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En torno a la nulidad de los actos administrativos según la normativa de contrataciones del Estado. Breves apuntes en relación al procedimiento administrativo.

Comparto con ustedes un trabajo de investigación, el cual fue publicado por Editorial Normas Legales, en el libro titulado “Estudios sobre Nulidad Procesal” en Enero 2010 (Pág. 307-359).

Se omiten intencionalmente los pies de página.

En torno a la nulidad de los actos administrativos según la normativa de contrataciones del Estado. Breves apuntes en relación al procedimiento administrativo.

“Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber”.
Rudolf von Ihering

1. Introducción

Cada ordenamiento jurídico, en el marco de un Estado Constitucional y Democrático, reserva para sí un instrumento capaz de corregir la desviación de poder, de resguardar un orden constitucional, de impedir el abuso de un derecho o capaz de permitir y asegurar que los derechos de los ciudadanos se mantengan incólumes cuando se tiene al frente a la Administración Pública.

La forma como se relaciona o se vincula ésta con los ciudadanos varía y ello depende de lo que en el caso en particular se persiga. Algunas de esas formas vienen a ser el acto administrativo y el Contrato Estatal. Precisamente, el canal a través del cual se servirá la Administración para decidir una situación en concreto será el procedimiento administrativo correspondiente.

En efecto, el procedimiento administrativo se presenta como una institución que dista mucho de ser un plexo de formalismos y actuaciones rígidas que debe soportar el administrado a fin de obtener o defender un derecho o sencillamente a fin de que no se le afecte su situación jurídica.

La Ley de Contrataciones del Estado y su antecesora han develado una forma de comunicación entre la Administración Pública y el administrado que actualmente no presenta problemas si es que se la mira desde la perspectiva tradicional, es decir, a partir de una relación de poder, que por cierto, además, está imbricada por una regulación legal asistémica, profusa y cambiante.

La literatura sobre la naturaleza del procedimiento es variada y muy compleja y no pretende agotarse en este trabajo, el cual únicamente persigue analizar el procedimiento administrativo especial previsto por la Ley de Contrataciones del Estado, desde la perspectiva del acto administrativo nulo y cómo éste se manifiesta en su seno. No obstante, el estudio del procedimiento administrativo especial, tanto el proceso de selección y el procedimiento sancionador, no debe ser vista desde la perspectiva tradicional y exigua, sino desde aquella que persigue proponer una relación de interacción, comunicación y organización entre los ciudadanos y la Administración Pública, que en buena cuenta retome, también, la vigencia del debate en torno a la posición que ostenta el administrado en un estado constitucional, que no persiga únicamente aplicar una ley al caso concreto o decidir sobre una situación en particular, sino que considere que a través del procedimiento administrativo se pueden poner en vigencia valores jurídicos.

La figura de la nulidad en la Ley de Contrataciones del Estado ha encontrado su máximo desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones, y ello ha sucedido así desde que entró en vigencia la Ley 26850 , ahora derogada y el Decreto Legislativo 1017, actualmente vigente, las cuales en torno a la nulidad de los actos administrativos han mantenido la misma regulación. Las causales para declarar la nulidad de éstos están contenidos en la propia normativa, si es que éstas se han configurado en un proceso de selección; mientras que las causales de nulidad del acto administrativo emitido en el marco de un procedimiento administrativo sancionador son las que se recogen en la Ley 27444, en tanto que tienen que ver con los requisitos validez que debe contener aquél al momento de su emisión.

Por ello, al momento de analizar las causales de nulidad en la normativa sobre contrataciones públicas no resulta suficiente conocer en qué consisten éstas, sino que también es importante saber cómo se han estado aplicando, motivo por el cual este trabajo recogerá algunas decisiones del Tribunal en las cuales se ha pronunciado en torno a la nulidad de los actos administrativos dictados en un proceso de selección y en un procedimiento administrativo sancionador así como sobre los actos nulos declarados de oficio.

2. Una primera aproximación. Sobre el procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo es el modo de realizar el Derecho Administrativo, el cual en nuestro tiempo se fundamenta cada vez más en la idea de comunicación y de la información. El moderno Estado ya no se sirve solo de instrumentos reguladores, sino que atiende el interés general a través de toda una variadísima gama de medios o instrumentos. Es así un Estado que informa, que coopera, hace de intermediaria, etc.

Ahora bien, el resultado la expresión formal y técnica de lo acontecido en un procedimiento administrativo que designa los efectos del obrar de los entes públicos es el acto administrativo en el que la Administración Pública decida, ordena o dispone. A grandes rasgos, del procedimiento administrativo, como recuerda GIANINI, se ha comenzado a hablar a finales del Siglo XIX para indicar las secuencias de los actos de la autoridad administrativa relacionados entre sí y tendentes a un único fin. El término procedimiento quería, pues, significar una serie cronológica de actos o actuaciones dirigidos a un resultado. Hoy es un hecho claro que la actividad administrativa se desenvuelve mediante procedimientos diversos, hasta el punto que la actuación a través de un procedimiento es un principio fundamental del Derecho Administrativo. La consecuencia de esta generalización de la técnica procedimental es que el acto administrativo solitario, es decir, sin procedimiento, puede considerarse una excepción. Por ello, el procedimiento administrativo constituye hoy la forma propia de la función administrativa, de la misma forma que el proceso lo es de la función judicial y el procedimiento parlamentario de la función legislativa .

Sin embargo, actualmente, como consecuencia de las nuevas formas o técnicas de acción del Estado, se han ampliado considerablemente las competencias administrativas y su campo de acción e influencia, que obliga repensar el contenido del procedimiento administrativo, entendido éste ya no como un suceso o repertorio de actos o actuaciones que persiguen un único resultado sino como el conjunto de actuaciones que se producen en el seno de la Administración, articulados conforme a un plan, que tiene por objeto la obtención y el procesamiento de información. Constituye, así concebido, un sistema de acción (de carácter interactivo) entre la Administración y el ciudadano, o entre diversas Administraciones Públicas. Además del Derecho Administrativo, se ocupan especialmente del fenómeno del procedimiento administrativo las teorías de las decisiones, la teoría de las funciones o de los roles, elaborada en el seno de la Sociología, y la Ciencia de la Administración.

A raíz de ese nuevo enfoque es que dicho autor señala que desde un punto de vista conceptual, debe distinguirse jurídicamente entre el procedimiento decisorio y el de prestación efectiva. Durante mucho tiempo se entendió por procedimiento decisorio aquél que desemboca una resolución de carácter vinculante. Tal concepción estaba presidida por un Derecho Administrativo al que solo le importaba la acción soberana o revestida de imperium del Estado.

Por otro lado, hay otros procedimientos en los que no se desemboca en la adopción de una resolución, sino en el otorgamiento de prestaciones administrativas. A partir de esa distinción, la doctrina alemana hace alusión al procedimiento como nuevo paradigma, en la cual la dogmatica sobre la materia contempla el procedimiento desde dos perspectivas: de un lado, como suceso o acontecimiento real; de otro, como idea ordinamental .

Desde el punto de vista de su facticidad, estos es, de su aplicación práctica como hecho real, al Derecho Administrativo le importa el procedimiento en la medida en que se cuestione la correcta aplicación de las normas de procedimiento, como las relativas a la participación, a la competencia o a la publicación y notificación de los actos administrativos. Tal es el ámbito de la denominada “legalidad formal de la acción administrativa” y de la doctrina de los vicios de procedimiento que a aquella se vincula. El segundo, al Derecho Administrativo le importa el procedimiento bajo el perfil de los que podría llamarse “idea ordinamental”, es decir, el procedimiento administrativo como proceso o sucesión ordenada que proporciona transparencia y racionalidad, coordinación y contacto; fines que, por su parte, encierran y desarrolla importantes valores jurídicos.

