Archivo por meses: agosto 2014

RENUNCIAS Y TRAICIONES

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El cuarto año de gobierno se ha estrenado, entre otras cosas, con una importante escisión en la bancada congresal de gobierno en protesta por lo que consideran ha sido la imposición en la presidencia del Congreso de la candidata de la Primera Dama. Al final, esta candidatura se concretó en segunda vuelta y a duras penas, pero a costa de fragilizar la mayoría relativa que el partido en el gobierno mantiene. Con ello, fragiliza la posición del Ejecutivo en el Congreso y hace peligrar no solo la emisión de las leyes más importantes aún en cartera, además del necesario control parlamentario, sino que pone en riesgo inclusive el voto de investidura de la Premier Jara, empoderada luego del abrupto renunciamiento del expremier Cornejo.

De alguna manera el Partido Nacionalista tiene experiencia en dramáticas rupturas congresales. Ya en el periodo 2006-2011, donde obtuvo la segunda mayoría más importante en el Parlamento, se vio prontamente dividido, dando lugar a dos bancadas, debilitando su fortaleza y enorme ventaja relativa, al punto que, ayer como hoy, personas allegadas al actual Presidente le dieron la espalda con sonoras renuncias. Hasta ahora resuena la estridente renuncia del entonces congresista y 2do. Vicepresidente de la República Torres Caro (“No, Ollanta, así no es, Ollanta….”) que se dio casi al inicio en dicho periodo. Hoy la ruptura si bien se ha dado en menor número, no ha dejado de ser dramática e igualmente debilita a la mayoría relativa en el Congreso del gobierno. Más allá de sus causas y razones, lo cierto es que estas rupturas, renuncias, transfuguismos y, finalmente, notorias traiciones son una constante en aumento en nuestra política nacional.

¿Cuál es la causa principal de las mismas? Es verdad que la lealtad, la honestidad, la gratitud y la consecuencia son valores casi inexistentes en el quehacer de la vida política doméstica. Imagino que, mutatis mutandi, lo mismo ocurre en la vida política de todas las naciones en general. La respuesta de “así es la política” es un lugar común, casi como lo es la expresión “así es el futbol” con que se pretende justificar casi todo. Pero resulta evidente que los quiebres, renuncias, transfuguismo y traiciones partidarias tienen que ver, fundamentalmente, con la fragilidad que presentan y proyectan los partidos políticos en general.

Cuando no hay un partido político sólidamente institucionalizado, con democracia interna y cuadros que permitan su renovación y alternancia, remedando del mejor modo lo que debe ser la política en general sobre la que se proyectan, siempre estaremos expuestos a que sean la improvisación, el amiguismo, el clientelismo o a la conveniencia económica resulten las principales motivaciones a la hora de formar los cuadros presidenciales, los candidatos al Congreso, a las regiones y a las alcaldías, incluyendo la elección de los propios ministros de Estado. La falta de institucionalización y la fragilidad de estas relaciones (en las que a veces los líderes políticos ni siquiera conocen a los integrantes de su lista congresal y quienes serán parte de su bancada) ha sido la constante de los últimos 50 años en el Perú.

Los partidos políticos consolidados e institucionalizados (más allá de pleitos de personalidades, celos, apetitos o herencia política) serán los que estarán más alejados del riesgo de transfuguismo, rupturas y traiciones, en tanto que los partidos improvisados, los movimientos coyunturales o aluvionales, serán lo que estén más expuestos a que los aventureros y oportunistas de turno se suban al coche sin convicción ni vinculación real, tan solo por el puro interés o la mera conveniencia. Y serán estos los que estén en primera línea para protagonizar sonadas rupturas, transfuguismos o traiciones como las que estamos viendo con reiterada contumacia en el inicio de la cuarta legislatura del actual gobierno. El caso más evidente es, sin duda, el protagonizado por el congresista Jaime Delgado.

A ello se le suma el natural desgaste del gobierno y el cálculo político respecto de la conveniencia personal en el futuro inmediato (¿Dónde me acomodo mejor?), resaltándose el antivalor de la inconsecuencia política y personal, sin quitarle hierro a las fundadas quejas de manejo autoritario y poco democrático de los líderes del propio partido de gobierno (el Presidente y su esposa), dejando de lado a sus integrantes y tomando decisiones inconsultas, como si el gobierno sólo fuera de la pareja presidencial y no del Partido Nacionalista, postrando a sus integrantes (ministros, congresistas y funcionarios de alto nivel) como su comparsa y con una mera instrumentalidad. La suma de todo ello escribe el guión del actual escenario político en el país y no se percibe que estas taras tengan solución eficiente en el corto o mediano plazo.

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EL ESTADO DE LA NACIÓN

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Como lo ordena la Constitución, corresponde al Presidente de la República dirigirse al Congreso este 28 de julio para dar el Mensaje a la Nación, haciendo una exposición personal y por escrito con el detalle de la situación de la República y las mejoras y reforma que juzgue necesarias y convenientes para la consideración del Congreso, a partir de lo cual éste podrá hacer el control parlamentario sobre las labores del Ejecutivo que se desarrollen en el curso del año de gobierno que así da su inicio.

