Archivo por meses: febrero 2010

Informe de las Naciones Unidas ‘Global E-Government Survey 2010’

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El año 2003, las Naciones Unidas publicó el Informe “UN Global E-Government Survey 2003”, que no es sino una encuesta o ranking global sobre el desarrollo y avance del Gobierno Electrónico en diferentes países. En dicha publicación indicó que “los gobiernos son cada vez más conscientes de la importancia del empleo de la administración electrónica para mejorar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Este reconocimiento se produjo como resultado de dos fenómenos recientes relacionados entre sí. En primer lugar, el rápido ritmo de la globalización ha entretejido el comercio intra-país, oportunidades de inversión así como el aumento en el mundo de redes transnacionales con los países que buscan nuevas formas para proporcionar más productos y servicios competitivos. En segundo lugar, los recientes avances en la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) han presentado nuevos enfoques para la integración de estas redes y la mejora de la eficiencia de las empresas y servicios de todo el mundo. Liderados por el sector privado, las aplicaciones innovadoras han puesto de relieve el potencial de la utilización de las TIC para reducir costes y mejorar la productividad y la eficiencia de las transacciones.
En el proceso, la revolución en el ámbito de la tecnología de la información ha generado sin precedentes, cantidades de información disponible en todo el mundo, dando lugar a un mercado mundial en expansión de bienes, servicios e ideas
” (Traducción nuestra).

En el año 2003, según el Informe “UN Global E-Government Survey 2003” el Perú ocupaba el puesto 53 mientras que Colombia el puesto 57.

En el año 2010, según el Informe “UN Global E-Government Survey 2010” el Perú ocupa el lugar 63. Colombia ocupa el puesto 31 mientras que Chile el puesto 34.

Es decir, en 7 años, aproximadamente, el Perú ha descendido 10 puestos en la lista de países que mejor han desarrollado el Gobierno Electrónico, a diferencia de Colombia, que del puesto 57 ha pasado al puesto 31.

Entonces la pregunta obvia salta a la vista ¿Qué hizo Colombia o Chile que no hizo Perú? La consolidación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) así como de la Subasta Inversa Electrónica, en el ámbito de las contrataciones públicas, ¿acaso no fue suficiente para codearnos con países que han dado el gran salto hacia el Gobierno Electrónico? Parece que no. Sin duda, hay mucho por investigar. No obstante, para ello se necesita personas capacitadas y especializadas en la materia, liderazgo y sobre todo voluntad política.

En el Informe del 2010, las Naciones Unidas señala algunas ideas en torno al Gobierno Electrónico, como son:

“La confianza de los ciudadanos, que se obtiene a través de la transparencia, puede potenciarse aún más mediante el intercambio libre de datos del gobierno basado en estándares abiertos.

Del mismo modo, el gobierno electrónico puede añadir agilidad en la prestación de servicios públicos así como ayudar a los gobiernos a responder a un conjunto más amplio de las demandas aún cuando los ingresos son insuficientes.
La capacidad del Gobierno Electrónico puede también apoyarse a través de las reformas reglamentarias.

Mientras que la tecnología no puede sustituir a una buena política, puede dar a los ciudadanos el poder de cuestionar las acciones de los reguladores y las cuestiones sistémicas traer a primer plano.

Desde la última edición de la encuesta, en 2008, los gobiernos han hecho grandes progresos en el desarrollo de servicios en línea, especialmente en los países de medianos ingresos.

Los costos asociados con la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano siguen obstaculizando el desarrollo del gobierno electrónico. Sin embargo, las estrategias eficaces y los marcos jurídicos pueden compensar de manera significativa, incluso en los países menos adelantados”. (Traducción nuestra)

Éstas son algunos de los comentarios contenidos en el citado Informe de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es analizar la capacidad de los diferentes países para desarrollar el uso de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y los servicios públicos así como la presencia del Gobierno en la Red, las infraestructuras de telecomunicaciones y la receptividad por parte de los ciudadanos a la Administración Electrónica.

Como se dijo línea atrás, al año 2010 el Perú, de 183 países, ocupa el puesto 63, sólo por encima de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Tanto Colombia (31), Chile (34), Uruguay (36), Argentina (48) y Brasil (61) superan a Perú.

