La justicia, que implica la aplicación del derecho y su consecuencia a un caso concreto, dando a quien corresponda, se ejerce en los diversos niveles del Estado. Así como la hay en el Poder Judicial, existe a nivel constitucional (Tribunal Constitucional), elec¬toral (Jurado Nacional de Elecciones), político (Congreso), etc.

La administración pública también ejerce justicia: la justicia administrativa. Su característica principal es no ser terminal, ya que, conforme a la Constitución, sus decisiones soportarán control judicial. A eso se llama cosa juzgada relativa o formal, a lo que la collera de administrativistas gusta llamar “cosa decidida”.

Uno de los entes autónomos del Estado que ejercen justicia administrativa es la Contraloría General de la República (CGR), que, a partir del 6 de abril de 2011, recuperó la facultad de sanción directa por faltas graves y muy graves de los funcionarios, servidores del Estado y todo aquel que ejecute o haga gestión con el presupuesto del Estado. Corresponde a la CGR velar por el adecuado gasto y gestión (público o privado) siempre que el origen de los recursos sean del Estado.

Esta recuperación de facultades fue muy importante, decisiva, ya que le eran preexistentes a 1990 y fueron cercenadas por el fujimorismo para facilitar el control del Estado desde el poder. La Ley 29622 reivindicó esta potestad, creando el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) en tres fases: instrucción, sanción en primera instancia y apelación a la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Ha sido un logro muy importante recuperar la facultad directa de sanción, ya que con ello se permite a la CGR cumplir adecuadamente el rol constitucional que le ha sido asignado evitando la impunidad y, con ello, el caldo de cultivo al descontrol en el gasto y gestión presupuestaria y, evidentemente, la corrupción con el dinero de todos los peruanos.

Pero, al mismo tiempo que este esquema de justicia administrativa puede ser riguroso y severo, también está rodeado de esenciales garantías del debido proceso (que la doctrina constitucional y jurisprudencial ha extendido a la justicia administrativa). Así, a ningún administrado se le podrá sancionar dos veces por lo mismo (non bis in idem); el TSRA está obligado a reconducir las pretensiones equívocas al correcto derecho (Iura novit curia), debe observar la prescripción extintiva de responsabilidad cuando sea invocada por su beneficiario, solo puede sancionar por lo que esté expresamente previsto en la ley de sanción (legalidad y tipicidad), las resoluciones deben estar debidamente motivadas, existe el derecho a la instancia plural y no se puede aumentar una sanción impuesta de primera instancia ante la apelación del sancionado (reformatio in peius), por citar algunos principios esenciales que rodean al debido proceso y al esencial derecho de defensa, que no solo recoge la normatividad administrativa, sino que parte de la Constitución y del Pacto de San José, vigente para el Perú desde el 11 de julio de 1978.

Así, el sistema ya se ha implementado y funciona bastante bien, lo que relieva el impulso y esfuerzo del contralor desde el inicio de su gestión constitucional de 7 años. El TSRA, definido como el poder judicial de la CGR, cumple en septiembre 2 años de pleno funcionamiento y ha generado una importante jurispruden-cia administrativa, incluyendo en ello un Acuerdo Plenario, declarado precedente obligatorio con relación al non bis in idem, que generó revuelo y que ha sido objeto de estudio por el sector serio de la academia administrativa. Su carga jurisdiccional va en progresivo incremento y ha ganado plena legitimidad, sobre todo a partir de su reglamento del 3 de junio de 2013. Su mayor bondad radica en su notoria independencia. Sus integrantes, ganadores de un concurso público modélico encargado inicialmente a una reclutadora trasnacional, no son funcionarios de la CGR, aunque tienen una designación y ejercen una función pública de la CGR, y la ley y el Reglamento han cuidado el garantizar y proteger esta independencia, al punto de que ni el propio contralor podría dar indicaciones, sugerencias o peticiones sobre los caso que conoce.
La ciudadanía y los administrados deben tener la seguridad de que en el PAS de la CGR y, sobre todo, en el TSRA, el cuidado en la ejecución y manejo de los fondos públicos esta bajo estricto control, al tiempo de que quien deba pasar por él tendrá plenamente garantizado su legítimo derecho de defensa con las todas las garantías constitucionales en vigencia.

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Lo que está ocurriendo con el candidato Luis Castañeda Lossio (LCL) ante el sistema electoral, así como lo que desde el Congreso de la República (CR) se pretende hacer con el expresidente Alan García (AGP) no son sino señales de que la política se ha judicializado. Es decir, el debate político, la lucha elec¬toral y el intercambio democrático de ideas y postulados han cedido paso a la batalla jurídico-jurisdiccional-electoral con la cual ahora se pretende mover las fichas del ajedrez político.

Es probable que, cuando usted lea estas líneas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya se haya pronunciado en definitiva sobre la exclusión de LCL de la carrera política por la alcaldía de Lima –en la que corre como evidente favorito–, con una resolución en mayoría paupérrima de contenido jurídico del Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEELC). Y es que, más allá de la falta que se pueda haber cometido en la hoja de vida consignada ante el JNE, resultan evidentes cuatro cosas: (i) La exclusión de la competencia política es una sanción, por lo que su procedimiento se debe ajustar a las reglas del proceso administrativo sancionador al que, conforme lo ha dispuesto en Tribunal Constitucional (TC) en reiterada jurisprudencia, alcanzan las reglas del debido proceso que tiene expresa protección constitucional; (ii) si lo que se impone al excluido es una sanción, resulta evidente que la primera regla de sanción es que la misma debe constar en regla jurídica expresa e indubitable (principio de legalidad/tipicidad) sin que deje margen de duda al intérprete; (iii) si la sanción está prevista por ley expresa, clara e indubitable vigente al momento de los hechos juzgados, su correlato (lo que se impone) debe ser proporcional y razonable a los hechos involucrados; y (iv) la falta debe estar comprobada, fuera de toda duda razonable.