El detalle de que sea personal excluye que el mensaje pueda ser delegado. El apunte a que deba ser por escrito, puesto desde la Carta de 1979(D), fue para contradecir los arranques de improvisación de que hizo gala el presidente Belaúnde, que si bien podía tener una retórica que a algunos gustaba mucho, distaban de ser serios, institucionales y de contener planes específicos sobre los cuales desarrollar un trabajo organizado, ni ejercer adecuadamente el control parlamentario y ciudadano sobre ello. Como para evitar que las palabras se las lleve el viento de la política doméstica.

¿Qué se espera para el mensaje de este 28 de julio? Cuando Ud. lea estas líneas, el Mensaje a la Nación ya se habrá dado y nada espectacular se habrá dicho. La semana pasada se ha inaugurado una nueva Premier en la cabeza del Ejecutivo que aún tiene en pendiente el voto de investidura ante el propio Congreso, previsto recién para agosto, ya que de ese modo fué zanjada la crisis ministerial provocada por la salida a trompicones del ahora exministro René Cornejo. Por lo tanto, los planes, logros y proyectos que se han presentado al Congreso, de cara al inicio del cuarto año del gobierno constitucional, están signados por estos cambios y con su infaltable cuota de improvisación y prisa.

No cabe duda que el Presidente, y su esposa, no han sido afortunados con la selección de sus primeros ministros. Fiel al temperamento desconfiado de la pareja presidencial, estos siempre han sido escogidos del estrecho círculo de confianza que han desarrollado desde que asumieron el control de la Casa de Pizarro. En vez de trabajar consensos políticos que les permitan llamar a técnicos o a líderes de prestigio, que prestigien su gobierno, han optado por la endogámica opacidad de sus allegados, alguno de los cuales han terminado el premierato sin quedar muy allegados que digamos. El resultado salta a la vista. Por ello, nada diferente se espera ahora en que se ha escogido de Premier a quien más eficazmente ha fungido de operadora política del Gobierno.

Sin entender la diferencia fundamental entre la Jefatura de Gobierno y la Jefatura de Estado, el Presidente y su esposa se han empeñado en sacar adelante algunas reformas esenciales para el país, manteniendo el sistema económico pero descuidando los aspectos de inseguridad ciudadana respecto de los cuales han exhibido conceptos como el de “histeria”, “percepción” y “bola de cristal”, cuando esta es una lacerante realidad. La negación de lo evidente y la impaciencia frente al reclamo ciudadano, ha sido las constantes con que han enfrentado el álgido tema de la seguridad y el notorio incremento de los índices de criminalidad. Recién con la designación del Ministro Urresti parece que, de relancina y por descarte, la hubieran achuntado luego del evidente fracaso en la designación del antecesor en un complejo encargo como el que impone el Ministerio del Interior, con toda la problemática del manejo de la seguridad ciudadana, el status de la Policía Nacional y el eficaz combate a la criminalidad de todos los niveles y órdenes.

Le quedará sólo un año para intentar resolver las metas prometidas. El 28 de julio del 2015 se inaugurará el año de la despedida y de plena efervescencia electoral en la busca del sucesor en Palacio de Gobierno. Es imprescindible que la pareja presidencial comprenda del modo más adecuado el apropiado manejo de los tiempos políticos –que no siempre van de la mano del calendario gregoriano-. Y también resultará más que necesario un mejor manejo de su mayoría parlamentaria en el Congreso (respecto de la cual carecen de un operador apropiado, máxime con la salida –poco decorosa, de ser jefe de un Poder del Estado a ministro de Estado- de Freddy Otárola para reponer la vacante del Ministerio de Trabajo), y que, como todo parece indicar, debutará fraccionada en la legislatura que se ha inaugurado este 28 de julio.

Finalmente, el Presidente y su esposa deberán mejorar su manejo con la prensa en general, con la que parecen estar en permanente confrontación, desde achacarle poner la agenda de los temas políticos (los que se ponen solos en nuestra variopinta política), hasta vender sólo escándalos, crímenes y accidentes, sin comprender que, en defecto de una institucionalidad democrática y de un adecuado manejo de la cosa pública, eso es lo que con generosidad ofrece nuestra pasmada realidad.

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EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

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Finalmente el Tribunal Constitucional (TC) recientemente recompuesto le ha dado la razón al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hace una semanas, una insólita sentencia de la anterior composición de una parte del TC había expedido una resolución con la que pretendía irrogarse la facultad de designar, ipso facto, nada menos que a un Fiscal Supremo en el ministerio Público.

Bien hizo entonces el Dr. Pablo Talavera, Presidente del CNM, en izar la bandera a media asta por lo que claramente era un cercenamiento de las facultades constitucionales, ya que el TC no podía –como finalmente ha quedado zanjado- pasar por encima de claras facultades constitucionales que dejan en manos del CNM la designación de los jueces y fiscales de toda la República.

Y es que a raíz de un caso de amparo, en que un postulante exigía que su no designación como Fiscal Supremo, luego del concurso correspondiente, estuviese motivada, el TC dio la razón al postulante y exigió tal motivación. El CNM cumplió varias veces con hacerlo, pero ni el reclamante ni el TC se dieron por satisfechos, hasta que el tema fue zanjado disponiendo el TC de modo imperativo la directa designación del frustrado postulante, avasallando las funciones constitucionales del CNM.

