otros supermercados, sino que la visión consiste en pequeños espacios debidamente ambientados, pero que puedan replicarse a lo largo de los distritos pudiendo observar en un solo distrito entre tres a siete tiendas.

De hecho, estos minimarkets o tiendas de conveniencia trasladan a la realidad lo que siempre les menciono a mis alumnos en clase, los bienes muebles y en especial los inmuebles valen, por el destino económico que se les incorpora a ellos mismos, y después por su forma, extensión u otras características aleatorias.

Solo de esta manera podemos comprender, porque tiene más valor una pequeña parcela de terreno de 70 m2 en el emporio comercial de Gamarra, que un terreno de 1,000 m2 en cualquier balneario fuera de nuestra Lima metropolitana, que muchas esta sin construir y que demanda gastos de seguridad para evitar su invasión.

Otros puntos que son importantes mencionar son la simpleza y potencia de sus marcas. Listo, Viva, Mimarket, Tambo, si algo caracteriza a todas estas marcas es su sencillez, y la utilización del lenguaje común y cotidiano de las personas, y que sin embargo, se plasman con suma facilidad en la mente del consumidor. Solo para poner un ejemplo, la palabra Tambo, proviene del quechua “tanpu”, que era una especie de almacén, ubicado en las grandes cordilleras donde se guardaban alimentos, lana, leña, entre otros bienes relacionados con la preparación de alimentos.

Lo que es cierto, es que estas tiendas llenan espacios a los consumidores que quieran comprar productos a altas horas de las noches, o que encuentren precios más baratos que los que se venden en los supermercados o las grandes tiendas. Han llenado vacíos  y traen consigo nuevas oportunidades, tanto para los mismos empresarios como para los consumidores.

Solo para retomar el tema de los cines, ahora que se discute mucho ¿qué beneficio trae para el consumidor llevar sus propios productos al cine? Pues bien, yo puedo comprar un chocolate, o un unas gomas de mascar en una tienda de conveniencia, cualquiera, y llevarlos al cine.

De tal manera, el crecimiento vertiginoso de estos minimarkets, que estamos seguros, seguirán creciendo, se debe a que sus inversionistas apostaron por nuestro mercado, y vienen ganando, apostaron por una nueva idea de negocio, que está dando sus frutos. Así que decir, que el mercado peruano es restringido, limitado, que hay un copamiento de los grandes almacenes, que no hay espacios para crecer o que se está frenando la inversión por decisiones de las autoridades como el INDECOPI, entre otros comentarios pesimistas, son simplemente razonamientos e ideas alarmistas, que se suelen emitir en las redes con poca reflexión iuseconómica, porque el mercado sigue creciendo, y el consumidor sigue consumiendo en la medida que el operador del mercado le ofrezca una nueva propuesta ofertable que esté al alcance de sus manos, una propuesta que no sea abusiva, nociva, restrictiva.

Así que por lo pronto, probablemente observaremos más y más “Tambos”, “Listos”, “Viva” por nuestra ciudad, aunque al cine del barrio o de los malls más cercanos a nuestra casa no les guste mucho esta situación, tendrán que asumirla y superarla con inteligencia, y con ideas nuevas de negocio, aunque también considero que en general, los cines seguirán creciendo, seguirán abriéndose más salas, se abrirán más tiendas, y se crearán nuevas oportunidades de negocio, tanto para ellos, como para otros operadores. El “Tambo” es solo una muestra de ello y el mercado entendido como la relación dinámica entre quienes compran y venden, es para todos.

 

LA RESOLUCIÓN QUE EMPODERÓ A LOS CONSUMIDORES Y LES DELVOLVIÓ SU DIMENSION REAL DE LIBERTAD DE ELECCIÓN SOBRE LO QUE COMPRA Y CONSUME EN EL MERCADO. ANÁLISIS COHERENTE, SISTÉMICO Y PRINCIPISTA

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Mucho se ha debatido en tan solo un par de días a raíz de la Resolución(N° 243-2018/SPC) de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del INDECOPI que establece que los cines no podrán prohibir a los consumidores ingresar a las salas de cine con alimentos propios, es decir, abre las puertas a las personas para poder llevar sus snack comprados en otros locales comerciales.