En el caso del LCL, el JEELC incumple estas reglas esenciales del derecho. En primer lugar, no existe norma jurídica que ampare la sanción de la exclusión por haber consignado datos incompletos en la hoja de vida (no son datos falsos, sino incompletos, dado que es verdad que es abogado, pero no ha precisado que el título fue conferido por una universidad distinta a aquella en la que cursó sus estudios. En segundo lugar, no habiendo norma que ampare la sanción, la exclusión de la carrera electoral es, a todas luces, desproporcionada a los hechos juzgados por la justicia electoral, dado que no se corresponde al hecho de no haber precisado el origen universitario del título profesional. Por lo demás, es tan desproporcionado que esta resolución (que increíblemente basa su sanción en una mera “presunción de culpabilidad”) termina alterando el panorama electoral dado que –por la vía de la exclusión–el JEELC termina privando a los electores de Lima del candida¬to favorito. ¿Es o no una alteración de la realidad electoral y de su previsible resultado? ¿Es o no alterar el mapa político que los electores desean que se les respete por la fuerza de sus votos para la capital? ¿Es o no una grosera alteración de las reglas esenciales de la democracia basada en que es el pueblo, en mayoría, el que debe de¬cidir su destino político y no dos de tres magistrados electorales que han violado el debido proceso?

Esperamos confiados en que el JNE cumpla con su deber de hacer justicia electoral corrigiendo este evidente exceso. En verdad se crearía una crisis política sin precedentes si esta exclu¬sión se convalidara, y, sobre todo, dejaría el claro precedente de que en el futuro cercano, la contienda electoral ya no estará en la plaza pública ante los votantes, sino en los estrados jurisdiccionales donde algunos eliminados/interesa¬dos decidirán el futuro político de todos nosotros.

Otro tanto parece ocurrir con AGP, con quien el CR se empeña en lograr su inhabilitación política (sin juicio previo, dicho sea al paso) por la sola suma de los votos de los congresistas, a fin de cerrarle el paso a una eventual candidatura en el 2016. Si no hay reelección inmediata –cosa que es muy sana–, resulta democrático y constitucional que quien ha dejado pasar un periodo constitucional intente lograrlo, por la vía de los votos y no de las condenas políticas o jurisdiccionales generadas ex profeso, para ser sacado del camino por los potenciales rivales políticos. Así no contribuiremos a consolidar la democracia institucional en el Perú

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El Colegio Militar Leoncio Prado (CMLP) es una institución emblemática y singular. Ha cumplido 71 años y sus instalaciones han visto mucho de la historia reciente del Perú, al punto de que parte de su vida aparece magistralmente descrita en la universal novela de Vargas Llosa, inicialmente titulada La morada del héroe, en referencia a Leoncio Prado, pasando a llamarla Los impostores, con la que ganó el Premio Biblioteca Breve en 1962. J. M. Oviedo cuenta que el entonces joven escritor no estuvo satisfecho con ese título, sugiriéndole dos: La ciudad y la niebla y La ciudad y los perros. Vargas Llosa optó por este último.

Fue fundado el 27 de agosto de 1943 mediante decreto ley del presidente Manuel Prado y Ugarteche, hijo del ex presidente Mariano I. Prado (con quien se declaró la guerra con Chile en 1879) y hermanastro del héroe de Huamachuco, quien le dio su nombre. Tiene como característica brindar solo los tres últimos años de educación secundaria bajo un esquema militarizado en el cual jóvenes de entre 14 y 16 años se internan como cadetes a una mixtura de escuela-cuartel para culminar la secundaria y compatibilizar sus estudios con una vida militarizada, con todas las características y complejidades que esto trae a los adolescentes en pleno tránsito a la adultez.

Lo que mejor describe la obra de Vargas Llosa es que, por su estructura, el CMLP concentra –en cada promoción– a todas las capas de la sociedad peruana sin exclusión y, asimismo, a todas las razas sin excepción. Los hay blanquiñosos, rubios, afrodescendientes, mulatos, morochos, andinos, amazónicos, chinos, niséis y, sobre todo, mestizos de toda laya. Y, claro, como al ingresar lo primero que se hace es raparles el pelo, darles botas y uni¬formes nuevos (las prendas “civiles” con las que ingresan son devueltas a casa), la uniformización es absoluta. No se puede distinguir quién es de los de arriba ni quién es de los de abajo. Tampoco el lugar de origen, apenas distinguible por el acento. Ello, sumado a la disciplina de jóvenes jugando a ser militares, constituye un crisol de razas y clases sociales, como un micro¬cosmos de la realidad peruana que espera a sus cadetes en sus extramuros, enfrentándolos de golpe y a muy temprana edad con la cruda realidad nacional.

Es evidente que el paso del escribidor fue enriquecedor y aleccionador, pero no grato. De hecho, no terminó en el CMLP, sino en Piura. De ello dejó constancia en una conferencia brin¬dada en el ICI, en 1983, en Madrid, ante la interrogante de un excadete, respondiendo que le quedaba claro que la experiencia entre el preguntón y suya eran “muy diferentes”.

