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Sobrecostos: ¿error o mentira?: Tres lecciones básicas para manejar los sobrecostos en proyectos de infraestructura

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 “Para saber que sabemos lo que sabemos, y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento” Nicolás Copérnico

En muchas ocasiones, los proyectos de infraestructura sufren de subestimación de sus costos y sobreestimación de sus beneficios. Y, como se podrán imaginar, estas desviaciones son casi siempre en la misma dirección: casi nunca hay sobreestimación de costos ni subestimación de beneficios. Esto ocurre en absolutamente todos los sectores, desde siempre. Y, por si fuera poco, las estimaciones de costos no han mejorado con el perfeccionamiento de las técnicas de estimación ni como consecuencia del incremento exponencial de la capacidad de cálculo al que hemos asistido en las últimas décadas.

Hay dos explicaciones sobre el fenómeno de los sobrecostos sistemáticos que resisten a la evidencia empírica. La primera, se basa en los trabajos del Premio Nobel de Economía Daniel Kanneman, y sostiene que los proyectistas tienen un sesgo cognitivo, por el cual tienden a ser optimistas en sus estimaciones. Según esta explicación, existe un error involuntario de la máquina humana al analizar el proyecto.

La segunda explicación proviene de la economía política, y sostiene que el sesgo es de tipo estratégico, lo que quiere decir que el impulsor del proyecto sobreestima la rentabilidad de su proyecto para lograr la aprobación del mismo, confiado en que una vez iniciada la ejecución aparecerán de alguna parte los recursos para culminarlo. Así, y según esta explicación, no habría ningún error, sino simplemente una mentira estratégica.

Sea cual sea la explicación (ya que posiblemente se trate de una mezcla de ambas en una proporción difícil de determinar), el efecto es una distorsión del proceso de asignación de recursos públicos, que en el caso de los gastos en infraestructura involucran una parte muy importante de la inversión de los distintos países. En algunos casos, la distorsión es tan importante que algunos autores hablan de Darwinismo inverso: cuanto más se subestiman los costos de un proyecto, voluntaria o involuntariamente, mayor es su probabilidad de ser implementado.

La pregunta que surge es: ¿acaso no existe una penalización a quienes se equivocan o mienten? La realidad es que en general no existe, porque siempre hay amparo en argumentar que se trataba de estimaciones sobre un futuro que es, por definición, incierto. Y claro, en el terreno de las predicciones, todo vale.

Desde la academia (Kanneman) se sugirió planificar y evaluar proyectos utilizando lo que denominaron la visión externa. Esto quiere decir que si los planificadores están sesgados a subestimar los costos, éstos deben sustituirse por los costos de proyectos similares ejecutados previamente. En definitiva, los planificadores no tienen por qué suponer que el proyecto que están preparando vaya a tener resultados mejores que los proyectos similares que ocurrieron antes. Esta información de proyectos anteriores (denominada clase de referencia) otorga un rango de valores sobre los que el proyecto bajo análisis podría hallarse.

Por otra parte, desde el área de evaluación de proyectos con incertidumbre, se sabe que los eventos futuros (como el costo de un proyecto de infraestructura, o la demanda que tendrá) no se deben presentar como un valor único, sino como un rango de valores posibles, asociados a la probabilidad de ocurrencia de los mismos, que es lo que en la jerga estadística se define como una distribución de probabilidad. En este sentido, resulta tan importante el valor medio del costo estimado como la varianza del mismo en torno a dicho valor medio.

Para los tomadores de decisiones públicas, y para un banco de desarrollo como el BID, surgen algunas lecciones básicas que podríamos resumir en estas tres:

1- Que el futuro sea incierto no da carta blanca para que cualquier estimación sea válida.

2- Los costos de los proyectos, al igual que sus beneficios, deben expresarse como distribuciones de probabilidad y no como valores determinísticos. De lo contrario, se pierde información clave, se pueden tomar malas decisiones y se pueden prevenir los riesgos.

3- Para evitar sesgos en la estimación de costos y beneficios hay que usar datos de proyectos similares (visión externa); más aún, hay que usar la distribución de probabilidad de dichos datos (clase de referencia).

