La Administración Electrónica y el servicio a los ciudadanos.

El Ministerio de Economía y Hacienda ante los retos de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

Prólogo
Pedro Solbes
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda
Febrero 2009

Las Administraciones Públicas deben evitar que los ciudadanos y empresas soporten cargas administrativas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Los gestores públicos deben ser conscientes que una prolongación indebida del tiempo dedicado a las obligaciones administrativas nos perjudica a todos y muy especialmente al bienestar de nuestra nación.
España necesita mejorar su productividad y esta depende a su vez de un uso adecuado del tiempo, evitando al máximo los desplazamientos, y haciendo los trámites administrativos lo más ágiles posibles.

Las inversiones en infraestructuras de transporte y el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son dos ejes privilegiados de la lucha por una mayor productividad y a ambos vectores está dedicando el Gobierno fondos presupuestarios y esfuerzos organizativos.

Con la política de implantación y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se moderniza la gestión de las Administraciones Públicas. En este sentido es importante destacar algunas actuaciones:

– Los Planes “Avanza” y “Moderniza”, aprobados a finales de 2005 que han creado infraestructuras y recursos comunes para todas las Administraciones Públicas.
– El DNI electrónico, en pleno proceso de implantación.
– La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, de importancia decisiva en este proceso.
– El Plan de reducción de cargas administrativas, que incluye medidas de simplificación de trámites y reducción de cargas, así como la puesta en funcionamiento de una ventanilla única que permita realizar todos los trámites necesarios para el acceso y el ejercicio en España de actividades de servicios.

Y en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, los Planes Director y de impulso de la Administración electrónica contienen un total de 31 actuaciones comunes y alrededor de 140 proyectos sectoriales, algunos de ellos de especial trascendencia para el servicio a los ciudadanos. Los proyectos incluidos en los Planes cuentan con un calendario de implantación e informes de seguimientos periódicos para asegurar su eficacia.

Espero que el presente libro sea de utilidad y permita al lector no sólo valorar los avances producidos en la prestación de servicios electrónicos por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, sino también comprobar los cambios que se están produciendo y se van a producir en las Administraciones Públicas, cambios orientados a la mayor comodidad y bienestar de los ciudadanos y empresas”.

Transcribo el INDICE de la publicación. Si desea obtener el texto completo, vea: http://www.meh.es/Documentacion/Publico/SGT/e-administracion.pdf; o http://blog.pucp.edu.pe/member/824/blogid/2733

INDICE:

La ley 11/2007: una nueva forma de entender la Administración Pública.
Juan Miguel Márquez Fernández. ………………………………………………………………………… 13

Novedades y retos jurídicos de la Ley 11/2007, desde la experiencia del Ministerio de Economía y Hacienda.
Maximino Ignacio Linares Gil……………………………………………………………………………… 25

El futuro de los sistemas electrónicos de identificación y firma previstos en la ley 11/2007
Santiago Segarra Tormo…………………………………………………………………………………… 39

Las bases institucionales para la aplicación de la Ley 11/2007 en el Ministerio de Economía y
Hacienda: el papel de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica.
Ángel Esteban Paúl…………………………………………………………………………………………. 55

La planificación de los procesos de desarrollo de la Administración electrónica en el Ministerio de Economía y Hacienda
José Aurelio García Martín…………………………………………………………………………………. 65

Administración electrónica y actuación jurisdiccional
Alberto Palomar Olmeda…………………………………………………………………………………… 77
La formación en el Ministerio de Economía y Hacienda, una experiencia de gestión electrónica integral
Elena Barinaga de Diego. Miguel Ordozgoiti de la Rica……………………………………………………. 227

El papel de la seguridad en la prestación de servicios electrónicos
Juan Jesús Torres Carbonell………………………………………………………………………………. 233

La Administración electrónica en la Deuda del Estado y en la Caja General de Depósitos: una experiencia en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Carlos García Satué. Celia Tenés García………………………………………………………………….. 243