Cultura de cine en el Perú

Históricamente las personas siempre han acudido al cine con sus propios snack, barra de chocolate, caramelos, galleta, alguna golosina menor para los 90 minutos que solemos permanecer en el cine, nadie se muere de inanición porque no lleve al cine comida. Además, culturalmente, nunca ha sido este el compartamiento de los cinéfilos, ni en el Perú ni en el mundo.

El mercado se conduce históricamente con lo que se conoce como usos y costumbres mercantiles, y nunca en el Perú ni en ninguna otra parte del mundo, estoy seguro, se ha ido al cine o al teatro llevando comida, de manera que este tipo de razonamientos que están circulando en las redes, son simple y llanamente, razonamiento falaces, por no decir torpes, propios de personas que les gusta jugar en las redes. No me atrevería a pensar que una persona seria y académica pueda razonar de esta manera, porque significaría un razonamiento muy pobre (por decir lo menos), desde todo punto de vista

La resolución es clara y establece que se puede llevar alimentos equivalentes o iguales a los que venden en las salas de cine, además, deja en claro que se debe de evitar el ingreso de productos que por razones de higiene, seguridad u otros, causen daño a la infraestructura del local o a otros consumidores.

¿Qué más vuelta podemos darle? De una simple inferencia, deja en claro que no vamos a ir a almorzar ni cenar a una sala de cine, no voy a llevar un ceviche solo porque se me antoja. De hecho, jamás nadie lo ha hecho, ¿por qué se subestima tanto al consumidor actual de poder hacerlo?

Cuando el cine vino al Perú, no existía prohibición alguna de no poder llevar alimentos a las Salas ¿Alguna persona llevo su almuerzo al cine? Nunca, jamás. Al contrario, se llevaba, el pop corn hecho en casa, algún chocolate, entre otros alimentos que jamás perturbaron a otros espectadores ni a la higiene del cine. ¿Qué nos hace pensar ahora mismo los consumidores van a almorzar a una sala cine? Simple y vaga especulación absurda sin fundamento.

Derechos del consumidor, cláusula abusiva y práctica anticompetitiva

Lo que subyace en el fondo, es que los cines venían cometiendo una práctica nociva y abusiva en el mercado, en virtud de la cual, obligaban a las personas a consumir sus productos (alguno de ellos no necesariamente muy saludables) que ellos mismos expendían al momento de ingresar al local del cine, de tal manera que si alguna persona llevaba una agua, porque quería tomar una pastilla, o un chicle, o un chocolate, no podía ingresar con esos productos porque tenían que ser comprados necesariamente en la sala del cine a precios obviamente fuera del mercado, porque son muy altos.

Lo que ha hecho la Sala es devolver al consumidor su propio derecho, para que pueda ingresar a la Sala de cine llevando sus propios snaks, chocolates, alguna bebida, entre otros similares, la misma resolución menciona que los productos son similares o equivalentes a los que venden en el cine, y no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que uno no puede llevar arroz con pato, arroz con pollo, ceviche, entre otros apetitosos platos peruanos al cine, de manera que estos comentarios que circulan en las redes y en las conversaciones de oficina, por algunas personas “serias” no aportan nada al debate, ni a la construcción de una cultura de consumo responsable para nuestro mercado. Entiendo que las redes muchas veces son “salvajes” y que se puedan admitir, diversos tipos de chacotas, a través de los memes, imágenes, etc, pero es inaceptable un razonamiento académico que plantee ese tipo de conjeturas.