En este sentido, el profesor Flyvbjerg de la Universidad de Oxford ha desarrollado una extensa obra sobre este apasionante tema, dando cuenta de lo extendido y profundo del fenómeno de los sobrecostos en los megaproyectos de infraestructura, y ha desarrollado las bases para incorporar las mejores prácticas en la estimación de costos que consideren la incertidumbre inherente a los pronósticos, y que nos pongan a resguardo de los principales sesgos en la estimación.

Siguiendo estas ideas, el BID ha desarrollado un Manual para la Estimación y el Seguimiento de Costos Total de un Programa de Infraestructuraque constituye una guía para agentes de gobierno o analistas de proyectos que busquen una herramienta práctica para incorporar la visión externa en la evaluación de sus proyectos, y poder así valorar el nivel de sesgo que pueda existir en las estimaciones realizadas de forma tradicional.

* Co-autor: Hugo Monteverde, Consultor del BID, es Ingeniero Civil, Máster en Administración de Empresas y Diplomado en Logística Empresarial por la Universidad de la República oriental del Uruguay. Inició su carrera profesional hace 28 años en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Durante los últimos tres años de su permanencia en esa institución integró la Comisión Asesora de Adjudicaciones de Obras de la DNV. En 1992 ingresó en una de las más importantes empresas de construcción de carreteras del Uruguay, donde llegó a ser gerente general, responsabilidad que desempeñó por otros siete años. Desde 2003 ha actuado como consultor en diferentes proyectos financiados por el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. En los últimos dos años ha estado trabajando en la implementación de los primeros llamados a licitación realizar en Uruguay en la modalidad de Participación Público Privada mediante Pago por Disponibilidad de un conjunto de corredores viales.

Pueden acceder al enlace original de la publicación, aquí:https://blogs.iadb.org/moviliblog/2016/06/29/tres-lecciones-para-manejar-el-problema-de-los-sobrecostos/

 

RESUMEN: LEY Nº 30776, QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN Y CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

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El día de hoy el Congreso aprobó delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de sesenta (60) días calendario ( que vence el 23 de julio de 2018), en materia de: 1) Reconstrucción y 2) Cierre de brechas en infraestructura y servicios.

  1. RECONSTRUCCIÓN

En esta materia se busca modificar e incorporar medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Se proponen cambiar las siguientes 7 normas:

  1. La Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC);
  2. La Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
  • La Ley 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales.
  1. La Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
  2. La Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
  3. La Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
  • El Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Invierte.pe, a efectos de modificar e incorporar medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación del PIRCC.

10 medidas que debería aprobar y publicar el Ejecutivo, en 60 días calendario, en esta materia, son las siguientes:

  1. Simplificar el ciclo de inversión de los proyectos en el marco del PIRCC, a fin de que el proceso se inicie directamente en el desarrollo de los expedientes técnicos, sin transitar por las Fases de Programación y de Formulación y Evaluación del Invierte.pe.
  2. Establecer que la ARC, en el marco del PIRCC, asignará la condición de Unidad Formuladora y/o Ejecutora de inversiones.
  3. Crear únicamente para las intervenciones en el marco del PIRCC, un proceso especial abreviado de contratación pública que reduzca plazos de adjudicación y de ejecución contractual, en el cual las apelaciones se resuelvan de manera célere, sea por el titular de la entidad, tratándose de cuantías menores y medianas; o por el OSCE para el caso de cuantías mayores.
  4. Ampliar las modalidades de contratación para las intervenciones en el marco del PIRCC, permitiendo que se celebren: i) Convenios Estado – Estado que podrán utilizarse para contratar y ejecutar intervenciones complejas o de conglomerados; ii) Convenios de encargo con organismos internacionales excepto para la ejecución de obras; y iii) Convenios de administración de recursos con organismos internacionales excepto para la ejecución de obra. Para los casos de Concurso Oferta, además de las modalidades previstas en la Ley 30556, se podrán aplicar las modalidades previstas en la Ley 30225, bajo responsabilidad de los funcionarios de la entidad competente.
  5. Autorizar la ejecución descentralizada de las intervenciones en el marco del PIRCC, a través de las modalidades de administración directa y núcleos ejecutores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ley.
  6. Establecer disposiciones especiales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de los Planes de Monitoreo Arqueológico, del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, de las autorizaciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de las autorizaciones de la ANA, a fin de implementar el PIRCC. Solo tratándose de intervenciones de reconstrucción, se podrán establecer excepciones, a fin de implementar el PIRCC.
  7. Establecer regulaciones de excepción para facilitar el saneamiento físico de la infraestructura permitiendo el uso del procedimiento especial contemplado en la Ley 30230, y para que las entidades pongan a disposición y a título gratuito terrenos o predios requeridos en donde se ejecutarán las intervenciones en el marco del PIRCC. Estas medidas no afectarán los derechos de las comunidades campesinas y comunidades nativas.
  8. Simplificar y establecer los procedimientos de asignación de recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), a las entidades encargadas de la ejecución de las intervenciones en el marco del PIRCC.
  9. Modificar la Ley 29090, a fin de agilizar los procedimientos para la obtención de licencias de habilitación urbana y edificaciones, además de exonerar o simplificar los requisitos y procedimientos para su obtención en los casos de intervenciones en el marco PIRCC.
  10. Establecer disposiciones sobre planes urbanos, delimitación y monumentación de fajas marginales y zonas de riesgo, a fin de prevenir desastres naturales, de conformidad con las competencias de los gobiernos locales.