En los 70 leer La ciudad y los perros en el CMLP estuvo prohibido. Pertenecía al “Index” del decálogo militar del cadete. Eso la hacía mucho más atractiva, ya que descubrir el CMLP desde la descripción del escribidor, al tiempo de vivir su experiencia evadiendo una sanción, era una aventura fascinante. Se constataba que en cada promoción –y, en verdad, en cada una de sus 10 secciones– siempre había un ‘Jaguar’, un ‘Esclavo’, un ‘Boa’, un ‘Serrano’, un ‘Teniente Gamboa’, un ‘Brigadier Arróspide’ o un ‘Poeta’.

Pero la realidad del CMLP trascendió a la famosa novela. De hecho, la célebre expresión “¿Qué me mira cadete? ¿Quiere que le regale una foto mía calato…?” fue lo que más quedó del imaginario del filme sin haber sido parte de la pluma del escribidor. Pertenece a la cotidianidad de su disciplina durante las formaciones (en la realidad, la frase es más larga y más grosera) y debe haber saltado al guión de la película desde alguno actores que fueron excadetes (J. M. Ochoa o R. García).

Como a toda gran institución, las leyendas también rodearon al CMLP. Una de estas contaba en los 70 que en 1968 (algunos dicen en 1964) en el patio formación se había exorcizado la famosa novela, quemándose 500 ejemplares (algunos dicen que 1,000) y convirtiéndose en un libro prohibido para los militares. Esto alimentó su fama de intolerantes en una época de Gobiernos de facto en toda América Latina, al tiempo que crecía la bien ganada fama y mérito literario de la novela. Si bien siempre se dio por hecho la quema, esto nunca fue comprobado.

Se podría afirmar que la calidad de la educación no era el punto fuerte del CMLP. En el pasado tuvo mejores maestros. Pero, en todos los tiempos, el apego a la disciplina –aunque la mayoría de sus egresados no optaran por la carrera militar–, el amor a la patria, el deporte y el amor propio en la competitividad fueron sus principales valores. Sin duda, la principal virtud en la convivencia de 3 años fue la solidaridad. La amistad, la camaradería y la ayuda al otro fueron los principales valores que prontamente desarrollarían compañeros tan disímiles: los de la sección se ayudaban entre sí, los de la promoción entre sí y los del CMLP siempre se mostraban unidos frente a los demás. Por ello que su paso, a tan tierna edad, dejaba en la mayoría de sus exalumnos una impronta indeleble que se extendería toda la vida: “¡Tres años de cadetes, amigos, para toda la vida!”. ¡Alto el pensamiento!

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Las relaciones con Chile distan mucho de ser “fraternas” y carecen de un destino común. Obligados a la fuerza a compartir en los últimos 135 años fronteras –terrestre y marítima– como nefasta consecuencia de la Guerra del Pacífico, aquellas han estado signadas por un permanente enfrentamiento, controversia y conflicto. Nada hay en el horizonte que avizore su cambio en el futuro mediato ni inmediato.

La clave de esta relación desigual quizás hunda sus raíces en la historia y tal vez se remonte a las pugnas entre Pizarro y Almagro en la Conquista, lo que terminó con el destierro de Almagro a las tierras del sur, privadas de las riquezas del Imperio inca, y el posterior magnicidio del primero a manos de los herederos del segundo.

En el siglo XIX, Diego Portales marcó las líneas maestras de esta relación tensada por la disimilitud de intereses, afanes y su marcado antiperuanismo. Por entonces, Chile solo tenía alrededor del 50 % del territorio que hoy posee, carecía de la riqueza del salitre y, de haber seguido así, habría carecido del cobre que tanto beneficio le trajo después.

Culminada la Guerra del Pacífico y habiéndose apoderado de vastos territorios de Bolivia y el Perú, Chile suscribió con nuestro país una serie de tratados y acuerdos respecto de los que jamás fue diligente en su cumplimiento voluntario ni completo. Así, el Tratado de Ancón de 1883 establecía la pérdida irremisible de Tarapacá y la entrega, por 10 años, de Tacna y Arica, con cargo a un plebiscito decidor. No hubo tal ni en 1893, ni en 1903, ni en 1913 ni en 1923. No lo hubo nunca en casi 50 años. Fue en 1929 que un Protocolo Complementario, luego del arbitraje del presidente de los EUA, zanjara la reincorporación de Tacna al seno nacional y la pérdida irremisible de Arica a favor de Chile.

Este último instrumento contenía beneficios para el Perú para compensar la amargura por la pérdida de Arica, que Chile se tardó en reconocer otros 80 años y que, hasta la fecha, no ha cumplido cabalmente. Desde 1952, Chile construyó la artificialidad de la frontera marítima, apropiándose–una vez más– de parte del mar peruano, hasta que en el 2014, ante el fracaso de una solución madura, consensuada y razonable (lo que nunca ha habido en las relaciones con Chile), tuvo que ser la Corte de Justicia Internacional de La Haya la que impusiera una delimitación marítima.

Ante la ejecución del fallo de La Haya, Chile ha encontrado una nueva fuente de conflicto: releyendo abusivamente el Tratado de 1929 que zanjó la frontera terrestre y haciendo sumatoria con el fallo de La Haya que define la frontera marítima, deroga el artículo 2.° del Tratado de 1929, que señala: “El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y, en consecuencia, la frontera entre los territorios del Perú y de Chile partirá de un punto de la costa que se denominará ‘Concordia’, distante 10 kilómetros al norte del puente del Río Lluta”. Obviamente, se entiende que la frontera terrestre empieza donde acaba el mar y empieza la tierra siguiendo hacia el este en forma paralela a la vía férrea del ferrocarril Arica-La Paz.

