SI TENEMOS LAS IDEAS DE CÓMO SE DEBE HACER, ¿POR QUÉ NO EMPIEZA EL CAMBIO?

Algunas frases que nos deben llevar a la reflexión. Nosotros, profesionales en asuntos legales, debemos sacar también nuestras propias conclusiones.

Tomado de: “PLAN ESTRATÉGICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO PERUANO”

De los procesos a los resultados:

“Todos estos cambios (el cumplimiento de los objetivos finales del presupuesto ahora involucra la identificación y selección de soluciones óptimas cómo, por ejemplo, escoger entre arrendamiento o compra, establecer asociaciones entre el sector público y el privado, lograr acuerdos sobre niveles de servicio, el apalancamiento de procesos para el conjunto de un sector, la evaluación y el monitoreo de desempeño, etc.) relacionados con las contrataciones públicas, son cada vez más complejas, y demandan por tanto personal altamente especializado capaz de encontrar las mejores soluciones”.

De la experiencia internacional

La comunidad internacional ha examinado y optado por numerosas iniciativas para fortalecer el desempeño de las contrataciones. Entre ellas se han incluido:

-La especialización y profesionalización de las oficinas de contrataciones, con expertos en comprar más que en asuntos legales.
-La estandarización de procesos y documentos.
-El desarrollo de nuevos mecanismos de compra como los Convenios Marco en sus diferentes variantes.
-La incorporación de las tecnologías informáticas.
-La orientación de los sistemas de adquisiciones al logro del mejor resultado posible por la inversión realizada (Value for Money en la literatura internacional).
-La producción y uso de información producida en línea por el sistema para conocer y aprovechar mejor el mercado y apalancar al gobierno dentro de él.
-El uso del poder de compra del gobierno para mejorar las condiciones de suministro y los precios obtenidos.
-La simplificación de los procesos para hacerlos más ágiles y transparentes
-Una sólida rendición de cuentas a los ciudadanos.
-Modalidades de control inteligente orientado a prevenir los riegos de corrupción y también a estimular la eficiencia
-Integración de la planificación de los gobiernos nacional y regionales con los procesos de desarrollo presupuestal para mejorar la gestión del presupuesto y garantizar la oportunidad de los pagos
-Adopción de medidas promotoras del desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental en las adquisiciones públicas”.

“Asimismo, frente a la necesidad de incrementar la productividad y capacidad de respuesta de los gobiernos en todo el mundo frente a estos desafíos, ha surgido la tendencia en la gestión pública de alejarse de la regulación y el detalle de los procesos, privilegiando los resultados en el desempeño y la gobernabilidad”.

Dicha tendencia (privilegiar los resultados en el desempeño) está cambiando el modo como las contrataciones públicas son manejadas en las mejores administraciones públicas del mundo. Y, por ello, ahora los funcionarios de contrataciones deben estar mucho más calificados y apoyados por un sólido soporte de sistemas de gestión y tecnología. Esta tendencia hacia un mejor desempeño y resultados exige que la toma de decisiones se asiente en una gestión basada sobre todo en la información más que en procesos detallistas y controles”.

Así, es clara la razón por la cual las administraciones líderes en el mundo han dejado de lado la visión de las contrataciones como actividades reguladoras y excesivamente controlistas y han pasado a la visión de las contrataciones como soporte eficiente y práctico del buen gobierno. Bajo esta orientación, las contrataciones públicas son el sostén y la garantía para la creación de políticas, procesos y herramientas de gestión, así como para la aplicación de mayor experiencia y nuevas tecnologías que impulsan el buen desempeño gubernamental y el impacto efectivo en la sociedad”.

