A dos años de la cumbre antiabusos ¿Cómo vamos?

7:00 p.m. | 5 mar 21 (VN/AO).- Cuando se cumplen dos años de la cumbre antiabusos en la que Francisco convocó a los presidentes de todos los episcopados del mundo, “todavía hoy existen lugares en los que la Iglesia continua negando la evidencia de los abusos, protegiendo a los violadores, en los que no hacemos lo necesario para depurar responsabilidades cuando se descubre que un obispo ha encubierto abusos o los ha negado”, según el jesuita Hans Zollner, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Además, un especial de la revista Alfa y Omega presenta reflexiones desde otros ámbitos y una entrevista a Andrew Azzopardi, responsable del grupo de expertos nombrados por el Papa para asesorar a las iglesias locales.

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“Desde que tenía 15 años mantenía relaciones sexuales con un sacerdote. Duró 13 años. Estuve embarazada tres veces y él me hizo abortar tres veces”. Esa fue para muchos de los cerca de 200 obispos que participaron en la cumbre vaticana sobre abusos en la Iglesia en febrero de 2019 la primera vez que escuchaban el relato estremecedor de una víctima de abusos. Las leyes canónicas para frenar esta lacra están bien desarrolladas, pero son muchas las diócesis que todavía están a la cola en su implementación. dice el jesuita alemán Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana.

“Lamentablemente esta tarea es vista todavía por muchas diócesis como algo dirigido a expertos o a los que se deben ocupar de los trapos sucios”, dice en una entrevista el jesuita alemán Hans Zollner, que además de su trabajo en la Pontificia Comisión, es presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana. Para el experto, “por desgracia, en muchos países todavía no se toman en serio la prevención y la justicia a las víctimas. Dos elementos que deben ser parte integrante de la cultura de la Iglesia”.

Para Zollner, “la prevención debe ser la seña de identidad de una comunidad de cristianos sana”, a pesar de que hay instituciones que aún no se han tomado “suficientemente en serio la tarea de la prevención y la del resarcimiento y hacer justicia a las víctimas. Esto es un obstáculo que no nos deja despegar y poder ser un modelo. Hemos perdido la confianza de las personas. Por eso, no podemos volver a fallar y es normal que seamos objeto de un mayor escrutinio”, denuncia.

Las tareas que realizar son múltiples: establecer un protocolo claro de evaluación psicológica por expertos cualificados a los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa; la formación permanente de los agentes pastorales; seguir reglas claras concernientes a los seminaristas para consolidar su madurez humana, espiritual y psicosexual, o poner en marcha de una oficina de escucha para las víctimas.

Estados Unidos, Irlanda, Bélgica o Australia son algunos de los países que ya han cumplido y han implementado estas tareas, pero su ejemplo está lejos de ser una realidad consolidada a nivel global. En este sentido, el sacerdote pide una mayor valentía y compromiso: “No se puede jugar con esto. La defensa de los más vulnerables debe ser el timón que nos guía” para conseguir “una Iglesia más segura”. Para ello, hay que combatir lo que Zollner llama una “cierta resistencia pasiva” que se manifiesta en “titubeos e inercia”.

Por eso, Zollner considera fundamental la participación de los laicos en las investigaciones y en los diferentes grados de juicio de los procesos canónicos concernientes. “La contribución de los laicos para una Iglesia más segura es imperiosa. Son ellos los que gestionan muchos colegios católicos, los que llevan la catequesis y están más en contacto con los menores”. “Tienen que hacerse fuertes y alzar la voz a los obispos cuando no lo están haciendo bien, porque algunos de ellos tienden a protegerse”, concluye.

Andrew Azzopardi: “Ahora no basta con hacer las cosas bien”

Un año después del encuentro La protección de los menores en la Iglesia –que reunió en el Vaticano a representantes de todas las conferencias episcopales–, arrancaba el grupo de expertos nombrados por el Papa para ayudar a las Iglesias locales a adoptar manuales de actuación para proteger a los menores. Andrew Azzopardi es su responsable.

¿Cómo funciona el grupo de trabajo?

Nuestra misión es asistir a las conferencias episcopales y a los institutos religiosos que todavía no tienen unas directrices claras sobre cómo actuar ante un caso de abusos. El año pasado eran más o menos diez en todo el mundo. También les ayudamos a adaptar sus protocolos de actuación a la cultura local y al marco general de las últimas directivas del Papa. Algunas nos han contactado y a otras las hemos contactado nosotros. Tenemos de plazo hasta febrero de 2022 para completar el trabajo, pero la pandemia ha supuesto un gran frenazo.

¿A qué se refiere con adaptar las directrices a la realidad local?

Por ejemplo, en Reino Unido, donde trabajé en el entorno del fútbol, la cultura social predominante es que, si hay una sospecha de abusos, casi de manera automática se presenta la denuncia. En Malta, donde trabajo actualmente, hay un poco de omertà. Esta ley del silencio está también muy extendida en otros países. Por eso, la Iglesia tiene que contar con una maquinaria potente que se active ante la primera sospecha.

Han hecho de la transparencia una seña de identidad. ¿Por qué?

Nada más llegar a la comisión de Malta, en 2015, les dije a los obispos que teníamos que ir hasta el final, sin dejar agujeros negros. Durante años ha imperado la cultura del encubrimiento. Por eso creo que ahora no basta con hacer bien las cosas, hay que demostrarlo. Por eso, cada año, publicamos un informe con el número de casos de abusos y el número de personas que han sido apartadas de su puesto. Pero no somos los únicos que hacemos este ejercicio de transparencia.

Benedicto XVI dobló la prescripción hasta los 20 años a partir de que la víctima llega a 18 años. ¿Qué opina de que estos delitos en la justicia civil tengan una fecha de caducidad?

La Iglesia también tiene la facultad de dispensar esa prescripción.Pero sí, creo que no debería existir en estos casos. Muchas víctimas pueden esperar más de 30 años hasta contarlo por primera vez; tienen miedo a no ser creídos o a ser juzgados, e incluso se sienten culpables. No obstante, solo con abolir la prescripción no es suficiente. Por ejemplo, en Islandia existe el modelo Barnahus, que evita que el menor tenga que revivir el abuso sexual a través de múltiples declaraciones y, a su vez, ofrece un entorno respetuoso con sus necesidades.

¿Cómo de importante es la formación en la erradicación de esta lacra?

En estos seis años hemos formado a más de 3.000 personas dentro de la Iglesia de Malta. Muchos eran laicos, pero la mayor parte religiosos. Hay dos fases en este trabajo: prevención e investigación. Me gustaría trabajar solo en la prevención, pero es poco probable que erradiquemos los abusos por completo. Lo que tenemos que hacer es que sea más difícil cometerlos. La experiencia demuestra que, cuanta más formación existe, las denuncias aumentan. Pero esto no significa que haya más casos, sino que va aumentando la conciencia de la gravedad de los hechos y se rompe la espiral de silencio (click aquí para leer la entrevista completa).

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Fuentes:

Vida Nueva / Alfa y Omega / Foto: La Sexta

 

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