Los estudios que se efectúen en torno al procedimiento administrativo deben reparar, considero, en el segundo aspecto, en tanto que los procedimientos administrativos comunes y especiales no se pueden circunscribir ordinariamente a un único objetivo, sino que por el contrario, responden, paralelamente a las amplias competencias administrativas, a otros fines tales como la información administrativa, la coordinación y la garantía de acierto en la decisión, la seguridad jurídica individual y la consecución del consenso institucional. Y, precisamente, la revalorización del procedimiento administrativo en el seno del Derecho Público alemán, por ejemplo, se debe entre otras razones a la distinción entre competencias administrativas y a la organización de la administración y a un cambio de mentalidad y la conciencia de la propia dignidad personal que han calado en la población, causas todas estas que ha hecho necesario un mayor crecimiento del procedimiento administrativo, en el sentido de “idea ordinamental”, como concreción del interés general.

De ese modo, cabe precisar dos cosas: el procedimiento administrativo es la expresión del cambio habido en las relaciones entre el Estado y el Ciudadano. La necesidad de comunicación entre la Administración y los ciudadanos responde a la concepción constitucional de la posición que tiene el ciudadano en el seno del Estado. En segundo lugar, es necesario verificar un análisis sistemático y comprensivo del procedimiento administrativo no solo respecto de las formas de relación entre la Administración y el individuo, sino también en relación con la disciplina de la formación de la voluntad, en la esfera interna de la Administración. Ello se hace especialmente evidente frente a las planificaciones de nivel superior, en tanto que la organización y el procedimiento se encuentran estrechamente ligados. Los conceptos de “organización como estructura” y “organización como actividad” que ha desarrollado la ciencia administrativa se presentan realmente como diferentes estados de una misma cosa. Esta relación incita por otra parte a utilizar diversas metáforas: la resolución como punto; el procedimiento como línea, el conjunto de la organización administrativa como superficie; el procedimiento como “Administración en movimiento”; la organización como “situación” o “estado”.

En este estado de las cosas, se puede advertir que la caracterización de un procedimiento administrativo no solo debe tender a la mera referencia de una concatenación de sucesos u ordenación de distintas fases o etapas destinadas a obtener una decisión de la autoridad administrativa, sino que, además, debe proporcionar transparencia y racionalidad, coordinación, organización y contacto; fines que, por su parte, encierran y desarrollan importantes valores jurídicos.

Bajo esa perspectiva, precisa Garrido Falla, debe notarse que la legislación sobre procedimiento administrativo implica un doble intento: de un parte, racionalizar la actuación administrativa, estableciendo las reglas (instrucciones); de otra, el procedimiento constituye una garantía para los administrados. El primer objetivo, el racionalizador, es fácil de entender porque responde a elementales principios de organización administrativa. Toda gran organización pública o privada, debe tener sus propias reglas de funcionamiento si quiere actuar con eficacia. El segundo, en cambio, es el producto de una sucesiva etapa en la construcción del estado de derecho. Las consecuencias jurídicas son radicales: en adelante ya no es jurídicamente indiferente que un acto administrativo sea dictado por uno u otro órgano administrativo (principio de la competencia), o que el expediente se resuelva con audiencia o sin ella del interesado, o prescindiendo del informe de un determinado organismo técnico o jurídico. Ahora el olvido de estos trámites vicia el acto administrativo final, que, por ende, se convierte en anulable o incluso en nulo de pleno derecho .

3. En torno al acto administrativo. Definición conceptual

Una vez llegado a este punto, y puesto de relieve la noción de procedimiento administrativo, corresponde efectuar una breve reseña sobre el acto administrativo, para luego ahondar con mayor énfasis en la nulidad del acto administrativo en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo régimen prevé, precisamente, por un lado, la configuración de un procedimiento especial destinado a seleccionar la mejor oferta en un marco de competencia, así como de un régimen referido al procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, de manera inicial, debe indicarse que la figura del acto administrativo, que a decir de Cassagne, constituye un típico producto de la función administrativa, en sentido material, viene a constituir algo así como el eje a cuyo alrededor giran las principales instituciones del Derecho Administrativo . Por su parte, Aurelio Guaita considera que el acto administrativo es, sin duda, el concepto capital del régimen jurídico de la Administración, es decir, del Derecho administrativo.

Todas las potestades administrativas, todas las prerrogativas de la Administración, vienen a coincidir y condenarse en ésta: poder dictar actos jurídicos regulados por el Derecho público (administrativo) y dotados de un vigor especial, dato explicaría y justificaría la abrumadora literatura científica dedicada al tema en los países que más han destacado en la ciencia del Derecho Administrativo desde el siglo pasado (Alemania, Francia, Italia; puede agregarse ahora también España), como a su vez, tan ingente “producción bibliográfica” tenía que provocar una variedad casi ilimitada de conceptos, nociones, definiciones, etc., del acto administrativo, a pesar de que -como no podía dejar de ser- la mayor parte de actos lo son para casi todos los autores .

Se sostiene que la expresión acto administrativo surgió después de la revolución francesa. Antiguamente, estos actos se llamaban actos del rey o actos del fisco. Se sostiene que el primer texto legal que empleó esta expresión es la ley francesa de 16 de agosto de 1790 por la cual se prohibía a Tribunales federales el conocimiento de operaciones de los órganos administrativos. La expresión de acto administrativo era desconocida antes de la Revolución Francesa, ya que fue entonces cuando la administración pública quedó sometida a un régimen de derecho. En el Estado de Policía la administración realizaba actos que en sentido amplio podrían llamarse administrativos pero que estaban excluidos del régimen de Derecho. Del caos indisciplinado de operaciones materiales de todas las clases que realizaba el estado policía, se va a desprender ahora la noción de acto administrativo para designar un acto jurídico de naturaleza específica que viene a determinar el sentido en que la regla de derecho debe aplicarse a la actividad de la administración .

Por su parte Cassagne sostiene que la teoría del acto administrativo tuvo su origen y desarrollo en Francia, merced a la jurisprudencia, principalmente, del Consejo de Estado y, de modo complementario, del Tribunal de conflictos, órgano este último encargado de fijar con fuerza de verdad legal el deslinde de la competencia entre los tribunales administrativos y los judiciales.

La doctrina francesa vinculó la expresión acto administrativo como materia de competencia de los jueces administrativos, es decir del contencioso administrativo y en consecuencia su apreciación no podía realzarse por los tribunales judiciales. Así, surgió la conocida distinción entre aquellos países del régimen administrativo donde funcionaban dos clases de tribunales, los judiciales y administrativos, que eran especializados en esa materia y los países sin régimen administrativo, como Inglaterra, cuyas cuestiones contenciosas eran de competencia de los tribunales judiciales .

Actualmente, tal como sostiene Comadira, la teoría del acto administrativo está, en algún sentido, un tanto olvidada hoy por los administrativistas. No tiene, obviamente, el atractivo de otros temas que pueden considerarse de moda, sin embargo no deja de ser una cuestión de permanente actualidad en tanto el acto administrativo es uno de los modos fundamentales de expresión de la voluntad administrativa .

Destacar la importancia del conocimiento de la teoría pretende ser, además, un estímulo para la formación integral de los jóvenes interesados por el Derecho Administrativo, quienes seducidos por los temas del momento encuentran no pocas dificultades prácticas a la hora de concretar su juicio sobre el modo concreto adoptado por la Administración para expedirse .