Desde el punto de vista jurídico el tema en debate, es que existe de por medio una cláusula abusiva, que se encuentra definida en el artículo 49.1 del  Código como: “aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.” Es evidente, que es una cláusula abusiva, porque al consumidor se le impedía ingresar con sus propios snack, creando una situación de desventaja y desigualdad que anulaba su derecho a consumir, sobre la base de una imposición extrema del cine que no le permitía ingresar si no compraba sus propios snack en su establecimiento, debiendo pagar un precio inequitativo, respecto del cual no podía desligarse. Por tanto, existe en el fondo, un contrato por adhesión, porque el consumidor debía adherirse a la imposición del cine, porque al comprar mi entrada, tengo que aceptar las reglas del cine, sin poder objetarlas.

Por otro lado, existen reglas naturales, que no solamente se dan en los cines sino también en otro tipo de situaciones de mercado, obviamente al teatro no voy a entrar con comida, con una galleta o con un snack, porque es una actuación en vivo y los ruidos incomodan a los actores, además el teatro requiere de una concentración especial de quienes están en las tablas que no puede ser interrumpida por gente que este comiendo galletas, gaseosas, chocolates, canchita, etc, además eso siempre se ha respeto y nadie nunca se ha quejado por no entrar con snack al teatro, porque para eso existe los recesos entre cada acto. De la misma manera, en los estadios tampoco, obviamente no se puede entrar con botellas o latas, por los eventuales actos de violencia que pudieran suscitarse, porque la adrenalina en este tipo de espectáculos es diferente y tampoco nadie ha cuestionado este tema. Hay quienes comentan que con esta resolución se va a poder ir a un bar con sus bebidas, sus tragos, o a los restaurantes con sus propia comida, o que en las discotecas ya no se van a vender tragos, me parece una exageración, y están extralimitando el análisis a situaciones no previstas en la resolución y que además nadie ha cuestionado, de manera que son razonamientos falaces, y hasta cierto punto torpes.

Todo tipo de espectáculo tiene que sujetarse a ciertas reglas, pero reglas razonables, en este caso los cines restringían de manera muy limitada que las personas puedan ingresar al cine con snaks o golosinas compradas en un lugar diferente al cine, y que puede ser incluso, hasta en el mismo centro comercial.

Cabe señalar, que esta cláusula abusiva también está vedada, no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, de manera que es comportamiento abusivo, de quien tiene la posición de dominio, en este caso el cine, y como en el cine se ha vuelto una costumbre tomar gaseosa y consumir canchita, el cine mismo se ha aprovechado de esta situación.

Podemos observar, que existe también, una ventaja competitiva del cine, que se aprovecha para pasar del mercado principal que son las películas, al mercado conexo, que son las ventas de canchita y gaseosa, incluso generando una competencia desleal contra otros operadores de mercado, porque una tienda de canchita que venda en el mismo local comercial y que tiene incluso precios más bajos que el cine, no va a poder vender porque el cine obliga a sus clientes consumidores que compran una entrada y a su vez la canchita del cine, siendo una práctica  anticompetitiva.

Propuesta ofertable de negocio en un nuevo escenario de mercado y derechos del consumidor

En otro punto de la resolución, la Sala dice que el objeto social del cine es pasar películas, tal como lo ha demostrado con la propia declaración de los representantes del cine y con el objeto social que constituye el giro del negocio. Aquí si discrepo con el razonamiento de la Sala, porque no se trata que una empresa tenga o no en su objeto social determinado tipo de negocio y se dedique a su vez a otro negocio complementario, no tiene nada de malo, porque es una ventana de oportunidades para ganar. Obviamente cada empresa por razones legales y tributarias, tienen un  propio rubro específico y pueden dedicarse complementariamente a otro. No hay nada que discutir sobre el objeto de negocio, lo que le interesa al Estado es que la empresa pague sus impuestos, y eso lo vienen haciendo los cines, aquí el tema en debate es la cláusula abusiva que ya hemos comentado anteriormente.

