Hace dos días (miércoles 8 de noviembre de 2017) la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el cual llama severamente la atención al Congreso de la República ante el debate existente  que aprueba un proyecto de Ley, que estaría vaciando de contenido todo el texto normativo de la Ley 30021, más conocida como Ley de la comida saludable, en la cual, el Estado peruano había asumido ya una postura y había determinado con solvencia una política pública de defensa del consumidor sobre la base de la protección del derecho a la salud y la alimentación saludable, sobretodo enfocándose en los niños, niñas y adolescentes, que son el grupo más vulnerable de nuestra sociedad.

La Defensoría con este aviso  claramente a favor de la alimentación saludable para los peruanos, evidencia una marcada línea de trabajo en pro de la defensa de las personas en el mercado,  que como consumidores somos un grupo vulnerable frente a los embates del mercado, porque si hay un lugar donde las personas pueden viabilizar y materializar sus derechos humanos, es el mercado, porque es en este mercado donde ejercemos nuestros derechos a la salud, seguridad, educación, alimentación, entre otros; así, en línea con el mandato político constitucionalmente establecido; y, como el órgano técnico especializado en brindar garantías a los ciudadanos y velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, la Defensoría cumple su rol fundamental protegiendo a los consumidores y alzando su voz contra estipulaciones que perjudiquen a toda la población.

Asimismo, en el comunicado, la Defensoría empieza mencionando: “el artículo 65 de la Constitución constituye la piedra angular del sistema de protección de las personas en el mercado.” En efecto, la Defensoría cuenta con mucha razón, toda vez que en el año 1993, cuando se debatió en el Congreso de la República esta estructura normativa de la Constitución, tal como lo señalo en mi libro Tratado de Derecho del Consumidor (2007: 126), el congresista Torres y Torres Lara, pone por primera vez, como centro de referencia del sistema de economía de mercado a la persona humana. [1]

Sin duda alguna, este es un tema muy interesante y es correcto hacer docencia sobre ello, para que los lectores conozcan cómo se estructuró la Constitución, porque cuando se llega al capítulo del régimen económico, desde el artículo 58 al 65, y si bien es cierto el artículo 65 es el último, pero no el menos importante, porque es ahí donde aterriza todo el tema que involucra la  economía de mercado: libre competencia, competencia desleal, libertad de contratación, libertad contractual, libertad de empresa, entre otros.

Todas las categorías conceptuales iuseconómicas incorporadas en la Constitución, tienen como referencia la persona humana, y es en esta en la cual se van a materializar todo tipo de política pública de carácter económico. Por ejemplo, cuando hablamos de libre competencia, se prevé la sanción al abuso de posición de dominio en el mercado con el objetivo de lograr el bienestar de los consumidores; cuando se sanciona la competencia desleal y se defiende la buena fe mercantil, es también en beneficio de los consumidores para que no seamos engañados y manipulados; cuando se establece políticas de libertad de contratación, también se hace pensando en los derechos de libertad de la persona humana.

El Congresista de aquel entonces, el Dr. Torres y Torres Lara con mucho criterio marcó la pauta para poner en el Centro de referencia a la persona humana como parte de la estructura económica y de mercado del país. A veces esto no se entiende, es por eso que la Defensoría, al partir su comunicado del artículo 65 de la Constitución, está siendo pionera, y sobretodo, está haciendo docencia para que la gente conozca, porque quizá no conozcamos cual es la razón de ser del sistema de economía del mercado.

En el comunicado también podemos observar que la Defensoría respalda la efectividad del Sistema de Rombos por sobre las Guías Diarias de Alimentación (GDA) que conjuntamente con los Valores Diarios Recomendados ( VDR), son creaciones de la industria, que si bien es cierto pueden contener información importante, son muy complejas porque necesitan de una interpretación y de un conocimiento previo de la persona para que pueda entender, interpretar y valorar todo lo que dice ese etiquetado, además que generalmente están  en letras muy pequeñas que son de difícil entendimiento y lectura.

Por otro lado, tenemos el Sistema de Rombos, que es un sistema que ya usan algunos países, es un sistema de advertencias que repercuten mejor en la conciencia de las personas porque son más directos y frontales, aportando lo que se considera en publicidad como el mensaje residual, es decir, las personas observan el mensaje y advierten de inmediato si el producto tiene alto contenido en azúcares, grasas o sodio.

Todo esto no quiere decir que la industria va a dejar de producir y el consumidor tampoco va a dejar de consumir. El único efecto que tiene es dejar que cada persona asuma su riesgo, comprando o no ese producto alto en grasas o azucares.

