Ya no es necesario contar con certificados de capacitación de aliados estratégicos del OSCE

De acuerdo a lo señalado en el comunicado publicado por el OSCE en su página web “Se amplía oferta para capacitación de operadores sobre las contrataciones públicas”, y de acuerdo a lo contenido en el articulo 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 056-2017-EF, “ya no será un requisito … Leer másYa no es necesario contar con certificados de capacitación de aliados estratégicos del OSCE

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

El 20 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, mediante el cual se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Pueden descargar el documento haciendo click en el siguiente enlace: TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General … Leer másDecreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

Procesos de selección convocados a partir del 11 de noviembre de 2016 no deben exigir requisitos que consten en registros de libre acceso u otro medio de comunicación pública

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1246, “Decreto que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa”, que entró en vigencia el 11 de noviembre de 2016, el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas para reducir la tramitología en la Administración Pública, disposiciones que van a tener un impacto en los procedimientos de contratación pública. El artículo 5 … Leer másProcesos de selección convocados a partir del 11 de noviembre de 2016 no deben exigir requisitos que consten en registros de libre acceso u otro medio de comunicación pública

Mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF se aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. En ese sentido, dicha Ley y su Reglamento entrarán en vigencia a partir del 9 de enero de 2016. Se adjunta … Leer másMediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF se aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225

CURSO DE CAPACITACIÓN: COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN EN PROCESOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Perú – 4 al 6 de Marzo de 2013

Debido a la gran acogida y éxito logrado en el evento organizado en el mes de agosto del año pasado, junto al OSCE, la CAN y el Ministerio Público, con orgullo GovRisk presenta el curso de capacitación ‘Combatiendo la Corrupción en Procesos de Contrataciones en Obras Públicas’, que se realizará en Lima, del 4 al 6 de Marzo próximo. En este curso innovador, donde participarán expertos nacionales y mundiales, se analizará los temas más importantes y candentes en las agendas de los profesionales vinculados al tema de las contrataciones de obras públicas en el Perú.

El task force de Latinoamérica de GovRisk ha trabajado diligentemente con la Contraloría General de la Republica, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la Cámara de Comercio – Lima y para armar un robusto programa que estoy seguro será de gran valor para usted y su equipo.

Este imperdible curso reunirá cinco expertos con un conocimiento inigualable de los problemas y retos actuales asociados con garantizar la integridad de los procesos administrativos y una verdadera competencia entre los proveedores. La capacitación le brindará una oportunidad única de conocer las mejores prácticas nacionales e internacionales y mantenerse a la vanguardia de su profesión. Los participantes también recibirán un manual para instructores, que les permitirá replicar el programa de manera independiente en sus respectivas instituciones.

Aquí, algunos de los temas más destacados que se analizarán en la capacitación:

• Enseñanzas que dejaron recientes casos emblemáticos
• Las Modalidades más comunes de corrupción y fraude en las compras públicas
• El régimen de denuncias en el marco de los procesos de selección y ejecución contractual
• Paso a paso la implementación de las ultimas herramientas para detectar y probar actos de corrupción y fraude en las compras
públicas
• Mitigando los riesgos y estrategias de prevención

Y mucho mas…

Los invito especialmente para que forme parte de este evento. Puede contactar la oficina central al +44 203 174 0358 o a registrations@govrisk.org para asegurar hoy su lugar en el curso. Cualquier duda o consulta un agente de GOVRISK se pondrá en contacto con ustedes.

No pierdan la oportunidad de llevar esta capacitación a cargo de especialistas en la materia. Michael Kramer y José Carlos Ugaz son destacados expertos internacionales muy reconocidos. Yo llevé este curso. Muy pocas veces este tipo de capacitaciones se volverán a repetir en nuestro país.

Adjunto la Agenda:

CursodeCapacitación by cristhiamleon

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El Banco Mundial señala que solo el 43% de los países difunden información sobre los activos financieros de los funcionarios públicos

“La declaración de información financiera es un instrumento poderoso para luchar contra la corrupción”

CIUDAD DE WASHINGTON, 8 de noviembre de 2012. Las leyes sobre difusión de la información financiera que exigen que los funcionarios públicos presenten una declaración de sus activos, pasivos e intereses permiten detectar la corrupción con más facilidad. De acuerdo con una nueva base de datos del Banco Mundial, empero, aunque el 78% de los países incluidos en la base cuenta con sistemas de declaración de información financiera, tan solo el 36% verifica sistemáticamente que no existan irregularidades e incongruencias en las declaraciones de los funcionarios públicos.

