¿Pagas “Union Due” (Cuota Sindical)?: Leyes sobre Derecho al Trabajo (Right-to-Work) en Kentucky

Imagen en: http://www.notiuno.com

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Desde los caballos y la energía, el carbón y los coches, el Estado del Bluegrass trabaja muy duro. Y en gran parte, los sindicatos han trabajado duro en nombre de los empleados para proteger sus intereses. Como la mayoría de los residentes de Kentucky saben, la relación entre trabajo y  gestión a menudo puede ser motivo de controversia, por decirlo suavemente, y requiere la cooperación de todas las partes a mantener las relaciones cordiales. En los últimos años, muchos estados han aprobado leyes para alterar la forma en la que los empleados, los empleadores y los sindicatos trabajan en conjunto.

Esta es una introducción a lo que se conoce como la leyes de “Derecho al Trabajo” en Kentucky.

Leyes de Derecho al Trabajo (Right-to-Work laws)

En total, 24 estados de la unión tienen leyes de “derecho al trabajo”, ya sean reconocidas en la constitución del estado o en un estatuto legal, aprobadas en los últimos años. En general, estas leyes prohíben a los empleadores exigir la afiliación sindical, o el pago de la cuota sindical, como requisito previo a los empleados para conseguir y mantener un trabajo.

Regulación del Derecho al Trabajo (Right-to-Work laws) en Kentucky

La legislación de derecho al trabajo llegó a un comité de la cámara de representantes del Estado de Kentucky en el año 2014, pero quedó allí. Tanto los republicanos como los demócratas predijeron que la cuestión del Derecho al Trabajo jugaría un papel en futuras elecciones y otro proyecto de ley podría ser propuesto pronto, a finales de 2014 no hay ninguna ley referida al Derecho al Trabajo en los registros de Kentucky.

¿Qué hacen las leyes de Derecho al Trabajo?

Las leyes del Derecho al Trabajo rigen la relación entre los sindicatos, los empleados y los empleadores. Prohíben a los empleadores o sindicatos exigir a los empleados unirse a un sindicato o pagar cuotas sindicales. Asimismo, los empleadores no están autorizados a excluir a los trabajadores no sindicalizados del proceso de contratación. Muchos estados del sur han tenido durante mucho tiempo las leyes de Derecho al Trabajo, pero Kentucky se resiste al cambio al ser un Estado pro-sindicato.

Aunque muchos estados del Norte y del Medio Oeste han añadido sus propios estatutos sobre Derecho a Trabajo en los últimos años, el impacto global de las leyes sobre salarios, afiliación sindical, y convenios colectivos de trabajo aún no se ha determinado con precisión. Naturalmente, los sindicatos se han opuesto universalmente a las leyes de Derecho al Trabajo, mientras que la mayoría de empresas y cámaras de comercio han presionado fuertemente a su favor.

Leyes de Derecho al Trabajo en Kentucky: Recursos relacionados

Si bien actualmente no existen leyes de Derecho al Trabajo en vigor en Kentucky, esto siempre puede cambiar dependiendo de las elecciones y el apoyo de los votantes. Puede ponerse en contacto con un abogado laboral de Kentucky en su área si desea asesoría legal en relación con una cuestión sindical o laboral. También puede visitar Centro de Derechos del Trabajador de FindLaw para revisar artículos adicionales e información sobre este tema.

