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EL CONSTITUCIONALISMO GOURMET

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Aníbal Quiroga León ([1])

El señor Presidente del Consejo de Ministros ha declarado que las discusiones, por el mismo causadas, acerca de si le corresponde comparecer ante el Congreso de la República -con su Gabinete- para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, solicitando el correspondiente voto de confianza de que trata el Art.130° de la Constitución que, por lo demás, nunca recibió; al mismo tiempo que  exponer los actos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo durante el pasado interregno parlamentario causado por la disolución del Congreso, conforme reza el Art.135° de la misma, son “exquisiteces técnico-constitucionales”.

Es decir, para el Premier el cumplimiento de claros y expresos obligaciones y mandatos constitucionales, resultan una delicatesen constitucional a la que, en verdad, no merece la pena prestar atención ni gastar tiempo alguno.  Como si fueran adornos intelectualoides sólo para discusiones de café de nerds constitucionales que se muerden la cola y que desconocen en verdad cómo es que funciona la cosa política, lo que él y el Presidente de la República si conocen.

Las malvadas lenguas atribuyen este tipo de expresiones a la formación jurídica (o a su ausencia, en verdad) del Premier proveniente de una universidad que no ha logrado el licenciamiento de la SUNEDU, algo que paradójicamente el propio Gobierno alienta con gran firmeza.  En casa del herrero, el cuchillo es de palo.  Como cuando el Premier confundió en televisión el principio de la libertad -aplicable a las personas naturales- para definir la función pública, que más bien se rige por el principio de taxatividad, su antónimo. Se diría, benévolamente, que de lo que adolece más bien es una adecuada asesoría ya que de cuando en cuando algún consejero bien rentado le induce a ciertos desbarros jurídico-constitucionales de marca mayor.

Ahora resulta que dar cumplimiento a un deber constitucional sobre cuya base está estructuraba la columna vertebral de nuestra forma de gobierno, y que se ha dado ininterrumpidamente y sin discusión por más de veinte años en cuatro sucesiones presidenciales sucesivas termina siendo una “exquisitez técnico-constitucional”. Una alegoría de mal gusto para de eludir un deber constitucional.

En verdad no parece ser una deficiencia en el saber jurídico-constitucional.  Se trata de algo más complicado y más profundo.  Tanto el Premier, como el propio Presidente, comulgan en una idea de democracia y de Constitución bastante alejada de su significado esencial y bastante más cercana a un pensamiento autoritario, de manera que los deberes constitucionales terminan denostados por ser producto de “mentes exquisitas”.

Nuestra Constitución perfila una democracia de presidencialismo atenuado semiparlamentaria.  Es su ADN y eso determina su viabilidad y solidez.  Por eso se exige el voto de confianza cada vez que un Gabinete inicia su andadura, por eso existen las cuestiones de confianza ministeriales y del Premier, y las censuras ministeriales y del Premier.  Cuando recaen en éste, o son protagonizadas por éste y no logra la confianza, o es derribado por la censura, se produce la crisis total de Gabinete.  Así está escrito en blanco y negro en la Constitución que los altos dignatarios han jurado solemnemente cumplir.

Lo que ocurre es que el Gobierno ha caído presa de su propio laberinto.  El Presidente anunció en TV la disolución del Congreso por una supuesta “negativa fáctica de confianza” -que ni siquiera el Tribunal Constitucional tuvo el pudor de recoger-.  Eso lo hizo con un Premier renunciado y sin Gabinete. Es decir, sin refrendo ministerial.  Luego de anunciar públicamente la disolución, recién nombró a un nuevo Premier, y al día siguiente -con éste- conformó un nuevo Gabinete con el que convalidó la disolución y el que nunca pudo concurrir al Congreso a dar cuenta de su política general y solicitar la confianza porque en los hechos ya no había Congreso en pleno, tan solo su Comisión Permanente.  En consecuencia, ingresamos al interregno parlamentario sin haberse solicitado ni obtenido la requerida confianza prevista por el Art. 130° de la Constitución.