Con el objetivo de colaborar con los países en su lucha contra la corrupción, el Banco Mundial pone en marcha la Biblioteca de Legislación sobre Difusión de la Información Financiera para ayudar a las autoridades normativas y los profesionales a establecer sistemas sólidos de declaración de información financiera. La biblioteca compila más de 1000 leyes y reglamentaciones sobre difusión de la información financiera y restricciones respecto de las actividades de los funcionarios públicos de 176 países.

Las declaraciones financieras de los funcionarios públicos aportan a los organismos encargados de hacer cumplir la ley información y datos concluyentes para prevenir, investigar y perseguir judicialmente la corrupción, el enriquecimiento ilícito y los delitos fiscales. También proporcionan a los ciudadanos la información necesaria para exigir a los funcionarios públicos que rindan cuentas de sus actos.

La biblioteca pone de manifiesto que la exigencia de declarar los bienes e intereses no se aplica a todos los funcionarios públicos. Por lo general, la obligación abarca a los funcionarios de alto nivel. En el 93% de los países incluidos en la base de datos, la presentación de la declaración es obligatoria para los miembros del gabinete, en el 91% para los miembros del Parlamento y en el 62% para los fiscales de alto rango. No obstante, tan solo el 43% de los países proporciona al público acceso libre a las declaraciones financieras de los funcionarios públicos.

“Los sistemas de declaración de información financiera hacen que los funcionarios corruptos tengan más dificultades para ocultar sus actos delictivos y los recursos obtenidos ilícitamente”, señaló Jean Pesme, gerente de la Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial. “La sociedad civil y los organismos encargados de combatir la corrupción deberían prestar apoyo al llamamiento formulado por el Grupo de los Veinte respecto de la creación de sistemas de declaración de bienes, pues son un instrumento eficaz para enjuiciar a los funcionarios públicos ladrones”.

En una análisis realizado por el Banco Mundial que se publicó a principios de este año, Using Asset Disclosure for Identifying Politically Exposed Persons (Uso de la declaración de bienes para identificar a las personas expuestas políticamente), se señala que el 93% de los países de América Latina y el Caribe cuentan con sistemas de declaración, mientras que el porcentaje se reduce al 53% en los países de Oriente Medio y Norte de África. Aunque existen grandes diferencias en materia de aplicación y acceso entre los diversos sistemas de declaración de información financiera del planeta, las partes interesadas coinciden en que esos sistemas son esenciales.

“La difusión de la información financiera es fundamental para combatir la corrupción”, señala Navil Campos Paniagua, gerente del Área de Denuncia e Investigaciones de la Contraloría General de la República de Costa Rica. “Hasta ahora, los países no tenían conocimiento de las medidas que adoptaban otros países en materia de leyes sobre declaración de bienes. Ciertamente, la biblioteca de legislación del Banco Mundial contribuirá a que los profesionales y las autoridades normativas de diversos países aprendan unos de otros y promuevan la difusión de la información financiera en sus propios países”.

Tomado de:

http://www.bancomundial.org/es/news/2012/11/08/only-fourty-three-percent-countries-disclose-public-officials-financial-assets-says-world-bank

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“Concurso Público de Méritos para la incorporación de Personal para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE”

El OSCE ha publicado las Bases de la convocatoria para seleccionar y contratar a las personas que reúnan los requisitos y perfiles establecidos para ocupar 170 (ciento setenta) plazas vacantes en dicho Organismo.

El personal seleccionado (economistas, contadores, administradores, abogados, entre otros, con título o bachiller) se vinculará al OSCE bajo el Régimen Laboral de la actividad privada, regulado por el TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003‐97‐TR, a plazo indeterminado sujeto a un período de prueba de tres (03) meses, excepto los cargos estructurales de Profesional IV, Jefe de Unidad, Sub Director, Asesor I de la Alta Dirección y Jefe de Oficina, cuyo periodo de prueba es de un (01) año, por la envergadura de la responsabilidad y especialidad de sus funciones.

El Concurso Público de Méritos será conducido por el Comité de Selección Ad Hoc designado mediante Resolución Nº 672‐2011‐OSCE/PRE, de 23 de noviembre de 2011.

Pueden participar como postulante toda persona que cumpla con los requisitos y el perfil requerido en el Anexo 1 “Cuadro de Plazas Vacantes” y las condiciones comprendidas en el Anexo 2 “Competencias Generales del Cuadro de Plazas Vacantes” de las presentes Bases.

Los postulantes seleccionados deberán contar con disponibilidad inmediata para asumir el cargo a partir del 02 de enero del 2012.

ETAPA DEL PROCESO

La convocatoria es hasta el día de hoy, 5 de diciembre de 2011.