La Administración para los ciudadanos a través de Internet: los retos de la inclusión y de la calidad
Mª José de Mariano Sánchez-Jaúregui……………………………………………………………… ……..251

La Administración ante los nuevos usos de libros y documentos
Gerardo Bustos Pretel…………………………………………………………………………………….. 265

Administración electrónica, el intercambio de información entre administraciones y la reducción de carga administrativa a los ciudadanos y empresas: La experiencia del INE
Adolfo Gálvez Moraleda. José Luis Maldonado Cecilia. Carlos Ballano Fernández………………….…………..279

Administración electrónica: la experiencia del Instituto de Crédito Oficial
Enrique Villarreal Rodríguez…………………………………………………………………………… ….289

La Administración electrónica en la vía Económico-Administrativa, un nuevo modelo de relación con los interesados: experiencia del TEAC
Soledad Fernández Doctor. Carlos Cornejo Zahonero……………………………………….. …………….297

Particularmente, creo que este material constituye uno de los mejores en materia de Gobierno Electrónico. Recomiendo su lectura.

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Registro de participantes en los procesos de selección. A título de qué debo pagar.

Muchas entidades han creído conveniente señalar en sus Bases Administrativas el cobro de 500 nuevos soles por registrar a una empresa como participante en un determinado proceso. En otros casos, en las Bases se ha solicitado el pago previo de 10 soles por concepto derecho de participación. Sea 500 o 10 nuevos soles lo que se pague, creemos conveniente que debe definirse de manera clara por qué concepto se debería efectuar el pago en la etapa “Registro de Participantes”.

Si la convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, se realiza a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que se deben publicar las Bases y un resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad, resulta lógico que a través de dicho sistema las empresas interesadas accederán a las Bases, para cuyo efecto las imprimirán para su análisis.

Tomado conocimiento de las reglas que regirán el proceso de selección, entre otros, las empresas interesadas deberán acercarse a la Entidad respectiva a registrarse.

Precisamente, el numeral 7 del artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que la convocatoria deberá contener obligatoriamente “El costo del derecho de participación”.

Por su parte, el artículo 52 del Reglamento establece que “El participante se registrará previo pago de un derecho, cuyo monto no podrá ser mayor al costo de reproducción de las Bases”.

Bajo esa perspectiva, ¿una empresa debería pagar el derecho de participación o el costo de reproducción de las Bases?

El PRONUNCIAMIENTO N° 085-2010/DTN de fecha 9 de marzo de 2010, sobre la base del artículo 52 del Reglamento, ha establecido que “deberá publicarse en el SEACE la estructura de costos que sustente el derecho de participación previsto en el numeral 2.2 de las Bases (S/. 800, 00). Debe tenerse presente que, en caso el costo del derecho de participación no pueda ser sustentado, deberá devolverse a los participantes el excedente que resulte de restar a el monto cobrado el costo real de la reproducción de las Bases” (Sic); no obstante, dicho razonamiento no soluciona la problemática porque sigue confundiendo los alcances del pago por derecho de participación y el costo de reproducción de Bases, más aún, añade los términos denominados “estructura de costos” y “costo real”, que no están contemplados en la redacción del artículo 52 del Reglamento, situación que, además, no hace sino más compleja la comprensión de la problemática.

En mi opinión, el registro de participante (trámite obligatorio), que confiere a la empresa registrada un derecho o situación jurídica especial para participar en un proceso y tener la calidad de tal para los efectos del caso, sólo conllevará a un pago si es que la empresa requiere una copia de las Bases (trámite potestativo y discrecional), sólo en éste último caso la Entidad deberá exigirle el pago respectivo, el cual deberá ser establecido en las Bases y deberá estar determinada sobre la base del costo de la reproducción de las Bases.

El trámite conducente a la obtención de un status jurídico, para efectos de un proceso de selección, únicamente constituye un mero registro o anotación. Ello no debe generar el cobro de pago alguno porque sencillamente el Reglamento no lo exige, tal como se señaló en lo párrafos anteriores. Es obligatoria la inscripción más no así la adquisición impresa de las Bases a la Entidad. Muchas veces, las empresas cuando van a registrarse ya tienen en su poder una copia física de las Bases.