Conformado por la vía electoral el nuevo Congreso en enero último, corresponden las dos obligaciones, la del 130° -que nunca pudo cumplir- y la del 135° por el interregno parlamentario.  Esas normas deben leerse sistemáticamente bajo el principio de la unidad de la Constitución.  ¿Es muy difícil eso? ¿En verdad es una “exquisitez constitucional”?

Un verdadero demócrata jamás rehuiría semejante responsabilidad, máxime la hora actual en que se debate el país, salidos de una inédita disolución congresal e inmersos en una emergencia nacional de grandes proporciones.

Pero no, ahora el consejero con muy mala leche le ha hecho repetir al Premier que no le corresponde solicitar el voto de confianza del Art. 130° porque su designación, y la de su Gabinete, resultan “preexistentes” al actual Congreso recién elegido.  La preexistencia es un concepto extrapolado, normalmente, de derecho de seguros, del seguro médico en particular, para excluir de una póliza la cobertura a una enfermedad “preexistente” a la firma del contrato.  Es inédito ese concepto en el derecho constitucional o en la ciencia política.  Pero vamos, siempre se puede ser innovador sin llegar a ser “exquisito”.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

 

EL DULCE ENCANTO DEL CONTROL Y REGULACION DE PRECIOS

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https://gestion.pe/opinion/el-dulce-encanto-del-control-y-regulacion-de-precios-noticia/?ref=gesr


Aníbal Quiroga León ([1])

Hay políticas públicas que, pese a su rotundo fracaso en el pasado aquí, y en el mundo contemporáneo, la sociedad política pretende regurgitar, sobre todo frente a una emergencia nacional, aflorando populismos que tratan de coincidir con las grandes mayorías necesitadas y con los justos reclamos de las principales víctimas.

La pandemia del COVID-19 que nos abate tiene muchas aristas, ya que esta enfermedad aún es de etiología, tratamiento y cura desconocidos, con una velocidad de contagio y mortandad que nos aterra y, ciertamente, a nuestras autoridades ya lucen cansadas y confusas en la estrategia para hacerle frente con real eficiencia. No por nada tenemos el nivel de contagios y letalidad que tenemos, siendo hoy día Sudamérica la región más golpeada del planeta.

En estas penosas circunstancias, habiendo constatado la ineficiente infraestructura hospitalaria de la sanidad pública para hacerle frente a la pandemia con decoro, con la inmolación del personal médico y asistencial contagiado al tratar de salvar a sus conciudadanos con los escasos recursos que el Estado provee, aún en la emergencia, constatamos que nadie, en el mundo, tiene el tratamiento ni la cura eficaz para atender a los infectados, ya que ni siquiera sabemos bien cómo ataca este virus.  Porqué algunos son asintomáticos, porqué la comorbilidad acrecienta la crisis, porqué la tercera edad es más vulnerable y sin embargo hay niños y jóvenes infectados y fallecidos. En fin.

Tampoco nadie sabe, urbi et orbi, cuál es el tratamiento eficaz.  Sorprendidos mundialmente por este violento ataque, la medicina ha respondido con lo que ha tenido y ha experimentado con algunos fármacos, o la mezcla de ellos, en el entendido de que podrían ser más o menos eficaces, sin ninguna certeza hasta hoy.  Eso ha hecho que la gente se vuelque sobre las farmacias en su desesperada búsqueda, sobre todo en su versión genérica que de por sí es más barata. Pero así como inicialmente la sobredemanda de mascarillas e implementos de bioseguridad hicieron que desaparecieran del mercado internacional, y las camas UCI, y los respiradores artificiales aún con plata en la mano, así mismo esa sobredemanda de genéricos supuestamente eficaces para el tratamiento del COVID-19 han escaseado -cuando no desaparecido- del mercado.  Entonces, la respuesta es unánime: las grandes farmacias con posición de dominio las han escondido para ganar más dinero, poniendo a la venta aquellos que son de marca, que no son genéricos, por ser más caros y redituar más ganancias.