Los 20 mejores países según el Informe “UN Global E-Government Survey 2010” son:

Republic of Korea 1
United States 2
Canada 3
United Kingdom 4
Netherlands 5
Norway 6
Denmark 7
Australia 8
Spain 9
France 10
Singapore 11
Sweden 12
Bahrain 13
New Zealand 14
Germany 15
Belgium 16
Japan 17
Switzerland 18
Finland 19
Estonia 20
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MÁSTER EN DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 4ª EDICIÓN. IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.

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Adaptado al espacio de la Unión Europea de Educación Superior

Hace unos días empecé un diálogo agradable, vía mail, con el Dr. José Antonio Moreno Molina, Profesor Titular de Derecho Administrativo de La Universidad de Castilla-la Mancha – UCLM. Director desde septiembre de 2001 de la Revista Contratación Administrativa Práctica.

Amigablemente atendió mis comentarios y perspectivas en torno al sistema de contratación pública en el Perú, el cual está representado por cuatro grandes subgrupos: i) las contrataciones derivadas de la Ley de Contrataciones del Estado, ii) las contrataciones vía concesión pública, iii) las contrataciones sujetas al régimen de ejecución de obras por administración directa y, finalmente, iv) los contratos realizados en el marco de un convenio internacional. El Tribunal de Contrataciones del Estado, en virtud a la regulación fragmentada que envuelve a nuestro sistema de contratación pública, únicamente tiene la competencia para regular y supervisar los procedimientos de selección y los contratos que se deriven de aquellos, si el marco normativo aplicado ha sido la vigente Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y su respectivo Reglamento, norma eminentemente adjetiva o procedimental.

En efecto, luego de una lectura simple de dicho cuerpo normativo se puede verificar que contempla una regulación orientada a regular los distintos procedimientos que deben seguirse desde los llamados “actos preparatorios” hasta la etapa de la ejecución del contrato.

A partir de ello, me permito plantear tres preguntas iniciales y muy generales:

¿Existe en nuestro ordenamiento la figura el “contrato administrativo” como categoría jurídica autónoma, distinta de la categoría correspondiente al contrato de derecho privado? ¿Es conveniente que nuestra norma de contrataciones del Estado contemple una regulación eminentemente procedimental? ¿Los cuatro subgrupos citados no deberían estar regulados de manera unitaria en un solo cuerpo legal?

Algunas de estas preguntas aún permanecen, es decir, no han perdido vigencia, razón por la cual, considero, que deben ser puestas en la agenda académica.

A fin aportar en el debate planteado, resulta indispensable conocer y analizar el funcionamiento del sistema de las contrataciones públicas en otros países así como las experiencias que se han obtenido en el trascurso del tiempo.

Precisamente, una herramienta que nos ofrece la Universidad de Castilla-La Mancha es el Máster “Derecho de la Contratación Pública”, el cual, previo consentimiento del Dr. Moreno Molina, Coordinador del Máster junto al Dr. Dr. Luis Ortega Alvarez, Catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM y Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, me permito difundirlo por este blog.

En efecto, se trata de la realización de la Cuarta Edición del Máster en “Derecho de la Contratación Pública”, impartida por La Universidad de Castilla-La Mancha, quien expedirá a los alumnos que superen el Máster un Título Universitario de Máster en “Derecho de la Contratación Pública”, con la apostilla de La Haya para poder hacerse valer en cualquier país.

Destinatarios:

“El Máster está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y operadores jurídicos preocupados por la contratación pública. En especial, el Máster resulta primordialmente útil para el gran número de funcionarios y empleados públicos encargados de los servicios de compras de los distintos Gobiernos y Administraciones Públicas (estatales, regionales, locales y responsables de organismos o entidades públicas). Pero también es un sector del ordenamiento llamativo para los abogados, economistas y para las empresas que participan en procesos de adjudicación de contratos públicos -tanto pequeñas y medianas empresas como grandes empresas-.

Se trata sin duda de un ámbito estratégico de importante futuro laboral a corto y medio plazo. Tanto el sector público como el sector privado están demandando y lo va a seguir haciendo cada vez con más fuerza el contar con especialistas en Derecho de la Contratación Pública”.

