Se ha aprobado el día de hoy, 26 de abril de 2018, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021.

El Plan ha definido como áreas prioritarias de intervención las siguientes: i) Obras de infraestructura, ii) Procesos de contrataciones y adquisiciones, iii) Captura de la política pública por parte de intereses particulares, y iv) Provisión de servicios públicos (pequeña corrupción).

Se plantean tres ejes de intervención, los dos primeros ejes propios del enfoque clásico de prevención: Eje 1. fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción y el eje 2. Identificación y Gestión de Riesgos; y el último eje relacionado al enfoque de sanción el cual se desarrolla como Eje 3. Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.

Dentro del eje 2, se han identificado 4 objetivos, una de las cuales es “2.3. Garantizar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios”, de los cuales se desprenden 10 acciones:

38. Fortalecer el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado a fin de promover y garantizar la supervisión estratégica basada en la gestión de riesgos, la optimización del proceso de contratación pública y la transformación digital de la institución (Responsable OSCE).
39. Modernizar las plataformas tecnológicas del OSCE garantizando información desagregada de las contrataciones de bienes, servicios y obras que los proveedores hayan realizado con el Estado (Responsable OSCE)
40. Establecer a nivel de las entidades públicas mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos de contratación pública, examinando información consignada por las personas naturales y jurídicas que contratan con la entidad. Esta supervisión deberá contar con el asesoramiento técnico del Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que deberá registrar las incidencias detectadas en los procesos de identificación de riesgos.
41. Fortalecer la Central de Compras Públicas (Perú Compras), para asegurar su autonomía y especialización suficiente de manera tal que cumpla con su función de estandarización de bienes y servicios de consumo regular a nivel de las entidades públicas que conlleve al proceso de centralización gradual de las compras corporativas (Responsable Perú Compras)
42. Implementar en las entidades públicas programas permanentes de desarrollo de capacidades vinculadas a los procesos de contrataciones públicas para fortalecer la gestión del conocimiento, con el asesoramiento de OSCE
43. Fomentar la implementación de programas de prevención o compliance contra la corrupción y otras prácticas cuestionables en el sector empresarial independientemente del tamaño de la empresa y el rubro de negocio, asegurando la reglamentación de la Ley 30424 y su modificatoria.
44. Desarrollar y aprobar una política y plan nacional de infraestructura que garantice transparencia y predictibilidad en las decisiones públicas y privadas respecto al desarrollo de las obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo (Responsable MEF)
45. Fortalecer los procesos de planificación, programación y priorización de las carteras de proyectos de infraestructura económica (transporte, infraestructura de riego, energía, vivienda y saneamiento) para maximizar los impactos y la rentabilidad social, así como reducir los riesgos de la corrupción (responsable los sectores MTC, MINAGRI, MINEM y MVCS) (estos sectores están vinculados a la Reconstrucción, por ello es importante visibilizar estas acciones por parte del Sector Economía y Finanzas)
46. Revisar la normativa de las asociaciones público-privadas a efectos de garantizar competencia, prohibir las excepciones en grandes obras y garantizar los estudios de ingeniería en detalle (Responsable PCM)
47. Establecer un marco normativo para el desarrollo de la vigilancia ciudadana de la gestión pública.

Tal como se señala en el citado Plan “En Perú, la respuesta gubernamental frente a la corrupción ha ido evolucionando. En efecto, se ha pasado de un enfoque reactivo -en donde la persecución del delito era lo central- hacia un enfoque más amplio en el que emerge la integridad como concepto que desarrolla aspectos vinculados a la prevención, la identificación y gestión de riesgos, complementando los esfuerzos iniciados a partir de la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Precisamente, en ese marco, se formula y aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual busca insertar en el ámbito nacional el enfoque de integridad (OCDE, 2017) entendiendo que este concepto (integridad), al ser un concepto lato y mucho más amplio, es el marco de enfoque de la lucha contra la corrupción”.

Asimismo, como se indica en el Plan, “Resulta necesario e impostergable reconocer que la corrupción no es un fenómeno neutro y que, por el contrario, impacta de manera diferenciada a los miembros de una sociedad según, precisamente, los factores de vulnerabilidad socioeconómica y de género propiciando la profundización de esquemas de desigualdad y abuso de poder. De ahí que debe interiorizarse que para el combate de la corrupción no existe una sola fórmula o única respuesta, ni una entidad que pueda afrontar sola este flagelo. Por el contrario, se requiere de una estrategia que articule al mismo tiempo acciones de prevención, detección, investigación y sanción, diferenciando los distintos niveles de corrupción que existen y la manera diferenciada de su impacto, así como de una estrategia de participación conjunta y articulada de las entidades y la sociedad en su conjunto”.

El éxito de este Plan Nacional de Integridad va a radicar en la capacidad de articular las acciones y actividades de cada entidad con dicho Plan. Es una buena oportunidad para articular estas acciones, a fin de “Garantizar la Integridad en las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios”

Pueden descargar el Plan, en el siguiente link:

Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021