Cuando en materia de protección al consumidor se habla que el consumidor tiene un derecho a la información, ¿a qué tipo de información se refiere? Obviamente a aquella información que la doctrina ha considerado como relevante, entendiendo esta como aquella que le permite al consumidor tomar la decisión de consumo adecuada y eficiente, pero el tema aquí, es que el suministro de la información, es decir, la forma cómo el proveedor te traslada la información, tiene que ser una forma sencilla, que no necesite de un ejercicio adicional de interpretación, estudio o análisis de esa información, porque se tiene que dar todas las facilidades al consumidor.

Recordemos que estamos en el Perú, donde el consumidor es promedio, de nivel medio de cultura, no somos una sociedad homogénea desde el punto de vista cultural, social, económico. El mercado peruano tiene consumidores con una capacidad crítica muy baja en muchos casos y este punto tiene que observarse siempre.

Si bien es cierto,  hay que promover una cultura de consumo responsable, parte de la promoción de una cultura responsable del Estado es promover estructuras normativas que garanticen los derechos de las personas en el mercado.

Quizá no se ha analizado el tema, pero es una oportunidad para promover una cultura de consumo responsable en el país, para promover las prácticas de buen gobierno corporativo y de responsabilidad social empresarial. Este es el mejor momento para que se demuestre que Estado y empresa pueden tener una fórmula conciliatoria que permita beneficiar los derechos de las personas en el  mercado. Además, cabe señalar que  la transparencia en las relaciones de mercado genera competitividad.

Asimismo, tenemos que estar a la altura de los tiempos, no podemos dar la espalda a lo que ha dicho la comunidad científica, también el Ministro de Salud ha defendido su propuesta, porque no hay que olvidar que el propio Estado a través del Ministerio de Salud, evaluó, estudió y propuso al reglamentar la Ley de comida saludable estructurar el Sistema de los Rombos. Ya existe una línea marcada, un camino que el Estado propuso seguir, y que sin embargo, hoy día se quiere ir a contracorriente con un proyecto de Ley.

Es por estas razones que el pronunciamiento de la Defensoría ha sido bastante enfático, y el de otras instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico del Perú, o reconocidos especialistas médicos como Helmer Huerta y Raúl Gonzáles.

Finalmente, el Estado tiene que dar imágenes y motivaciones nuevas a la sociedad, tiene que realizar actos que cierren esa brecha de desconfiabilidad que la gente tiene con el Estado. Debemos aprender a construir un Estado mucho más confiable y eso se hace a partir de la transparencia, postulados políticos y normativos que tengan en cuenta la opinión de la gente; ya un 96% de ciudadanos está de acuerdo con el sistema de advertencias publicitarias, según señala DATUM.

No se puede ir a contracorriente de lo que la gente siente, piensa y quiere. Es un momento donde se puede mostrar madurez política, y dar un mensaje de confiabilidad ciudadana en nuestro sistema. Nuestro momento como país, es ahora.

[1] DURAND, Julio. (2007). Tratado de Derecho del Consumidor. Fondo Editorial USMP. Lima, Perú.

La multinacional PRIMA AFP, uno de los mayores inversionistas en nuestro país, se ha mostrado a favor de incluir en el rubro de sus inversiones los temas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, según lo anunciado por sus principales líderes empresariales en una conferencia llevada a cabo la semana pasada.

Sin duda alguna es una buena iniciativa que debe ser compartida y difundida hacia las demás empresas o grupos empresariales, que pueden aumentar su rentabilidad a través, de programas de contenido social y obras públicas, como el de Obras por Impuestos, que consiste en la realización de una obra pública a cambio de la exoneración o graduación de los impuestos que pagaría la empresa privada, quien se encargará no solo de desarrollar el proyecto, sino de ofrecerle sostenibilidad.

Renzo Ricci, CEO de PRIMA AFP, menciona que su empresa “considera que la educación es uno de los principales pilares para el crecimiento del país y de nuestra sociedad”, de esta manera PRIMA AFP se encuentra ejecutando un proyecto de mejoramiento integral para una Institución Educativa en el departamento de Cusco.

Nosotros siempre hemos sostenido que la educación es el pilar de desarrollo de los pueblos, y la tarea no solo deberá ser la educación escolar, sino en el mismo sector financiero se pueden establecer programas de educación financiera para nuevos consumidores, que a su vez, facilite la inserción e inclusión de nuevos clientes y extienda una cultura financiera a lo largo del Perú.