Hoy Chile desconoce eso y pretende de manera prepotente que el inicio de la frontera ya no sea el punto de inflexión del mar con la tierra, a ser llamado Concordia, distante a 10 km del puente sobre el río Lluta, sino en lo que se conoce como Hito 1, a 256 metros tierra adentro, ya no en donde el mar acaba y empieza la tierra, sino en la proyección perpendicular del Hito 1, que está a más de 10 km del puente sobre el río Lluta, generando un triángulo de más de 30,000 m2 que ha devenido en un símbolo de reivindicación terrestre para ambos países: el Perú no desea perder más territorio que el que ya ha cedido forzosamente y hace valer su título jurídico, mientras que Chile, siguiendo con su avance hacia el norte, aminora su frustración frente a la sentencia de La Haya interpretando ma¬ñosamente –una vez más– sus obligaciones internacionales.

Lo más importante de comprender (y es en lo único en que el Senado chileno tiebe razón) es que las relaciones con Chile deben ser reevaluadas. Hay que entender que es parte consustancial de su política con el Perú manejarse a punta de contenciosos, pleitos, reclamos, bravatas y amenazas; que mientras el Perú no dé una señal clara de que no volverá a tolerar ello, que se sabrá defender, Chile insistirá con lo que ha sido una constante en nuestra accidentada relación durante toda la vida republicana, y que en tanto estas relaciones no estén verdaderamente normalizadas, en el 100 % de toda su complejidad, no podrá avanzarse en materia de acuerdos comerciales, ni inversión chilena bien recibida, ni gas, ni electricidad ni posibilidad de cooperación igualitaria alguna. Y, por cierto, no debemos descartar volverles a ganar un nuevo proceso si es que insisten en la apropia¬ción del triángulo terrestre y recurramos –esta vez con más fuerza y con toda razón– al arbitraje del presidente Obama para que defina esta nueva controversia. Ya deberíamos trabajar en ese escenario.

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El cuarto año de gobierno se ha estrenado, entre otras cosas, con una importante escisión en la bancada congresal de gobierno en protesta por lo que consideran ha sido la imposición en la presidencia del Congreso de la candidata de la Primera Dama. Al final, esta candidatura se concretó en segunda vuelta y a duras penas, pero a costa de fragilizar la mayoría relativa que el partido en el gobierno mantiene. Con ello, fragiliza la posición del Ejecutivo en el Congreso y hace peligrar no solo la emisión de las leyes más importantes aún en cartera, además del necesario control parlamentario, sino que pone en riesgo inclusive el voto de investidura de la Premier Jara, empoderada luego del abrupto renunciamiento del expremier Cornejo.

De alguna manera el Partido Nacionalista tiene experiencia en dramáticas rupturas congresales. Ya en el periodo 2006-2011, donde obtuvo la segunda mayoría más importante en el Parlamento, se vio prontamente dividido, dando lugar a dos bancadas, debilitando su fortaleza y enorme ventaja relativa, al punto que, ayer como hoy, personas allegadas al actual Presidente le dieron la espalda con sonoras renuncias. Hasta ahora resuena la estridente renuncia del entonces congresista y 2do. Vicepresidente de la República Torres Caro (“No, Ollanta, así no es, Ollanta….”) que se dio casi al inicio en dicho periodo. Hoy la ruptura si bien se ha dado en menor número, no ha dejado de ser dramática e igualmente debilita a la mayoría relativa en el Congreso del gobierno. Más allá de sus causas y razones, lo cierto es que estas rupturas, renuncias, transfuguismos y, finalmente, notorias traiciones son una constante en aumento en nuestra política nacional.

¿Cuál es la causa principal de las mismas? Es verdad que la lealtad, la honestidad, la gratitud y la consecuencia son valores casi inexistentes en el quehacer de la vida política doméstica. Imagino que, mutatis mutandi, lo mismo ocurre en la vida política de todas las naciones en general. La respuesta de “así es la política” es un lugar común, casi como lo es la expresión “así es el futbol” con que se pretende justificar casi todo. Pero resulta evidente que los quiebres, renuncias, transfuguismo y traiciones partidarias tienen que ver, fundamentalmente, con la fragilidad que presentan y proyectan los partidos políticos en general.

Cuando no hay un partido político sólidamente institucionalizado, con democracia interna y cuadros que permitan su renovación y alternancia, remedando del mejor modo lo que debe ser la política en general sobre la que se proyectan, siempre estaremos expuestos a que sean la improvisación, el amiguismo, el clientelismo o a la conveniencia económica resulten las principales motivaciones a la hora de formar los cuadros presidenciales, los candidatos al Congreso, a las regiones y a las alcaldías, incluyendo la elección de los propios ministros de Estado. La falta de institucionalización y la fragilidad de estas relaciones (en las que a veces los líderes políticos ni siquiera conocen a los integrantes de su lista congresal y quienes serán parte de su bancada) ha sido la constante de los últimos 50 años en el Perú.

Los partidos políticos consolidados e institucionalizados (más allá de pleitos de personalidades, celos, apetitos o herencia política) serán los que estarán más alejados del riesgo de transfuguismo, rupturas y traiciones, en tanto que los partidos improvisados, los movimientos coyunturales o aluvionales, serán lo que estén más expuestos a que los aventureros y oportunistas de turno se suban al coche sin convicción ni vinculación real, tan solo por el puro interés o la mera conveniencia. Y serán estos los que estén en primera línea para protagonizar sonadas rupturas, transfuguismos o traiciones como las que estamos viendo con reiterada contumacia en el inicio de la cuarta legislatura del actual gobierno. El caso más evidente es, sin duda, el protagonizado por el congresista Jaime Delgado.