Independientemente de ello, es totalmente válido que uno venda el giro principal y aparezca una prestación adicional, de manera que ese no puede ser sancionado. De eso no se trata el debate, aquí el tema, es la forma y circunstancias como una empresa elabora su propuesta ofertable para el mercado, lo que está en discusión es cómo los cines han elaborado un producto, en este caso una propuesta ofertable de negocio  en la cual el consumidor no tenía la posibilidad de llevar sus propios snack al cine convirtiéndose una cláusula abusiva, porque no hay poder de negociación para desligarse de esa exigencia del cine y existe una imposición, de tal manera que se acepta esa obligatoriedad sin más. Hoy el consumidor como ciudadano ha recuperado su poder de decisión en este sentido, se ha hecho respetar su ciudadanía económica, y se le ha empoderado desde este punto de vista se ha empoderado al consumidor desde este punto de vista.

Algunos “ideólogos” han comenzado a opinar que esta decisión afecta a los negocios o al modelo de negocio. Hay que tener en claro, que un negocio es un negocio, donde se puede ganar o perder, así funciona el mercado, tendrán que ser inteligentes los cines para poder modificar su propuesta ofertable hacia los consumidores. Nadie puede asegurar que subirán las entradas o bajarán los precios de las canchas, esa es una evolución que supongo están haciendo los empresarios,  porque las propuestas de negocio no son estáticas, son dinámicas y se adecuan a las tendencias y comportamiento, demandas y exigencias de un mercado creciente y competitivo como el nuestro, lleno de presiones crecientes y extendidas, y como en todo negocio existen riesgos.

En el caso en particular, existe una posibilidad de que los cines incrementen el precio de sus entradas, ¿nos debe sorprender? No, ¿pueden hacerlo? Si. ¿Cuál es el punto entonces? Lo que realmente es interesante, es que se lejos de ralentizar y reducir el mercado como algunos argumentan, se va abrir nuevas posibilidades de competencia, que van a beneficiar tanto a los cines como a los consumidores.

Por un lado, de las 8 cadenas principales que existen, el verdadero juego de la competencia comienza en el precio de las entradas, ¿cuánto subirán puede ser la gran pregunta? Si algún precio por entrada se dispara, muchas pueden seguirlas, pero aquella que no, se le abrirán un abanico de posibilidades para llenar sus salas. Por otro lado, los precios más caros, tendrán una especie de “exclusividad” para aquellos que puedan pagar esos precios, de manera que el consumidor que prefiera mayor tranquilidad pagará más, el consumidor que prefiera un precio menor posiblemente tendrá que hacer colas más largas y ver su película con una sala más llena. ¿Problema en algún caso? Ninguno.

Otro es el tema del precio del pop corn, de repente se crean promociones nuevas, con precios más cómodos, que incentiven al consumidor a preferir comprarlo en otro lugar, además si el precio es aceptable  que no está demasiado lejos que el costo que asumimos en comprar nuestro maíz y preparar nuestra propia canchita, entonces se abre una vitrina para aquellos que se ahorren ese trabajo y compren su pop corn en el cine.

Lo que va a ver en el futuro es definitivamente una reestructuración de la propuesta ofertable de los cines hacia los consumidores, que supongo lo harán con inteligencia para mantener su rentabilidad. De ahí a argumentar como lo han hecho algunos “ideólogos”, que: “las empresas van a verse seriamente afectadas, que se está afectando los modelos de negocios en el Perú, que no habrá inversión, que las empresas se retiran del mercado, que es una resolución populista, que se desprotege al consumidor, que se retirarán las cadenas de cine, que los consumidores asumirán los costos exorbitantes en las entradas, etc.” Todos estos  razonamientos son exagerados, desbordados, difusos, falaces, fuera de lugar, que no contextualizan la realidad y con el modelo de economía de mercado, establecido por la Constitución, el cual gira sobre la base del protagonista del mercado que es el consumidor, tal como lo dice la doctrina.