Este es solo un ejemplo. Todas las empresas pueden extender su alcance social a través de obras públicas en el sector donde realizan su actividad económica. Lo que se busca es que todos podamos ganar, las empresas generarán mayor rentabilidad pero colaborando con el entorno y la sociedad. Asimismo, a corto y mediano plazo sea cual fuere la obra ejecutada, el beneficio está asegurado: si es en el ámbito de la educación, pues se observará consumidores más educados que eviten problemas con las empresas y servicios que prestan, que tengan las reglas de juego claras y permitan el correcto desenvolviendo de las transacciones comerciales; o, si es en el ámbito de la construcción de infraestructura, pues parte de ella puede llevar publicidad de la empresa, configurando en la mente de los consumidores como una marca líder en calidad y también en alcance social.

Como dice Leslie Pierce, ex CEO de Alicorp, es: “importante devolver a la sociedad lo que hemos recibido de ella.” La oportunidad para las empresas se visualiza mejor que nunca para consolidarse como agentes no solo económicos, sino integradores y promotores del desarrollo humano.

El día 09 de setiembre de 2016 la nueva administración del INDECOPI, publicó una noticia en la cual comunica que va a poner en práctica las llamadas Defensorías Gremiales de los  Consumidores.

En primer lugar, el nombre llama la atención, porque la Defensoría del Pueblo, es la que tiene a cargo todo el tema de la facilitación, promoción y defensa de los Derechos Humanos, y un nombre como Defensoría Gremial, que por sí mismo, es un poco difuso, podría causar una eventual confusión en el mercado, porque los consumidores creerán que los Gremios como la SNI o la Cámara de Comercio, son los que van a defender a los consumidores, de manera que ahí tenemos un tema que crea confusión.

En segundo lugar, hay que señalar también, que estas propuestas que viene desarrollando el INDECOPI, no son nuevas, son propuestas que el suscrito desde un primer momento, las ha señalado como una plataforma de trabajo en varios artículos publicados y difundidas en varios foros, de manera que no es una idea nueva, sino que vengo promoviéndola hace mucho tiempo.

En tercer lugar, la nomenclatura podría ser considerada por los consumidores  como una especie de publicidad engañosa, porque debemos preguntarnos: ¿los gremios a quienes van a defender? Eventualmente, la respuesta sería a las mismas empresas, cuando se supone que la parte débil de la relación de consumo son los consumidores, ellos son los que tienen que ser defendidos. El nombre mismo es engañoso.

Lo que puede hacerse es una especie de cámara de resolución de conflictos, que se llamen así, que el nombre determine la verdadera naturaleza de lo que propone el INDECOPI conjuntamente con los Gremios, pueden llamarlo Cámara de Resolución de Conflictos o Centro de Conciliación y Solución de Conflictos entre Gremios y Consumidores, entre otros; pero que no utilicen la palabra Defensoría, esto es utilizar de manera maliciosa una especie de marca, que tiene la Defensoría del Pueblo, y que tiene un posicionamiento en la mente de los consumidores, porque para ellos, es la Defensoría la que facilita y promueve la defensa de sus derechos, es el ente al que acuden cuando tienen problemas de administración estatal, de salud, educación u otros derechos, de manera que esto podría generar una confusión en los consumidores, más aun, en los consumidores que no cuentan con un nivel de educación elevado.

Según declaraciones de Cayetana Aljovin, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en el Perú hay actualmente una sobreoferta de electricidad de aproximadamente 20%. Esta sobreoferta implica una reducción del precio de las tarifas eléctricas, sin embargo, esta reducción solo ha operado para aquellos clientes o usuarios llamados libres o los llamados usuarios industriales – que consumen más de 200 Kw- y no ha sido trasladada para los consumidores, es decir, a los usuarios regulados – la mayoría de personas – para los cuales solo ha operado la reducción de 1%, porcentaje que es muy mínimo, y no representa una reducción sistémica y coherente con lo que está pasando actualmente en el mercado eléctrico.

El Ministerio está obligado a corregir esta disfunción, toda vez que, hasta la fecha el Organismo Regulador – en este caso Osinerming- no se ha pronunciado sobre el tema, teniendo en consideración, que es una de sus funciones verificar este tipo de cosas.

Aquí hay una tarea pendiente, no solo del sector, sino fundamentalmente del Organismo Regulador, algo se tiene que hacer, porque es inequitativo lo que está pasando en el mercado, no podemos permitir que a los usuarios industriales si se les reduzca la tarifa y a los usuarios regulados (familias, población en general) no se le aplique este beneficio. Aquí existe una inequidad ostensible. Este tipo de cosas son las que crean una crisis de confiabilidad en el sector público, y estas son las mismas cosas que el Organismos Regulador está llamado a corregir, en el ejercicio irrestricto de sus funciones, en beneficio para toda la sociedad.