Prontamente no pocos políticos y autoridades han planteado la necesidad de regular y controlar el precio de las medicinas genéricas, desempolvando leyes de represión carcelaria al acaparamiento y especulación, con la finalidad de regular el mercado con el miedo, y así obligar a que todas las farmacias a vender al precio original, desconociéndose las reglas esenciales del mercado, sobre todo del farmacéutico, donde hay genéricos sin comprobación de bioequivalencia, con comprobación de bioequivalencia, genéricos de marca (producidos por la misma marca original, pero a menor costo) y medicamentos originales.  En toda esa gama de calidades habrá, obviamente, una gama de precios, desde los muy baratos (aquellos que teniendo la misma fórmula química carecen de comprobación científica al no haber pasado por la prueba y certificación de la bioequivalencia -que tienen un costo- y que por eso pueden ser tan baratas, pero que nadie ha comprobado su efectividad en) hasta las más caras de marca pasando por estadios intermedios de calidad.  Es decir, desde una Mototaxi hasta un Mercedes Benz.

Pero las autoridades parecen desconocer ABC del componente del precio: el costo. Bien es verdad que ante una sobredemanda el precio tenderá a subir (es regla básica de la economía) pero para eso hay que asegurar (desde el Estado) que en una emergencia no habrá escasez de medicamentos.  Si no hay escasez, la sobredemanda será atendida y no se producirá el aumento de precio.

Pero eso no se logrará con un forzamiento a que algo se venda a un precio oficial, irreal, ya que eso producirá ineluctablemente tres efectos: a) escasez, porque no garantiza atender la demanda, sino precio barato y el stock desaparecerá prontamente del mercado; b) enriquecimiento de unos cuantos, los de siempre, en el nunca bien ponderado “mercado negro”; y, 3) un efecto paradojal, ya que la regulación estatal de precios estrechará la oferta desequilibrando el mercado y desatendiendo a la mayoría. Los supuestos beneficiarios con esta política serán los verdaderamente perjudicados.  ¿Los gananciosos? Los agentes del mercado negro, los amigotes y familiares de los pocos que tengan acceso al poco stock, que se lo repartirán entre sí.

Así como no se puede regular el beneficio económico por ley, tampoco por ley se puede asegurar que la ecuación “costo+margen de ganancia+impuestos=precio” pueda ser condicionada con eficacia manipulándose desde arriba, normativamente, su resultado: el precio.  Es como querer implantar el Ministerio del Desarrollo Verdaderamente Eficiente y Rentable, con una Sub-Dirección General de la Felicidad Perpetua, algo solo imaginable en la Venezuela de hoy.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

LA EDUCACIÓN VIRTUAL

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Aníbal Quiroga León ([1])

Para a mis alumnos de la U. de Lima y de la UPC del curso Derecho Procesal Constitucional, en época de pandemia…

La pandemia del Covid-19 que nos aqueja trae muchas aristas para nuestra sociedad, instituciones públicas, economía y vida diaria, ya que la enfermedad aún es de origen, tratamiento y cura desconocidos, pero de una velocidad de contagio masivo y letalidad de pavor. Uno de esos tantos aspectos severamente afectados, ya que se obliga al aislamiento social y al confinamiento domiciliario -es decir, a contramano con ello-, es la educación escolar y universitaria, donde la metodología natural es congregar a un grupo de alumnos en el aula alrededor del profesor, y esas aulas conforman una entidad educativa, cualquiera sea el nivel, especialidad y grado de esa educación, desde el nido, hasta la propia universidad, llegando ciertamente al postgrado.

Lo mismo puede decirse con otras actividades sociales de masividad natural, como el cine, teatro, eventos deportivos, actuaciones artísticas, desfiles y tantas otras propias de una sociedad abierta.  Por otro lado, los domicilios son en verdad sitios de tránsito y reposo para la familia, y las actividades fuera del domicilio son las principales del ser en sociedad y las que ocupaban el mayor número de horas en el día. Nuestras casas no estaban preparadas para soportarnos a todos juntos las 24 horas del día por más de dos meses.