Objetivos:

“El objetivo principal del Máster es proporcionar una formación integral y formar especialistas en el Derecho de la Contratación Pública, en la actualidad unos de los más decisivos sectores de los ordenamientos jurídico-públicos nacionales, cuya importancia económica, política y social resulta fundamental (baste resaltar que los contratos públicos representan hoy un 16.3% del PIB de la Unión Europea y que entre las principales medidas para luchar contra la reciente crisis económica mundial la contratación pública ha jugado un papel decisivo, por ejemplo con el millonario Plan Obama de infraestructuras públicas).

Los contratos públicos son además del mejor ejemplo actual de consolidación de un Derecho administrativo global. En efecto, la contratación pública ha sido objeto en los últimos años tanto de una importante legislación y acuerdos internacionales (de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial), como de importantes Capítulos en TLC firmados entre países y de jurisprudencia de órganos con jurisdicción internacional que han fijado principios generales de aplicación en los distintos ordenamientos jurídicos. En este sentido, debe destacarse el muy desarrollado Derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública, integrado por normas de Derecho originario (Tratado de la Unión) y derivado (principalmente directivas sobre contratos públicos), y por una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha construido unos principios generales que dotan de unidad a todo el sistema administrativo de contratación. El Derecho europeo ha desarrollado un decisivo papel en la unificación de los procedimientos de contratación pública en los Estados miembros de la Unión Europea.

En España la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público para recoger el nuevo Derecho europeo ha revolucionado de nuevo este sector del ordenamiento y obliga a los juristas a ampliar su formación en las nuevas técnicas contractuales.

Dado que el curso se enmarca dentro del sistema “e-learning”, se oferta a todas las personas interesadas en España, los países de la Unión Europea y, especialmente, en América Latina, donde es un sector jurídico que está en pleno proceso de desarrollo con la incorporación de los medios electrónicos en los procedimientos de licitación de los contratos y con la firma de capítulos de Compras Públicas en diversos Tratados de Libre Comercio”.

Bonificaciones para alumnos de América Latina:

“Para favorecer la participación de alumnos residentes en países de América Latina, habrá una bonificación de 1.200 euros en la matrícula de aquellos titulados que acrediten tal condición, por lo que el precio total que deberás abonar por el Máster será de 1.200 euros.

La matrícula se podrá pagar por medio de transferencia bancaria a la cuenta oficial de la Universidad de Castilla-la Mancha y el pago podrá realizarse en dos plazos de 600 euros cada uno de ellos (el primer plazo a pagar en octubre de 2010 y el segundo plazo a pagar en febrero de 2011).

Se emitirá factura por parte de la Universidad para acreditar el pago a nombre del alumno matriculado o de la Administración u organismo público o privado que se indique”.

Se adjunta el formulario de SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN, el cual deberá ser enviado, debidamente cumplimentada, al correo que se indica a continuación:

“MÁSTER EN DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
IV EDICIÓN

Curso Académico 2010-2011
1500 horas lectivas, 60 créditos del Espacio Europeo de Educación Superior

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos……………………………………………………………………

DNI (o número de pasaporte)……………………………………………………

Domicilio……………………………………………………………………………………
Código postal……………………Población……………………………………

Provincia……………………………País…………………………………………………
Teléfonos……………………………………………………………………………………

E-mail………………………………………………………………………………………

Titulación académica…………………………………………………………………

Experiencia laboral………………………………………………………………………

•La solicitud deberá enviarse por correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones: joseantonio.moreno@uclm.es o Isabel.Gallego@uclm.es

•También podrá remitirse por correo ordinario a la siguiente dirección:

Isabel Gallego Córcoles
Facultad de Derecho de Albacete
Plaza de la Universidad nº 1
Albacete (02071)
España

RECIBIDA LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN Y UNA VEZ SE COMUNIQUE POR CORREO ELECTRÓNICO LA ACEPTACIÓN EN EL MÁSTER, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA UCLM SE PONDRÁN EN CONTACTO CON UD. PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA”.

Las consultas las pueden realizar ingresando a la página web: http://www.mcp.posgrado.uclm.es/ Sigue leyendo

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA CUANDO LA BUENA PRO SE OTORGA A PRORRATA?

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En uno de los tantos debates llevados a cabo con mi muy buena amiga Diana Belzusarri, me propuso como tema de discusión el referido a la garantía por el monto diferencial de la propuesta que deben presentar los postores ganadores de la buena pro cuando ésta se haya otorgado a prorrata.