Según el último estudio de GfK Perú sobre la tendencia del consumo, cada vez somos más peruanos (52%) los que leemos las etiquetas de los productos antes de comprar, sobre todo los jóvenes y adultos de entre 15 y 34 años de edad del sector urbano.

El estudio establece que la mayoría de consumidores se informa, investiga, compara a través de sus teléfonos celulares, siendo la pc y las Tablet otros instrumentos tecnológicos con los cuales busca conocer los productos que consume.

Lo cierto es que, la cultura de informarse antes de consumir, responde al nivel de educación de los consumidores, que como es paradigma de nuestro país, es heterogéneo. Por un lado podemos encontrar una cantidad minoritaria de personas que leen etiquetas antes de consumir un producto, por otro lado personas que pudiendo leer no lo hacen. Otro es el caso de las personas analfabetas – que son una gran parte de peruanos – que no pueden leer las etiquetas, consumen “a ciegas”.

De lo expuesto, se desprende que el estudio abarca únicamente el sector urbano, donde la educación ha logrado extenderse a lo largo de las ciudades, sin embargo, sería más importante observar un estudio en los sectores rurales de la sierra y selva, donde estamos seguros que nos encontramos con consumidores que no se informan, no solo porque no tienen el hábito y la cultura de leer, sino porque en muchos casos, no pueden hacerlo por la falta del servicio educativo.

Otro punto importante, es que muchos de los consumidores se informan a través de los medios tecnológicos y electrónicos, sin embargo el estudio no establece un porcentaje para aquellos consumidores que no cuentan con estos instrumentos, o en su defecto, para aquellos que pudiendo contar con estos, no saben hacerlo, como por ejemplo, las personas mayores de edad que no manejan con facilidad las nuevas tecnologías.

En este punto la pregunta más importante es: ¿los consumidores entendemos lo que leemos?

En la actualidad, se encuentra en debate del Congreso, el Dictamen sobre la Ley de la Comida Saludable; sobre el etiquetado y la información que se les ofrece a los consumidores.  Las empresas utilizan el sistema GDA (Guías Diarias Alimentarias) y el VDR (Valor Diario Recomendado), asimismo han propuesto hacer una amalgama de estos dos sistemas con el sistema de semáforo alimenticio, lo que no es adecuado, toda vez que muestra una información difusa y de difícil comprensión para todos los consumidores, dificultando observar y conocer que productos alimenticios son saludables y cuales son perjudiciales para la salud, además del impacto nocivo para las personas.

Las empresas se preocupan por establecer la exactitud de sus valores, que es bueno para los consumidores, sin embargo, si quieren realizar una verdadera labor empresarial con miras a proteger a los consumidores y ser trasparentes, lo que deben hacer es informar a sus clientes de manera clara, precisa y fácil, para que los consumidores sean finalmente los que decidan qué productos consumir y cuáles no.

Hace más de una década, en el sector de telefonía fija y móvil era impensado contar con una gama de servicios y empresas que puedan responder a las necesidades de todos los clientes, de hecho, la telefonía móvil aún estaba en crecimiento y no había alcanzado los niveles de masificación como el que actualmente observamos.

Por supuesto que la amplitud del mercado en el sector de las telecomunicaciones es encomiable y es resultado del crecimiento económico, la diversificación de la competencia, la inclusión de nuevos sectores de consumo, la globalización de los mercados entre otros factores que poco a poco se han mostrado en nuestro país.

Hace unos días Entel – empresa chilena que opera en el Perú desde el 2014- oferta su plan de gigas, minutos y sms ilimitados para nuevos clientes, siendo la primera empresa que oferta su servicio de esta manera y rompiendo con el paradigma de Claro y Movistar de contar con un tope en los gigas de internet.

Como era de esperarse, Claro y Movistar no tardaron en presentar su oferta al público. Movistar oferta megas ilimitados para 4G (solo 4G), por su parte Claro, a través de su plan ClaroMax, oferta llamadas, sms y datos ilimitados.

Desde luego, el incremento de los beneficios a los consumidores es una buena técnica empresarial para fidelizar nuevos clientes, sin embargo, debemos tener en cuenta que para que un mercado funcione correctamente, las empresas deben cumplir con lo que ofertan a su público, evitando cláusulas abusivas, cobros adicionales o promociones que no terminan cumpliéndose y configuran publicidad engañosa, asimismo ante cualquier controversia, deben presentar alternativas rápidas y eficientes para solucionar los problemas y evitar cualquier reclamo ante las autoridades administrativas.