Estados con leyes de Derecho al Trabajo

Alabama | Arizona | Arkansas | Florida | Georgia | Guam | IdahoIndiana | Iowa | Kansas |Louisiana | Michigan (Private/Public) | Mississippi | Nebraska | Nevada | North Carolina | North Dakota | Oklahoma |South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Virginia | Wisconsin| Wyoming

Información traducida con fines educativos de: findlaw y The National Right to Work Legal Defense Foundation

Se recomienda leer:

Estados con Derecho al Trabajo Right-to-Work States 

Right-to-Work bill dies in Kentucky House committee

Cámara de Representantes del Estado de Kentucky

ÉLITES EN LA SOCIEDAD SUIZA: La red de viejos amigos ya no funciona

Ministro, miembro del consejo de administración del UBS y consejero delegado de Ems Chemie, una importante empresa suiza: Christoph Blocher es un buen ejemplo de la polifacética élite suiza. (Keystone)

Ministro, miembro del consejo de administración del UBS y consejero delegado de Ems Chemie, una importante empresa suiza: Christoph Blocher es un buen ejemplo de la polifacética élite suiza.
(Keystone)

Por : Celia Luterbacher

Antes, un puñado de líderes ejercía múltiples cargos y controlaba las principales entidades suizas, desde el Parlamento hasta el banco Credit Suisse. Pero las cosas han cambiado. Los sociólogos revelan una nueva realidad del poder en Suiza que, por cierto, es cada vez menos suizo.

Con frecuencia, la palabra ‘élite’ se asocia con atletas o instituciones educativas del más alto nivel. Los sociólogos recuerdan que el término describe perfectamente el poderoso núcleo que conforman los tomadores de decisiones en Suiza.

“A veces, la gente piensa que cuando se habla de élite, nos referimos siempre a un pequeño número de personas que son muy buenas para algo”, señala a swissinfo.ch Felix Bühlmann, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lausana. “Pero esta palabra se deriva del término ‘elegido’. Y en las Ciencias Sociales hablamos de élites como grupos de personas que pueden tomar decisiones de gran relevancia para la sociedad de la que forman parte”.

Bühlmann es el autor principal del documento ‘Transformation des élites en Suisse’, el primer texto de una serie de investigaciones en torno al ‘Cambio Social en Suiza’, editado por el Centro Suizo de Especialización en Ciencias Sociales, la Universidad de Lausana y el Centro Nacional Suizo de Competencia para las Investigaciones.

Para la primera entrega, Bühlmann y sus colegas utilizaron una base de datos sobre las élites suizas del siglo XX y trazaron a partir de ella un mapa de la actividad profesional y de las conexiones que han existido entre los hombres y las mujeres más poderosos del país.

Descubrieron que en el siglo pasado, los miembros de este selecto grupo solían compartir el estrato social, habían estudiado en las mismas escuelas y mantenían estrechos lazos con el poder. En el siglo XXI, sin embargo, las cosas han cambiado. La élite se ha diversificado y sus miembros dependen cada vez menos los unos de los otros.

“Desde la década de los 90, observamos una conexión menor entre las diferentes esferas que componen la élite suiza. Nos encontramos en un estado de transición y no sabemos realmente hacia dónde se dirige todo”, explica Bühlmann.

Miembros exclusivos

La base de datos sobre la élite suiza que usaron los investigadores contiene más de 20 000 entradas sobre las trayectorias personal y profesional de quienes conformaron las esferas del poder político, económico, administrativo y académico en Suiza entre 1910 y 2010. La información fue dividida en cinco intervalos de 20 años que muestran que durante la mayor parte del siglo XX las élites suizas eran ricas habían recibido una educación del más alto nivel y sus integrantes era exclusivamente varones.

Los especialistas descubrieron también que cuando un individuo lograba acceder a una esfera del poder, posteriormente su nombre aparecería de forma recurrente en otros círculos de toma de decisión. En 1957, por ejemplo, el 19,5% de los miembros del Parlamento tenían algún cargo en el consejo de administración de una de las 110 empresas más grandes de Suiza.

Este fenómeno de la doble función –legisladores que compaginan su mandato político con una actividad profesional –es conocido por los sociólogos como “sistema de milicias”.

“La carga de trabajo de los miembros del Parlamento ha aumentado y el proceso legislativo se ha vuelto cada más complejo. De ahí que quien hoy se dedique a la política deba consagrar todo su tiempo a este tipo de mandato. Algo que no sucedía antes”, dice André Mach, coautor el estudio y profesor en la Universidad de Lausana (UNIL).