Ahora es al revés, y esto conlleva la necesidad de adaptarnos, aceptarlo a regañadientes y sobrellevarlo con mayor o menor tolerancia.  No todos somos iguales y no todos tenemos la misma resistencia y resiliencia.  Eso, sumado a la incertidumbre de la propia dinámica de la pandemia, donde casi a diario se dan  anuncios con tutoriales presidenciales de cómo lavarse las manos, ora optimistas, ora pesimistas (más la inevitable intoxicación informativa globalizada), cuando los trabajos, ingresos, salarios y pagos se han evaporado habiendo echado mano a los ahorros -los que tenían-, préstamos familiares o simplemente con cachuelos diarios so riesgo de contagio, se ha generado -naturalmente- mucho estrés convirtiendo a las familias en verdaderas ollas de presión que por algún lado deben desfogar.  Uno de esas válvulas ha sido el de la educación virtual y las pensiones escolares/universitarias.

Pertenezco a una generación de educación escolar/universitaria sin computadoras. Tampoco había celulares. Quien quería llamar debía esperar tiempo libre para usar el teléfono público por medio de un RIN, que es algo tan exótico de explicar como la extinción de los dinosaurios ya se daba en un contexto económico muy diferente al actual, de manera que sin entender aquello, no se alcanza a comprender por qué el teléfono público requería una ficha y no de monedas.

Dos años antes de acabar la universidad llegó la TV a color -y los controles remotos-, y solo leíamos textos escritos, sean libros, separatas o fotocopias. Luego llegaron las IBM de bolita que grababan una línea y, finalmente, las primeras PC con word perfect que hoy tendrían una lentitud y prestaciones inadmisibles. Todo esto, y sus antecedentes, parecen hoy salidos del Jurassic Park.  El internet, messenger, whatsapp y comunicación virtual en tiempo real eran solo ciencia ficción.

Sin embargo, con toda la tecnología que ahora disponemos, y con muchísimas herramientas que hacen adquirir conocimientos o comunicaciones en tiempo real, aún en grupos (webinar, zoom) y otras tecnologías, no podemos reemplazar al profesor en clase; y ningún profesor puede reemplazar a sus alumnos por una pantalla con voces remotas.  Eso, que era un complemento educativo, de pronto se ha convertido en la única herramienta para transmitir el conocimiento, para enseñar y aprender.  No hay de otra.

De un día para el otro hemos tenido que adaptarnos a regañadientes, tanto profesores como alumnos. Todavía falta saber si la metodología ha funcionado y si la educación virtual reemplaza con éxito a la presencial en toda su extensión, si los planes de estudio se cumplirán razonablemente, si el semestre o el año se han perdido, mediadamente perdido o si se han impuesto al confinamiento obligatorio. Esa es una conclusión pendiente de obtener, sobre todo en un medio que no estaba preparado, donde no todos tenemos acceso a un internet decente, a tantas computadoras en casa como se requieran para los estudiantes y los que a la vez deben hacer trabajo remoto.  Algunos alumnos hacen el esfuerzo de seguir la clase por celular, lo que sublima y angustia la tarea docente.

En este contexto los padres de familia se sienten injustificadamente estafados por colegios y universidades que están obligados a dar como puedan una educación virtual.  Comprimidos como están, olvidan -o no quieren recordar- que detrás del colegio/universidad también hay profesores, auxiliares y trabajadores -otros padres de familia igualmente afectados por la pandemia- que también dependen con gran angustia de la actividad educativa virtual.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP

Enlace
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https://limay.pe/politica/meche-renuncia-y-repase/


 

Aníbal Quiroga León ([1])

Por fin el Congreso corto puso a votación en sesión virtual -como la realidad impone- la renuncia que en su día hizo la Segunda Vicepresidenta de la República, culminando con ese nirvana constitucional de tener una vicepresidenta renunciada, pero que no era efectiva al no estar aceptada por un Pleno que no existió al momento de formularse.