La autoridad administrativa, en este caso OSIPTEL e INDECOPI, deben cumplir su labor de supervisión de la regulación en telecomunicaciones y vigilancia en el mercado, de manera conjunta, para evitar cualquier contingencia que ponga en peligro el bienestar de los consumidores.

Finalmente, ¿a nosotros que nos toca?… Disfrutar de la tecnología que se nos ofrece de manera ilimitada – disponibilidad que hace algunos años era impensada y muy costosa-; escoger el operador que se ajuste a nuestras necesidades, informarnos bien respecto del servicio y el producto; y por supuesto, no dudar en reclamar a la empresa o la autoridad cuando no se han cumplido los beneficios que se nos ofrece o cuando no haya calidad en el servicio y la atención del proveedor, no olvidemos que el primer defensor del consumidor es el consumidor mismo, es decir, debemos aprender a defender nuestra autonomía decisoria para denunciar sin tapujos aquello que creamos que no funciona y hacer valer nuestra condición de consumidores y ciudadanos.

Desde luego una labor conjunta de todos los agentes del mercado, no solo permite el crecimiento del mismo, sino ampliar el abanico de posibilidades y oportunidades para todos los consumidores, una de las aristas para alcanzar el desarrollo humano que tanto deseamos.

Blanco, negro o mestizo ¿Qué somos en esencia? Peruanos sin duda, consumidores también, eso es lo más importante.
Hace aproximadamente dos meses, conversando con mi hermana Dilcia, quien es socióloga de profesión y especialista en demografía, comentábamos sobre el formato a utilizarse en el próximo censo nacional del 22 de octubre; y comentábamos respecto a una pregunta que por cierto es muy cuestionable, relacionada con las etnias y las razas de la personas. La pregunta dice mas o menos así: Según sus costumbres y valores, ¿Cómo se considera usted? Blanco, afroperuano, mestizo, entre otras alternativas que se colocaban como respuesta.

En esa oportunidad le comenté que la pregunta no me parecía atinada y ella obviamente me daba una explicación para justificar la respuesta; no obstante hoy en día esa pregunta ha generado mucha polémica, en los medios y en las redes, porque sin duda nos pone frente a un tema de mucha relevancia en el Perú: la discriminación, el racismo y el cómo nos vemos los peruanos.

Como todos sabemos, no hemos sabido construir hasta el momento una sólida base de identidad nacional, porque el Perú es un país heterogéneo desde el punto de vista social, cultural, económico; pese a ello no hemos sabido construir un colchón de tolerancia sobre la base de la diferencia, hemos construido un país y diversas identidades sobre la base de la desigualdad, cuando debemos crear una sola identidad como país, sobre esa diferencia, es decir, la diferencia debería ser la fortaleza más grande del país, y no paradójicamente su debilidad.

Esto nos lleva a pensar lo que yo siempre digo en mis clases que el ser humano es sujeto de necesidades desde que nace, incluso antes de nacer; y creo que esto si es importante, porque todos somos consumidores, somos seres humanos y como tal somos consumidores en esencia. La pregunta debería partir de la raíz de la reflexión que todos los peruanos somos ciudadanos, tenemos ciudadanía económica, independientemente de nuestro color de piel, nuestros antepasados y todos deberíamos tener en el mercado las mismas oportunidades, acceso a los mismos servicios, que tenemos en nuestra condición de seres humanos, consumidores y ciudadanos.

Independientemente del color de nuestra piel, nuestras costumbres, nuestros patrones culturales, etc. Somos peruanos, debemos construir y fortalecer una identidad sobre la base de nuestra esencia como país socialmente heterogéneo, pujante, trabajador, creativo, que trabaja a lomo partido todos los días para empujar todos los días la barrera del desarrollo para mejorar nuestro hábitat y crecer como nación. Lo importante no es como te sientes, negro, blanco, mestizo, afro, sino quien eres, que haces y como aportas a tu país, para dejar a tu familia un mundo mejor. Mi padre que nació en el campo avizoró desde niño que la educación hace la diferencia y que imprime en las personas nobles aspiraciones, trabajó toda su vida y nos dio los insumos necesarios para ser personas de bien, nos proporcionó mucho amor y una buena educación y eso es lo que me permite hoy escribir estas líneas, pero si él hubiera estado pensando en su color y en como vivían en su entorno y que podía hacer el Estado para ayudarlo, probablemente yo no hubiera nacido o no estaría aquí escribiendo este post en mi blog.