 

  1. CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Las 8 medidas que debería aprobar y publicar el Ejecutivo en 60 días calendario, en el marco de esta materia, son las siguientes:

  1. Establecer disposiciones para atender a la población damnificada con vivienda colapsada o inhabitable con daño recuperable, con el Bono Familiar Habitacional (BFH). Asimismo, fomentar la generación de lotes de vivienda y la promoción de viviendas, simplificando el acceso a la misma; para lo cual se podrá transferir predios y terrenos a título gratuito a favor de los damnificados.
  2. Establecer el marco general para impulsar el desarrollo de infraestructura del sistema de drenaje pluvial para la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas pluviales, a fin de evitar inundaciones.
  3. Optimizar el marco institucional y los procesos para la obtención y saneamiento de predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión, sin afectar a las comunidades campesinas y comunidades nativas.
  4. Establecer disposiciones que fortalezcan la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, asegurando su sostenibilidad, excluyendo la privatización de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
  5. Mejorar el marco legal de obras por impuestos para agilizar la intervención del Gobierno Nacional, Regional y Local en el cierre de brechas de inversión y equipamiento de infraestructura y servicios.
  6. Modificar la Ley de Contrataciones del Estado, a fi n de optimizar el proceso de contratación y de supervisión, y reducir trámites y requerimientos, impulsando la estandarización, y el uso de procedimientos electrónicos, debiendo contar con la participación de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control.
  7. Aprobar mecanismos que faciliten las fases de preinversión e inversión en infraestructura de establecimientos hospitalarios calificados de alto riesgo y el equipamiento de establecimientos de salud.
  8. Mejorar y consolidar las reglas, criterios y procesos aplicados durante el planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de los proyectos ejecutados al amparo de las normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada; permitiendo en los casos de proyectos de asociación público-privada y proyectos en activos de alta complejidad, la participación del sector privado en todas las fases: i) de formulación, ii) estructuración, iii) transacción y iv) ejecución, todas ellas, de ser el caso, de manera conjunta; así como la aplicación de mecanismos disuasivos a las autoridades encargadas de las entidades estatales que cancelen o abandonen sus proyectos en cartera.

SI desea descargar la Ley Nº 30776, puede hacer clic en el siguiente enlace:

Aprueban delegación de facultades al Ejecutivo en el marco de la Reconstrucción

 

Bases para la determinación del quantum de la reparación civil por daño patrimonial y no patrimonial, en casos de corrupción en obras públicas ejecutadas bajo la Ley de Contrataciones del Estado

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La labor de los abogados penalistas y los abogados en materia de contratación pública casi siempre se cruzan, debido a que la contratación pública es uno de los espacios más vulnerables a la corrupción.

Actualmente, como resultado de las investigaciones realizadas a las empresas brasileñas por parte del Poder Judicial y Fiscalía, otra disciplina del derecho, como es el derecho civil, se ha mostrado en escena, en lo que respecta a la determinación de la reparación civil a favor del Estado, ya sea por el daño patrimonial y no patrimonial causado por la empresa contratista denunciada.

Del análisis efectuado, se evidencia que estas tres disciplinas (además de peritos contables, financieros, ingenieros, entre otros) deben trabajar conjuntamente para asegurar que el Estado cobre un monto como reparación civil acorde al tipo de daño causado.

