EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

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Finalmente el Tribunal Constitucional (TC) recientemente recompuesto le ha dado la razón al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hace una semanas, una insólita sentencia de la anterior composición de una parte del TC había expedido una resolución con la que pretendía irrogarse la facultad de designar, ipso facto, nada menos que a un Fiscal Supremo en el ministerio Público.

Bien hizo entonces el Dr. Pablo Talavera, Presidente del CNM, en izar la bandera a media asta por lo que claramente era un cercenamiento de las facultades constitucionales, ya que el TC no podía –como finalmente ha quedado zanjado- pasar por encima de claras facultades constitucionales que dejan en manos del CNM la designación de los jueces y fiscales de toda la República.

Y es que a raíz de un caso de amparo, en que un postulante exigía que su no designación como Fiscal Supremo, luego del concurso correspondiente, estuviese motivada, el TC dio la razón al postulante y exigió tal motivación. El CNM cumplió varias veces con hacerlo, pero ni el reclamante ni el TC se dieron por satisfechos, hasta que el tema fue zanjado disponiendo el TC de modo imperativo la directa designación del frustrado postulante, avasallando las funciones constitucionales del CNM.

La reciente resolución anulatoria del nuevo TC culmina de modo definitivo todo este zafarrancho procesal y relieva dos aspectos fundamentales: (i) que el CNM cumplió en su día con motivar más que suficientemente las razones por las que no designaba a dicho postulante; y, (ii) que contra la votación de conciencia del CNM nada más podía hacerse, ya que la Constitución le reserva de modo exclusivo y excluyente la potestad discrecional de designar, previo concurso y decisión colegiada, a todos los fiscales y jueces, de todas las jerarquías, en el Perú.

Y es que la Constitución de 1993 que nos rige tuvo la bondad de sustraer de manos del Presidente de la República (y los Supremos de la ratificación adicional del Senado) la facultad de signar a los magistrados y fiscales de todo el país para encargarle esta delicada función a un cuerpo colegiado de conformación escabinada, en la medida en que no todos sus integrantes son abogados.

Así, el CNM se compone de 7 integrantes designados por distintos estamentos del Estado, de las universidades y de los colegios profesionales. Tiene por delicada labor dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de sus integrantes, en todas sus jerarquías, así como evaluarlos cada 7 años en los procesos de ratificación (lo que puede determinar la separación definitiva de los jueces y fiscales que no sean ratificados) y la facultad de destituir, previo proceso disciplinario a estos jueces y fiscales –en todas sus jerarquías- cuando incurran en falta muy grave que amerite dicha sanción.

Ese es el reto del CNM. Hacer procesos en los que se seleccione a los mejores para que sean nuestros jueces y fiscales, con la desventaja que no necesariamente la judicatura o la fiscalía son profesiones apetecidas para los mejores graduados en derecho de nuestras universidades, y que el proceso de selección sea riguroso (pero no absurdo) de manera que la designación final dote al poder Judicial y al Ministerio Público de sus mejores elementos. El otro lado de la función radica en depurar, vía la ratificación, de aquellos designados que no cumplan con los estándares constitucionales exigidos para mantenerse en el cargo. Y, finalmente, hacer severos e imparciales procesos de destitución que aleje la impunidad de la corrupción en la judicatura y en las fiscalías del país. En medio de todo ello, acabar con la brecha de provisionalidad que le ha sido heredada desde el régimen de Fujimori y que es tan pernicioso para la administración de justicia en el Perú. Menuda tarea.

Por ello es tan importante la labor que desarrolla, en el marco constitucional, el CNM. Y por ello la importancia de preservarla y mantenerla a tope. Hoy el CNM ondea su bandera en el tope del asta. Nos corresponde contribuir a mantener ello así en aras de la necesaria mejora de nuestra justicia y de las importantes labores que desarrollan nuestros fiscales. El nuevo TC ha empezado por reconocerlo, en blanco y negro, de ese modo. Bien por ello.

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