A ello se le suma el natural desgaste del gobierno y el cálculo político respecto de la conveniencia personal en el futuro inmediato (¿Dónde me acomodo mejor?), resaltándose el antivalor de la inconsecuencia política y personal, sin quitarle hierro a las fundadas quejas de manejo autoritario y poco democrático de los líderes del propio partido de gobierno (el Presidente y su esposa), dejando de lado a sus integrantes y tomando decisiones inconsultas, como si el gobierno sólo fuera de la pareja presidencial y no del Partido Nacionalista, postrando a sus integrantes (ministros, congresistas y funcionarios de alto nivel) como su comparsa y con una mera instrumentalidad. La suma de todo ello escribe el guión del actual escenario político en el país y no se percibe que estas taras tengan solución eficiente en el corto o mediano plazo.

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Como lo ordena la Constitución, corresponde al Presidente de la República dirigirse al Congreso este 28 de julio para dar el Mensaje a la Nación, haciendo una exposición personal y por escrito con el detalle de la situación de la República y las mejoras y reforma que juzgue necesarias y convenientes para la consideración del Congreso, a partir de lo cual éste podrá hacer el control parlamentario sobre las labores del Ejecutivo que se desarrollen en el curso del año de gobierno que así da su inicio.

El detalle de que sea personal excluye que el mensaje pueda ser delegado. El apunte a que deba ser por escrito, puesto desde la Carta de 1979(D), fue para contradecir los arranques de improvisación de que hizo gala el presidente Belaúnde, que si bien podía tener una retórica que a algunos gustaba mucho, distaban de ser serios, institucionales y de contener planes específicos sobre los cuales desarrollar un trabajo organizado, ni ejercer adecuadamente el control parlamentario y ciudadano sobre ello. Como para evitar que las palabras se las lleve el viento de la política doméstica.

¿Qué se espera para el mensaje de este 28 de julio? Cuando Ud. lea estas líneas, el Mensaje a la Nación ya se habrá dado y nada espectacular se habrá dicho. La semana pasada se ha inaugurado una nueva Premier en la cabeza del Ejecutivo que aún tiene en pendiente el voto de investidura ante el propio Congreso, previsto recién para agosto, ya que de ese modo fué zanjada la crisis ministerial provocada por la salida a trompicones del ahora exministro René Cornejo. Por lo tanto, los planes, logros y proyectos que se han presentado al Congreso, de cara al inicio del cuarto año del gobierno constitucional, están signados por estos cambios y con su infaltable cuota de improvisación y prisa.

No cabe duda que el Presidente, y su esposa, no han sido afortunados con la selección de sus primeros ministros. Fiel al temperamento desconfiado de la pareja presidencial, estos siempre han sido escogidos del estrecho círculo de confianza que han desarrollado desde que asumieron el control de la Casa de Pizarro. En vez de trabajar consensos políticos que les permitan llamar a técnicos o a líderes de prestigio, que prestigien su gobierno, han optado por la endogámica opacidad de sus allegados, alguno de los cuales han terminado el premierato sin quedar muy allegados que digamos. El resultado salta a la vista. Por ello, nada diferente se espera ahora en que se ha escogido de Premier a quien más eficazmente ha fungido de operadora política del Gobierno.

Sin entender la diferencia fundamental entre la Jefatura de Gobierno y la Jefatura de Estado, el Presidente y su esposa se han empeñado en sacar adelante algunas reformas esenciales para el país, manteniendo el sistema económico pero descuidando los aspectos de inseguridad ciudadana respecto de los cuales han exhibido conceptos como el de “histeria”, “percepción” y “bola de cristal”, cuando esta es una lacerante realidad. La negación de lo evidente y la impaciencia frente al reclamo ciudadano, ha sido las constantes con que han enfrentado el álgido tema de la seguridad y el notorio incremento de los índices de criminalidad. Recién con la designación del Ministro Urresti parece que, de relancina y por descarte, la hubieran achuntado luego del evidente fracaso en la designación del antecesor en un complejo encargo como el que impone el Ministerio del Interior, con toda la problemática del manejo de la seguridad ciudadana, el status de la Policía Nacional y el eficaz combate a la criminalidad de todos los niveles y órdenes.

Le quedará sólo un año para intentar resolver las metas prometidas. El 28 de julio del 2015 se inaugurará el año de la despedida y de plena efervescencia electoral en la busca del sucesor en Palacio de Gobierno. Es imprescindible que la pareja presidencial comprenda del modo más adecuado el apropiado manejo de los tiempos políticos –que no siempre van de la mano del calendario gregoriano-. Y también resultará más que necesario un mejor manejo de su mayoría parlamentaria en el Congreso (respecto de la cual carecen de un operador apropiado, máxime con la salida –poco decorosa, de ser jefe de un Poder del Estado a ministro de Estado- de Freddy Otárola para reponer la vacante del Ministerio de Trabajo), y que, como todo parece indicar, debutará fraccionada en la legislatura que se ha inaugurado este 28 de julio.

Finalmente, el Presidente y su esposa deberán mejorar su manejo con la prensa en general, con la que parecen estar en permanente confrontación, desde achacarle poner la agenda de los temas políticos (los que se ponen solos en nuestra variopinta política), hasta vender sólo escándalos, crímenes y accidentes, sin comprender que, en defecto de una institucionalidad democrática y de un adecuado manejo de la cosa pública, eso es lo que con generosidad ofrece nuestra pasmada realidad.

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Finalmente el Tribunal Constitucional (TC) recientemente recompuesto le ha dado la razón al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hace una semanas, una insólita sentencia de la anterior composición de una parte del TC había expedido una resolución con la que pretendía irrogarse la facultad de designar, ipso facto, nada menos que a un Fiscal Supremo en el ministerio Público.