La reciente resolución anulatoria del nuevo TC culmina de modo definitivo todo este zafarrancho procesal y relieva dos aspectos fundamentales: (i) que el CNM cumplió en su día con motivar más que suficientemente las razones por las que no designaba a dicho postulante; y, (ii) que contra la votación de conciencia del CNM nada más podía hacerse, ya que la Constitución le reserva de modo exclusivo y excluyente la potestad discrecional de designar, previo concurso y decisión colegiada, a todos los fiscales y jueces, de todas las jerarquías, en el Perú.

Y es que la Constitución de 1993 que nos rige tuvo la bondad de sustraer de manos del Presidente de la República (y los Supremos de la ratificación adicional del Senado) la facultad de signar a los magistrados y fiscales de todo el país para encargarle esta delicada función a un cuerpo colegiado de conformación escabinada, en la medida en que no todos sus integrantes son abogados.

Así, el CNM se compone de 7 integrantes designados por distintos estamentos del Estado, de las universidades y de los colegios profesionales. Tiene por delicada labor dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de sus integrantes, en todas sus jerarquías, así como evaluarlos cada 7 años en los procesos de ratificación (lo que puede determinar la separación definitiva de los jueces y fiscales que no sean ratificados) y la facultad de destituir, previo proceso disciplinario a estos jueces y fiscales –en todas sus jerarquías- cuando incurran en falta muy grave que amerite dicha sanción.

Ese es el reto del CNM. Hacer procesos en los que se seleccione a los mejores para que sean nuestros jueces y fiscales, con la desventaja que no necesariamente la judicatura o la fiscalía son profesiones apetecidas para los mejores graduados en derecho de nuestras universidades, y que el proceso de selección sea riguroso (pero no absurdo) de manera que la designación final dote al poder Judicial y al Ministerio Público de sus mejores elementos. El otro lado de la función radica en depurar, vía la ratificación, de aquellos designados que no cumplan con los estándares constitucionales exigidos para mantenerse en el cargo. Y, finalmente, hacer severos e imparciales procesos de destitución que aleje la impunidad de la corrupción en la judicatura y en las fiscalías del país. En medio de todo ello, acabar con la brecha de provisionalidad que le ha sido heredada desde el régimen de Fujimori y que es tan pernicioso para la administración de justicia en el Perú. Menuda tarea.

Por ello es tan importante la labor que desarrolla, en el marco constitucional, el CNM. Y por ello la importancia de preservarla y mantenerla a tope. Hoy el CNM ondea su bandera en el tope del asta. Nos corresponde contribuir a mantener ello así en aras de la necesaria mejora de nuestra justicia y de las importantes labores que desarrollan nuestros fiscales. El nuevo TC ha empezado por reconocerlo, en blanco y negro, de ese modo. Bien por ello.

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EL NUEVO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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El Tribunal Constitucional (TC) se ha recompuesto casi por entero. De sus 7 integrantes conforme a la Constitución, ha sido renovado en 6. El 85% de sus magistrados acaban de empezar un mandado de 5 años, lo que ha generado una legítima expectativa en la opinión pública, en el sector gubernamental y en la comunidad jurídica.

Como se sabe, la labor del TC es de suma importancia de cara a los pesos, contrapesos y controles que la Constitución impone en nuestro Estado de derecho. No tiene muchas facultades, tan sólo 3, pero son trascendentes para una democracia constitucional. Para empezar, tiene la facultad de derogar por inconstitucional una ley del Congreso de la República (y, en general, toda norma con rango de ley, incluyendo a los tratados internacionales) cuando determine, en su interpretación constitucional, que sean contrarios al texto de la Constitución. Para continuar, también puede dirimir los conflictos de competencia entre los distintos entes constitucionales cuando disputen competencias o atribuciones determinadas en la Constitución. Y, para terminar, puede definir las acciones de garantía constitucionales de hábeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento cuando hayan sido denegadas –en una primera instancia- por el Poder Judicial, ejerciendo un control jurisdiccional sobre todas las instancias judiciales de todo el país en dicha materia. No es poca cosa.

Se espera que el ahora recompuesto TC acometa con ahínco el debido cumplimiento de estas facultades, pues para ello se les ha nombrado, para ello han prestado juramento y para ello se les paga con los impuestos de todos los peruanos. No quisiéramos ver, otra vez, la frivolidad de ver interrumpidas sus labores jurisdiccionales, junto a todos sus asesores y trabajadores, para asistir, en horas de trabajo y de atención al público, al sorteo de asignación de los vehículos que el Estado –chofer y gasolina incluídos- les entrega, que siendo todos del mismo año y modelo, sólo se distinguían por su color(¿?).