Cuando se pregunte a una persona: “sobre la forma cómo ha vivido ¿usted qué se considera?” Esto me lleva a pensar en una famosa frase que se utiliza coloquialmente en el país, que dice: “trabajo como negro para vivir como blanco”; entonces, habrá mucha gente que se considerará negra porque todos trabajamos para vivir bien, o por lo menos para vivir o sobrevivir, y paradójicamente habrán negros que no trabajan, y como se asume que los blancos no trabajan, dirán: “soy blanco” por la forma como vivo.

Creo que la pregunta, por la forma como está redactada, es muy cuestionable, pero el tema a debatir, es si debió preguntarse eso en un país que ha luchado por dejar atrás el raxismo y el clasismo que mucho daño le ha hecho históricamente a la sociedad peruana, y si se formulaba la pregunta cuál era la forma más adecuada de hacerla, porque eso de opciones u categorías que ya están rezagadas y que ya creíamos olvidadas y que aparecían solo en los libros de historia, particularmente creo que no era lo más apropiado, y me atrevería a pensar que muchas personas por vergüenza o para quedar socialmente buen, van a contestar soy mestizo, aún siendo negros o blancos, entonces vamos a tener una disfunción que incidirá en la curva de resultados.

Por otro lado hay un grueso sector de ciudadanos de ascendencia japonesa, china, árabe, que son peruanos y que no se verán eventualmente reflejado en el cuestionario censal. El Perú tiene la segunda colonia japonesa con mayor población en Latinoamérica después de Brasil – y además en el Perú hay una combinación de blancos casados con negros, negros con chinos, chinos con blancos, árabes con blancos o negros, etc.

Hay un tema que siempre comento a mis alumnos en clase y es filosofía y cultura, filosofía es como la gente piensa y podemos pensar diferente, pero cultura es como la gente se conduce, y es la cultura la que determina nuestra esencia como peruanos y la que nutre nuestra identidad y es lo que creo debe considerarse para fortalecernos como país.

Estoy seguro que muchas de las personas van a considerarse mestizas, porque es una especie de cajón de sastre, todo el mundo se va a considerar mestizo en el país, así tengas piel blanca y ojos verdes; la pregunta es por la forma como han vivido tus antepasados, todos sabemos que en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga. ¿Cómo se consideran las personas? Todos somos seres humanos, pero el decir somos blancos, negros, chinos, es muy difícil, muchas veces no nos gusta asumir nuestra real condición. Creo que hay otras formas de testear las etnias en el país, y nos pone en otra disyuntiva: ¿es lo mismo etnia que raza?

Que raza hay en el Perú, tenemos una raza definida. Particularmente cuando he viajado al extranjero, jamás han descubierto mi nacionalidad, muchas veces me han confundido con colombiano o dominicano, porque no hay una raza unívoca, no hay un biotipo univoco en el Perú, racialmente hablando.
Si bien es cierto el censo levanta información relevante e importante, desde el punto de vista estadístico para la planificación nacional, educación y salud, es importante considerar los parámetros expuestos.
Es más desde aquí apoyamos y fomentamos que las personas participen en el censo, el censo es una especie de cuenta corriente de la población, saber cuántos somos, que tenemos, que necesitamos y como nos proyectamos hacia el futuro.
En el Perú hay mucha información, pero esa información necesita ser estructurada, analizada y tabulada en data estadística, que sirva para fines de desarrollo y planificación nacional. Desde este punto de vista, nadie discute la importancia y relevancia del censo, en este caso el comentario es de una de las preguntas.

Esperemos el domingo, veremos los resultados, pero desde ya me atrevo a decir que muchos se van a considerar mestizos.

–Esta es una reflexión. Si bien es cierto este blog comenta temas de consumidor y mercado, he comentado, porque todos somos en esencia seres humanos, y en el plano del mercado todos somos iguales, porque el dinero no se envilece o devalúa en las manos de un negro, mestizo, chino, japonés, indio, etc. En el mercado donde todos los consumidores acudimos a satisfacer nuestras necesidades, es un espacio donde no hay razas o etnias que valgan, todos tenemos derecho a la información e igualdad de productos y servicios en el mercado, todos merecemos calidad de lo que se produce y se consume. Todos tenemos ciudadanía y es en función de ella que podemos exigir al Estado prestaciones en las que se nos trate y se nos respete como personas, sin importar el color de nuestra piel.