Finalmente, cabe añadir que en el tercer párrafo del artículo 52 establece que “La Entidad tendrá la obligación de entregar al participante, por cualquier medio y en el mismo día de su registro, la respectiva constancia o comprobante de registro”, y no así un comprobante de pago (emitida por la venta de Bases), como al parecer, erróneamente, se viene haciendo.

En consecuencia, si la empresa desea registrarse para participar en un proceso no debe exigírsele el pago para hacerlo merecedor del derecho de participar, dado que ello genera, de manera indirecta, en muchos casos, la imposición de un costo excesivo y desproporcionado, que limitaría la mayor concurrencia y participación de empresas.

Por esas razones, de la lectura del artículo 50 del Reglamento, numeral 7 y del artículo 51 del mismo cuerpo normativo, vemos que el derecho de participar no debe conllevar a pago alguno en la etapa de “Registro de Participante”. Sólo en el caso que una empresa desee que la Entidad le otorgue copia de las Bases (es una potestad comprar las Bases, no es una obligación) se le deberá exigir el pago, cuyo monto no podrá ser mayor al costo de reproducción de las Bases.

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El Banco Mundial financia energías contaminantes

Hace dos semanas, aproximadamente, he empezado a leer el libro “El malestar en la globalización”, de Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001. En la parte del prólogo el autor señala que no pretende sino que “el libro abra un debate, un debate que no debe transcurrir solo en la reclusión de los despachos de los gobiernos y las organizaciones internaciones, ni tampoco limitarse a la atmósfera más abierta de las universidades. Aquellos cuyas vidas se verán afectadas por las decisiones sobre la gestión de la globalización tienen derecho a participar en este debate, y a saber cómo se tomaron esas decisiones en el pasado. Como mínimo, mi libro debería aportar más información sobre lo que ocurrió en la década pasada. Seguramente la mayor información llevará a mejores políticas que obtendrán mejores resultados. Si ello es así, sentiré que algo he aportado”.

Una pregunta inicial que se plantea es ¿Por qué la globalización –una fuerza que ha producido tanto bien-ha llegado a ser tan controvertida?

Algunas reflexiones que plantea Stiglitz, quien trabajó en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton y luego desde el año 1997 hasta el 2000 pasó a trabajar al Banco Mundial, donde fue economista jefe y vicepresidente senior, refieren que “La globalización tuvo efectos negativos no solo en la liberalización comercial sino en todos sus aspectos, incluso en los esfuerzos aparentemente bienintencionados. Cuando lo proyectos agrícolas o de infraestructura recomendados por Occidente, diseñado con el asesoramiento de consejeros accidentales, y financiados por el Banco Mundial fracasan, los pueblos pobres del mundo subdesarrollado deben amortizar los préstamos igualmente, salvo que se aplique alguna forma de condonación de la deuda. Si los beneficios de la globalización han resultado en demasiadas ocasiones inferiores a los que sus defensores reivindican, el precio pagado ha sido superior, porque el medio ambiente fue destruido, los procesos políticos corrompidos y el veloz ritmo de los cambios no dejó a los países un tiempo suficiente para la adaptación cultural (…)”.

Han transcurrido 8 años, aproximadamente, desde que se editó por primera vez el citado libro; sin embargo, si se lee o investiga un poco más sobre el Banco Mundial veremos que las críticas que han recaído sobre él se mantienen vigentes. Transcribiré el caso del Préstamo ESKOM, publicado en la página web: brettonwoods.project.org, para entender las razones de las críticas y protestas.

“Los préstamos del Banco a la energía producen airadas protestas

El debate sobre el portafolio de energía del Banco Mundial y su impacto sobre el cambio climático llegó al punto de ebullición pues cientos de organizaciones de la sociedad civil están haciendo campaña contra el préstamo de US$3.750 millones del Banco Mundial, la mayor parte del cual financiará una nueva planta de carbón en Sur África.