La Constitución exige que la plancha presidencial a ser elegida conste de tres candidatos: un presidencial y dos vicepresidenciales con un orden prelativo.  De esa manera se les elige al mismo tiempo, con los mismos votos y la misma legitimidad, de eso no queda duda.  Y eso mismo marca la línea de sucesión presidencial: en defecto del elegido presidente, asume el primer vicepresidente y, en defecto de éste, el segundo vicepresidente.

Ahora tenemos a un Presidente que carece de Vicepresidentes; uno, porque él mismo fue un vicepresidente que asumió la presidencia llamado por la sucesión y, la otra, porque se apartó de la vicepresidencia por renuncia irrevocable.

Una vez aprobada la renuncia de la segunda vicepresidenta, se escucharon voces en el Congreso corto anunciando una supuesta responsabilidad constitucional por los actos y hechos congresales ocurridos la aciaga noche del cierre del anterior Congreso, que ciertamente fue muy discutible constitucionalmente, a despecho de la posterior convalidación de la ajustada mayoría del Tribunal Constitucional de enero último.  Pero esa decisión, inédita en la historia constitucional del Perú, fue polémica y discutible, tanto así que marcó un parteaguas en el constitucionalismo doméstico (entre el opositor y el oficialista) y de eso dan cuenta los sesudos votos en minoría del TC que hablan desde un acto marcadamente inconstitucional rayano en el golpe de Estado, hasta la inexistencia de la mal llamada “negación fáctica de confianza” que ni siquiera la mayoría del TC -en acto de pudor- pudo recoger y que fue el pretexto blandido por el Presidente en el anuncio en TV que precedió a una decisión aprobatoria que correspondía al Consejo de Ministros que recién se dio al día siguiente, y que también se adelantó al propio nombramiento del Premier, lo que hizo sólo luego del mensaje televisado.  Esto es, volver al futuro en versión criolla…

Aquella noche nadie sabía si el Presidente había obrado bien o no.  El Congreso que se quería disolver se negó a aceptar tal decisión que -a ojos vista- parecía no reunir las formalidades constitucionales esenciales, declaró la vacancia presidencial y juramentó a la Segunda Vicepresidenta.  El tema se decantó esa misma noche, ya tarde, cuando la Vicepresidenta no logró convocar a nadie y el Presidente se lució con una fotografía, análoga a la que exhibió Fujimori luego del golpe del 5 de abril, con los Comandantes Generales de las FFAA y el Jefe de la PNP. Alea Jacta Est.

Al día siguiente la Vicepresidenta renunció a lo que había juramentado y a la propia vicepresidencia, y la PNP nunca más dejó sesionar al Congreso (ni siquiera hubo que apelar a las FFAA, bastaron los varazos policiales), y el tema se cerró alrededor del Presidente arropado en un envión de poder y popularidad. ¿Qué actos generó la juramentación simbólica de la Vicepresidenta? ¿Qué se materializó? ¿A quién o qué logró convocar? ¿Qué perjuicio causó?  La respuesta es nada: fue un acto simbólico en una noche incierta -aciaga para muchos- en que parecía que el país se debatía en una bicefalía constitucional. A las 24 horas, el tema estaba decantado.

En el derecho penal y, en general, en el derecho sancionador, no puede haber responsabilidad sin perjuicio.  Algunos le llamarán acto fallido, otros acto preparatorio y otros tentativa, si es que se quisiera rebuscar alguna responsabilidad política o constitucional o penal.  Pero en verdad, no hay ni lo uno ni lo otro.  Fue un acto simbólico, absurdo para los ganadores, valiente para los perdedores, que no trajo ninguna consecuencia, más allá del claro enojo y enemistad presidencial; pero responsabilidad, cero.  Finalmente, la historia inmediata es escrita por los vencedores, pero la verdadera historia pondrá en su día las cosas en el lugar que corresponda.

También Máximo San Román juramentó como Presidente en el CAL como acto simbólico contra el Golpe de Estado de Fujimori en 1992.  Se le reconoció como un acto valiente bajo aquellas circunstancias, pero ni siquiera a las huestes de Fujimori se les ocurrió perseguir penalmente a San Román por supuesta “usurpación de funciones”.  Sería un verdadero despropósito si eso materializa en este Congreso corto.