Bien hizo entonces el Dr. Pablo Talavera, Presidente del CNM, en izar la bandera a media asta por lo que claramente era un cercenamiento de las facultades constitucionales, ya que el TC no podía –como finalmente ha quedado zanjado- pasar por encima de claras facultades constitucionales que dejan en manos del CNM la designación de los jueces y fiscales de toda la República.

Y es que a raíz de un caso de amparo, en que un postulante exigía que su no designación como Fiscal Supremo, luego del concurso correspondiente, estuviese motivada, el TC dio la razón al postulante y exigió tal motivación. El CNM cumplió varias veces con hacerlo, pero ni el reclamante ni el TC se dieron por satisfechos, hasta que el tema fue zanjado disponiendo el TC de modo imperativo la directa designación del frustrado postulante, avasallando las funciones constitucionales del CNM.

La reciente resolución anulatoria del nuevo TC culmina de modo definitivo todo este zafarrancho procesal y relieva dos aspectos fundamentales: (i) que el CNM cumplió en su día con motivar más que suficientemente las razones por las que no designaba a dicho postulante; y, (ii) que contra la votación de conciencia del CNM nada más podía hacerse, ya que la Constitución le reserva de modo exclusivo y excluyente la potestad discrecional de designar, previo concurso y decisión colegiada, a todos los fiscales y jueces, de todas las jerarquías, en el Perú.

Y es que la Constitución de 1993 que nos rige tuvo la bondad de sustraer de manos del Presidente de la República (y los Supremos de la ratificación adicional del Senado) la facultad de signar a los magistrados y fiscales de todo el país para encargarle esta delicada función a un cuerpo colegiado de conformación escabinada, en la medida en que no todos sus integrantes son abogados.

Así, el CNM se compone de 7 integrantes designados por distintos estamentos del Estado, de las universidades y de los colegios profesionales. Tiene por delicada labor dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de sus integrantes, en todas sus jerarquías, así como evaluarlos cada 7 años en los procesos de ratificación (lo que puede determinar la separación definitiva de los jueces y fiscales que no sean ratificados) y la facultad de destituir, previo proceso disciplinario a estos jueces y fiscales –en todas sus jerarquías- cuando incurran en falta muy grave que amerite dicha sanción.

Ese es el reto del CNM. Hacer procesos en los que se seleccione a los mejores para que sean nuestros jueces y fiscales, con la desventaja que no necesariamente la judicatura o la fiscalía son profesiones apetecidas para los mejores graduados en derecho de nuestras universidades, y que el proceso de selección sea riguroso (pero no absurdo) de manera que la designación final dote al poder Judicial y al Ministerio Público de sus mejores elementos. El otro lado de la función radica en depurar, vía la ratificación, de aquellos designados que no cumplan con los estándares constitucionales exigidos para mantenerse en el cargo. Y, finalmente, hacer severos e imparciales procesos de destitución que aleje la impunidad de la corrupción en la judicatura y en las fiscalías del país. En medio de todo ello, acabar con la brecha de provisionalidad que le ha sido heredada desde el régimen de Fujimori y que es tan pernicioso para la administración de justicia en el Perú. Menuda tarea.

Por ello es tan importante la labor que desarrolla, en el marco constitucional, el CNM. Y por ello la importancia de preservarla y mantenerla a tope. Hoy el CNM ondea su bandera en el tope del asta. Nos corresponde contribuir a mantener ello así en aras de la necesaria mejora de nuestra justicia y de las importantes labores que desarrollan nuestros fiscales. El nuevo TC ha empezado por reconocerlo, en blanco y negro, de ese modo. Bien por ello.

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El Tribunal Constitucional (TC) se ha recompuesto casi por entero. De sus 7 integrantes conforme a la Constitución, ha sido renovado en 6. El 85% de sus magistrados acaban de empezar un mandado de 5 años, lo que ha generado una legítima expectativa en la opinión pública, en el sector gubernamental y en la comunidad jurídica.

Como se sabe, la labor del TC es de suma importancia de cara a los pesos, contrapesos y controles que la Constitución impone en nuestro Estado de derecho. No tiene muchas facultades, tan sólo 3, pero son trascendentes para una democracia constitucional. Para empezar, tiene la facultad de derogar por inconstitucional una ley del Congreso de la República (y, en general, toda norma con rango de ley, incluyendo a los tratados internacionales) cuando determine, en su interpretación constitucional, que sean contrarios al texto de la Constitución. Para continuar, también puede dirimir los conflictos de competencia entre los distintos entes constitucionales cuando disputen competencias o atribuciones determinadas en la Constitución. Y, para terminar, puede definir las acciones de garantía constitucionales de hábeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento cuando hayan sido denegadas –en una primera instancia- por el Poder Judicial, ejerciendo un control jurisdiccional sobre todas las instancias judiciales de todo el país en dicha materia. No es poca cosa.

Se espera que el ahora recompuesto TC acometa con ahínco el debido cumplimiento de estas facultades, pues para ello se les ha nombrado, para ello han prestado juramento y para ello se les paga con los impuestos de todos los peruanos. No quisiéramos ver, otra vez, la frivolidad de ver interrumpidas sus labores jurisdiccionales, junto a todos sus asesores y trabajadores, para asistir, en horas de trabajo y de atención al público, al sorteo de asignación de los vehículos que el Estado –chofer y gasolina incluídos- les entrega, que siendo todos del mismo año y modelo, sólo se distinguían por su color(¿?).