Para efectos de este trabajo, recogeremos, doctrinalmente, el concepto de acto administrativo de Cassagne, quien ha precisado que la noción de acto administrativo comprende toda declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen exorbitante, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto. Por su parte Comadira entiende por acto administrativo, toda declaración de un órgano del estado, o de un ente no estatal, emitida en ejercicio de la función administrativa, bajo un régimen jurídico exorbitante, productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros .

Ello no impide agregar que, aunque responde a una realidad -polimórfica ad infinitum- el concepto de acto administrativo no es legal, sino fruto de la especulación y de la reflexión científica. Las normas legales trazan el régimen de los actos (permisos, subvenciones, multas, expropiaciones, nombramientos, licencias, etc.), e incluso a veces con carácter “relativamente” general pero, lógicamente, no dan un concepto abstracto y omnicomprensivo del acto administrativo . Según Comadira, el acto administrativo es un concepto empírico fundado en la experiencia. No es un acto apriorístico que pueda inferirse de concepciones abstractas .

4. El concepto de acto administrativo en la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 27444

En el ámbito nacional se ha dicho que en razón a la importancia del acto administrativo la doctrina administrativa se ha ocupado intensamente del concepto de acto administrativo y como consecuencia de ello las divergencias entre escuelas que se pueden identificar es notable . Sin embargo, la ley ha desarrollado un concepto de acto administrativo capaz de satisfacer toda pretensión académica al señalar que el mismo es el medio para la manifestación de una entidad en ejercicio de un potestad pública (artículo 1.1 .), cuyo objeto puede ser aquello que dicha entidad decide, declara o certifica (artículo 5.1 ) con efectos jurídicos en una situación concreta.

Como se puede apreciar con nitidez, los elementos del acto administrativo que esta ley ha establecido son 6:

– Una declaración de cualquiera de las entidades.
– Destinada a producir efectos jurídicos externos.
– Recae en derechos, intereses y obligaciones de los actos administrativos.
– Es una citación concreta.
– En el marco del derecho público.
– Puede tiene efectos individualizados o individualizables .

En cuanto a la regulación de los requisitos, tanto de forma como de fondo, la Ley ha sido prolija en incorporar expresamente los distintos elementos que es necesario tener en consideración para la formación válida de un acto administrativo (artículo 3 ). La inclusión efectuada constituye la positivización de condiciones de validez como la resolución motivada, la finalidad pública y la exigencia de un procedimiento regular en la generación de un acto administrativo.

La eficacia de acto administrativo ha sido regulada de manera independiente a las condiciones para la conformación válida de un acto administrativo, lo que ya es una contribución a la correcta comprensión del fenómeno jurídico que permite la generación de actuaciones de derecho. Atendiendo a la naturaleza el acto administrativo, la eficacia de la misma se encuentra condicionada a la posibilidad que dicha manifestación encuentre su destino por la vía de la adecuada notificación a su destinatario .

En este punto, es importante destacar que la Ley de Procedimiento Administrativo General ha precisado las diferencias entre los conceptos de validez y eficacia de los actos administrativos, porque mientras la validez del acto hace referencia a su conformidad con el ordenamiento jurídico (artículo 8) el artículo 16.1 establece que la notificación es el momento a partir del cual el acto administrativo produce sus efectos. Por tanto, ambos conceptos ostentan en la referida Ley una caracterización que no necesariamente coincide con la consagrada por el Código Civil, por lo que el estudio y análisis dogmático de su régimen jurídico, así como del acto administrativo en general, debe realizarse exclusivamente desde la perspectiva de la regulación del Derecho Administrativo .

5. El régimen de la nulidad en los actos administrativos

En lo que se refiere a la declaración de nulidad del acto administrativo viciado en su conformación, la Ley ha decidido mantener la tradición normativa y optar únicamente por la regulación de la figura de la nulidad, dejando de lado la posibilidad de incluir también regulación para los supuestos específicos de inexistencia, anulabilidad y validez como consecuencia de la nimiedad del vicio. Establecer supuestos para cada uno de las consecuencias, jurídicas mencionadas es una tarea ardua que, en muchos casos, se ve excedida por la realidad. En efecto, resulta muy complicado establecer a priori los supuestos a los cuales podría atribuirse un determinado vicio en la conformación del acto administrativo y la consecuencia de su inexistencia, nulidad, anulabilidad o validez .

Un acto administrativo inválido sería aquél en el que existe discordancia entre el acto y el ordenamiento jurídico y por tanto es un acto ilegal. Sin embargo, no todo acto administrativo inválido es una acto susceptible de ser declarado nulo cuando padezca de los vicios contemplados por dicho preceptos porque si se trata de un acto que padece de los vicios considerados no transcendentes o no relevantes por el artículo 14 de la Ley, entonces no procede la declaración de su nulidad, sino la posibilidad de que recobre su validez mediante la subsanación o enmienda de su ilegalidad por la propia Administración Pública. Los supuestos de conservación tienen por objetivo privilegiar la eficacia de la actuación administrativa frente a irregularidades de los actos administrativos que la Ley estima de leves .

Por tanto, acto administrativo nulo sería aquel que padece de algunas de las causales de invalidez trascendentes o relevantes previstas por el artículo 10 de la Ley y que ha sido expresamente declarado como tal (nulo de pleno derecho dice el primer párrafo del artículo 10 de la Ley) por la autoridad administrativa o judicial competente, determinando la expulsión del acto administrativo del mundo jurídico. La nulidad de pleno derecho a que se refiere el primer párrafo del artículo 10 de la Ley requiere ser expresamente declarada por los órganos legitimados para hacerlo por tanto no opera de manera automática. En nuestro ordenamiento administrativo no es posible sostener que un acto administrativo es nulo y no surte efecto alguno por más grave que sea el vicio de que padezca, si es que no ha sido expresamente calificado como tal por la autoridad competente conforme a los procedimientos establecidos legalmente .

6. La nulidad en los procesos de selección según la normativa de contrataciones del Estado

El artículo 144 de la Ley 27444 prevé que los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales.

Precisamente, el procedimiento de selección previsto en la Ley 26850, actualmente derogada, y en la Ley 1017 “Ley de contrataciones del Estado”, actualmente vigente, constituye un procedimiento especial tal como se dispone en el artículo 5 de ésta última Ley . No obstante, a diferencia del procedimiento administrativo general, éste dispone el sometimiento a formas determinadas, etapas preclusivas así como la observancia estricta de los requisitos que deben cumplirse en cada etapa del procedimiento de selección.

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Resumen de acciones efectivas del Gobierno de Colombia en contra de la politiquería y la corrupción

De fecha: 6 de mayo de 2010

Se transcribe a continuación el informe (Se recomienda leer lo referido a la Reforma de la Contratación Pública y Gobierno electrónico y sistemas de información):

Si hay algún Gobierno que ha tenido un compromiso con la transparencia en el funcionamiento en sus instituciones, la lucha contra la politiquería y la corrupción, es este. Prueba de ello es el gran esfuerzo que se ha realizado a través de la reforma administrativa, uno de los principales legados que se le dejan a la Nación.

Temas Verticales

1. Reformas de entidades públicas:

• 465 entidades de la rama ejecutiva han sido reformadas. Hoy son más eficientes y transparentes. Además de recuperar la confianza en las instituciones, se han liberado cerca de 5.4 puntos del PIB, equivalentes a $25.4 Billones, para ser destinados a una mayor inversión social.

Sector de la salud

• Entre 2002 y 2009 se han reorganizado 244 hospitales públicos, eliminando la politiquería y la corrupción, con una inversión de la Nación de $785,8 MM.

• Se ha asegurado la sostenibilidad y permanencia de las redes departamentales de prestación de los servicios de la salud.

