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Empresas sancionadas por el OSCE no podrán contratar con el programa Qali Warma el 2017

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Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 8563-2016-MIDIS/PNAEQW, publicada el 24 de noviembre de 2016, en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el “Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Atención del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – versión Nº 02”.

Dicho manual tendrá vigencia a partir de la convocatoria del proceso de compra del año 2017.

El objetivo de este Manual es disponer de un instrumento normativo que contenga disposiciones, lineamientos y procedimientos aplicables para la selección, adjudicación de proveedores y la correspondiente ejecución contractual para la provisión del servicio alimentario a las usuarias y usuarios de las instituciones educativas públicas atendidas por el por el Programa, en el marco del modelo de cogestión.

Uno de los tantos que temas que me ha llamado la atención y que también es objeto de debate en la vigente Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nº 30225, tiene que ver con lo referido a los impedimentos para ser proveedor, participante, postor o contratista. ¿Se puede a través de una resolución directoral establecer impedimentos o restricciones para participar en la actividad económica del país? Este análisis será objeto de otro post.

En el Manual, específicamente en el “Capítulo VIII: Condición esencial de los postores”, numeral 35, se incluye el subtítulo denominado “Impedimentos para ser postores”, según el cual están impedidos para ser postores determinadas personas por el cargo que ostentan, como por ejemplo, el Presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas, los ministros, los viceministros, los jueces supremos, los gobernadores, consejeros, jueces superiores, alcaldes, regidores, funcionarios y trabajadores del Programa, integrantes del Comité de Compra, Comité de Alimentación Escolar y veedores, tanto a nivel nacional, regional, por la jurisdicción o en el ámbito de la Unidad Territorial, según corresponda, impedimento que también se extiende al cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichas autoridades citadas.

Sin embargo, la novedad es que en el numeral 36 se indica que también están impedidos para ser postores:

a) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente por el OSCE, para participar en procesos de selección y para contratar con el estado, así como aquellas con las cuales se evidencia conflictos de intereses con el Programa.

b). Las personas jurídicas en cuya conformación participen las personas naturales o jurídicas señaladas en el literal precedente, como socios, asociados, integrantes de los órganos de administración, representantes legales y/o apoderados.

c) Los consorcios que estén integradas por personas jurídicas o naturales que incurren en los literales a) y b) precedentes.

(…)” (resalto agregado).

Al respecto, entre otras, me surge una duda, a raíz de algunas consultas recibidas por algunas empresas que participarían en los procesos convocados por el programa, debido a que se estaría divulgando la idea de que ahora las empresas deben contar con su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

A ver, veamos. Los tipos de sanciones que impone el Tribunal de Contrataciones del OSCE, en virtud al artículo 50 de la Ley de contrataciones del Estado, son: i) multas económicas, ii) inhabilitación temporal y iii) inhabilitación definitiva o permanente. Los tipos de infracciones referidas a no tener RNP vigente en alguno de los momentos establecidos en la normativa son sancionadas con multas económicas, por lo que las demás sanciones impuestas serían por haber sido postor en un procedimiento de selección o haber tenido la calidad de contratista mayormente, en cuyas etapas se configuró la infracción que motivó la sanción de inhabilitación, lo cual implica que han tenido en su momento su RNP para tener la calidad de postor o contratista.

Con ello, en estricto, ¿acaso el Manual no debió haber solicitado expresamente que todos aquellos postores que quieran participar en el proceso de adjudicación deben contar con RNP vigente, en el capítulo respectivo?, ¿o es que los Comités de Compra únicamente verificarán en la web del OSCE que empresas participantes no tengan inhabilitación temporal o definitiva?

El Manual no señala en ninguna parte que los postores deben tener vigente su RNP para participar en el proceso de compra respectivo a nivel nacional. Espero que esta pequeña reflexión pueda ser abordada por el Programa a fin de evitar posibles errores de interpretación, si las hubiere.

Procesos de selección convocados a partir del 11 de noviembre de 2016 no deben exigir requisitos que consten en registros de libre acceso u otro medio de comunicación pública

tramitesDe acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1246, “Decreto que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa”, que entró en vigencia el 11 de noviembre de 2016, el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas para reducir la tramitología en la Administración Pública, disposiciones que van a tener un impacto en los procedimientos de contratación pública.

El artículo 5 “Prohibición de la exigencia de documentación” de dicho Decreto establece que las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento trámite administrativo, entre otros, lo siguiente:

“(…)

  1. g) Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de internet u otro medio de comunicación pública.

(…)”.

Se establece, también, que lo dispuesto en literal g) no es aplicable a aquellas entidades de la Administración Pública ubicadas en zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.

Con esta medida, por ejemplo, en las Bases Administrativas, como uno de los requisitos de calificación, denominado “Capacidad Legal” no debe ser exigible la resolución de autorización de las empresas de seguridad privada para funcionar como tal, emitida por la SUCAMEC, dado que dicha información consta en la web institucional de dicha institución, la misma que es actualizada de manera permanente y es pública. En ese sentido, se deduce que dicho requisito debe ser verificado por parte del órgano encargado de las contrataciones o del Comité de Selección, quien haga sus veces.

Cabe precisar que el literal g) no sería aplicable a registros tipo reportes o base de datos que no son actualizados de manera permanente.

De otro lado, se precisa en la Única Disposición Complementaria Final que “constituye falta de carácter disciplinario del directivo o servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con la entidad de la Administración pública el incumplimiento de las disposiciones y plazos establecidos”, por ejemplo, en el artículo 5 de dicho Decreto Legislativo y, además, la falta será sancionada según su gravedad, previo proceso administrativo.

Los impactos del Decreto Legislativo Nº 1246 en las contrataciones públicas sin duda van a ser objetos de reflexión, dado que su incumplimiento podría generar responsabilidad administrativa. El caso de la contratación de los servicios de seguridad privada solo es un ejemplo de los tantos que existen y que estarían dentro del supuesto del literal g) del artículo 5 del citado Decreto Legislativo.

Por ejemplo ¿Si un participante advierte que en una convocatoria realizada el 14 de noviembre de 2016, para la contratación de servicios de seguridad privada, se exige como requisito de calificación la presentación de la resolución de autorización como empresa de seguridad privada, ello puede ser objeto de observación a fin de que se retire dicho requisito? ¿En el caso de que en el procedimiento de selección se adjudique la buena pro, el postor que ocupó el segundo lugar podría solicitar la nulidad del procedimiento a través de un recurso de apelación?