El ser humano es el único animal que persigue al rendido, al caído, a quien ya no representa amenaza alguna, para destruirlo totalmente. En la guerra se llama “repase” y revela el mayor grado de insanía. Los animales, más sabios, dejan ir al que se da vuelta, muestra la grupa y abandona la pelea.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP.

Y QUÉ HAREMOS MAÑANA

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Aníbal Quiroga León ([1])

Una de las frases que más se ha repetido -llegando al hartazgo- en los casi diarios extensos monólogos presidenciales sobre la pandemia- con la tinka en las preguntas de la prensa, a las que se pretende llamar “conferencias de prensa” en un claro exceso conceptual, es que si no se hubiera hecho lo que se hizo al principio, estaríamos en medio de una catástrofe.

Esa es una verdad absoluta del tamaño de una catedral que no admite refutación.  Y eso ha sido reconocido por tirios y troyanos. Pero ese tiempo ya pasó, ya fue el inicio de la desgracia que nos azota y de las primeras medidas adoptadas. La pregunta ahora ya no es en pretérito perfecto, si ese acierto acaso da infalibilidad respecto de lo hecho después, de lo que se hace ahora y de lo que se hará mañana.  Y allí las respuestas ya no son tan simples, ni tan optimistas.  Eso se sabe desde las alturas del poder. Por eso la repetición cansina de lo obvio, por eso la “yapa” y los tutoriales presidenciales del lavado de manos, etc.

Es evidente que luego de 50 días de confinamiento obligatorio y de toque de queda nocturno, las medidas se han relajado y la gente ya no hace caso a las recomendaciones, ni a la policía, ni a las FFAA, ni a nada. El propio Ministro de Salud termina pechado por médicos y enfermeras por cuanto hospital intenta pasar. Por eso es que tratan de transferir la responsabilidad a la población desobediente e indisciplinada. Pero claro, si soy funcionario público confinado en casa, o empleado formal, a quien el 25 de cada mes le depositan su salario, trabaje o no, es fácil exigir coherencia y solidaridad.  Pero si soy de los que en medio del confinamiento han perdido su trabajo y sus ingresos con el cese laboral ridículamente llamado “perfecto”, o si soy parte de esa ingente informalidad que caracteriza a la sociedad, a la economía y a la institucionalidad peruana, que se gana el sustento día a día en la calle, con el trabajo cotidiano, el confinamiento supone desesperación, hambre, fastidio, reclamo y, finalmente, el riesgo de salir a la calle a pesar de la muy posible contaminación.  Eso no es porque la gente sea mala, o insolidaria, o simplemente ignorante, es porque no tiene alternativa: la muerte lenta de hambre o la ruleta rusa de salir a conseguir el pan y traerse de “yapa” (Presidente dixit) el COVID19, tanto a la familia como al entorno.

Mucha gente cree que esos migrantes, que a pesar del toque de queda, la presencia policial y las FFAA, se han lanzado a la carretera para regresar a sus regiones eran gente de tránsito en Lima y que pandemia los cogió en movilización. No, eran gente provinciana viviendo en Lima que trabajaban formal e informalmente, y que la cuarentena les ha hecho perder lo poco que tenían, que se han quedado sin ingresos, que han sido echados por propietarios por no pagar el arriendo, y que optaron por regresar al terruño con la esperanza de lograr, pandemia de por medio, mejores oportunidades de sobrevivencia que en la Capital.  Es mano de obra perdida.  Esa es la verdad dura y madura.

Por lo tanto, no se trata de solo preguntar mañana lo que no se pudo preguntar hoy por el parapeto presidencial en sus monólogos televisados; se trata de preguntar -y repreguntar- por el hoy y por el mañana. ¿Por qué se ha hecho dos recambios ministeriales en medio de la crisis? ¿Por qué se ha cambiado al jefe de la Policía cuando casi ni se había sentado en su puesto? Y, ¿Por qué hay señales de clara corrupción con los recursos asignados para la emergencia sin que sobre ello casi ni se frunza el ceño?