A comienzos de abril de 2010, la junta del Banco aprobó un préstamo para Eskom (ver Boletines 65, 64), el servicio de energía de Sur África, con US$3.050 millones asignados para finalizar la construcción de la planta de carbón Medupi, una de las más grandes del mundo en su tipo. Además, US$440 millones irán a un proyecto ferroviario para transportar el carbón de las minas asociadas, con tan solo US$260 millones dedicados a la energía del viento (eólica) y la solar.

Estados Unidos fue el accionista más vociferante oponiéndose al proyecto, posponiendo su voto a comienzos del año y absteniéndose en abril de 2010. Mencionó sus preocupaciones sobre el cambio climático, la falta de planes para equilibrar las grandes emisiones del proyecto y la incompatibilidad con la estrategia del Banco para ayudar a los países a lograr su crecimiento económico y la reducción de la pobreza en formas que sean sostenibles con el medio ambiente. Durante el intenso debate despertado por el préstamo para Sur África, también se expresaron preocupaciones sobre la falta de consistencia de los procedimientos de adquisición con las directrices del Banco Mundial, sobre las deficiencias de las evaluaciones del impacto ambiental, y los inadecuados esfuerzos para mitigar la contaminación local. Estados Unidos continuó enfatizando el hecho de que el proyecto no es consistente con las directrices de préstamos 2009 del Banco para el carbón (ver Boletín 69).

El Reino Unido también se abstuvo de votar escondiéndose tras las restricciones sobre la toma de decisiones antes de las elecciones. “La abstención del gobierno británico a última hora sirve poco y llega demasiado tarde, pues permitió que los fondos de ayuda británicos fueran usados para apoyar una de las plantas de energía más contaminantes del mundo. La abstención solo evade la responsabilidad política por esta decisión tan dañina durante una campaña de elecciones” dice Ruth Davis de Greenpeace UK. El Reino Unido tiene metas de tres años para limpiar el portafolio energético del Banco, sin embargo no mencionó éstas como la razón de su abstención.

Los holandeses, quienes también se abstuvieron, publicaron un documento político en marzo de 2010, detallando sus metas para la reforma energética del Banco y pidiendo un cambio significativo de la institución. El documento también hace hincapié en las inconsistencias en la forma como los informes del Banco hablan de su inversión en la energía renovable, diciendo que más de la mitad de los préstamos a la energía renovable y eficiente están relacionados con la eficiencia de los proyectos fósiles de energía. ‘La mayor parte de los programas de energía renovable del Banco están financiados por fondos específicos de donantes y no son parte estructural de los préstamos energéticos del Banco Mundial’, dice el informe.

Enormes emisiones de carbono

La planta Medupi producirá unos 25 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente, o sea más de las emisiones de 115 países incluyendo a Kenia, Luxemburgo, Birmania y Croacia, según dice el periódico The Guardian.

Esta planta en general, producirá energía para usuarios industriales a gran escala, a los cuales se ha garantizado energía de bajo costo. Por lo tanto se espera un aumento en los precios para los hogares de Sur África para poder pagar este préstamo.

Tristen Taylor de Earthlife Africa dice que, “Con la masiva desconexión debido a la duplicación de las tarifas eléctricas, la pérdida de millones de empleos el año pasado, y una tasa de desempleo efectiva del 40 por ciento, uno pensaría que la erradicación de la pobreza sería la prioridad del Banco Mundial y del Gobierno de Sur África. Ninguna parte de la producción de la Medupi será para las personas pobres, pues su objetivo es servir las necesidades de las compañías multinacionales.”

El Banco Mundial defendió su apoyo al uso del carbón diciendo que se necesitan los recursos respaldados públicamente para financiar la planta de carbón Medupi después de la crisis financiera.

En medio de todo esto, al ministro financiero de Sur África parece no importarle el voto: “Sur África durante sus 16 años de democracia nunca ha tenido que tomar ningún préstamo del Banco Mundial… Si no se da el préstamo, podremos afrontarlo. Esta es una oportunidad para que el Banco Mundial construya una relación con Sur África.”