Zapatero a tus zapatos

Sin embargo, la creciente carga laboral en el ámbito parlamentario es solo una de las razones que han transformado la antigua forma de tejer redes de poder en Suiza. Hoy, el dinero también juega un rol muy importante. Antes, los directivos bancarios solían tener un cargo en las grandes empresas, pero esta práctica comenzó a abandonarse en los años 90.

“En los últimos 30 años, con la liberalización de los mercados financieros, son las bolsas internacionales las que marcan la pauta de la economía en Suiza y en el resto del mundo. Una nueva forma de capitalismo que está cambiando las cosas”, sostiene Bühlmann.

Mach detalla que “los hombres clave de los bancos se han desvinculado paulatinamente de los consejos de administración de las grandes compañías industriales, porque sus principales ingresos ya no provienen del otorgamiento de crédito, sino de la banca de inversión y de los mercados financieros, que les resultan mucho más rentables. Por su parte, las principales empresas suizas están cada vez más relacionadas con el mercado de valores, en el que se financian en vez de acudir a los bancos”.

Pero hay una tercera razón que es tan sutil como poderosa: la mirada social.

“Hoy, los medios de comunicación y la opinión pública aceptan cada vez menos que una persona desempeñe varios cargos vinculados a la toma de decisiones. Se piensa que una persona no puede hacer bien su trabajo si dispersa su atención en diferentes posiciones”, dice Mach.

Nuevo contra lo antiguo

Una de las transformaciones más dramáticas que ha experimentado la élite suiza es la internacionalización de su esfera económica. Hasta la década de los 90, el control de las multinacionales suizas estaba en manos helvéticas.

En 1980, solo el 3,7% de los cargos ejecutivos de las 110 principales empresas del país eran extranjeros. La proporción aumentó al 35% en 2010. El gigante bancario Credit Suisse es un botón de muestra de esta tendencia: el consejero delegado saliente, Brady Dougan, es de origen estadounidense, y su sucesor, Tidjane Thiam, nació en África.

Tidjane Thiam, nuevo consejero delegado del Credit Suisse, de nacionalidad francesa y marfileña, es un ejemplo de la creciente internacionalización de la élite empresarial. (Keystone)

Tidjane Thiam, nuevo consejero delegado del Credit Suisse, de nacionalidad francesa y marfileña, es un ejemplo de la creciente internacionalización de la élite empresarial.
(Keystone)

Esperar y observar

Los investigadores seguirán tomando muestras y analizando los datos concernientes a las élites suizas cada cinco o 10 años para identificar nuevos patrones. Hasta que compilen más datos, es difícil predecir el comportamiento de las élites en la sociedad helvética.

“Quienes piensan que el sistema antiguo de élites era mejor dicen que antes era posible reaccionar con rapidez, porque los lazos eran muy estrechos, y cuando se tenía que tomar una decisión importante podía hacerse desde un pequeño grupo, lo que ayudaba a que la sociedad funcionara sin problemas”, explica Bühlmann. Pero esta dinámica era poco transparente y totalmente contraria a los principios democráticos, agrega.

Mach destaca que hacer nuevas predicciones será particularmente difícil después de la votación del 9 de febrero de 2014, cuando los suizos decidieron limitar la inmigración.

“Y es que tenemos una élite realmente internacional con directivos extranjeros en las grandes compañías; y también en el ámbito académico es cada vez mayor el número de profesores de origen foráneo. En la esfera política, en cambio, los partidos conservadores, más reticentes a la idea de la internacionalización, cosechan éxitos. Observamos dos tendencias opuestas”, apunta Mach.

Traducción del inglés: Andrea Ornelas, swissinfo.ch

En: swissinfo

PPK propuso crear una “élite administrativa” en el servicio civil para combatir la corrupción

Pedro Pablo Kuczynski dijo que no tener sueldos predecibles y reajustables para los funcionarios públicos promueve la corrupción.