Desde hace algún tiempo se impuso en el TC –contra la Constitución- que la revisión final de las acciones de garantía se viera en “salas” dividiéndose artificialmente el TC en dos salas de 3 magistrados cada una. Con lo cual sobreviven dos tipos de jurisprudencia: la que expide el TC en pleno con sus 7 magistrados, y las que expiden sus “salas” con solo 3 magistrados. Este proceder es irregular e inconstitucional. La Constitución define un TC de 7 magistrados en pleno con las 3 facultades antes descritas. No habla de “salas”. Esta subdivisión, bajo la alegación de la carga de trabajo y la necesidad de resolver más rápido, no le hace favor a la dedicación y producción jurisdiccional, no honra las labores de TC, además de tener serios cuestionamientos de constitucionalidad, y no otorga seguridad jurídica. En aras del cumplimiento constitucional y de aportar una jurisprudencia trascendente y legítima, el dividir el trabajo del TC en “salas” debería desaparecer de inmediato, yendo a un trabajo conjunto sólo en Pleno, como manda la Constitución. Obviamente ello supondrá un mayor trabajo jurisdiccional para los magistrados del TC, y sus asesores, en la labor que ahora han jurado cumplir. Pero, claro, de eso se trata.

Finalmente, sería recomendable que en las audiencias orales los magistrados del TC no cedan a la tentación de figuretear, muchas veces adelantando su criterio, haciendo disertaciones que no vienen al caso o, en no pocas veces, maltratando a los abogados defensores al pretender tomarles “examen” para demostrar su pública sapiencia a costa de los defensores en turno. Se debe recordar que las buenas maneras y el buen proceder no están reñidos con una recta administración de justicia constitucional, que los abogados merecen respeto en el esencial apoyo jurisdiccional que prestan y que, sobre todo, las preguntas de los magistrados deben estar relacionadas con los hechos materia de la controversia de que se trate para dilucidar su aclaración en aras de un mejor resolver, y no para un impropio lucimiento de los unos y a costa del público demérito de los otros.

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¡QUE ME MIRA CACHIMBO!

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Contra viento y marea la nueva ley universitaria se ha aprobado por escaso margen en el Congreso de la República. Está pendiente de promulgación por el Presidente de la República. Ya hemos dicho que no deja de ser curioso que un ex militar haya sido su principal impulsor desde la Comisión de Educación del Congreso, y que para ello haya contado con el respaldo y socorro de la bancada oficialista que da soporte al Gobierno, presidido por otro militar.

Llama la atención que, al final, hayan sido los ex militares los que, con una visión vertical, pretendan hacer la necesaria reforma del sistema de la universidad peruana. Por eso el título de esta colaboración, parafraseando la célebre frase ¡Qué me mira, cadete….! de la película “La ciudad y los perros”. Dicho sea al paso, tal frase no se encuentra en el texto de la novela de Mario Vargas Llosa, pero quedó inmortalizada en el guión de la película basada en la misma. Algunos la han buscado infructuosamente en el libro, sin hallarla. Esa frase no corresponde al libro, sino a la disciplina cotidiana en el Colegio Militar Leoncio Prado, cuando los cadetes estén en formación, y lo más probable que haya saltado al guión por iniciativa del “Jaguar”, magistralmente interpretada por Juan Manuel Ochoa, quien transitara por el Colegio Militar en la XIX promoción (1972-1974).

Nadie duda que parte del sistema universitario esté colapsado, y que requiere de una reforma urgente. De lo que se duda es que esta sea la reforma que se necesita, y que de pronto el remedio no sea peor que la enfermedad.

Por ejemplo, la Superintendencia con que se quiere reemplazar a la Asamblea Nacional de Rectores ha sido ubicada como apéndice del Ministerio de Educación; es decir, como parte del Poder Ejecutivo, lo que colisiona frontalmente con la autonomía que la Constitución reserva para la universidad. El pretexto es que el Tribunal Constitucional había sugerido que se creara tal Superintendencia, lo que es verdad, pero lo que el Gral. Mora no ha querido entender es que el Tribunal Constitucional no había dicho, ni sugerido, que la misma sea parte del Poder Ejecutivo. Ese es un exceso de su directa autoría.

Se ha consagrado el grave peligro de llevar el sufragio universal a todas las universidades para la elección de sus máximas autoridades, ya no bajo el actual sistema de colegios electorales o de representación electoral, sino por un sistema general en aras de su presunta democratización. El actual sistema garantiza una democracia esencial en la universidad, la representatividad proporcional de los estudiantes y sus profesores y aleja la posibilidad de que los movimientos de extrema izquierda (sobre todo en las universidades nacionales) las tomen por asalto trocándolas en bastiones de los movimientos terroristas que perviven aletargados y que no han sido aún del todo erradicados. En el mejor de los casos, convertirá a los candidatos a rectores en dependientes de la masa estudiantil y de la politiquería que tanto daño hace a nuestra sociedad.

La universidad no se mueve sin dudas ni murmuraciones. Todo lo contrario, avanza con dudas y murmuraciones permanentes que es lo que la necesidad de investigación y el saber científico impulsa la creatividad todos los días. Esa es la clave de lo que es una universidad democrática, libertaria y que irradie su saber a la comunidad en la formación de sus mejores cuadros profesionales, con el liderazgo en la investigación y con el desarrollo su potencial de creatividad.