“En los países de muy buena gobernabilidad, las adquisiciones públicas se definen primero, y sobre todo, como un asunto de gerencia especializada, regido por políticas usualmente diseñadas sobre un conjunto de principios que son la base de todo el sistema. Esos principios (en orden alfabético) son:

Competencia: procesos abiertos a todos los posibles participantes.
Eficacia: gestión por resultados.
Eficiencia: el mejor resultado en plazos razonables para el mayor beneficio de
los ciudadanos.
Igualdad: decisiones que no perjudican ni favorecen a nadie.
Integridad: eliminación de posibles conflictos de interés de los participantes
del sistema.
Mejor valor por la inversión: obtener la mejor alternativa posible con los
recursos disponibles (Value for Money).
Rendición de cuentas: el gobierno informa, la comunidad vigila.
Transparencia: todo a la vista de todos en todo momento y en tiempo real,
sin perjuicio de los derechos de reserva de los proveedores”.

Un importante aporte en el ámbito internacional han sido las reformas institucionales que han promovido y dado lugar a la creación de órganos rectores centrales, con funciones que requieren de altísimo nivel técnico para el fortalecimiento de los sistemas de contrataciones públicas, la integración de los procesos y el mejor uso de las tecnologías de punta en la gestión pública”.

“El establecimiento de dichos órganos rectores con las funciones descritas ha permitido superar las debilidades que se presentan cuando las únicas funciones centralizadas de contrataciones se reducen a establecer y supervisar el marco legal o asignar recursos presupuestales. En estos casos, es común que cada organismo desarrolle sus propios procedimientos, a menudo con diversas interpretaciones de la legislación, con documentación específica, con términos y condiciones de contratos propios y con sus particulares modos de reportar e informar. Esta diversidad reduce la calidad de la planificación estratégica y presupuestal, limita la capacidad del sector privado para entender los procesos gubernamentales, extingue la capacidad de negociación integrada del sector público y mengua la transparencia y la eficiencia de todo el proceso de contrataciones”.

“(…), el exceso y la diversidad de trámites favorecen la corrupción. Ante la ineficiencia y el incremento del malestar ciudadano con el sistema de contrataciones, suele presentarse la tendencia realizar nuevas reformas legales y definir nuevos requisitos presupuestales para aumentar los controles, creando así un círculo vicioso”.

Una lección muy importante de la experiencia internacional es que la experiencia en contrataciones debe ir mucho más allá del conocimiento de la legislación sobre contratación pública. La lección es que la administración eficiente y eficaz de la función de contratar requiere conocimiento y dominio de muchos temas, como gestión de riesgo, optimización de soluciones, criterios para obtener el mejor valor por la inversión, mercados, incentivos, planificación y evaluación. Estas necesidades no pueden ser suplidas sólo con regulaciones y requieren experiencia y buena gerencia”.

El OSCE, a través de la supervisión y la capacitación, tratará de evitar que cada Entidad que realiza contrataciones desarrolle sus propios procedimientos, con diversas interpretaciones de la legislación, documentación específica, términos y condiciones de contrato particulares y formas de informar heterogéneas. Esta diversidad limita la capacidad negociadora en bloque del Gobierno, reduce la calidad de la planificación estratégica y presupuestal, mina la capacidad del sector privado para entender los procesos gubernamentales, convierte a las adquisiciones en un tema de expertos en asuntos legales y tiene impactos negativos sobre la transparencia y la eficiencia, por la tendencia a que los procesos de contratación sean complejos y cargados de trámites”.

El Perú ha tenido un organismo central de adquisiciones, el CONSUCODE, que ha estado especialmente concentrando en la supervisión de la normativa, pero en los últimos años ha comenzado a enfocarse también en algunos aspectos operacionales y de gestión. Reforzar este proceso de cambio es la razón por la cual el Gobierno recientemente ha creado el OSCE que abordará las funciones necesarias para cumplir con este Plan Estratégico”.

“A nivel internacional, los entes rectores se han dedicado más a la formulación y adopción de políticas generales básicas que a la aprobación de regulaciones o reglamentos. La experiencia muestra que las políticas generales cuentan con el mismo nivel de cumplimiento que las regulaciones, con la ventaja de que son más flexibles y logran que los funcionarios sean responsables de adherirse a principios y no a pasos de procedimiento“.

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