Aquí se trataba de una limitación al derecho del consumidor, que hoy día ha sido resuelta a su favor por el INDECOPI. Razonamientos exagerados como los antes mencionados, solo demuestran una argumentación errática de muchas personas que no manejan con propiedad las categorías conceptuales de la teoría derecho del consumidor y el derecho ordenador del mercado, y algunas categorías iuseconómicas que se encuentran inclusive en la constitución.

Conclusiones

Es oportuno señalar, que toda aquella medida administrativa que restituya la libertad en el consumidor, debe ser saludada y aplicada en su sentido más amplio, en este caso, estamos seguros que se le está devolviendo la fuerza y el poder de elección a los consumidores, quienes podrán optar por posibilidades más amplias que puedan beneficiarlos.

Por el lado de la Industria, no es una medida que atente contra la libertad empresarial, sería erróneo argumentar ello, más aún, cuando existe en otros países de la región y otros continentes, y  el mercado sigue potenciándose y creciendo. Si bien es cierto, los productos que se venden, son parte de la experiencia del cine, la verdadera experiencia, no está en consumir lo que obligatoriamente nos ofrecen en el cine, sino lo que de manera adecuada y contextualizada, podamos elegir los consumidores para vivir nuestra propia experiencia de cine.

Las alarmas sobre futuras acciones contencioso administrativas son más que evidentes, en este sentido, esperamos que el Poder Judicial  bajo el esquema trazado por el INDECOPI, puedan confirmar la Resolución, de tal manera que pueda ser efectiva y aplicarse en beneficio, protección y defensa de los consumidores. El consumidor, es quien da vida al mercado y es en el mercado donde  hacen efectivas, se visibiliza y materializan los derechos humanos de las personas, de tal manera que hablar de la defensa del consumidor, es también hablar de la defensa de los derechos fundamentales, mandato que las autoridades judiciales no pueden negar ni discutir, sino defender.

Hay mucha gente que ha escrito, desde penalistas, civilistas, tributaristas, diversos colegas, que entiendo, porque cuando un tema se pone en boga todo el mundo comenta, pero hay que ser sistémico, hay que entender las cosas sobre la base de su propia naturaleza, hay que dimensionar el debate sobre la base estricta del derecho del consumidor, frente a una conducta abusiva de un operador del mercado. Este es el tema.

Finalmente, si queremos construir una cultura de consumo responsable en el Perú, si queremos promover prácticas de buen gobierno corporativo de cara al mercado, si queremos promover la responsabilidad social empresarial, si queremos que existan de por medio productos y servicios de calidad en el país, de esa calidad de la que hablaba Juan Pablo II, en su Carta Encíclica Centesimus Annus del 1 de mayo de 1991, tenemos que ser capaces de promover y difundir debate alturado, sistémico, preciso, coherente y principista, para que todos los actores del mercado, es decir consumidores, proveedores y el propio Estado, debemos hacer análisis serios, leamos la norma, y opinemos para construir, para promover un mercado competitivo, creciente, transparente y no para hacer chacota sobre el tema, así no se avanza.

PERÚ ECONÓMICO EN EL 2018. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA PERUANA A FEBRERO DE 2018

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La economía nacional no ha tenido un incremento estadístico y porcentual que se hubiese esperado al comenzar el año, las cifras se han mantenido estables en estos primeros meses. Esperamos que en los siguientes meses, se observe un gran crecimiento económico para el país, pero que este crecimiento, sea un crecimiento sostenido y permanente, que pueda traducirse en beneficios para todos los peruanos. 

Las cifras que presentamos a continuación sobre las variables económicas a febrero de 2018, nos muestran un primer panorama del año, que esperamos que mejoren porcentualmente a lo largo de los siguientes meses.