Esperamos que el contexto actual por el que pasa el Perú sea el motivo para empezar a debatir sobre estos temas, dado que los jueces, fiscales, académicos y especialistas de distintas ramas jurídicas, a la fecha, no tienen claro cómo determinar el quantum de la reparación civil en el caso de obras públicas de gran envergadura. Si se revisan las sentencias judiciales en torno a estos casos de corrupción, los criterios de determinacion del monto de la reparación civil no han sido muy claros o sencillamente, carecen de motivación, razón por la cual los montos de la reparación son muy simbólicos, por no decir, irrisorios.

A partir de mi experiencia en las contrataciones públicas, las asesorías brindadas a entidades que trabajan sobre investigaciones de casos de corrupción en la ejecución de obras públicas, he elaborado este breve material (teórico-práctico) con el gran apoyo de Cayetano Quispe, el cual busca aportar  mayores elementos y criterios para determinar el monto de la reparación civil , a partir de un caso hipotético, como es uno de ejecución de obra pública, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Para descargar el PPT, pueden hacer clic en el siguiente enlace:

Bases para determinar la reparación civil en casos de corrupción de obras públicas

Guías prácticas que explican de manera sencilla la aplicación de la normativa de contrataciones públicas, modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1341 y Decreto Supremo Nº 056-2017-EF

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El 9 de junio de 2017 el OSCE aprobó 5 Guías Prácticas, denominadas:

¿Cómo se formula el requerimiento?

¿Cómo se califica la experiencia de los consorcios?

¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para la ejecución de obras?

¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para consultoría de obras?

Herramientas del OSCE: ¿Dónde las encuentro, para que sirve y cómo las uso?

Revise las Guías Prácticas en el link: http://portal.osce.gob.pe/osce/guias-practicas

Estos materiales tienen como finalidad orientar a los funcionarios públicos y actores de la contratación pública sobre las principales modificaciones en el desarrollo de los procedimientos de selección incorporados por el Decreto Legislativo Nº 1341 y por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.

Estas directivas describen de manera ilustrativa las modificaciones normativas, con ejemplos y notas recordatorias, a fin de contribuir a una gestión eficiente de las contrataciones públicas.

A manera de síntesis, sobre la Guía: “Cómo se clasifica la experiencia de los consorcios” se explica de manera sencilla y con ejemplos la forma de calificar la experiencia de los consorcios a través de cuatro pasos:

  1. Verificar qué integrantes del consorcio se comprometen a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto del contrato, de acuerdo a lo declarado en la promesa de consorcio.
  2. Obtener el monto de facturación que acredita cada integrante del consorcio, para determinar la experiencia del consorcio, que se calcula sumando los montos que aporta cada integrante.

Si las Bases establecen un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia, además se debe:

  1. Identificar al consorciado que acredita la mayor experiencia.
  2. Verificar si dicho consorciado cumple con el porcentaje mínimo exigido en las Bases. De ser así, se considera su experiencia para calcular la experiencia del consorcio.

Por otro lado, con la Guía: ¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para consultoría de obras? se explica la manera de  determinar el límite mínimo de las ofertas económicas, así como el puntaje de dichas ofertas en los procedimientos de selección para consultoría de obras, que consiste en:

  1. Verificar que las ofertas técnicas contengan los documentos requeridos para su admisión.
  2. Calificar y evaluar las ofertas técnicas.
  3. Verificar que las ofertas económicas se encuentren dentro de los límites del valor referencial (que no superen en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y no se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de las ofertas económicas válidas que quedan en competencia incluido el valor referencial).
  4. Identificar la oferta económica más próxima al promedio de las ofertas válidas que quedan en competencia incluido el valor referencial, a efectos de asignarle el puntaje de cien (100) y a las demás ofertas asignarle el puntaje que resulte de la aplicación de la nueva fórmula establecida en el numeral 64.4 del artículo 64 del Reglamento.
  5. Determinar el puntaje total de las ofertas y el orden de prelación.