• Ningún hospital público ha sido cerrado.

• Las clínicas del Seguro se han transformado, pasando del desgreño administrativo a la eficiencia social.

• Se suprimió Cajanal, fortín de la politiquería tradicional; se orientó Caprecom hacia la administración del régimen subsidiado, y se creó Colpensiones, lo que permitirá una administración pulcra y eficiente de los
recursos de los pensionados.

• En 2008 se implementó la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (Pila), que ha simplificado trámites, facilitado a los empleadores cumplir sus obligaciones con la seguridad social y los parafiscales y corregido la evasión.

• Se ha integrado la Base de Datos Única de Afiliados tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, lo que ha permitido reducir las múltiples vinculaciones de afiliados en más de una EPS e inclusive de quienes se benefician de los dos regímenes.

• Se suprimió Etesa y el control de la ilegalidad en los juegos de suerte y azar lo asumirá la Dian. Asimismo la función reguladora y de concesión de juegos de suerte y azar quedará en cabeza del MinProtección quien la ejercerá bajo una perspectiva técnica y económica.

Empresas de servicios públicos:

• 39 empresas de servicios públicos domiciliarios que eran inviables, capturadas por la politiquería y mal administradas, han sido reestructuradas por el presente gobierno.

Ejemplos:

• Sector eléctrico: en 2002, el Gobierno Nacional liquidó la Electrificadora del Chocó y creó la Distribuidora de Energía del Pacífico. Sin duda, hoy los chocoanos cuentan con una mejor prestación del servicio en términos de:
resultado del ejercicio: pasó de perder -$18.452 en 2001 a tener utilidades por $6.295 en 2009; de atender 34.834 en 2001 a 57.470 en 2009. Nivel de satisfacción de los usuarios: 84%. Mejora en calidad del servicio pasando de 16 horas día en 2001 a 23.93 horas día en 2009.

• Emcali: intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios desde 2002. Antes ejecutaba proyectos inviables financieramente, cerrando cualquier posibilidad de inversión adicional en el mejoramiento de los servicios. En 2008 se logró un consenso entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía y el Concejo Municipal para el salvamento definitivo de la empresa a través de la capitalización de Termoemcali, y la vinculación de un inversionista estratégico, proceso que está en curso.

Sector de hidrocarburos

• Ecopetrol: implementó 3 reformas fundamentales en su posicionamiento actual: reforma laboral, pensional y accionaria. Dichas acciones han permitido su consolidación internacional así como la inscripción de la acción
de la compañía en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Ecopetrol le ha trasladado al Presupuesto General de la Nación 11,3 billones de pesos en el período 2008-2009.

Telecomunicaciones

• Telecom: En 2002 era inviable en el corto plazo, administrativa y operativamente, con pérdidas operaciones en el año 2002 de $471.000 millones sin registrar los niveles de inversión que demandan las empresas del sector.

• Desde el año 2004 y hasta el año 2009 se ha efectuado inversión por $2.2 billones de pesos, pasando de ingresos de $1.891 millones en el 2002 a ingresos operacionales de $2.041 millones en el 2009. Pasó de una pérdida acumulada de $1.843 millones a una utilidad acumulada, desde el 2003 hasta el 2009, de $493.000 millones.

• Hoy Telecom cuenta con un extraordinario aliando estratégico que es Telefónica de España que le ha aportado inversión, tecnología, estrategia, seguridad a sus pensionados y mejoría en la prestación del servicio para los usuarios.

2. Entidades en liquidación

• Conciente del desangre y el abuso que han significado las entidades en liquidación, nuestra reforma administrativa cuenta con una estrategia que centraliza la información, vigila la gestión y exige rendición de
cuentas de las 48 entidades cuya liquidación y supresión se ordenó por el Gobierno Nacional desde el 2002. Dicha estrategia ha permitido el cierre definitivo de 43 entidades y se estima que se ha logrado un ahorro
de aproximadamente $3 billones según cifras entregadas por los liquidadores. Es importante tener en cuenta que, si bien se han logrado ahorros importantes por menores gastos de personal, se ha respetado el puesto de trabajo al universo de trabajadores del retén social (4.085 trabajadores) lo mismo que se ha respetado el fuero sindical a todos los que gozaban de dicho derecho (1.849 Aforados ).

3. Educación

• Los profesores ya no se nombran por recomendación política. El nuevo estatuto es más exigente en requisitos, de total profesionalización, y al mismo tiempo mejor remunerados.

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el ExteriorIcetex

• Como un excelente ejemplo de la reforma de “Gobierno en Línea”, hoy todos los créditos del Icetex se solicitan a través de la página Web, lo que permite que no haya preferencia en la recepción de solicitudes ni en la adjudicación de los mismos, disminuyendo los riesgos de corrupción. Además, los créditos se otorgan teniendo en cuenta el alto mérito académico y los escasos recursos económicos.

• La legalización de los créditos se realiza en las universidades, lo que permite llegar a todos los rincones del país.

• El Gobierno pasó de otorgar 60.000 créditos en 2002 a 300.015 nuevos créditos en 2010 que se otorgarán en el mes de agosto, con un desembolso total de 2,6 billones de pesos.

4. Comunidad de Aprendizaje – Sena

• En 2002, el Sena tenía un sobredimensionamiento del número de funcionarios administrativos con respecto al número de profesores.

• Luego de un gran esfuerzo de lucha contra la politiquería en una de las entidades más sensibles del Gobierno Nacional, hoy los beneficiarios de cupos para formación del Sena se escogen por meritocracia, a través de convocatorias públicas por Internet, que tienen amplia difusión en medios de comunicación de todo el país. La entidad pasó de ofrecer 1.142.798 cupos en 2002 a 7.789.946 en 2009. la proyección son 7.857.713 cupos en 2010 privilegiando a la población más necesitada.

• La selección de Directores Regionales y Subdirectores de Centro se hace a través de procesos meritocráticos.

5. Auxilios parlamentarios y adiciones presupuestales

• Este Gobierno acabó los auxilios parlamentarios.

• En el pasado, especialmente en años electorales, se hacían adiciones presupuestales para aceitar la maquinaria de los parlamentarios y del Gobierno. Este Gobierno, con una gran responsabilidad, eliminó las
adiciones presupuestales desde 2004.

• Este Gobierno acabó los auxilios parlamentarios, como una medida para sanear costumbres políticas, lo que permitió por ejemplo asignar recursos para los Planes Departamentales de Agua.

• El Congreso con gran responsabilidad, aceptó que no hubiera auxilios parlamentarios sino una partida de 1 billón 400 mil millones, para fortalecer los planes departamentales de agua en todo el país. dándoles el mismo
tratamiento a todos.

6. Nombramientos en el exterior

• En marzo de 2005, el Presidente Uribe informó que, a partir de la fecha, el Gobierno Nacional no volvería a nombrar en cargos de la Cancillería a hijos o parientes cercanos de congresistas. Además dijo que cuando por
circunstancias de servicio público se presente una excepción sería previamente comunicada a la opinión ciudadana.

• La Cancillería Colombiana denunció a aquellos funcionarios involucrados en presuntas conductas irregulares en el trámite de la apostilla y como antídoto automatizó la apostilla pasando de un modelo manual a un sistema que
enlaza la captura de la información, el pago y el procedimiento de autenticación. Igualmente, en el mes de agosto será implementado el nuevo trámite de expedición del pasaporte de lectura mecánica, que permitirá un
proceso centralizado, mejorar los estándares de seguridad, mejorar el control migratorio y evitar la dulteración.