Finalmente, a mi por ejemplo, cuando me pregunten, yo diré que soy un ser humano, un ciudadano peruano y como tal tengo derechos y deberes para con mi persona, familia y sociedad.

Hemos escuchado muchas veces la frase “Perú país informal”, lo que además de ser una frase desesperanzadora, demuestra en pocas palabras una realidad latente. La informalidad se mide con un porcentaje elevado de emprendedores y empresarios peruanos que prefieren realizar sus actividades comerciales en la sombra de los requisitos de la Administración Pública, cargada de trámites y gestiones burocráticas.

En este artículo nos encargaremos de desarrollar una de las perspectivas del sector informal: el sistema financiero.

Contra lo que muchas personas pueden pensar o argumentar, la informalidad no es un obstáculo para acceder al sector financiero, es decir, las entidades financieras siempre le han ofrecido un crédito a las personas que cuentan con micro y pequeñas empresas que son parte de la gran masa de empresas informales en el Perú.

Esta inclusión financiera que se ha incrementado con el transcurrir de los últimos años, responde principalmente a dos factores:

En primer lugar, la acción del Estado para reducir la corrupción y combatir delitos como el lavados de activos u otros, conlleva que se establezca un régimen de bancarización y estandarización de las personas y empresas que solicitan créditos a todos los bancos, de tal manera que se cuente con información veraz y certera, respecto de la situación de determinadas empresas en el mercado, así como evitar prácticas como empresas fantasmas, que en muchos casos, esconden una red de narcotráfico.

En segundo lugar, las entidades financieras, se ven obligadas a prestarle al sector informal, toda vez que el sector formal es muy reducido y el margen de rentabilidad por los créditos e intereses es en efecto menor al que esperan cubrir, por ende tienen que expandir sus servicios crediticios a los trabajadores independientes y microempresas, extendiendo los alcances de su oferta financiera.

En la actualidad son un total de 2´727,564 millones de personas y empresas que no cuentan con RUC y que son parte del sistema financiero a través de créditos. Una cifra importante, que evidencia no solo el incremento y la inclusión financiera de diversos sectores de la población, sino la falta de un programa y política pública con miras a fomentar la formalización de los sectores empresariales emergentes que generan renta, no obstante no formalizarse oportunamente como empresa, desconociendo no solamente leyes del mercado, sino lamentablemente, leyes tributarias.

El gran reto y desafío para el mercado es que los bancos no solo promuevan el acceso al crédito captando clientes informales, sino que también promuevan la formalidad en los empresarios emergentes, con la finalidad de que se organicen y operen dentro del marco de la legalidad e institucionalidad, de tal manera que su actuación no solamente sea, importante para el sector privado, porque se amplía la base de clientes bancarizados que es un objetivo del Estado, sino también, está contribuyendo con la formalización empresarial, que es a su vez, otro objetivo que constituye una política pública por parte del Estado.

Las presentes variables económicas son la expresión de la conducta de los hombres y de la coyuntura por la que atraviesa el Perú, por ello en esta oportunidad presento las cifras del comportamiento económico de nuestro país, contrastadas con el comportamiento de otros países a nivel regional y mundial.

Como siempre gracias a la gentil colaboración de nuestro dilecto amigo, el economista Javier Zuñiga, uno de los profesionales en la materia más reconocidos del país, quien con mucha maestría y estudio propio del análisis de un académico reconocido, nos muestra el comportamiento económico en el multinivel internacional.

Sin duda alguna un gran aporte en materia académica y para quienes son seguidores de nuestro blog.

Mediante esta palestra académica, le agradezco a Javier Zuñiga, la oportunidad de compartir su trabajo, un trabajo de filigrana hecho en variables económicas.

A continuación, un breve detalle de lo que expresa Javier, respecto de la economía del país hasta el mes de octubre.

Las cifras económicas al mes de octubre del presente año, nos muestran variantes que tomaremos en consideración para este reflexivo análisis de las potencialidades y perspectivas que nos ofrece la economía del país hasta diciembre de 2017 y el año 2018, dada las circunstancias políticas y económicas por las que atraviesa el Gobierno en la actualidad.

El Banco Mundial estimo un crecimiento del PBI para el Perú de 3.8 a inicios del 2017, sin embargo, dado los fenómenos naturales (como el niño costero) o políticos (caso de corrupción Lava Jato); las cifras en lo que van del año son más reducidas que las estimadas, tanto que al mes de octubre tenemos una cifra de 2.8%, a pesar de ello, se estima que la cifra pueda incrementar su valor porcentual el próximo año a 3.8%.