Desde hace algún tiempo se impuso en el TC –contra la Constitución- que la revisión final de las acciones de garantía se viera en “salas” dividiéndose artificialmente el TC en dos salas de 3 magistrados cada una. Con lo cual sobreviven dos tipos de jurisprudencia: la que expide el TC en pleno con sus 7 magistrados, y las que expiden sus “salas” con solo 3 magistrados. Este proceder es irregular e inconstitucional. La Constitución define un TC de 7 magistrados en pleno con las 3 facultades antes descritas. No habla de “salas”. Esta subdivisión, bajo la alegación de la carga de trabajo y la necesidad de resolver más rápido, no le hace favor a la dedicación y producción jurisdiccional, no honra las labores de TC, además de tener serios cuestionamientos de constitucionalidad, y no otorga seguridad jurídica. En aras del cumplimiento constitucional y de aportar una jurisprudencia trascendente y legítima, el dividir el trabajo del TC en “salas” debería desaparecer de inmediato, yendo a un trabajo conjunto sólo en Pleno, como manda la Constitución. Obviamente ello supondrá un mayor trabajo jurisdiccional para los magistrados del TC, y sus asesores, en la labor que ahora han jurado cumplir. Pero, claro, de eso se trata.

Finalmente, sería recomendable que en las audiencias orales los magistrados del TC no cedan a la tentación de figuretear, muchas veces adelantando su criterio, haciendo disertaciones que no vienen al caso o, en no pocas veces, maltratando a los abogados defensores al pretender tomarles “examen” para demostrar su pública sapiencia a costa de los defensores en turno. Se debe recordar que las buenas maneras y el buen proceder no están reñidos con una recta administración de justicia constitucional, que los abogados merecen respeto en el esencial apoyo jurisdiccional que prestan y que, sobre todo, las preguntas de los magistrados deben estar relacionadas con los hechos materia de la controversia de que se trate para dilucidar su aclaración en aras de un mejor resolver, y no para un impropio lucimiento de los unos y a costa del público demérito de los otros.

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Contra viento y marea la nueva ley universitaria se ha aprobado por escaso margen en el Congreso de la República. Está pendiente de promulgación por el Presidente de la República. Ya hemos dicho que no deja de ser curioso que un ex militar haya sido su principal impulsor desde la Comisión de Educación del Congreso, y que para ello haya contado con el respaldo y socorro de la bancada oficialista que da soporte al Gobierno, presidido por otro militar.

Llama la atención que, al final, hayan sido los ex militares los que, con una visión vertical, pretendan hacer la necesaria reforma del sistema de la universidad peruana. Por eso el título de esta colaboración, parafraseando la célebre frase ¡Qué me mira, cadete….! de la película “La ciudad y los perros”. Dicho sea al paso, tal frase no se encuentra en el texto de la novela de Mario Vargas Llosa, pero quedó inmortalizada en el guión de la película basada en la misma. Algunos la han buscado infructuosamente en el libro, sin hallarla. Esa frase no corresponde al libro, sino a la disciplina cotidiana en el Colegio Militar Leoncio Prado, cuando los cadetes estén en formación, y lo más probable que haya saltado al guión por iniciativa del “Jaguar”, magistralmente interpretada por Juan Manuel Ochoa, quien transitara por el Colegio Militar en la XIX promoción (1972-1974).

Nadie duda que parte del sistema universitario esté colapsado, y que requiere de una reforma urgente. De lo que se duda es que esta sea la reforma que se necesita, y que de pronto el remedio no sea peor que la enfermedad.

Por ejemplo, la Superintendencia con que se quiere reemplazar a la Asamblea Nacional de Rectores ha sido ubicada como apéndice del Ministerio de Educación; es decir, como parte del Poder Ejecutivo, lo que colisiona frontalmente con la autonomía que la Constitución reserva para la universidad. El pretexto es que el Tribunal Constitucional había sugerido que se creara tal Superintendencia, lo que es verdad, pero lo que el Gral. Mora no ha querido entender es que el Tribunal Constitucional no había dicho, ni sugerido, que la misma sea parte del Poder Ejecutivo. Ese es un exceso de su directa autoría.

Se ha consagrado el grave peligro de llevar el sufragio universal a todas las universidades para la elección de sus máximas autoridades, ya no bajo el actual sistema de colegios electorales o de representación electoral, sino por un sistema general en aras de su presunta democratización. El actual sistema garantiza una democracia esencial en la universidad, la representatividad proporcional de los estudiantes y sus profesores y aleja la posibilidad de que los movimientos de extrema izquierda (sobre todo en las universidades nacionales) las tomen por asalto trocándolas en bastiones de los movimientos terroristas que perviven aletargados y que no han sido aún del todo erradicados. En el mejor de los casos, convertirá a los candidatos a rectores en dependientes de la masa estudiantil y de la politiquería que tanto daño hace a nuestra sociedad.

La universidad no se mueve sin dudas ni murmuraciones. Todo lo contrario, avanza con dudas y murmuraciones permanentes que es lo que la necesidad de investigación y el saber científico impulsa la creatividad todos los días. Esa es la clave de lo que es una universidad democrática, libertaria y que irradie su saber a la comunidad en la formación de sus mejores cuadros profesionales, con el liderazgo en la investigación y con el desarrollo su potencial de creatividad.

Es difícil esperar que el Presidente de la República observe (mediante el veto parcial que la Constitución le reserva como privilegio), y que con ello fuerce a que el Congreso de la República repiense, re-debata y vuelva a votar la misma con un mayor consenso y discusión, sobre todo superando los impasses constitucionales que frontalmente le afectan. Quedará, entonces, la esperanza de que el actual Tribunal Constitucional, recientemente renovado, acoja la inmediata Acción de Inconstitucionalidad contra esta malhadada ley y corrija los excesos con los que ha sido lamentablemente aprobada. Para bien de nuestra democracia, la Constitución le pone al Congreso ese control constitucional como necesario contrapeso.