Asimismo, sobre la Guía: ¿Cómo se determina el mejor puntaje en los procedimientos de selección para la ejecución de obras? se explica la forma de establecer el límite mínimo de las ofertas para la ejecución de obras, así como se ha introducido una nueva fórmula para determinar el puntaje del precio en los procedimientos de selección, que consiste en:

  1. Verificar que las ofertas contengan los documentos requeridos para su admisión.
  2. Verificar que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial (no excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial ni se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de las ofertas admitidas incluido el valor referencial).
  3. Identificar la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia incluido el valor referencial, a efectos de asignarle el máximo puntaje del factor precio.
  4. Asignar puntaje a las demás precios ofertados según la nueva fórmula establecida en el literal a) del artículo 54.6 del Reglamento.
  5. Determinar la oferta con el mejor puntaje según los factores de evaluación previstos en las bases.
  6. Calificar las ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación.

Finalmente, con la guía: ¿Cómo se formula el requerimiento? se explica de manera sencilla los criterios generales que debe guiar la formulación y estructura del requerimiento de bienes y servicios, y se incluye un cuadro didáctico en donde se indican los requisitos de calificación previstos en las Bases Estándar para: Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Simplificada.

Esperamos que el OSCE continúe con esta labor de elaboración de materiales de orientación a fin de mejorar la labor de los profesionales que trabajan en las diversas áreas vinculadas a la normativa de contratación pública.

Las modificaciones a la normativa de contrataciones del estado contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1341 – Ley de Contrataciones del Estado

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Perú: Una sola fuerza

La Ley Nº 30225 y su modificatoria, contenida en el Decreto Legislativo Nº 1341, entran en vigencia el 3 de abril de 2017. A continuación, en un documento adjunto, se muestran las modificaciones realizadas por cada artículo para su fácil comprensión, separados por eje temático y en orden numérico.

Para acceder al documento en word, pueden hacer click en el siguiente enlace:

Las modificaciones a la normativa de contrataciones del Estado – Decreto Legislativo 1341

 

 

 

 

INFORME EN MINORÍA: “COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO”

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Este Informe contiene información muy valiosa para continuar con las investigaciones de los presuntos casos de coimas a funcionarios peruanos, por ello recojo algunos extractos de éste y lo comparto con ustedes, a fin de que se conozca el trabajo de dicha comisión y los documentos, comunicaciones, contratos y demás hechos que lo sustentan.

Una de las conclusiones del Informe (Titulo VII), elaborado por el ex congresista Juan Pari – junio de 2016, es la siguiente: “Con este propósito se implementaron una sucesión de contratos con el Estado peruano y de compromisos de obligaciones financieras a largo plazo que han ido estructurando un sistema de sometimiento del presupuesto público al principio de rentabilidad sin riesgo alguno de las empresas brasileñas. Deuda pública con las empresas brasileñas que ha garantizado el financiamiento privado de éstas, dando lugar a que el propósito del modelo de asociaciones público privadas en lugar de atraer capital externo al Perú, ha servido para que empresas privadas extranjeras se capitalicen con recursos públicos, los que han sido sustraídos al control de Estado vía contratos de fideicomiso”.

Como se recuerda, el 2 de noviembre de 2015 se instaló la Comisión Lava Jato, la cual estaba conformada por Juan Pari (Dignidad y Democracia), Carmen Omonte (Perú Posible), Mauricio Mulder (Apra), Josué Gutiérrez y Daniel Abugattás (Partido Nacionalista), Karina Beteta y Jesús Hurtado (Fuerza Popular). Al final, el informe de la Comisión solo fue firmado por Juan Pari, en minoría.

En la introducción del Informe se indica que “La Comisión Investigadora ha realizado 21 sesiones ordinarias, 8 sesiones extraordinarias y 11 reuniones indagatorias. Además, se ha levantado el secreto bancario y tributario a 195 personas naturales y 99 personas jurídicas peruanas y 135 personas naturales extranjeras. Se ha citado a 105 personas, habiéndose tomado declaraciones a 58 de ellas”.