Se han limitado a pucheros televisados y al pésame a las familias de los policías y médicos fallecidos por atender a los contagiados, sin que se hayan hecho puentes aéreos o verdaderos esfuerzos por dotarles de una mejor atención, cuando a ciudadanos varados en el extranjero se les ha pagado hotel y comida por cuenta de nuestros impuestos.  ¿Tan difícil es que el avión que lleva el oxígeno requerido a Iquitos y Pucallpa pueda traer a los médicos infectados por realizar con verdadero heroísmo su incomprendida labor? ¿Tan fácil es trocar su condena a morir a cambio de un póstumo ascenso, un pésame impostado y una pensión que llegará a su familia tarde, mal y nunca desde un Estado tan ingrato?

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP.

BREVE HISTORIA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ

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Breve historia del derecho procesal constitucional peruano


 

INTRODUCCIÓN.-

Hoy en el Perú existe un sistema mixto de justicia constitucional, que académicamente es llamado Derecho Procesal Constitucional, en el que se conjugan diversos instrumentos de control orgánico e instrumentos de la libertad de orden subjetivo. A la par, los planos también están cruzados, ya que algunos de estos instrumentos pertenecen a la jurisdicción ordinaria, en tanto que otros corresponden a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, novísima institución incorporada al derecho constitucional peruano desde 1979. Lo más saltante que hay algunos de estos instrumentos que, empezando en la jurisdicción ordinaria, es posible que terminen en la del Tribunal Constitucional creando una fusión jurisdicción ordinaria – jurisdicción constitucional.

Así, estos diversos, y a veces disímiles, instrumentos tienen como escenario de acción tanto en el Poder Judicial, a través de los mecanismos de control inter-órganos, como aparece de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, y los derivados de las acciones de garantía, cuanto en el Tribunal Constitucional a partir de la acción de inconstitucionalidad (la acción directa contra la ley), la posibilidad de conocer en revisión de última instancia respecto de las acciones de garantía denominadas amparo, hábeas corpus, hábeas data y acción de cumplimiento cuando sean denegadas o inadmitidas por el Poder Judicial (en denominación que parafrasea a Cappelletti jurisdicción negativa de la libertad), donde evidentemente se funden los planos jurisdiccionales de estas dos instituciones constitucionales, si bien autónomas en su conformación, relacionadas en este extremo (como una derivación de la jurisdicción de la libertad, según el decir del insigne Maestro italiano Mauro CAPPELLETTI). También comprende la determinación de la contienda de competencia constitucional -tanto positiva como negativa- de los diversos órganos constitucionales.

Este sistema que hoy es mixto sin lugar a dudas –inicialmente calificado con justeza como “dual” por Domingo García Belaúnde- no ha sido, sin embargo, obra de una mente brillante que se haya detenido a diseñarlo con la funcionalidad que hoy tiene. Ha sido más bien un producto histórico en el que se han ido extrapolando y traslapando instituciones del Derecho Procesal Constitucional a lo largo de la historia del derecho constitucional peruano, hasta quedar hoy plasmado tal como se haya contenido en el también novísimo Código Procesal Constitucional (2004).

Este texto legal integral de las acciones de control y de las acciones de garantía constitucional era un caro anhelo reclamado en no pocas ocasiones. Así, al mandato constitucional contenido específica e inequívocamente en el sexto parágrafo del Art. 200° de la Constitución de 1993, obligaba a concentrar todas estas acciones constitucionales en una Ley Orgánica.

En el siguiente enlace podrá leer y descargar el artículo completo:

AQL PONENCIA BREVE HISTORIA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ BOLONIA OCT 2017

AMITY ISLAND

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Aníbal Quiroga León ([1])

La trama que subyace a “Tiburón”, un clásico taquillero de Spielberg, era la pugna entre el protagonista y héroe Sheriff y su antagonista el necio Alcalde del balneario; uno alarmado pensando en la seguridad de los veraneantes y el otro ocultando el peligro pensando en el alejamiento del turismo estival del que dependía su economía local.