Es difícil esperar que el Presidente de la República observe (mediante el veto parcial que la Constitución le reserva como privilegio), y que con ello fuerce a que el Congreso de la República repiense, re-debata y vuelva a votar la misma con un mayor consenso y discusión, sobre todo superando los impasses constitucionales que frontalmente le afectan. Quedará, entonces, la esperanza de que el actual Tribunal Constitucional, recientemente renovado, acoja la inmediata Acción de Inconstitucionalidad contra esta malhadada ley y corrija los excesos con los que ha sido lamentablemente aprobada. Para bien de nuestra democracia, la Constitución le pone al Congreso ese control constitucional como necesario contrapeso.

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LA PUCP Y EL VATICANO

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está de elecciones. Mediante el sistema indirecto que la ley prevé, su Asamblea Universitaria (AU) elegirá este 4 de julio la reelección del actual rector, y sus tres vicerrectores, o la elección de un nuevo rector que se ha atrevido a desafiar al poder constituido presentando una alternativa de cambio y necesaria renovación generacional.

En la PUCP nos hemos formado en los valores de la democracia, la transparencia, la alternancia en el ejercicio del poder y en los valores ético y morales que pretenden ser el norte de nuestra Comunidad Universitaria y proyectarnos, de ese modo, hacia la sociedad peruana. Pero, como a veces pasa, en la casa del herrero el cuchillo es de palo.

Así, la alternativa democrática a la reelección rectoral ha sido calificada de “oportunista” por el sólo hecho de desafiar la “escalerita” –que hace que los vicerrectores pasen a ser rectores, sin solución de continuidad-, de infraterna y atentar contra la unidad de la PUCP. Es decir, el ejercer un deber y un derecho (votar y ser votado) se ha traducido de modo intolerante en un acto reprobado. La pelea democrática con las autoridades que pugnan por la reelección (valor que en la política es recusado) resulta siendo desigual, ya que desde el manejo institucional, los candidatos a la reelección tienen mayores posibilidades y privilegios. Por ejemplo, pueden citar por anticipado a los nuevos representantes estudiantiles que recién se instalarán el 4 de julio para votar por las nuevas autoridades y bajo el eufemismo de darles “inducción a los principales temas de gestión institucional” hacer proselitismo puro y maduro, refrigerio de por medio, destacando las razones por la que ellos deben continuar en el cargo (“me deben reelegir”) y las razones por al cuales los otros no deben ser elegidos (no tienen experiencia”). Todo ello, con los recursos de la universidad.

Lo más llamativo de todo esto es que el actual rector, quien merece toda consideración personal, había en el pasado reciente que no iría a la reelección. Inclusive lo puso por escrito a finales del 2013, señalando: “tengo la convicción de que hay que dar espacio a otros para dirigir a la Universidad, entre ellos a los más jóvenes. Al mismo tiempo, es necesario mostrar desprendimiento del poder, enseñar con el ejemplo. En todo caso, la Universidad no es sino una eterna renovación de seres humanos a través de un proyecto cambiante por su adaptación a las nuevas circunstancias. (…) No en último lugar está el hecho de que, cuando postulé a rector, tuve la convicción de que debía ser por 5 años, además de mis 15 de vicerrector. Así lo dije siempre y creo en la ética de la palabra empeñada. Esta puede variar con las circunstancias, desde luego, pero no encuentro razones para hacerlo ahora. Quienes ejercemos estos cargos, más bien, tenemos el deber personalísimo de buscar argumentos de desprendimiento del poder, no los opuestos. (…) Mi razonamiento es que, en mí como persona, sería inconsistente decir que me debo quedar 5 años más como rector, cuando el plazo de resolución del problema con la jerarquía (de la Iglesia) no tiene forma de ser medido en base a la experiencia previa. Más bien, esa experiencia sugiere que este plazo tiende a ser inconmensurable”(sic).

Sin embargo, el 10 de mayo sorprendió a la Comunidad Universitaria con su decisión de declinar a la declinación y, por ende, postular a la reelección rectoral. ¿Qué había ocurrido para desdecirse en 180°? Pues que nada menos que el Santo Padre nombró una Comisión Cardenalicia, presidida por Monseñor Erdó, para negociar una solución consensuada y definitiva al diferendo existente entre la PUCP y el. En una interpretación unilateral y alejada de la realidad, el candidato a la reelección adujo que esta decisión es una señal del Papa de que la Comisión Cardenalicia negocie, haga consenso y dialogue sólo con las actuales autoridades de la Universidad (ya que por ello se la ha nombrado antes de la finalización de su mandato) y, por lo tanto, ante una señal divina tan clara, ha decidido retirar su declinación anunciada e insistir en la reelección rectoral.

Así, en el lanzamiento a la reelección de actual Rector se lee: “Este rectorado recibe con mucha esperanza el anuncio de la comisión cardenalicia, pues es una muestra palpable de que los aires de renovación del Papa Francisco están abriendo una puerta que había sido cerrada por el Arzobispo de Lima. Al nombrarse esta comisión de cardenales antes de que termine nuestro actual mandato, se ha puesto de manifiesto que para las actuales autoridades eclesiásticas en Roma este rectorado no solo no es la causa del conflicto sino que, además, es un interlocutor válido entre ellos” (sic).