Temas Transversales

1. Fenecimiento de cuentas

• Después de una estrategia de Gobierno permanente se logró pasar de un 49% de entidades nacionales con cuentas fenecidas en 2003, a un 87% en 2009.

2. Meritocracia

Carrera administrativa
• Con la expedición de la Ley 909 de 2004, aproximadamente 120 mil cargos
públicos están siendo ofertados a los colombianos para que puedan ingresar al servicio público con transparencia. A hoy, han salido a concurso público y abierto cerca de 51.000 mil cargos públicos, a los que se han presentado 900.000 colombianos que han creído en la transparencia de este proceso.

Maestros

Hay 53.688 docentes y directivos docentes vinculados a la carrera docente bajo el nuevo estatuto, por concurso.
• Se estima que ingresen en el 2010 aproximadamente otros 25.000 como resultado de concurso de ingreso que acaba de finalizar y cuyo proceso de nombramientos se está ejecutando, para terminar la vigencia con cerca de
78.000 y directivos docentes.

Notarios

• El Gobierno ha nombrado en propiedad 737 notarios en todo el país por concurso. Se abrió un concurso para 134 notarías más que estaban vacantes, para un total de 871 notarios que dejará el Gobierno.

Libre nombramiento y remoción Directiva presidencial 10 de 2002:

Establece que el ingreso a los cargos de libre nombramiento y remoción de las entidades nacionales a nivel de directores técnicos, directores de control interno, directores de programas, directores regionales, profesionales y asesores, se haría a través de concursos de méritos, política sin antecedentes en nuestro país.

• Se han ofertado 1.368 cargos, evaluando más de 6.000 candidatos, generando para el Estado un ahorro aproximado en 10.000 millones de pesos.

Vinculación de personal

Directiva Presidencial 03: toda designación en empleos de libre nombramiento y remoción, así como los contratos de asesoría y consultoría, deberán estar precedida de la publicación de la hoja de vida de las
personas que vayan a ser nombradas, en la página Web de la entidad correspondiente y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, durante 3 días.

Calidad

• Hoy tenemos 254 entidades nacionales y territoriales con certificados de calidad, de esas 116 son nacionales y 148 territoriales. Entre ellas, la Policía Nacional, el Comando General de la Fuerzas Militares, ministerios de
Educación, Cultura, Agricultura, Minas, Defensa, Ambiente, Interior y Justicia, Dane, DNP, Dapre y Sena, entre otros.

3. Política antitrámites y gobierno en línea

• Entre 2002 y 2009 se han racionalizado 612 trámites de entidades nacionales, entre ellos el certificado judicial en línea, número único de identificación personal, Muisca, Pila, Formulario único territorial.

• La Ley Antitrámites ha sido un factor importante en el ranking del Doing business del Banco Mundial, donde Colombia pasó del puesto 83 en el 2008 al puesto 37 en el 2010, convirtiéndonos en el primer país reformador de
América Latina.

4. Reforma a la contratación pública

Ley de contratación (1150/07)

• Incrementa la objetividad y la transparencia en la selección de contratistas para no contratar “a dedo” en las entidades públicas, con herramientas como la publicación de prepliegos, lo que permite análisis crítico de la
ciudadanía, y que posteriormente se publique el pliego de condiciones.

• Se introducen las audiencias públicas en los procesos de licitación, lo que garantiza mayor control de cara a la ciudadanía.

• Permite el uso de herramientas que garantizan el incremento de los ahorros en contratación pública: se han realizado más de 7.500 subastas que buscan encontrar el precio más bajo para el bien o servicio que la
entidad pública quiere adquirir, con ahorros estimados del 17%, aproximadamente 150 mil millones de pesos, hasta 2009.

• El Ministerio de defensa, en un gran esfuerzo de transparencia y control de su contratación, implementó la política de adquisición conjunta a través de la contratación centralizada lo que ha permitido la obtención de ahorros por generación de economías de escala.

• Desde el 2007, el Ministerio de Defensa cuenta con 3 instancias -adicionales a las establecidas en la ley de contratación- en donde se discuten y aprueban los proyectos de inversión financiados con recursos extraordinarios, lo cual permite una mayor transparencia y seguridad en la toma de decisiones.

Sistemas de información de contratación pública

• Se diseñó e implementó el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), para el manejo integral del proceso de contratación. Este sistema ha tenido un promedio mensual de 337.701 visitas y ha publicado cerca de
80.000 procesos de selección, por una cuantía cercana a los 19 billones de pesos

• Se fortaleció el Portal Único de Contratación (PUC), que a diciembre de 2009 había publicado 98.531 procesos de contratación de 2.318 entidades registradas.

5. Gobierno electrónico y sistemas de información:

• A enero 2010, Colombia es el Nº 1 en gobierno electrónico en América Latina y el Caribe (entre 33 países) y N° 31 en el mundo (entre 192 países). En 2003, N° 7 en América Latina y el Caribe y N° 57 en el mundo.

• A enero 2010, N° 1 en participación electrónica en América Latina y el Caribe y N° 26 en el mundo. En 2003, N° 12 en América Latina y el Caribe y N° 56 en el mundo.

• A enero 2010, N° 1 en América Latina y el Caribe y Nº 9 en el mundo, en la oferta de servicios de Gobierno en línea. En 2003, N° 10 en América Latina y el Caribe y N° 54 en el mundo (Fuente: Reporte Global de Gobierno
Electrónico de Naciones Unidas 2010)

• 100% de las Alcaldías con sitio Web desde 2006.

• El Portal del Estado Colombiano, www.gobiernoenlinea.gov.co , es el punto de acceso integrado enlazando alrededor de 3.000 sitios Web e información de 3.000 trámites y servicios, con un incremento del 522% en su uso (de 142.594 visitas en ene/2007 a 743.761 en ene/2010).

• Incremento del 642% en los trámites y servicios totalmente en línea (de 73 en oct/2007 a 542 en mar/2010) en el gobierno nacional central. Los tres principales son:

o Ventanilla Única de Comercio Exterior
o Certificado Judicial en línea (DAS)
o Solicitud de créditos educativos ante el ICETEX

6. Reforma a la gestión productiva de activos inmuebles

• Ha permitido obtener mayor información, control y transparencia, al disminuir las posibilidades de corrupción y desgreño administrativo.

• Se implementó el Sistema de Gestión de Activos (Siga), que se encuentra en funcionamiento, vía Web, en 171 entidades y que cuenta con información de 17.605 bienes inmuebles. Hoy un ciudadano puede saber cuántos bienes tienen las entidades públicas y cuáles son.

• Se expidieron decretos que facilitaron la gestión productiva de los bienes de propiedad de las entidades públicas que no se requieran, bajando los gastos de mantenimiento y administración. Con ello, se ha ahorrado y generado ingresos por un valor de 1,17 billones de pesos.

• Se creó la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como filial de la Central de Inversiones (Cisa), para garantizar mayor transparencia y eficiencia en la administración de los bienes confiscados al narcotráfico y sometidos a un proceso de extinción de dominio. A hoy, SAE ha recibido de la Dirección Nacional de Estupefacientes 1.651 inmuebles que administra en relación directa con los inmobiliarios, reduciendo los costos de intermediación y haciendo más eficiente la gestión de los mismos y su comercialización.

7. Reforma de Gestión por Resultados

• El Gobierno Nacional fortaleció el Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno –Sigob-, lo que permite que la ciudadanía ejerza control sobre la gestión pública de forma abierta, transparente y eficiente, y se maximice la utilización de los recursos públicos. Hay 624 indicadores incluidos en el Sigob, que monitorean 307 programas de 55 entidades.