Más o menos la misma dicotomía se presenta hoy, y no solo en el Perú, sino en todo el mundo. En el orbe se han dado las más variadas respuestas frente a la pandemia que se presenta como un monstruo insaciable de insondables fauces y la economía que luce profundamente herida, al punto que muchos comparan -la de hogaño – en el nivel de la postguerra con Chile y con un futuro muy incierto.

Si a ello se suma que la dirección política ya no luce tan acertada, que nuestro sheriff cambia dos piezas importantes del equipo de lucha en medio de la batalla sin mayor explicación, que el oscurantismo y el secretismo predomina donde las preguntas no son bienvenidas (mejor pregunta mañana) y donde las voces disidentes son peyorativamente acalladas desde las alturas del poder, donde los figurettis de siempre anuncian el apocalipsis con más plagas que las tuvo Egipto, y los adulones son públicamente expuestos por minimizar la cosa ofreciendo subregistros en las casi diarias exposiciones que ya lucen cansinas, repetitivas y con lugares comunes copiando frases de líderes extranjeros (la del Presidente italiano, “debo alejarme hoy, para abrazarte mañana), que la cuarentena no se cumple cabalmente, que cantidad de gente que se desplaza de aquí a acullá, sin control ni ayuda, llevando el contagio por doquier, la verdad es que la cosa no pinta nada bien y tal parece que este tiburón podría devorarnos …

Eso pasa cuando la improvisación llega a la impostura. Cuando la experiencia es reemplazada por la genialidad juvenil teñida de género. Cuando el CV de un profesional incluye ser implacable troll de izquierda que luego se despinta en la cancha cuando se está fuera de los 140 caracteres protegidos por una pantalla.  La pandemia nos ha cogido prevenidos en la noticia, pero sentados en una carcasa absolutamente desatendida e ineficiente como ya lo era la (in)salud pública ofrecida por el MINSA. ESSALUD estaba un poco mejor, pero no tan mejor, y la sumatoria de esas dos ineficiencias históricas a las que el Estado -que quiere ser parte de la OCDE- le dio la espalda hace muchos años, nos han reventado en la cara, y con empeño de última hora, improvisaciones y los latrocinios de los carroñeros de siempre que lucran en la desgracia (así pasó con la ineficiencia del Estado en el terremoto de Ica en 2007) hoy tenemos el resultado que nos escupe a la cara, y que oficialmente se quiere maquillar o, en el peor de los casos, ocultar.

Entretanto, para la tribuna, el premier discute con la joven ministra del MEF acerca del supuesto impuesto a la riqueza -de dudosa constitucionalidad- para que solidariamente los ricachones con más de 10,000 soles de ingreso mensual (¿?) paguen la ineficiencia estatal frente a la pandemia.

Como siempre será la clase media la que pague los platos rotos, porque los ricachones hace rato que se llevaron su plata (el dinero es lo mas cobarde ante una crisis económica, y más ante una crisis de credibilidad política) y, como ya ocurrió en el segundo gobierno de Belaunde y el malhadado “impuesto de solidaridad”, sólo nos generará menor desarrollo y más atraso. Si los impuestos ya gravan la renta y la riqueza mediante un cálculo progresivo acumulativo, donde quien más gana más paga, y sólo tributan los formales en un país altamente informal, debieran saber los gobernantes que en el Perú -como en todo el mundo- la riqueza formal ya está gravada, y que la mejor fuente de recaudación es la real reactivación económica, porque con ello hay trabajo, ventas, industria, construcción, consumo y, por ende (LQQD) más impuestos.  ¡Eureka!  No es tan difícil, ¿no?

¿Cuál es el secreto? Muy simple, separar la politiquería barata y su nocivo populismo de la parte técnica que gobierna la economía, aquella que se llena de orgullo cuando habla de los “fundamentos macroeconómicos” que tuvo hasta marzo la economía del Perú.

([1]) Jurista. Profesor Principal PUCP.