Esta vez, a diferencia de la Cade 2015, la tos no opacó su discurso. El candidato por Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), empezó su intervención en el foro sobre corrupción organizado por Proética diciendo que toda la sociedad es responsable del problema de la corrupción y que la educación es clave para erradicarla.

En cuanto a las recetas institucionales propuso:

1. Crear una élite administrativa dentro del servicio civil.

Dijo que los mejores deben ingresar a la carrera pública a través de examen y que los sueldos deben ser predecibles y reajustables. “No habrá demagogia sobre que nadie puede ganar más que un ministro o el presidente. Eso nos lleva a la corrupción, el talento vale”, sugirió.

2. Podar los trámites interminables que no hacen más que promover la desconfianza y la corrupción.

3. Tener una ficha limpia.

“Si quieres presentarte al Congreso o a cualquier puesto público, tienes que tener tu ficha limpia. Y muerte civil si has sido condenado de algo inadmisible como violación, corrupción con dinero público y otras cosas de ese tipo”, explicó

4. Tener instituciones fuertes.

5. Fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera.

6. Fortalecer el Consejo Nacional de la Magistratura. Propuso debatir la reforma en dos sesiones parlamentarias consecutivas.

PPK señaló que para resolver los grandes problemas es necesario hablarlos y hacerlos parte de una temática nacional. Además, más allá de recurrir a instancias internacionales, dijo que lo principal es que el Perú primero reconozca sus problemas y hagan algo por solucionarlos.

En: semanaeconomica

¿Qué normas regulan la devolución de dinero a los trabajadores que contribuyeron al FONAVI?

Muchos Fonavistas se quejan porque pese a haber presentado toda la documentación necesaria (formularios llenos, historiales, documentos que avalan los pagos, etc) les sigue saliendo este aviso. De toda la normativa revisada, no hay un órgano ante el cual quejarse por este proceder de la Comisión Ad Hoc.

Muchos Fonavistas se quejan porque pese a haber presentado toda la documentación necesaria (formularios llenos, historiales, documentos que avalan los pagos, etc) les sigue saliendo este aviso. De toda la normativa revisada, no hay un órgano ante el cual quejarse por este proceder de la Comisión Ad Hoc.

Descarga de Formularios de Inscripción y registro de Información de Periodos aportados al FONAVI: Aquí

1. LEY Nº 29625 – Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo (Ley aprobada por Referendum)

2. Decreto Supremo Nº 006-2012-EF – Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo

3. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0012-2014-PI/TC : Caso FONAVI 2014  – Demanda de inconstitucionalidad contra la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114, de Presupuesto del Sector Público

4. AUTO 3 ACLARACIÓN STC N° 0012-2014-PI/TC

5. AUTO 4 ACLARACIÓN STC N° 0012-2014-PI/TC

6. Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014

7. D.S. N° 016-2014-EF Aprueban normas reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014

8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 001-2015/CAH-Ley Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Primer Grupo de Pago (Emitida por la COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY Nº 29625) – Publicada 11 Enero 2015

9. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 01293-2015/CAH-LEY Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Segundo Grupo de Pago (Emitida por la COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY Nº 29625) – Publicada 3 Mayo 2015

10. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 02059-2015/CAH-LEY Nº 29625 – Aprueban el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Tercer Grupo de Pago (Emitida por la COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY Nº 29625) – Publicada 19 Junio 2015

11. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 02508-2015/CAH-Ley Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Cuarto Grupo de Pago (Emitida por la COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY Nº 29625) – Publicada 25 Octubre 2015

12. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 001-2016/CAH-Ley Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Quinto Grupo de Pago (Emitida por la COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY Nº 29625) – Publicado 14 Enero 2016

13. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0313-2016/CAH-Ley Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Sexto Grupo de Pago – Publicado 24 Abril 2016

14. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1110-2016/CAH-Ley Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Séptimo grupo de Pago – Publicado 17 Julio 2016

15. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 1111-2016/CAH-LEY Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Octavo Grupo de Pago – Publicado 23 Octubre 2016

16. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0001-2017/CAH-LEY Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Noveno Grupo de Pago – Publicado 22 Enero 2017

17. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 0207-2017/CAH-LEY Nº 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Décimo Grupo de Pago – Publicado 30 Abril 2017

18. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 02235-2017/CAH-LEY N° 29625 – Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Undécimo Grupo de Pago – Publicado 16 Julio 2013

Wal-Mart strikes lawful, must reinstate workers: NLRB judge

Wal-Mart Stores Inc (WMT.N) unlawfully retaliated against workers who participated in strikes in 2013 and must offer to reinstate 16 dismissed employees, a National Labor Relations Board judge ruled on Thursday.

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Administrative Law Judge Geoffrey Carter said in a ruling posted on the board’s website that the U.S. retailer violated labor law by “disciplining or discharging several associates because they were absent from work while on strike”.

The ruling was hailed by one labor group as a “huge victory” for employees, although Wal-Mart indicated it would likely appeal the decision to the labor agency’s board in Washington, and pointed to its recent efforts to improve worker benefits and raise pay.

“We disagree with the Administrative Law Judge’s recommended findings and we will pursue all of our options to defend the company because we believe our actions were legal and justified,” Wal-Mart spokesman Kory Lundberg said.

Carter was ruling on a complaint filed by the NLRB on behalf of a union-backed worker group, OUR Walmart, in 2014. Most of the allegations related to a coordinated set of strikes collectively referred to the “Ride for Respect” because they involved traveling by bus to the company’s headquarters in Arkansas for protests at its shareholders’ meeting in June 2013.

Wal-Mart had argued that it was lawful to discipline workers with unexcused absences to participate in the protests because the strikes constituted “intermittent work stoppages” not protected under labor law.

But the judge found the “Ride for Respect” differed materially from other previous work stoppages not protected by law because, among other factors, it was not a brief strike — meaning the risk for workers was higher — and because it was not scheduled close in time with other strikes.

Carter ordered Wal-Mart to offer 16 former workers their previous jobs and make them “whole for any loss of earnings and other benefits suffered as a result of the discrimination against them”.

Wal-Mart was also ordered to hold a meeting in more than two dozen stores to inform workers of their rights to organize under U.S. labor law.

Jessica Levin, spokeswoman for labor group Making Change at Walmart, which is backed by the United Food & Commercial Workers International Union (UFCW), described the ruling as a “huge victory” for the dismissed workers as well as “Walmart workers everywhere”.

It was unclear what impact, if any, the decision would have on the efforts by Making Change at Walmart and other groups to pressure Wal-Mart on wages and benefits. The UFCW has tried for years to organize Wal-Mart workers and the hurdles remain high.

The ruling comes a day after Wal-Mart announced that it was raising wages for 1.2 million U.S. workers in 2016 as part of a $2.7 billion investment over two years in wages and training.

While denting profits near term, Wal-Mart has said the investments are helping improve customer service and worker engagement scores.

(Reporting by Nathan Layne in Chicago; Editing by Sandra Maler)

En: reuters

Francia declara el estado de emergencia económica

Desocupación y estancamiento. Lo anunció Hollande frente a los empresarios del país. Es para rebatir el enorme desempleo, que afecta a más de tres millones y  medio de personas.

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El presidente francés Francois Hollande declaró este lunes lo que llamó “un estado de emergencia económica’’ y dijo que es hora de redefinir el modelo económico y social de Francia.

El mandatario expuso una serie de propuestas económicas en un discurso anual ante líderes empresariales para reducir el desempleo crónico e impulsar el crecimiento francés, el cual ha permanecido estancado largo tiempo.