En estas breves líneas, transcribo el aporte efectuado por Diana en torno al tema citado, quien concluyó que se presentarían 3 posibles supuestos con sus respectivas consecuencias. Veamos.

La prorrata como opción de solución ante un caso de empate para adjudicar la buena pro, se limita a verificar el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en el artículo 73 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017, en lo sucesivo el Reglamento; no obstante ello, no se ha analizado la problemática que existe respecto de la presentación de la garantía por el monto diferencial de la propuesta que deben presentar los ganadores para suscribir el contrato, que de acuerdo al artículo 160 del Reglamento es el 25% de la diferencia entre el valor referencial menos la propuesta económica.

¿Cuál es el monto que se presenta como garantía por el monto diferencial de la propuesta?, ¿Será el mismo monto en caso hubiese sido adjudicado como postor único aún cuando la cantidad adjudicada y el monto de ella son distintos? o ¿Los montos de las garantías deben ser diferentes atendiendo a la proporcionalidad de sus propuestas económicas por la cual contratarán?

Para ilustrar el problema citemos un ejemplo para determinar el monto de la garantía por el monto diferencial de la propuesta: El valor referencial de un proceso de selección para la adquisición de bienes (100 equipos) es de S/. 10 000,00. Las propuestas de A y B empataron por sus ofertas ascendentes a S/. 6 000,00, respectivamente, y como ninguna es MYPE y ambas tienen igual puntaje técnico y económico, la Entidad les otorgó la buena pro a prorrata, previo asentimiento. Es decir, tanto A como B contratarán sobre la base del 50% del requerimiento de la Entidad (50 equipos) por un monto total ascendente a S/. 3 000,00, respectivamente.

Supuestos de solución

Al respecto, la primera inquietud que surge es si tanto A como B deben presentar como garantía por el monto diferencial de la propuesta el 25% de la diferencia del valor referencial total (10 000,00) y la propuesta económica total (6 000,00), es decir, 25% (4 000,00) = S/. 1 000,00, como garantía por el monto diferencial.

Si se adopta este primer supuesto -de asumir como valores el total del valor referencial y el total de la propuesta económica-, estaremos ante una salida literalmente legal.

Puede darse un segundo supuesto -si se interpreta el artículo 160 del Reglamento en el sentido que cuando se refiere al valor referencial, éste debe ser total, pero el monto de la propuesta económica no es total, sino el monto ganador-, atendiendo al valor de la propuesta ganadora que será el monto del contrato. En este caso, la garantía por el monto diferencial sería el 25% (S/. 10 000,00 menos S/. 3 000,00) igual al 25% de S/. 7 000,00, que equivale a S/. 1 750,00 como garantía por el monto diferencial.

Si se adopta la segunda posición, estaremos ante una salida no sólo contraria a toda interpretación conforme a los principios que rige la contratación pública, sino injusta y gravosa para el proveedor, que resulta de considerar el valor referencial total.

Finalmente, como tercer y último supuesto de solución, se puede considerar, apelando a la proporcionalidad de la buena pro y a naturaleza de la prorrata, que la garantía debe ser el 25% de la diferencia entre valor referencial proporcional (5 000,00) y la propuesta económica proporcional del postor (3 000,00) = 25% de 2 000,00 que resulta 500 como garantía por el monto diferencial.

Ahora bien, si se considerara éste último supuesto, su aplicación resultaría cuestionable para muchos operadores logísticos o auditores, quienes no comparten los argumentos de interpretación acerca de la naturaleza de la prorrata ni la proporcionalidad de las ofertas para la suscripción del contrato; no obstante ello, su resultado es el más razonable, máxime si se verifica que la diferencia que existe entre el valor de una u otra garantía por el monto diferencial de la propuesta, en cada caso, es abismal.

Puede observarse que el planteamiento efectuado por Diana es muy interesante. Para efectos didácticos el análisis se circunscribió a la prorrata entre dos postores; no obstante, las controversias sobre el monto aplicable a la garantía por el monto diferencial de la propuesta serían mayúsculos -y sobre todo más complejos- si consideramos el supuesto en el cual la buena pro se otorga a prorrata entre 5 ó 6 postores.

El problema está planteado. ¿Qué opinan Ustedes?
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