• El seguimiento continuo a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de las metas del Gobierno Nacional a través de más de 280 Consejos Comunales, es un instrumento de control social que disminuye la probabilidad de
corrupción y aumenta la transparencia y la oportunidad de la acción pública.

8. Programa Presidencial contra la Corrupción Auditorías e Interventorías Visibles:

• 1.8 billones de pesos aproximadamente blindados, desde 2008 a la fecha, a través de la vigilancia de la ejecución de los contratos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas o con servicios de agua, alcantarillado, vías, educación, entre otros, por parte de sus beneficiarios.

Políticas

• 118 actos administrativos de políticas adoptadas desde 2008 por gobernadores, alcaldías, concejos y asambleas para garantizar la visibilidad, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Pactos por la Transparencia

• 217 Pactos por la Transparencia y Buen Gobierno suscritos por gobernadores, alcaldes y directores de corporaciones autónomas durante los últimos tres años.

Denuncias

• En 2009 se recibieron y tramitaron 5334 denuncias sobre presuntos actos de corrupción, de 10716 comunicaciones radicadas en el PPLCC. En los tres primeros meses de 2010, se recibieron y se tramitan 1351 denuncias.

Acuerdos de Autorregulación-Sector privado

Estos acuerdos tienen como objetivo comprometer al sector privado en la creación y en la implementación de prácticas probas; a no dar, recibir u ofrecer sobornos ni cualquier otro tipo de dádivas indebidas; y a no tolerar comportamientos corruptos en el desarrollo de sus negocios.

• Hasta la fecha se han firmado 4 Acuerdos de Autorregulación (con Acodal, Analfe, Gestarsalud Y Afrido). En este momento se promueven otros siete con igual número de gremios.

Página web: http://web.presidencia.gov.co Sigue leyendo

Comunicación ambiental sin emociones. ¿Qué mal lo hemos hecho!

Un artículo, muy interesante, que nos debe llevar a reflexionar en torno a los asuntos medioambientales.

Joaquim Braulio
Julio 07, 2010 05:00

Después de cuarenta años trabajando como comunicador, y diez dedicado al Medio Ambiente haciendo campañas de concienciación y sensibilización ambiental, desarrollando estrategias de educación dentro del marco de las Agendas 21 Locales y Escolares, me doy cuenta que no hemos sabido comunicar. Nos hemos limitado a INFORMAR pero no hemos sabido transmitir EMOCIONES y ahora a estas alturas del partido nos damos cuenta que la parte de la sociedad realmente concienciada y motivada por una conducta ambientalmente correcta es mínima.

Si cogemos aquellos niños del año 1997, cuando se iniciaban las Agendas 21 escolares y que tenían 12 años y les informábamos enseñándoles como reciclar y como respetar el entorno no gastando agua y cerrando el grifo cuando nos lavábamos los dientes o no tirando el aceite al fregadero, y hoy después de 13 años, o sea que ahora tienen 25, descubriremos que más de un 60 por ciento se han quedado por el camino y no siguen lo que les enseñamos.

Os preguntareis ¿por qué?, muy fácil, pues porqué no lo hicimos generando las emociones ambientales necesarias para que entendieran que el PLANETA ERAN ELLOS.
Porque les hemos explicado pero no les hemos hecho partícipes. Porque lo hemos explicado a medias y les intentábamos sensibilizar con la boca pequeña, y mientras, las Grandes Marcas trabajaban con investigadores sociales, psicólogos que descubrían sensaciones y generaban emociones y expectativas, haciendo del producto de consumo un rico manjar y gran objetivo a conseguir,“…esto sí que es bonito y no esa mierda de salvar el Planeta”.

Pues bien, hoy la necesidad aprieta y no estamos para tonterías y banalidades, o nos mojamos todos o esto ya casi se ha hundido.

Debemos ser realistas y enfocar nuestras actitudes, hábitos y costumbres hacia un modelo más racional de consumo menos escandaloso y mucho más sostenible. Hoy debemos entrar en un nuevo paradigma y debemos hacerlo a partir de las conductas éticas pero generando la emoción desde la ECOLOGIA pero no simplemente desde la óptica de la naturaleza y del medio ambiente si no considerando la ECOLOGIA como la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución y abundancia, y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su entorno y ambiente, o sea que la relación entre trabajadores y empresa forma parte de la Ecología Empresarial.

Comuniquemos y estudiemos como hacernos vibrar ante la posibilidad que vamos a ser los protagonistas de la NUEVA AVENTURA de cambiar nuestro sistema económico, social y ambiental…pero emocionémonos haciéndolo, que entonces será cuando realmente nos lo creamos.

Joaquim Braulio Mayals
JMCDCxS (Baluarte Internacional)
Comunicación para la Sostenibilidad

En: www.crisiseconomica2010.com
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¿Cómo Petrobas se volvió verde?

En: Harvard Business Review (Edición América Latina)
Año: 2009, Vol.: 87, Número: 3

Hace ocho años, el gigante de la energía Petrobas era conocido por su espantoso historial ambiental. Hoy la empresa más grande de Brasil es un paladín de la sustentabilidad en su país.

¿Cómo puede Petrobas, una enorme empresa cuya actividad principal es la extracción petrolera a mar abierto, evangelizar sobre la protección del medioambiente? Sé que puede sonar descabellado, especialmente porque hasta no hace mucho Petrobas apareció en los titulares informativos con una seguidilla de desastres ambientales.

En enero de 2000, una filtración en un oleoducto corroído derramó 1.300.000 litros de crudo en la bahía de Guanabara, un destino turístico, comunidad de pescadores y hábitat para la vida silvestre cerca de Río de Janeiro, que ya había sufrido un derrame de Petrobas en 1997. Puesto que el ducto no contaba con sensores modernos, el petróleo se derramó durante dos horas antes de que se detectara la filtración. Fuimos multados por más de US$ 25 millones.

Los grupos ambientalistas estaban furiosos. Los pescadores locales protestaron fuera de nuestra casa matriz, aquí en Río, y activistas de Greenpeace se encadenaron a las rejas de nuestro edificio y dejaron aves muertas y cubiertas de petróleo en la entrada. Luego, justo seis meses después, tuvimos una filtración aun mayor en una refinería cerca de Curitiba: se derramaron 3.700.000 litros de petróleo en dos ríos. Nuevamente fuimos criticados por tener tecnología obsoleta para detectar fugas, y por contar con planes inadecuados para emergencias y asignar personal, y fuimos multados con US$ 115 millones.

Esos accidentes, junto con otros de ese año, generaron bastante mala prensa, incluyendo el despectivo comentario de la BBC que decía Petrobas mostró “un nivel vergonzoso de incompetencia”. Los incidentes fueron devastadores en lo ambiental, alarmantes para nuestros inversionistas, dañinos para nuestras utilidades, malos para la imagen de la empresa y desmoralizantes para nuestros empleados y para todos los brasileños.

Creíamos haber pasado lo peor, pero ese periodo desastroso fue coronado por el hundimiento de nuestra plataforma petrolera P-36 en marzo de 2001. Esa estructura de US$ 350 millones era la plataforma flotante de producción más grande del mundo, y era un símbolo de nuestras ambiciones y capacidades técnicas, y de las de Brasil. Dos explosiones en la plataforma causaron la muerte de 11 empleados, y después de varios días e hundió, derramando más de 1.100.000 litros de petróleo.

Eso era antes.