La inciativa gira en torno a un plan de urgencia en favor del empleo, que prevé un desembolso de “más de 2.000 millones de euros”, financiados por recortes presupuestarios y sin aumento de impuestos.

“Esos 2.000 millones de euros serán financiados sin tasas suplementarias de ningún tipo, es decir que serán financiados por economías”, dijo Hollande. El desempleo afecta a más de tres millones y medio de personas en Francia.

Las primeras medidas que propuso son relativamente modestas y dijo que éstas no “pondrán en tela de juicio” la semana laboral de 35 horas. Tampoco buscó asumir nuevos poderes de emergencia.

Hollande insistió en la urgencia de actualizar el modelo de trabajo de Francia con una economía en un rápido movimiento, cada vez más globalizada y digital.

Las acciones que anunció incluyen relajar algunas medidas favorables a los empleados para alentar a las empresas a contratar, y la capacitación de medio millón de trabajadores.

(Fuente: agencias)​

En: clarin

PJ y Ministerio Público: trabajadores recibirán bono de S/.400

El Gobierno aseguró que este bono para personal administrativos y jurisdiccional no será para jueces ni fiscales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso que se otorgue un bono especial de 400 soles al personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial y el Ministerio Público, siempre que el personal esté sujeto a los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728.

Este bono no será entregado a jueces y fiscales, según dispuso el decreto supremo del MEF publicado hoy en el diario oficial de El Peruano.

La bonificación no es de carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable ni está sujeta a cargas sociales. El MEF aseguró que tampoco será usado para el cálculo del reajuste de las bonificaciones del Decreto Supremo 051-91-PCM para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas.

Para poder concretar estos pagos, se realizará una transferencia para las partidas del 2016 del Poder Judicial y Ministerio Público por un valor de hasta 129129 millones 456 mil soles.

De este total, 85 millones 876 mil 800 soles serán para el Poder Judicial y 43 millones 579 mil 200 soles para el Ministerio Público.

En: elcomercio

CTS: Trabajadores de sector público recibirán pago dos veces al año

El pleno del Congreso aprobó anoche por insistencia, tras una observación del Ejecutivo, que los empleados estatales también puedan escoger un banco para sus depósitos.

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Los trabajadores del sector público adscritos al Decreto Legislativo 728 y a la ley del Servicio Civil, podrán disponer de sus depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), según la ley aprobada ayer a medianoche por el Pleno del Congreso en insistencia.

El pago de la CTS se efectuará cada seis meses en las entidades financieras que elija el trabajador.

La norma fue aprobada por 67 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Yhony Lescano, vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento, recordó que el Ejecutivo había observado esta ley al considerar que no existía discriminación entre trabajadores públicos y privados, como señala el dictamen, y que era inconstitucional, pues el Parlamento había tenido iniciativa de gasto.

De acuerdo a la insistencia en la ley, sí habría existido discriminación frente a los trabajadores del sector privado que reciben el pago de CTS de sus empleadores semestralmente y pueden retirarlo, mientras que los trabajadores adscritos al Decreto Legislativo 728 y a la Ley del Servicio Civil recibían ese pago al final de su actividad laboral.

Esta ley había sido aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 15 de octubre y exonerada de la segunda votación el mismo día.

Sin CTS

El Estado no está obligado al depósito de los trabajadores contratados bajo el régimen laboral del D. Leg. 276 (a los que se deposita al cese de la relación laboral); aquellos con Contratos Administrativos de Servicios -CAS- (ya que no tienen este beneficio legal), entre otros.

En: gestion 

“No somos militantes, somos profesionales”, afirman argentinos despedidos del sector público

Cientos de empleados con contratos temporales que no fueron renovados esta semana por el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri en un emblemático centro cultural del kirchnerismo, protestaron el jueves indignados contra lo que denominan una campaña de desprestigio al tildarlos de “militantes”.