El borrador del plan de recursos Eskom ha sido muy referenciado por los expertos del Banco Mundial evaluando el préstamo, pero no está disponible para el público, elevando con ello preocupaciones sobre la transparencia y la participación.

Se quejan los residentes

Los residentes en las áreas cerca de la planta de carbón Medupi en la provincia de Limpopo de Sur África, radicaron una queja con el organismo de quejas independientes del Banco, el Panel de Inspección, señalando los costos escondidos del proyecto y la carga que ellas/ellos llevarán con la contaminación del aire y el agua, la degradación de la tierra y los impactos en sus medios de vida.

Antecedentes del Banco Mundial

La controversia Eskom arroja dudas sobre la revisión en curso de la estrategia energética del Banco Mundial (ver Boletines 69, 68, 67). A pesar de las afirmaciones sobre cuidado y apertura, desde el comienzo del proceso de consulta, el Banco continúa protegiendo sus inversiones de carbón. En París, en febrero de 2010, durante la primera consulta sobre la estrategia energética, el director de energía del Banco, Jamal Saghir, afirmó que era poco probable que cambiara el controversial acercamiento del Banco Mundial hacia el carbón.
Como parte de las consultas, una coalición de ONGs del Reino Unido publicó un documento en abril de 2010, proponiendo solo un rol limitado del Banco Mundial enfocado en su apoyo al acceso a la energía para las personas pobres, y pidiendo que se hiciera un retiro gradual de los préstamos a los combustibles fósiles.

Además y de acuerdo con una investigación reciente, los préstamos del Banco Mundial a la energía sostenible todavía se ven superados por los préstamos a las inversiones en combustibles fósiles. Un documento de las ONGs CRBM, Urgewald y el Proyecto Bretton Woods también mostró un aumento en préstamos energéticos a través de intermediarias financieras privadas que no aparecen en el informe de energía del Banco, a menos de que sean específicamente para energías renovables.

David Wheeler, antiguo economista del Banco, afirma que el Banco se está quedando atrás. “Gerencia del Banco Mundial tenga cuidado: El estatus de su institución como jugador central del siglo 21 está claramente en peligro. Sus más importantes clientes ahora están invirtiendo en la energía limpia a niveles donde sus propios recursos se ven diminutos, al tiempo que ustedes continúan subsidiando proyectos de carbón.”

Ver: http://www.brettonwoodsproject.org/art-566228

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En torno a la vigencia de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores

La convocatoria de una Licitación Pública fue el 29 de diciembre de 2009.

La integración de las Bases se realizó el 5 de febrero de 2010.

La presentación de propuestas fue el 15 de febrero de 2010.

El otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo el 19 de febrero de 2010.

Ante el Tribunal, la empresa que ocupó el segundo lugar interpuso recurso de apelación contra el acto de otorgamiento de la buena pro. Su argumento consistió en indicar que el postor ganador de la buena pro no había mantenido la vigencia de su inscripción en el Registro de Proveedores – RNP durante el 27 de enero de 2010 al 2 de febrero de 2010, dado que su inscripción se encontraba suspendida, lo que debía conllevar a la descalificación de su propuesta.

Cabe precisar que el postor ganador se inscribió en el Registro de Participantes de la referida Licitación Pública el 30 de diciembre de 2009.

Los argumentos dedefensa del postor ganador fueron los siguientes:

a.El hecho de haber tenido el registro suspendido desde el 27 de enero al 2 de febrero de 2010, no contraviene lo dispuesto en el artículo 252 del Reglamento, debido a que la inscripción en el RNP debe estar vigente en tres momentos; i) al momento de registrase como participante; ii) al momento de presentar las propuestas y iii) al momento de suscribir el contrato.

b.Esta posición concuerda con la Opinión 002-2009/DTN y la Opinión Nº 075-2008/DOP.

c.El artículo 252 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no sanciona con la descalificación al postor que no cuente con el RNP vigente, durante todo el proceso de selección.

¿Declararía fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor impugnante? ¿Por qué?

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