Asimismo, se señala que “La Comisión Investigadora ha obtenido documentación de fuentes públicas, extranjeras y nacionales; entidades gubernamentales e instituciones privadas, la misma que ha sido analizada. De esta manera hemos culminado esta investigación en la que hemos identificando algunos procedimientos del ―modus operandi‖, la forma en cómo diversas empresas brasileñas negociaban con el Estado para obtener obras y concesiones públicas y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano; ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público, y prolongadas concesiones para las empresas brasileñas. En todos los casos analizados tenemos que se entrega la buena pro o se formula un contrato por un monto y luego progresivamente el costo del contrato o concesión se hace muchísimo más alto al inicialmente previsto. Para lograr ese ilícito cometido, se creó un marco legal especial en cada caso, con el que se evitó el procedimiento y la normatividad vigente. En la mayoría de los casos se encargó la obra a una autoridad especial; paralelamente a ello, los dueños y/o funcionarios de las empresas brasileras mantuvieron una relación directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripción de los contratos de concesión o construcción”.

De otro lado, se sostiene que “Una de las limitaciones que hemos tenido, ha sido la falta de cooperación del Ministerio Público y del Fiscal de la Nación, quien no permitió que se nos entregara la información que la Procuraduría del Brasil preparó por pedido expreso de la Comisión Investigadora en su oportunidad. Esa información estaba lista para ser entregada, sin embargo, extrapolando invasivamente el marco del convenio suscrito por el Ministerio Público del Perú con la Procuraduría de Brasil, no se permitió que la información nos fuera entregada, utilizando para ello argumentos debatibles y alegando la titularidad de toda investigación”.

A continuación se transcriben las conclusiones del citado Informe, el cual también pueden descargarlo en el siguiente enlace:

https://ia601902.us.archive.org/19/items/InformeJuanPari2016/InfPari2016.pdf

“CONCLUSIONES

  1. La justicia brasileña ha establecido que las empresas ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO, ENGENVIX, UTC y otras constituyeron en Brasil un cartel de carácter delictivo con la finalidad de monopolizar contrataciones con la empresa PETROBRAS, en el marco de las cuales obtenían ingresos ilícitos que luego eran ―lavados‖ en el sistema financiero internacional.

Esas mismas empresas, como cartel, habrían trasladado sus operaciones y procedimientos ilegales al Perú, convirtiendo al Estado peruano en su contratante, replicando en él, el papel de PETROBRAS; perjudicando al erario público del Perú. Y convirtiendo al Perú en una suerte de paraíso tributario-financiero.

2. Con este propósito se implementaron una sucesión de contratos con el Estado peruano y de compromisos de obligaciones financieras a largo plazo que han ido estructurando un sistema de sometimiento del presupuesto público al principio de rentabilidad sin riesgo alguno de las empresas brasileñas. Deuda pública con las empresas brasileñas que ha garantizado el financiamiento privado de éstas, dando lugar a que el propósito del modelo de asociaciones público privadas en lugar de atraer capital externo al Perú, ha servido para que empresas privadas extranjeras se capitalicen con recursos públicos, los que han sido sustraídos al control de Estado vía contratos de fideicomiso.

3. Por otra parte, en este contexto financiero, las iniciativas privadas de las empresas brasileñas no se han planteado desde el punto de vista de un plan de desarrollo nacional peruano; sino desde el punto de vista geoeconómico de las necesidades de la economía brasileña.

4. Estos procedimientos han tenido antecedentes desde los años 80; pero es a partir del año 2003, y durante los tres últimos gobiernos, que se convierten en frecuentes, vía los denominados megaproyectos que comprometen miles de millones de dólares del Tesoro Público que financian los contribuyentes.

5. En los siguientes proyectos en los que han participado las empresas brasileñas investigadas:

  • Carretera Interoceánica Norte y Sur (Tramos II, III y IV)
  • Proyectos Olmos (Trasvase e Irrigación)
  • Línea 1 del Tren Eléctrico
  • Línea Amarilla o Vía Parque Rímac
  • Proyecto Hidro Energético Alto Piura
  • Gasoducto del Sur Peruano
  • Planta de Tratamiento de Huachipa
  • Proyecto Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis

Se han determinado indicios respecto a que:

a. En los procesos de adjudicación, contratación, ejecución de contratos, otorgamiento de adelantos; así como cuando, ha sido el caso, en arbitrajes y renegociaciones de contratos; se han producido hechos irregulares, violentando los sistemas de control y trasgrediendo la legislación vigente; cuya naturaleza delictiva debe determinarla el Ministerio público; procedimientos irregulares a los cuales se les dio una aparente legalidad, creándose para este efecto una ―normatividad ad hoc.