“No somos ni militantes ni ñoquis”, tararearon contra el término despectivo usado en Argentina para los empleados con cargos ficticios, dentro de un sistema corrupto y ampliamente usado en el sector público.

La marcha de los “despedidos” se realizó en las afueras del Centro Cultural Kirchner (CCK), una obra monumental inaugurada en mayo de 2015 que convirtió el Palacio de Correos del siglo XIX de Buenos Aires en un moderno centro de cultura, museo y sala de conciertos.

Con secciones aún en construcción, el espacio ofreció en menos de un año obras gratis para todo público entre salas que enaltecían a la mítica figura peronista Eva Perón (1919-1952) y también exponía memorabilia del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esta semana el ministro de Medios Públicos de Macri, Hernán Lombardi anunció que se ponía fin a la renovación de 600 de los 700 contratados de este centro.

Todos los trabajadores habían sido contratados en 2015, coincidiendo con la fecha de inaguración del CCK a principios de ese año.

En algunos casos, indicó Lombardi, se hicieron contrataciones en diciembre, cuando estaba por asumir la nueva administración de derecha, después de 12 años de gobiernos de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

Entre pancartas que decían “La cultura no es un gasto” y cánticos en tono futbolero contra Lombardi y Macri, Mateo Aguilar, quien trabajaba en la producción técnica del CCK desde hacía seis meses repudió la medida.

“Aquí la mayoría somos trabajadores que cumplimos tareas diarias en función de nuestras respectivas formaciones”, se defendió el técnico de 31 años.

Su mayor lamento es que buscaron “desde que ganaron las elecciones formas para dialogar, para saber cómo se daría continuidad laboral a toda la planta que tenía contratos hasta el 31 de diciembre. Pero me tuve que enterar por twitter que perdí mi laburo”, dijo.

“En el CCK el 81% de las designaciones fue efectuada durante 2015. Sin concursos y por medio de universidades”, escribió Lombardi el martes en esa red social.

Según el ministro, los trabajadores que se siguieron contratando hasta horas previas al cambio de gobierno en diciembre ingresaban por convenios con tres universidades estatales vinculadas a la militancia kirchnerista.

La manifestación del jueves siguió a otra realizada en el Congreso por otros despidos en ese gremio. Insisten que la mayoría cuentan con profesiones y oficios idóneos para las tareas que venían desarrollando.

La semana pasada, previo al fin de año, miles de personas habían marchado al ministerio de Trabajo, convocados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunciara que se revisarían cerca de 64.000 contratos en la administración pública, cuya plantilla temporaria creció 50% en tres años, según indicó.

Además Macri instruyó por decreto a todos los ministros y autoridades de organismos descentralizados del Estado “a revisar los procesos concursales y de selección de personal”.

En este marco, la vicepresidenta Gabriela Michetti anunció el lunes el despido de 2.035 empleados del Senado y advirtió que en varios ministerios habrán despidos de “militantes” nombrados en casi todos en 2015.

Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), presente en la manifestación del CCK, calificó estas bajas de empleados que ya vienen aceptando de hace varios años “contratos precarios en el sector público”, como “acciones arbitrarias e ilegales”.

“El gobierno está utilizando la figura del ‘ñoqui’ para demonizar. Quieren mostrar ésto como una limpieza de corruptos y la verdad es que es una gran mentira porque son trabajadores. Siempre los gobiernos neoliberales tienden a desprestigiar al estado, al sector público”, dijo a la AFP.

“Creo que estos conflictos van a ser como un globo de ensayo, si ven que tienen un costo político relativamente bajo se van a multiplicar”, opinó.

pb/hov

En: lainformacion.com

Ley contra la violencia familiar no sanciona penalmente a gerentes

Ciertos medios afirman que, en virtud a la Ley contra la violencia familiar, los empleadores pueden ir a la cárcel si fijan sueldos distintos sin sustento para un mismo cargo. No obstante, dicha información es inexacta, debido a que la mencionada norma señala que frente a un acto de desigualdad de salarios, la víctima puede denunciar a su empleador, pero solo por actos de “violencia contra la mujer o contra un integrante del grupo familiar”. Aquí lo explicamos.