Hace 8 años que no tenemos un accidente importante, y hoy somos reconocidos como un líder global en prácticas de sustentabilidad. Somos miembros del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y del Pacto Mundial de Naciones Unidas, un programa de políticas sociales y ambientales, cuyo consejo integro. Estamos listados en el índice de Sustentabilidad de Dow Jones, nuestro informe social y ambiental recibió recientemente la máxima calificación en transparencia otorgada por la Global Reporting Initiative, y este año la firma de investigación y calificación Management & Excellence nos colocó en el primer lugar entre las empresas petroleras y de gas de todo el mundo en términos de sustentabilidad.

Hay una metáfora en los negocios sobre cambiar el rumbo del buque cisterna. Nosotros lo hicimos en una empresa petrolera completa.

Fijar la meta

Desde su fundación como una empresa estatal en 1953, Petrobas ha estado profundamente conectada con el desarrollo de Brasil, y nuestra cultura como empresa está entrelazada con nuestros valores nacionales. Hablando en general, la cultura de Brasil es menos individualista y más social en apariencia que las culturas de mucho países occidentales. Ese sentimiento brasileño de sentirse parte de algo más grande anima a la empresa, y ha sido reforzado con nuestro esfuerzos por superar desafíos enormes. Yo no inventé ese espíritu, pero como CEO soy su guardián.

Cuando asumí el puesto de CEO en 2005, estábamos saliendo de un tumultuoso periodo de transición. A fines de los años 90 la empresa empezó su transformación desde ser una empresa estatal, con un monopolio nacional en la exploración y producción de petróleo, a ser una entidad gubernamental con 60% de su capital propio siendo transado en Bovespa y en New York Stock Exchange, y en un mercado completamente abierto a los competidores externos. Petrobas estaba enfrentando nuevas presiones competitivas, nuevos stakeholders y un nuevo énfasis en las utilidades y el crecimiento. Durante los últimos diez años hemos duplicado la producción de petróleo, aumentando las reservas en más de 75% y expandido nuestras operaciones a 27 países. Los derrames y el desastre de la plataforma golpearon a la empresa cuando estábamos acelerando nuestro crecimiento.

En respuesta a los derrames de la bahía de Guanabara y Curitiba, Philippe Reichstul, quien fue CEO entre 1999 y 2001, creó un puesto con rango de director para salud, seguridad y medioambiente, y lanzó el Programa de Excelencia en la Gestión Ambiental y Seguridad Ocupacional. PEGASO, como lo llamamos, era una iniciativa de US$ 4.000 millones que incluía más de cuatro mil proyectos separados diseñados para prevenir accidentes.

Era el mayor programa de seguridad operacional y medioambiental que se había lanzado en Brasil. Pero PEGASO no era sólo un programa de gestión de riesgo. Era una pieza dentro de una nueva estrategia para revertir nuestra mala reputación y convertirnos en un ejemplo para nuestro sector en desempeño medioambiental.

Ésa era una meta muy ambiciosa, dada nuestra historia reciente.

Ingresé a Petrobas como director de Finanzas y relaciones con los inversionistas en 2003, cuando las iniciativas sociales y medioambientales de la empresa se estaban expandiendo agresivamente bajo la dirección de mi predecesor, José Eduardo Dutra. Yo estaba absolutamente consciente de su importancia. Desde la perspectiva netamente financiera, la mala gestión medioambiental era solamente un mal negocio. Desde la perspectiva de las relaciones con los inversionistas, ignorar la creciente demanda por transparencia y sustentabilidad también era claramente un mal negocio. Y desde una perspectiva personal, las nuevas estrategias de sustentabilidad de la empresa reflejaban mis creencias, forjadas en mi pasado político y académico.

A fines de los años 60, fui un prominente activista en el movimiento estudiantil que desafió a la dictadura militar en Brasil; al menos lo suficientemente prominente para que el Ejército me encarcelara en 1970. Después de ser liberado, me acerqué a un grupo de intelectuales, académicos y líderes sindicales – entre ellos Luiz Inácio Lula Silva (el actual presidente de Brasil)-, y en 1980 ayudé a formar el Partido de los Trabajadores. Ciertamente que mi orientación política progresista y de izquierda influye en los que pienso sobre el rol que debe tener Petrobas en Brasil y en el mundo, y en términos más amplios, sobre la manera en que veo la legitimidad de las empresas, la licencia que la sociedad les da para operar. Mi trabajo académico también ha reflejado esta orientación social.

Actualmente soy profesor titular de la Universidad Federal de Bahía. Obtuve mi doctorado en economía en Boston University en 1987 y seguí hasta convertirme en director de la Facultad de Economía de la Universidad de Bahía. Mis investigaciones, publicaciones y mis clases, que siempre se han enfocado en la macroeconomía, mercados de trabajo y desarrollo regional, cristalizaron mis ideas sobre la responsabilidad y el poder de las empresas para impulsar el desarrollo social. La empresa privada, por cierto, es responsable ante los accionistas, pero apoyar objetivos de sustentabilidad no se contrapone con esto. Es un complemento, y es necesario.

Mejorar el desempeño de la empresa

Como CEO, me aproximo a los temas de desempeño ambiental de tres maneras bastante amplias: mejorando nuestra propia cultura y operaciones, influyendo – y sí, presionando – a las empresas con las cuales hacemos negocios, e impulsando el desarrollo de energía renovable.

Nuestro programa de salud, seguridad y medioambiente (HSE, por sus siglas en inglés) está en el centro de nuestra estrategia interna. Es una operación enorme; este año invertimos US$ 2.500 millones de HSE. El programa está construido sobre un conjunto de directrices respecto del desempeño requerido en 15 áreas, como liderazgo, cumplimiento de las regulaciones, evaluación y gestión del riesgo, capacitación y análisis de accidentes; directrices que deberían ser familiares para todas las grandes empresas.

Entre ellas está que los ejecutivos de Petrobas lideren con el ejemplo, que evalúen el impacto ambiental de las actividades en curso de la empresa, y que implementen programas que promuevan una conducta medioambiental dentro y fuera de la empresa. Una de nuestras metas, la que estamos a punto de alcanzar, es certificar que todas nuestras unidades cumplan con los estándares internacionales de salud, seguridad y medioambiente, incluyendo el estándar de mejores prácticas para la gestión medioambiental. ISO 14001. Tener esta certificación envía un mensaje sobre nuestra seriedad y competencia, lo que es crucial si queremos influir en nuestros socios.

El cumplimiento del HSE puede sonar seco y técnico, y tal vez sólo como de responsabilidad de los ejecutivos de nivel medio. Y si los ejecutivos son los que ejecutan buena parte de esto. Pero la política del HSE es un componente explícito de nuestro plan estratégico.

Llevo el diálogo sobre esta política directo al consejo, y junto con mis seis colegas del comité ejecutivo, revisamos y aprobamos las directrices.

Mis altos ejecutivos y yo estamos visiblemente comprometidos con esta política. Por ejemplo, nos hemos unido a los equipos que hacen auditoría al cumplimiento del HSE en nuestras unidades de negocios y servicios, y en los proyectos nuevos. Ejecutivos de todos los niveles han participado en más de mil auditorías, viajando a terreno a visitar refinerías, plataformas en mar abierto y oleoductos. Yo mismo o algún director de Petrobas nos hemos unido a 28 de estas visitas. Cuando me bajo del helicóptero en una plataforma en mar abierto, es como si un general visitara las barracas para hacer la inspección matutina. Pero los empleados saben que estoy ahí porque me importa lo que hacen, no para sorprenderlos en una falta. Que impulsa el cambio cultural en las operaciones cotidianas.