Las autoridades designadas por el Santo Padre deberán conversar y consensuar el arreglo definitivo con quienes sean las legítimas autoridades de la PUCP, y no se entendería cómo ni por qué la Iglesia habría enviado un “mensaje” para que ello se haga -solo y exclusivamente- con determinadas autoridades, las actuales. Dicho sea de paso, son las mismas autoridades que en más de 5 años no han logrado ese arreglo consensuado ni definitivo, ni conforme para todos los involucrados, por lo que nada garantiza que su reelección vaya a permitir o propiciar o lograr que eso cambie. Tan sui géneris interpretación es el leitmotiv de la postulación a la reelección del actual equipo rectoral.

Las elecciones en la PUCP la enfrentarán a su futuro inmediato. Esperemos confiados en que su Asamblea Universitaria tome, democráticamente, la decisión más sabia a los intereses de toda la Comunidad Universitaria de cara a la preservación de su identidad institucional y dentro de la autonomía con que se han formado generaciones de profesionales peruanos.

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IGUALES PERO SEPARADOS

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1896 Plessy vs. Ferguson

Corría noviembre de 2003, en Sevilla, la inauguración del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en Sevilla, con la inusual concurrencia de una nutrida delegación de constitucionalistas peruanos. El evento era presidido por don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias y heredero de la corona española. Al finalizar, se ofrecería un cóctel.

“El debido proceso es una garantía destinada a todos aquellos que, para la determinación de sus derechos y bienes, de su familia y su honra, para la protección de sus DDFF, para la defensa de su vida, su integridad física o de su libertad como dones más preciados universal e indiscutiblemente reconocidos al ser humano; aquellos que deben pasar por el drama del proceso. A quienes se acercan a un Tribunal de Justicia con temor, con reverencia, con esperanza, con fe, con suspicacia, con pesimismo, con desesperanza. A los que deben transitar los estrechos pasillos del proceso, muchas veces estrechados por normas antiguas que deben aplicar seres antiguos, por normas nuevas que deben aplicar seres antiguos, por normas nuevas aplicadas por seres nuevos; normas que se tergiversan por el interés político, económico, social o venal de siempre. A todos los forzados actores del drama del proceso que con sus vidas y sus posesiones, sus ilusiones y esperanzas, sus desilusiones, angustias y frustraciones, le dan vida y contenido cotidianamente. A los esperanzados en la justicia y en el cumplimiento de la ley; y también para los agnósticos de la equidad en el proceso y la eficacia del derecho. Por sobre todo, a los desesperanzados que desesperadamente rebuscan un resquicio de fe en la justicia y en el derecho, en la reparación de la honra o la recuperación de la libertad, en la defensa de sus derechos e ilusiones que la sociedad de hoy, y sus prójimos, les escatimamos diariamente”.

Antes de pasar al ágape, personal de la Casa Real y de la Cancillería española explicó con paciencia el protocolo frente al Príncipe. Dijeron que no había que abordarlo, que él se acercaría a todos, que no se le tomara del brazo y, sobre todo, que no se le pidieran fotos. Finalizaron señalando que el trato hacia él debía ser “Su Alteza Real” (SAR).

En efecto, SAR fue ruleteando entre todos los grupos formados, normalmente por nacionalidades y afinidades. Lo hacía con verdadera maestría y sencillez sin dejar a nadie de lado. Y así, llegó el turno en que se acercó a los constitucionalistas peruanos hablando con naturalidad de cuestiones jurídicas, de la situación del Perú y de su recuerdo de Lima cuando vino como Guardiamarina del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. SAR no solo fue formado en las tres escuelas militares, sino que estudió derecho e hizo una maestría en los EEUU.

Y así como vino se estaba yendo, cuando no faltó un profesor peruano, provinciano él, que tomándole del brazo y le espetó: ¡Señor Príncipe!, ante lo cual don Felipe le sonrió amablemente; ¡una foto!, insistió, ante lo cual SAR le respondió suavemente “después….”, y siguió su paseo hacia otras delegaciones.

Ciertamente le reclamamos al impertinente con vergüenza ajena, y en vano fue recordarle el protocolo que se nos había adelantado. Él sólo lamentaba no haber logrado la ansiada foto. Pero cuando SAR terminó su recorrido y estaba por irse, desde la puerta buscó con la mirada al impertinente peruano llamándole con delicadeza. Y, tras la puerta, se tomó la foto con quien se lo había requerido con tanta ilusión como ausencia de formas.

En pocos días don Felipe de Borbón y Grecia será coronado Rey de España ante la abdicación de su padre, don Juan Carlos de Borbón. Ciertamente para quien vive en una democracia constitucional republicana las formas reales no suelen ser bien comprendidas y la corona en un régimen de moderna monarquía constitucional parlamentaria tampoco es de fácil entender.

La Segunda República española (1931-1936) dio paso a una cruenta Guerra Civil que desangró y dividió España por 3 años, dejando una secuela de 40 años de dictadura con Franco. Sólo se pudo regresar a la democracia con la transición política y la Constitución de 1978 que reinstauró la monarquía en la cabeza de Juan Carlos I, hijo de don Juan, Conde de Barcelona, y quien nunca llegó a reinar al ceder sus derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos de Borbón. A don Juan se le define como hijo de Rey y padre de Rey que nunca llegó a ser rey. La conjunción entre el sino franquista que le preparara para reinar y la transición política le entronizó, alzando la corona del Reino de España a la testa de don Juan Carlos I.