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Algunos medios de comunicación vienen difundiendo una información errónea respecto a la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N° 30364. Los medios informativos afirman que, en virtud de esta nueva norma, los trabajadores podrán denunciar penalmente por el delito de discriminación a los gerentes de las empresas que abonen sueldos diferentes a trabajadores que realicen igual labor.

Para dichas publicaciones, la norma configuraría una suerte de “ley laboral con incidencia penal y procesal penal”; sin embargo, ello no es cierto. La Ley Nº 30364 es la “nueva ley de violencia familiar”, que tiene por objetivo erradicar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El origen del error

Veamos primero dónde empieza a distorsionarse la información. El artículo 8.d) de la citada norma señala como un tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a la “violencia económica o patrimonial”, que se configura —entre otros supuestos— cuando se paga a una mujer o un familiar un salario menor que otras personas, pese a que realizan las mismas tareas dentro de un mismo centro de trabajo.

Así, por ejemplo, según la norma en cuestión, se cometería este tipo de violencia cuando un empleador paga menor sueldo a una mujer trabajadora o a un pariente suyo, aun cuando otras personas reciben un mayor salario por realizar la misma labor.

En tales casos, la nueva ley señala que las víctimas pueden denunciar a su empleador, pero no por un delito, sino por actos de “violencia contra la mujer o contra un integrante del grupo familiar” ante la Policía Nacional; y que esta comunicará lo hechos al Juzgado de Familia, el cual realizará el “procedimiento tutelar” (extrapenal) respectivo.

Entonces, ¿la Ley Nº 30364 abre la posibilidad a que los trabajadores puedan “denunciar penalmente” a los gerentes de las empresas por recibir menor sueldo que otros? La respuesta es consistentemente que no. Solo posibilita que algunos trabajadores (mujeres y familiares) puedan denunciar actos de “violencia contra la mujer o contra un integrante del grupo familiar”, lo que se verificará en un “procedimiento tutelar” ante el Juez de Familia.

¿Este hecho puede configurar el delito de discriminación?

Que el hecho antes señalado pueda constituir un delito de discriminación no tiene nada que ver con la referida norma, como señalan erróneamente las páginas antes aludidas, pues la ley solo define un tipo especial de violencia contra la mujer o contra un integrante del grupo familiar (la llamada violencia económica o patrimonial), que puede sustentar un “proceso tutelar” ante el Juez de Familia.

Asimismo, dicha norma no define un supuesto típico del delito de discriminación, ni abre la posibilidad de que los agraviados puedan accionar contra sus empleadores por este delito. Dicho de otro modo, ninguna denuncia penal por delito de discriminación depende de la Ley N° 30364.

Es pues erróneo afirmar que, a partir de la comentada norma, los trabajadores pueden denunciar penalmente a sus empleadores (y, peor aún, llevarlos a la cárcel) por pagarles menor sueldo que a otros trabajadores que realizan la misma labor.

¿Qué puede hacer el trabajador ante un acto de discriminación?

No obstante, ante un acto de discriminación el trabajador puede ampararse a otra norma penal, y no a la nueva Ley contra la violencia familiar. Si un empleado pretende denunciar a su empleador por delito de discriminación laboral deberá basarse en el artículo 323 del Código Penal, vigente desde el año 2000.

Pero, a tal efecto, deberá considerar que no basta que el empleador le pague injustificadamente un menor sueldo, pues, para configurar este delito, se exigen otros requisitos típicos:

  • Que el menor salario obedezca a un comprobado acto de discriminación.
  • Que este se sustente en un motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica.
  • Que dicho acto tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona.

En: laley.pe

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