Como siempre gracias a la gentil colaboración de nuestro dilecto amigo, el economista Javier Zuñiga, uno de los profesionales en la materia más reconocidos del país, quien con mucha maestría y estudio propio del análisis de un académico reconocido, nos muestra el comportamiento económico en el multinivel internacional.

A continuación, un breve detalle de lo que expresa Javier, respecto de la economía del país hasta el mes de febrero.

Las cifras económicas al mes de febrero del presente año, nos muestran variantes que tomaremos en consideración para este reflexivo análisis de las potencialidades y perspectivas que nos ofrece la economía del país  en los próximos meses, de tal manera que el entorno político, económico y social influyen progresivamente en la estabilidad de nuestra economía.

En el campo internacional, el PBI se proyecta de la siguiente manera:

– En Europa, los países de España y Francia se proyectan con un ligero incremento porcentual, mientras que para Alemania y Reino Unidos, una ligera disminución porcentual.

  • En Asia, Corea del Sur, China y Japón, se mantienen estables con porcentajes que fluctúan en las cifras del año anterior. La India se proyecta a incrementar en un 0.7% su PBI de 2017.
  • En América del Norte, tanto México como Estados Unidos se mantienen estables. Canadá puede verse afectada con la desaparición del TLCAN, reduciendo un 0.9% respecto del año 2017.
  • En América del Sur, tanto Brasil, Chile, Colombia y Perú se proyectan con importantes valores de crecimiento. Perú se proyecta a aumentar el PBI a un 3.5%, exactamente 1.0% respecto del año 2017. Colombia y Chile podrían alcanzar un 2.8% en el presente año.

Respecto de la inflación, actualmente el Perú tiene un porcentaje de 1.37% de inflación. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se espera que este año la inflación sea de 2.0%. Otros países de la Región se mantienen estables como Chile, Colombia, Bolivia y Brasil con cifras que no superan el 5%; Argentina cuenta con una inflación de 24,8%; y, Venezuela representa un caso particular que termino con una inflación de 2,616%

El tipo de cambio a fines de diciembre llego a 3.32%, comenzando el año no ha sufrido variaciones importantes. Se esperaba que la cifra fluctuara entre los 3.24% y los 3.34%, sin embargo, al mes de febrero tenemos una tasa de cambio de 3.22%.

La tasa de interés de referencia influye en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo y establecida por la entidad monetaria de un país. El Perú cuenta con 3.0%. El porcentaje más alto de la región es de Colombia con un 4.50%.

A raíz del fenómeno del niño en la zona norte de nuestro país, se establecen valores a tomar en consideración respecto de la reconstrucción nacional:

  • El monto total de la reconstrucción es de S/ 18.962 millones de soles.
  • Los Ministerio con mayor participación de recursos económicos y humanos son: El Ministerio de Transporte y Comunicaciones; Ministerio de Educación; y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El sector pesca posee cifras positivas en la población de anchoveta en el 2017 (7.780milesdeTM). Debemos señalar, que es un sector con gran producción industrial, sin embargo, la anchoveta se encuentra actualmente en constante vulneración, por el recorte de sus ciclos de reproducción. Una política de fiscalización y gestión del recurso marítimo sería idónea para preservar numerosas fuentes.

En el 2018, se espera que los sectores de pesca, construcción y manufactura; con un 22,5%; 8,9% y, 5,0%; respectivamente.  En el 2018 se esperaba un crecimiento importante de la Minería en un 5,3%; sin embargo, nuevos estudios proyectan una cifra de 3.8%, mucho más cera a la actual de 3.5%

Finalmente, la  inversión total en el 2017, como porcentaje del PBI real, fue de 22,6%. Recordemos que como política de país, debemos afianzar y consolidar nuestros sectores de producción y extracción, desarrollando innovación y capital intelectual, que ponga nuestros productos en la palestra del mundo, otorgándole la plusvalía necesaria que evidencia un real crecimiento nacional, y que nos permita competir con los más altos estándares de calidad en el mercado.