Es difícil imaginar una España moderna sin su actual monarquía constitucional. La república no le trajo ni la modernidad, ni el desarrollo, ni la estabilidad política como las actualmente alcanzadas. La corona ha sido un factor de estabilidad y de aglutinamiento histórico-político que adquirió su plena legitimidad el 23F (1981) cuando añorantes militares franquistas (incluyendo al instructor del Rey) le sirvieron en bandeja un Golpe de Estado para actualizar una suerte de franquismo con corona. Don Juan Carlos I no sólo lo rechazó, sino que tomó abierto partido por la democracia constitucional y, haciendo uso de su investidura como Jefe de Estado y Capitán General de sus FFAA, legitimó al poder civil en el Congreso propiciando el procesamiento judicial de todos los complotados, quienes sufrieron el ostracismo público y severas condenas judiciales.

Es verdad que el poder desgasta y que hay que saber abandonar con grandeza los aires de la juventud. En los últimos tiempos la corona española estaba en entredicho ante su opinión pública, además de los achaques de don Juan Carlos I, por lo que su renuncia abre la sucesión hacia don Felipe VI (la denominación que asumirá el hasta hoy Príncipe de Asturias), refrescará la monarquía constitucional española y permitirá un nuevo liderazgo carismático y remozado. De paso abre una nueva sucesión real, en su primogénita, la Infanta Leonor, que en adelante será la nueva heredera del trono español con el título de Princesa de Asturias. A menos que Felipe VI y doña Letizia decidan darle un hermanito, y cuyo caso la sucesión pasaría inmediatamente al hijo varón sobre sus hermanas mayores. Cosas de la Constitución española.

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EL DEBIDO PROCESO

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El debido proceso ha cobrado notoria actualidad. La actual judicialización de la política ha permitido que ello sea así. Hace 40 años en el Perú la persecución política desterraba a los opositores desarraigándolos de su hogar y de su tierra para –con un salvoconducto y 100 dólares en el bolsillo del pijama- ser embarcado a la fuerza en un avión con destino al país más cercano. Hoy la lucha política se ha sofisticado. Ya no se destierra o mata al contrincante; hoy se le hace un proceso.

El debido proceso nace al moderno derecho procesal con la V Enmienda de la Constitución de lo EEUU en 1791, y se relanza con la Enmienda XIV al final de su Guerra Civil en 1868. Se le puede definir, en síntesis, como un derecho fundamental que contiene principios y presupuestos mínimos de justicia, igualdad, legitimidad y razonabilidad que debe reunir todo proceso (sea judicial, administrativo, político, arbitral o privado, cualquiera en que el derecho de una persona, su restricción o afectación, deba ser jurídicamente determinada), para asegurar una declaración de certeza fundada en derecho y socialmente aceptable.

Denostado por unos y socorrido por otros, el debido proceso es un derecho heroico, ya que debe sortear las fauces de la arbitrariedad y el abuso y sobrevivir para garantizar que la justicia acompañe las siempre falibles sentencias con que los hombres y las mujeres juzgan a sus semejantes. Cuando se trata del poder, se acusa el abuso del debido proceso como presunto instrumento para eludir la responsabilidad y evitar la sanción. Cuando se trata del acusado, se le implora como última oportunidad de tener un juzgamiento justo, libre de presiones e influencias extrañas, que garantice el derecho de defensa, que permita salvar la inocencia cuando se es acusado indebidamente, o para garantizar una condena razonable para quien sea responsable.

La arbitrariedad, el despecho, la vendetta personal o la revancha política son pasiones humanas recusadas y atacadas por el debido proceso. Por eso se puede afirmar que el debido proceso es un “derecho circular”, ya que los que hoy lo denostan y recusan, serán quienes mañana lo exijan cuando la rueda de la política de su inexorable vuelta y los acusadores de hoy se conviertan en los acusados de mañana. Y allí estará el debido proceso, heroico al fin, para proteger a los unos y a los otros, sin distinción ni preferencia alguna.

Terminemos con una alegoría: el debido proceso es una garantía esencial destinada a todos aquellos que, para la determinación de sus derechos y bienes, de su familia y su honra, para la protección de sus derechos fundamentales, para la defensa de su vida, su integridad física o su libertad como dones más preciados universal e indiscutiblemente reconocidos al ser humano; deben pasar por el drama del proceso. A quienes se acercan a un tribunal de justicia con temor, con reverencia, con esperanza, con fe, con suspicacia, con pesimismo, con desesperanza. A los que deben transitar los estrechos pasillos del proceso, muchas veces estrechados por normas antiguas que deben aplicar seres antiguos, por normas nuevas que deben aplicar seres antiguos, por normas nuevas aplicadas por seres nuevos, normas que se tergiversan por el interés político, económico, social o venal de siempre. A todos los forzados actores del drama del proceso que con sus vidas y sus posesiones, sus ilusiones y esperanzas, sus desilusiones, angustias y frustraciones, le dan vida y contenido cotidianamente. A los esperanzados en la justicia y en el cumplimiento de la ley, y también para los agnósticos de la equidad en el proceso y la eficacia del derecho. Pero, por sobre todo, a los desesperanzados que desesperadamente rebuscan un resquicio de fe en la justicia y en el derecho, para la reparación de su honra o la recuperación de su libertad, en la defensa de sus derechos e ilusiones que la sociedad de hoy, y sus prójimos, les escatimamos diariamente.