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está de elecciones. Mediante el sistema indirecto que la ley prevé, su Asamblea Universitaria (AU) elegirá este 4 de julio la reelección del actual rector, y sus tres vicerrectores, o la elección de un nuevo rector que se ha atrevido a desafiar al poder constituido presentando una alternativa de cambio y necesaria renovación generacional.

En la PUCP nos hemos formado en los valores de la democracia, la transparencia, la alternancia en el ejercicio del poder y en los valores ético y morales que pretenden ser el norte de nuestra Comunidad Universitaria y proyectarnos, de ese modo, hacia la sociedad peruana. Pero, como a veces pasa, en la casa del herrero el cuchillo es de palo.

Así, la alternativa democrática a la reelección rectoral ha sido calificada de “oportunista” por el sólo hecho de desafiar la “escalerita” –que hace que los vicerrectores pasen a ser rectores, sin solución de continuidad-, de infraterna y atentar contra la unidad de la PUCP. Es decir, el ejercer un deber y un derecho (votar y ser votado) se ha traducido de modo intolerante en un acto reprobado. La pelea democrática con las autoridades que pugnan por la reelección (valor que en la política es recusado) resulta siendo desigual, ya que desde el manejo institucional, los candidatos a la reelección tienen mayores posibilidades y privilegios. Por ejemplo, pueden citar por anticipado a los nuevos representantes estudiantiles que recién se instalarán el 4 de julio para votar por las nuevas autoridades y bajo el eufemismo de darles “inducción a los principales temas de gestión institucional” hacer proselitismo puro y maduro, refrigerio de por medio, destacando las razones por la que ellos deben continuar en el cargo (“me deben reelegir”) y las razones por al cuales los otros no deben ser elegidos (no tienen experiencia”). Todo ello, con los recursos de la universidad.

Lo más llamativo de todo esto es que el actual rector, quien merece toda consideración personal, había en el pasado reciente que no iría a la reelección. Inclusive lo puso por escrito a finales del 2013, señalando: “tengo la convicción de que hay que dar espacio a otros para dirigir a la Universidad, entre ellos a los más jóvenes. Al mismo tiempo, es necesario mostrar desprendimiento del poder, enseñar con el ejemplo. En todo caso, la Universidad no es sino una eterna renovación de seres humanos a través de un proyecto cambiante por su adaptación a las nuevas circunstancias. (…) No en último lugar está el hecho de que, cuando postulé a rector, tuve la convicción de que debía ser por 5 años, además de mis 15 de vicerrector. Así lo dije siempre y creo en la ética de la palabra empeñada. Esta puede variar con las circunstancias, desde luego, pero no encuentro razones para hacerlo ahora. Quienes ejercemos estos cargos, más bien, tenemos el deber personalísimo de buscar argumentos de desprendimiento del poder, no los opuestos. (…) Mi razonamiento es que, en mí como persona, sería inconsistente decir que me debo quedar 5 años más como rector, cuando el plazo de resolución del problema con la jerarquía (de la Iglesia) no tiene forma de ser medido en base a la experiencia previa. Más bien, esa experiencia sugiere que este plazo tiende a ser inconmensurable”(sic).

Sin embargo, el 10 de mayo sorprendió a la Comunidad Universitaria con su decisión de declinar a la declinación y, por ende, postular a la reelección rectoral. ¿Qué había ocurrido para desdecirse en 180°? Pues que nada menos que el Santo Padre nombró una Comisión Cardenalicia, presidida por Monseñor Erdó, para negociar una solución consensuada y definitiva al diferendo existente entre la PUCP y el. En una interpretación unilateral y alejada de la realidad, el candidato a la reelección adujo que esta decisión es una señal del Papa de que la Comisión Cardenalicia negocie, haga consenso y dialogue sólo con las actuales autoridades de la Universidad (ya que por ello se la ha nombrado antes de la finalización de su mandato) y, por lo tanto, ante una señal divina tan clara, ha decidido retirar su declinación anunciada e insistir en la reelección rectoral.

Así, en el lanzamiento a la reelección de actual Rector se lee: “Este rectorado recibe con mucha esperanza el anuncio de la comisión cardenalicia, pues es una muestra palpable de que los aires de renovación del Papa Francisco están abriendo una puerta que había sido cerrada por el Arzobispo de Lima. Al nombrarse esta comisión de cardenales antes de que termine nuestro actual mandato, se ha puesto de manifiesto que para las actuales autoridades eclesiásticas en Roma este rectorado no solo no es la causa del conflicto sino que, además, es un interlocutor válido entre ellos” (sic).

Las autoridades designadas por el Santo Padre deberán conversar y consensuar el arreglo definitivo con quienes sean las legítimas autoridades de la PUCP, y no se entendería cómo ni por qué la Iglesia habría enviado un “mensaje” para que ello se haga -solo y exclusivamente- con determinadas autoridades, las actuales. Dicho sea de paso, son las mismas autoridades que en más de 5 años no han logrado ese arreglo consensuado ni definitivo, ni conforme para todos los involucrados, por lo que nada garantiza que su reelección vaya a permitir o propiciar o lograr que eso cambie. Tan sui géneris interpretación es el leitmotiv de la postulación a la reelección del actual equipo rectoral.

Las elecciones en la PUCP la enfrentarán a su futuro inmediato. Esperemos confiados en que su Asamblea Universitaria tome, democráticamente, la decisión más sabia a los intereses de toda la Comunidad Universitaria de cara a la preservación de su identidad institucional y dentro de la autonomía con que se han formado generaciones de profesionales peruanos.

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