Como saben todos los CEO, no es fácil lograr el equilibrio perfecto entre formalidad e informalidad. Yo soy por naturaleza una personal informal. Prefiero los restaurantes simples y baratos donde va la gente. Trabajo con jeans los días viernes y suelo usar mi credencial de identificación, como todos los empleados. Creo que ese estilo ayuda a comunicarse con los empleados de todos los niveles. Es auténtico, y ellos lo saben. Pero ser ocasionalmente informal no significa que sea blando con las personas. Tengo expectativas altas y lo digo claramente. En las reuniones con mi equipo de altos ejecutivos hago un montón de preguntas, y ellos saben que más les vale estar preparados para el tema, porque yo sí lo estaré. Si alguien me presenta un problema, quiero escuchar soluciones, y que sean breves. Mis presentaciones en Power Point no duran más de 20 minutos y espero que los demás sean igual de eficientes. Creo que la gente diría que tengo un estilo de liderazgo colegiado, trabajo con altos ejecutivos en vez de dirigirlos. Pero cuando pienso que el enfoque de comando y control es el adecuado, lo ocupo. Por ejemplo, recientemente tuvimos que enviar a un representante de la dirección de Petrobas ante una reunión potencialmente hostil de un sindicato del sector petrolero. Pudimos haber enviado al director de RH o a otro ejecutivo, pero pensé que el sindicato necesitaba escucharme a mí directamente. Así que fui.

Elevar la vara en el exterior

Las empresas compiten agresivamente por nuestros contratos porque somos una de las empresas más grandes de la región. Le damos preferencia al mercado doméstico porque, aunque somos una empresa casi pública, todavía tenemos un celo nacionalista sobre el desarrollo de Brasil. En 2007, 70% de los US$ 40.000 millones que gastamos en bienes y servicios fueron a parar a cerca de cuatro mil proveedores domésticos.

Ahora, cualquier empresa exigirá que sus proveedores y contratistas cumplan con los requerimientos legales, financieros y técnicos. Pero, como otras empresas en otras partes, los proveedores brasileños suelen no superar los requerimientos legales mínimos a menos que tengan incentivos claros para hacerlo. Dado nuestro poder e influencia, nos dimos cuenta de que podíamos promover un mejor desempeño social y medioambiental en las empresas de todo Brasil haciendo negocios con los que se desempeñan mejor.

Para ese fin, después de que ingresamos al Pacto Mundial (Global Compact) en 2003, lanzamos Progefe, un programa que alienta a proveedores y otros socios para que adopten los diez principios del Pacto. El programa también obliga a los proveedores a esforzarse por llegar a nuestro nivel de HSE y de desempeño en responsabilidad social.

Para motivarlos, diseñamos un sistema de puntuación para medir y monitorear su adhesión a los estándares de salud, seguridad y ambientales, clasificarlos de acuerdo con la madurez de sus sistemas de HSE. Los proveedores deben registrarse en una base de datos y completar la autoevaluación estandarizada del desempeño social y medioambiental. Luego tienen que pasar por nuestra propia evaluación, lo que implica una evaluación en terreno para los proveedores de servicios clave. Solemos negar contratos a quienes tienen malos puntajes, pero ellos pueden hacer cambios para mejorar su calificación e intentarlo de nuevo. Dada la feroz rivalidad por ganar nuestros contratos, nuestros proveedores tienden a intentar mejorar su calificación e intentarlo de nuevo. Dada la feroz rivalidad por ganar nuestros contratos, nuestros proveedores tienden a intentar mejorar continuamente en HSE para superar a sus competidores. Y debido a esta presión, el número de nuestros proveedores con certificaciones ambientales ISO creció de 30 a 600 en los últimos cuatro años. Es un gran progreso, pero me gustaría que todos nuestros proveedores llegaran a ese nivel.

Liderar el cambio

Mejorar las operaciones las nuestras y las de otros sólo hace una parte en la reducción del impacto ambiental. Estoy muy consciente de que incluso si no tenemos accidentes y minimizamos el impacto de la construcción y operación de nuestros oleoductos, plataformas y pozos, nuestros productos lanzan mucho carbono a la atmósfera cuando la gente los usa. No vamos a dejar de producir petróleo. Nuestro plan a largo plazo es convertirnos en una de las cinco empresas de energía integrada más grandes del mundo. Con el reciente descubrimiento del yacimiento petrolero de Tupi, que agrega entre 5.000 millones y 8.000 millones de barriles a nuestras reservas, esperamos casi duplicar la producción a 3.5 millones de barriles diarios en 2012, lo que nos pone al mismo nivel de Exxon.

Pero el petróleo es un recurso finito. La energía renovable no reemplazará a los combustibles fósiles en lo inmediato, pero será una parte cada vez mayor de la oferta enérgica mundial y será crucial en los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono. A medida que cambie la combinación de combustibles que mueven al mundo espero que Petrobas impulse ese cambio, y no que reaccione ante él.

Convertirnos en líderes mundiales en biocombustibles es una parte explícita de nuestra estrategia. Entre hoy y 2012 hemos asignado US$ 1.500 millones para el desarrollo de biocombustibles. Es una de las principales prioridades de nuestro centro de investigación y desarrollo CENPES, el que si bien ya es la instalación de I&D más grande en Sudamérica, está viviendo una expansión importante. Entre los proyectos que impulsaremos está el desarrollo de los biocombustibles de segunda generación, como el etanol de los desechos agroindustriales, en Brasil. En 2007 lanzamos la primera planta piloto para producir etanol a partir de la lignocelulosa usando tecnología enzimática. También estamos trabajando en varias formas de hacer que los combustibles existentes sean quemados de una manera más limpia.

Como académico, tengo un afecto especial por este centro porque logran un gran equilibrio entre la investigación básica y la aplicada, algo que siempre trato de hacer como economista. CENPES es como la Escuela de Sagres, que según la leyenda fue fundada en el siglo 15 por el príncipe explorador portugués Enrique el Navegante para enseñar el arte de la vela y la navegación. Sagres combina la experiencia operacional de los navegantes con el conocimiento de los académicos y con los sueños de los cartográficos, al igual que CENPES junta el conocimiento práctico y académico con el pensamiento innovador y explorador. Sin embargo, a diferencia de Sagres, CENPEs está en el centro de una red de investigación que se extiende por todo Brasil y el resto del mundo. Estoy seguro de que el príncipe Enrique había creado una red asó de haber podido. Tenemos contratos para realizar proyectos conjuntos, investigación e intercambios de tecnología con 170 universidades y centros de investigación brasileños y con más de 70 instituciones internacionales. Esta es otra forma en que Petrobas funciona como un motor del cambio en Brasil, empujando a sus socios a desarrollar sus capacidades de I&D de la misma manera en que los impulsamos a mejorar su desempeño social y medioambiental.

Invertir sabiamente

Me he ocupado aquí de contar nuestras iniciativas medioambientales porque el arco del relato es muy claro: desde las catástrofes a comienzos de la década a nuestra recuperación y a nuestro liderazgo actual. Pero en realidad nosotros no tenemos la preocupación por el medioambiente relegada en un comportamiento; y creo que cualquier empresa que hiciera eso cometería un gran error. Forma parte de nuestra estrategia más amplia de RSC y de que sustentabilidad, lo que incluye un buen gobierno corporativo, transparencia e inversiones en desarrollo social, especialmente en Brasil.

La crisis económica nos obligará a reevaluar cómo asignamos el capital, desde luego en el corto plazo. Es probable que debamos reducir temporalmente nuestro gasto en inversiones en nuestras líneas de negocios, hasta que se recuperen los mercados de capitales y el precio del petróleo. Pero a medida que priorizamos nuestras inversiones de capital, protegeré los presupuestos necesarios para cumplir con nuestras metas medioambientales y seguiré impulsando nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, liderando con el ejemplo. Es lo menos que pueden esperar nuestros accionistas y la sociedad.
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