b. Que estos hechos han originado una grave afectación económica al Estado peruano por un lado; y, de otro lado, pingües rentabilidades para las empresas brasileñas favorecidas; las mismas que han sido inclusive garantizadas por contratos lesivos al Estado peruano. Situaciones en las que las empresas brasileñas no realizaban inversión, y con capitales sociales casi nulos en el Perú y obteniendo financiamiento interno gracias a las garantías del Estado peruano, capitalizaban empresas de fachada para luego transferir recursos al extranjero (no precisamente el Brasil), incumpliéndose con el objetivo de captación de recursos de capital externo que implica la modalidad de Asociación Público Privada.

c. Que las empresas brasileñas, al participar en estos proyectos habrían obtenido del Estado peruano excedente liquidez financiera para la ejecución de obras, así como ventajas tributarias y cambiarias no justificadas; que habrían dado lugar a que, para ellas, el Perú posiblemente haya sido utilizado como un paraíso tributario-financiero.

6. Que habría sido condición para que, por acción u omisión, los funcionarios de Estado peruano que participaron en estos hechos hayan cometido y/o permitido el pago de coimas por parte de las empresas brasileñas; pagos indebidos que se encuentran evidenciadas en los siguientes registros:

  • Las transferencias hacia y desde la empresa Constructora Área SAC.
  • Los archivos de la memoria externa del ex Presidente de OSITRAN.
  • Las anotaciones en la documentación de la Operación Castillo de Arena, con respecto a coimas en relación a los proyectos Huachipa, Puente Chino, Interoceánica. Así como las menciones ―Toledo‖ y ―García‖; como también la mención ―cúpula APRA‖, a lado del nombre de Juan Sarmiento.
  • Los registros en archivos de funcionarios de Odebrecht en relación con el PROYECTO OH y la cuenta ―paulistinha.
  • Las declaraciones premiadas de los empresarios investigados y sentenciados en Brasil.
  • Las declaraciones de los doleiros que trajeron o remitieron dinero hacia el Perú y que lo entregaron en hoteles y en el local de Línea Amarilla en la UNI.
  • Los informes de la Unidad de Inteligencia financiera remitidos al Ministerio Público del Perú, sobre empresas, y familiares del ex Presidente Alejandro Toledo; así como de la esposa del Presidente Ollanta Humala.
  • La transferencia de dinero a paraíso financiero por parte de Umberto Olcese
  • Las transferencias de dinero del extranjero recibidos por Saco Jaramillo, familiar del ex Ministro Juan Sarmiento.
  • Las transferencias de dinero recibidas del extranjero y su mención por el doleiro Leonardo Meirelles, por Gary Luty Dávila Alverdi.
  • Los pagos realizados por OAS a Rocío Calderón y Ronald Barrientos, que luego se habrían transferido a las cuentas de Nadine Heredia Alarcón.
  • Los registros de pagos y de reuniones con funcionarios brasileños encontrados en las agendas de Nadine Heredia.

7. En estos hechos se han identificado modalidades de comportamiento como:

  • Utilización de la ―puerta giratoria‖; por la cual funcionarios públicos peruanos, con información privilegiada, posteriormente se convertían en consultores y/o representantes de empresas brasileñas y viceversa.
  • Utilización de empresas de fachada – caso LAMSAC- a las que transferían los contratos obtenidos por empresas extranjeras, como es el caso de OAS; contratos que aquellas empresas de fachada no hubieran podido obtener por sí mismas debido a su falta experiencia y capital social mínimo exigido en los procesos de licitación.
  • Utilización de empresas sin experiencia, sin capital social suficiente, ni capacidad de ejecución, que obtenían irregularmente contratos con el Estado, los cuales eran posterirormente transferidos a empresas con capital y experiencia mayor (como es el caso de las empresas Kuntur y Odebrecht).
  • Contratos de inversión firmados con PROINVERSION por montos superiores a la inversión comprometida por la empresa en el proyecto, obteniendo así, las empresas, los beneficios de la legislación promotora de la inversión extranjera en el Perú. (Caso Olmos, en fases Trasvase e irrigación )
  • Carencia de evaluación económica de los proyectos, imprecisión en los costos de las obras y aplicación de otros criterios imprecisos de ―evaluación‖ en las diversas obras y concesiones; sin determinar la rentabilidad de los mismos.
  • Eliminación de los mecanismos de control, creando situaciones de excepción para proyectos específicos, tal es el caso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