Los porcentajes proyectados para el Perú, se encuentran entre los más elevados de la región, en comparación con las cifras que actualmente tiene Brasil con 0.8%; Chile 1.4%; y, Colombia 1.7%. Asimismo, es preciso señalar que todos estos países tienen una proyección mayor para el año 2018.

Un caso particular es el de México, que cuenta con un 2.2% de PBI anual a octubre, sin embargo las proyecciones internacionales indician que se reducirá en el 2018 a 1.9%.

Respecto de la inflación, actualmente el Perú tiene un porcentaje de 2.90% de inflación. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se espera que este mes la inflación sea de 2.5% y que a fin de año llegue a un 2.3%; sin embargo, dado un análisis propio y nuestra proyección personal, creemos que comenzaremos el 2018 con un 2.80% de inflación.

Otros países de la Región se mantienen estables como Chile, Colombia, Bolivia y Brasil con cifras que no superan el 5%; Venezuela representa un caso particular y tiene una inflación de 1.100%.

Perú tiene una deuda externa del 38,4% del PBI anual. La cifra es muy inferior a la de Chile, que cuenta con un 66.3%; pero mayor que la de Colombia, con un 25.9%. Otro país que debemos tomar en consideración es Argentina que tiene una deuda que representa el 10% de su PBI, debido la crisis económica y política por la que atraviesa el país del sur.

El tipo de cambio en el país es de 3.25 a setiembre del presente año. La cifra tiene niveles similares desde el mes de febrero hasta nuestros días. Para el cierre del año, se estima que la cifra varíe a un 3.27.

Respecto de la cuantificación y cualificación del índice de confianza empresarial, en un rango de 12 meses se muestra estable en un 76% de confiabilidad, aceptación y posibilidad de inversión en nuestro mercado nacional, mostrando un desenvolvimiento optimista.

La inversión privada tiene cifras negativas (-1), sin embargo,  se proyecta al próximo año, a alcanzar un 5.3%. La inversión pública, muestra cifras más alentadoras, considerando en lo que va del año un estimado de 7.0% y una proyección para el próximo año de 15.0%.

En el 2017, los sectores que más crecieron fueron Pesca con 30,2%, Minería con 3,5% y Servicios con 3,1%. En el 2018 se espera un mayor aumento en Construcción de 8,0%, Pesca 7,2% y Minería 5,3%.

OSIPTEL anuncio que los decodificadores formarán parte del servicio de cable que ofrecen las empresas operadoras de telecomunicaciones.

El servicio de cable prestado por las empresas operadoras, implica que se conecte a nuestros televisores un dispositivo  tecnológico que permite que se puedan visualizar una serie de canales de televisión, así como programación nacional e internacional; de tal manera que el decodificador es el único instrumento para que llegue la señal de cable a nuestros hogares, en este sentido se convierte en parte del servicio de cable, siendo un accesorio, y lo accesorio desde el punto de vista jurídico, sigue la suerte de lo principal , desde  el derecho romano “ accesio cedit principali”, no pudiéndose concebir de manera aislada a su verdadera función y la naturaleza misma del servicio prestado.

En la actualidad, las empresas operadoras, alquilan los decodificadores a los usuarios, cobrando un monto adicional por el alquiler, siendo estos dispositivos propiedad de la empresa; y constituyéndose este cobro adicional, en una conducta que eventualmente podría ser considerada como una práctica de abuso de posición de dominio explotativa  contra todos los usuarios del servicio prestado, toda vez que se recarga el pago por el servicio de cable al pago por el alquiler de los decodificadores, no existiendo la posibilidad de no pagar por el alquiler, porque no se podría llevar a cabo la prestación del servicio. De esta manera, el pago por el servicio de cable deberá incorporar el pago por el alquiler del decodificador.

Ahora, es evidente que el servicio pueda incrementar su costo, sin embargo, el Organismo Regulador, deberán fiscalizar el pago del servicio, para que se pueda mantener en tarifas justas y competitivas en el mercado y  evitar que se afecten a  los usuarios.

Finalmente, tenemos que afirmar que los Organismos Reguladores, y en este caso el OSIPTEL, tienen un gran reto frente a la regulación de los servicios de cable y telefonía celular, toda vez que  en la actualidad, ocupa un gran sector de la población que vive cada día más interconectada y que aguarda una prestación de servicio de calidad. Saludamos la iniciativa del Osiptel y consideramos que ha dado un paso importante en esta materia para beneficio de todos los peruanos.