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SEÑOR PRINCIPE

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Corría noviembre de 2003, en Sevilla, la inauguración del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en Sevilla, con la inusual concurrencia de una nutrida delegación de constitucionalistas peruanos. El evento era presidido por don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias y heredero de la corona española. Al finalizar, se ofrecería un cóctel.

Antes de pasar al ágape, personal de la Casa Real y de la Cancillería española explicó con paciencia el protocolo frente al Príncipe. Dijeron que no había que abordarlo, que él se acercaría a todos, que no se le tomara del brazo y, sobre todo, que no se le pidieran fotos. Finalizaron señalando que el trato hacia él debía ser “Su Alteza Real” (SAR).

En efecto, SAR fue ruleteando entre todos los grupos formados, normalmente por nacionalidades y afinidades. Lo hacía con verdadera maestría y sencillez sin dejar a nadie de lado. Y así, llegó el turno en que se acercó a los constitucionalistas peruanos hablando con naturalidad de cuestiones jurídicas, de la situación del Perú y de su recuerdo de Lima cuando vino como Guardiamarina del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. SAR no solo fue formado en las tres escuelas militares, sino que estudió derecho e hizo una maestría en los EEUU.

Y así como vino se estaba yendo, cuando no faltó un profesor peruano, provinciano él, que tomándole del brazo y le espetó: ¡Señor Príncipe!, ante lo cual don Felipe le sonrió amablemente; ¡una foto!, insistió, ante lo cual SAR le respondió suavemente “después….”, y siguió su paseo hacia otras delegaciones.

Ciertamente le reclamamos al impertinente con vergüenza ajena, y en vano fue recordarle el protocolo que se nos había adelantado. Él sólo lamentaba no haber logrado la ansiada foto. Pero cuando SAR terminó su recorrido y estaba por irse, desde la puerta buscó con la mirada al impertinente peruano llamándole con delicadeza. Y, tras la puerta, se tomó la foto con quien se lo había requerido con tanta ilusión como ausencia de formas.
En pocos días don Felipe de Borbón y Grecia será coronado Rey de España ante la abdicación de su padre, don Juan Carlos de Borbón. Ciertamente para quien vive en una democracia constitucional republicana las formas reales no suelen ser bien comprendidas y la corona en un régimen de moderna monarquía constitucional parlamentaria tampoco es de fácil entender.

La Segunda República española (1931-1936) dio paso a una cruenta Guerra Civil que desangró y dividió España por 3 años, dejando una secuela de 40 años de dictadura con Franco. Sólo se pudo regresar a la democracia con la transición política y la Constitución de 1978 que reinstauró la monarquía en la cabeza de Juan Carlos I, hijo de don Juan, Conde de Barcelona, y quien nunca llegó a reinar al ceder sus derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos de Borbón. A don Juan se le define como hijo de Rey y padre de Rey que nunca llegó a ser rey. La conjunción entre el sino franquista que le preparara para reinar y la transición política le entronizó, alzando la corona del Reino de España a la testa de don Juan Carlos I.

Es difícil imaginar una España moderna sin su actual monarquía constitucional. La república no le trajo ni la modernidad, ni el desarrollo, ni la estabilidad política como las actualmente alcanzadas. La corona ha sido un factor de estabilidad y de aglutinamiento histórico-político que adquirió su plena legitimidad el 23F (1981) cuando añorantes militares franquistas (incluyendo al instructor del Rey) le sirvieron en bandeja un Golpe de Estado para actualizar una suerte de franquismo con corona. Don Juan Carlos I no sólo lo rechazó, sino que tomó abierto partido por la democracia constitucional y, haciendo uso de su investidura como Jefe de Estado y Capitán General de sus FFAA, legitimó al poder civil en el Congreso propiciando el procesamiento judicial de todos los complotados, quienes sufrieron el ostracismo público y severas condenas judiciales.

Es verdad que el poder desgasta y que hay que saber abandonar con grandeza los aires de la juventud. En los últimos tiempos la corona española estaba en entredicho ante su opinión pública, además de los achaques de don Juan Carlos I, por lo que su renuncia abre la sucesión hacia don Felipe VI (la denominación que asumirá el hasta hoy Príncipe de Asturias), refrescará la monarquía constitucional española y permitirá un nuevo liderazgo carismático y remozado. De paso abre una nueva sucesión real, en su primogénita, la Infanta Leonor, que en adelante será la nueva heredera del trono español con el título de Princesa de Asturias. A menos que Felipe VI y doña Letizia decidan darle un hermanito, y cuyo caso la sucesión pasaría inmediatamente al hijo varón sobre sus hermanas mayores. Cosas de la Constitución española.

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