8. Los procedimientos identificados tienen las características de un ―modus operandi‖, por la forma en cómo diversas empresas brasileñas, manteniendo una cercanía con los funcionarios de mayor jerarquía, negociaban con funcionarios públicos para obtener obras y concesiones públicas y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano; ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público, y prolongadas concesiones para las empresas brasileñas. En todos los casos analizados tenemos que se entrega la buena pro, o se firma un contrato, por un monto determinado y luego progresivamente el costo del contrato o concesión se hace muchísimo más alto al inicialmente previsto. Para lograr ese cometido, se creó un marco legal especial en cada caso, con el que se evadió el procedimiento y la normatividad vigente. En la mayoría de los casos se encargó la obra a una autoridad Ad hoc; (Caso Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Proyecto Especial Olmos-Tinajones, entre otros). Paralelamente a ello, los dueños y/o ejecutivos de las empresas brasileñas mantuvieron una relación directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripción de los contratos de concesión o construcción, lo que se deduce de los diversos cables, correos electrónicos, visitas a Palacio de Gobierno, movimiento migratorio remitidos por autoridades peruanas, registros en planillas de documentos oficiales que forman parte de la investigaciones en el Brasil, todos estos hechos coinciden con las fechas de las actividades de selección y contratación de los mega proyectos de inversión en el Perú.

9. Las ventajas obtenidas por las empresas brasileñas que han participado en los proyectos de la carretera Interoceánica se han producido con el uso de instrumentos normativos del más alto nivel como leyes, decretos supremos; y con la participación de funcionarios públicos con cargos de elección popular de la más alta jerarquía y cargos de confianza del más alto nivel.

10. Se han establecido indicios de que ha operado en el Perú un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final; destino éste que estaría asociado al pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado peruano. De este esquema participaron ´Constructora Internacional del Sur´ ya identificada en Brasil con el lavado de activos, la empresa peruana Constructora Área SAC, Klienfeld Servicies LTD, Balmer Holding Assets Ltd., entre otras, que habrían realizado contratos ficticios para justificar las transferencias del dinero.

11. Existen indicios que se habría aplicado un procedimiento de deducción de porcentajes, procedimientos de pago (cash y cabo) en el pago de ―capilés, coimas, a funcionarios públicos peruanos (revelados en el informe de la Policía Federal sobre Castillo de Arena, donde se presenta un esquema de una operación específica con identificación del banco y número de la cuenta).

Nueva Ley de Contrataciones del Estado – Ley N ° 30225

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El dia de hoy, 11 de julio de 2014,  se ha publicado la nueva Ley de Contrataciones del Estado – Ley N ° 30225, aprobada el 8 de julio de 2014, que incluye algunas innovaciones respecto de su antecesora. El plazo para publicar el Reglamento es de 180 días calendario, el cual empieza a contar desde mañana.

Para abrir el documento que contiene la nueva Ley, hacer click en el siguiente enlace:

20140711-nueva_ley_de_contrataciones_del_estado_-_ley_302254.pdf

 

También puede hacer click en el siguiente enlace y presionar en donde muestre “Abrir con un visor diferente”,  a fin de ver el documento en pdf, en la presentación de “El Peruano”. 

Ver páginas: 20 – 35.

20140711-ley_30225_-_nueva_ley_de_contrataciones_del_estado.pdf

Espero les sirva, cualquier comentario será bienvenido.

 

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DECRETO SUPREMO Nº 138-2012-EF QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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Estimado lectores, adjunto el Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 7 de agosto de 2012, para su concocimiento y difusión.

DECRETO SUPREMO Nº 138- 2012- EF QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Sigue leyendo

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS ÚLTIMAS MODIFICATORIAS EN PDF

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Estimados lectores, me he permitido obtener del Sistema Peruano de Información JurÍdica (SPIJ) la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, que incluye su última modificatoria, mediante Ley Nº 29873, a fin que puedan imprimirla. En cada articulado se incorporan y precisan -en letras rojas- las modificatorias por artículo, a fin de que las identifiquen de manera más rápida y ágil. Espero les sirva de ayuda.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017, INCLUYE SUS MODIFICATORIAS Sigue leyendo