El registro de postulantes es del 6 al 8 de diciembre de 2011, vía web (www.osce.gob.pe). Se inicia a las 00:01 horas del 06.12.11 y culmina a las 19:00 horas del 08.12.11.

La inscripción de postulantes se efectuará a través del registro electrónico ubicado en la opción “Concurso Público de Méritos 2011” del portal institucional del OSCE, en el horario y fechas establecidas, conforme se precisa en el Anexo 3 “Cronograma” del proceso.

Toda la información complementaria relativa a dicho concurso la pueden encontrar en la siguiente dirección:

http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/BASES%20FINAL2.pdf

Estimados lectores, si reúnen los requisitos de la plaza a la cual postulan anímense a participar en el concurso, será una gran experiencia formar parte de una institución que empieza a hacer las cosas adecuadamente después de cinco años sumido en “escándalos”.

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¿Se puede declarar la nulidad de un contrato suscrito a pesar que la causal no se encuentra prevista en el D.L. 1017?

Alain Montoya, un lector del blog me hizo la siguiente consulta:

¿Que es lo que pasaría si el postor omite presentar el RNP vigente y dicho contrato se llega a suscribir, sería posible declararlo nulo atendiendo a que no se encuentra contemplado como causal en el artículo 56° de la LCE? (Sic).

De acuerdo al artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L. 1017, para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado. Del mismo modo, el artículo 252 del Reglamento de la citada Ley, en su último párrafo, establece que “Los proveedores serán responsables de que su inscripción en el Registro correspondiente del RNP se encuentre vigente durante su participación en el proceso de selección hasta la suscripción del contrato”.

Por su parte, el Anexo Único del Reglamento “Anexo de Definiciones” establece que contratista es aquel proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. Por ende, para ser participante, postor o contratista es necesario estar inscrito en el RNP, siendo responsabilidad del participante mantener vigente su inscripción durante el proceso de selección, hasta la suscripción del contrato. Finalmente, se indica también que es obligación de la Entidad verificar que dicha inscripción se encuentre vigente.

De acuerdo al artículo 56 de la Ley de Contrataciones, después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10º de la presente norma;
b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato;
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación; o,
d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.

Como se aprecia, en el caso planteado no existe causal para declarar la nulidad de oficio del contrato por parte de la Entidad, por tanto esa posibilidad queda proscrita legalmente.

Sin embargo, como ocurre en el presente caso, si una Entidad observara, como consecuencia de la fiscalización posterior de la propuesta del postor ganador o de la documentación para suscribir el contrato, que el Contratista no cumplió con la ley o la normativa aplicable, correspondería analizar si ello constituye causal de nulidad, de conformidad con lo previsto en el articulo 10 de la Ley 27444, en consideración del numeral 2 del Artículo II de Título Preliminar de dicha Ley, según el cual “Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto”.

Precisamente, el artículo 10 de la citada Ley señala que son causales de nulidad, entre otros, “el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14”. Los requisitos de validez son cinco: competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular.

En el caso comentado, la causal que debería invocarse para declarar la nulidad del acto administrativo (el Contrato) sería el vicio en el objeto, que según la Ley Nº 27444, numeral 5.3, “No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto” (Sic).

En este caso, al suscribir el contrato sin que se acredite la inscripción vigente durante el proceso de selección hasta la suscripción del contrato, constituye una infracción a una disposición legal prevista en la Ley de Contrataciones del Estado y por tanto afecta el objeto del acto administrativo emitido.

Como se advierte este tipo de causales de nulidad son distintas a las previstas en el artículo 56 de la Ley 1017 y se aplican a todo acto administrativo; asimismo, las causales previstas en el artículo 10 de la Ley Nº 27444 no pueden ser usadas por las entidades una vez suscrito el Contrato.

En ese sentido, la entidad debería solicitar la nulidad del contrato a través de un procedimiento arbitral, dado que el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado ha dispuesto que las controversias que surjan entre la partes respecto de la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta formulada por Alain sería afirmativa, de acuerdo a los argumentos indicados en los párrafos precedentes.

Por otro lado, debe indicarse que cualquier vicio advertido luego de suscrito el contrato no necesariamente va a ser causal de nulidad, dado que el Tribunal Arbitral puede conservar el acto administrativo si considera que el vicio advertido es subsanable, de acuerdo al artículo 14 de la Ley Nº 27444.

En ese sentido, en cada caso las entidades deberán analizar y ponderar si el inicio del trámite en la vía arbitral para que se declare la nulidad de un contrato resultaría más beneficioso desde una perspectiva costo-oportunidad.

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