Publicada la Ley 30425 que modifica parcialmente el régimen de las AFP’s permitiendo que los mayores de 65 años retiren –si lo desean- hasta el 95.5% de su fondo acumulado, el Primer Ministro –autodefinido como “demócrata” y “constitucionalista”- anunció que el Presidente de la República presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra esta Ley ante el Tribunal Constitucional (TC).

Este no sería un  hecho inédito, pero si poco usual.  Conforme  la Constitución, sólo hay 7 autorizados –legitimados en la jerga forense- para llevar  una ley del Congreso al examen del TC a fin de que valide su constitucionalidad –y vigencia- o disponga su expulsión del sistema jurídico con la derogación absoluta de la ley cuestionada, perdiendo vigencia a nivel nacional (erga omnes en la jerga forense).

El primero de esos legitimados es el Presidente quien, para hacerlo, requiere del voto favorable del Consejo de Ministros apoderando a un Ministro a que lo represente en la formalización y sustentación de la demanda. En la historia del TC han sido muy pocas veces en que el Presidente ha hecho uso de esta facultad constitucional y, normalmente, cuando no ha estado de acuerdo con una ley del Congreso, ha movido a su bancada para que esta la presente ya que también están legitimados el 25% de los Congresistas. Pero, claro, eso cuando el Presidente tiene control sobre su bancada, no como en el presente caso en que el Presidente y sus ministros van por un lado y la bancada oficialista por el otro.  Una cosa de locos.

Un antiguo maestro de prácticas repetía un viejo proverbio árabe que enseñaba que el envalentonado reto a una pelea debe ser culminado con honor, no con deshonor.  Es algo básico de aprender ante el litigio, sea civil, penal o constitucional.

¿Por qué un Presidente ha planteado poquísimas acciones de inconstitucionalidad? Un expremier dijo que un Presidente no se debía exponer a una derrota en el TC.  Por lo tanto, si en el caso de la ley que modifica el régimen de las AFP’s el Presidente no está seguro de tener un triunfo en el TC, ojito-ojito, tendría que asumir el costo político de una derrota constitucional.

Para que una ley sea inconstitucional debe afectar un postulado o un principio de la Constitución. Es el ABC del derecho procesal constitucional. No es suficiente que la ley sea fea, o mala, o que estemos en contra de ella: eso no marca su inconstitucionalidad.  La ley inconstitucional es aquella que groseramente sale de los parámetros o postulados o estructuras constitucionales y, en el fondo, significa una anómala modificación constitucional. Por eso el TC la puede derogar para todos y a nivel nacional.

No parece ser el caso de esta modificación de la ley de al AFP’s.  Luce como ley populista, aprobada en medio de un proceso electoral, para el aplauso de la tribuna y aparece como poco técnica.  Pero eso, de por sí, no la hace inconstitucional.  Tampoco lo es porque sea inconveniente a las AFP’s y les complique el negocio. En verdad no se entiende porque en un libre mercado las AFP’s exigen una protección tuitiva del Estado para tener un mercado cautivo, cuando eso, por la ley de la oferta y la demanda, debería ser obtenido por una verdaderamente atractiva oferta de servicios que atraigan a los pensionistas, al punto que el pensionista sienta que está más protegido y saldrá ganancioso en el sistema de la AFP’s, y no como aparece hoy en el imaginario del pensionista que está convencido de que mientras él pierde su dinero, las AFP’s engrosan sus arcas.

Mientras las AFP’s le explican al pensionista sobre la crisis de los metales, la bolsa de Hong Kong, el dólar, Obama y el petróleo en el medio oriente justifican que, piña, haya perdido parte de su capital, ellas nunca pierden obteniendo anualmente pingues ganancias.  Tampoco tienen cómo justificar que 100, 150 0 250 soles mensuales sean verdaderamente “pensiones” tal como está definido en la Constitución, ya que con esos montos el pensionista no vive, se muere.

Por eso el Presiente debe meditar bien, y estar mejor asesorado, si realmente debe plantear esta demanda de inconstitucionalidad y si tendrá viabilidad y éxito. Si no asegura eso, mejor que no saque la espada, que se la guarde para mejor una ocasión verdaderamente plausible.

Pasadas las elecciones queda claro que habrá una nueva composición en el Congreso, en donde a partir del 28 de julio el fujimorismo tendrá una clara hegemonía.  Lo que no se sabe es si esa mayoría congresal será la del Presidente de la República o de la oposición.  De eso dependerá la gobernabilidad del próximo gobierno.  Y es que el resultado del 10 de abril debe, necesariamente, validarse con el “ballotage” del próximo 5 de junio, que debe legitimar al nuevo Presidente cuando el candidato más votado en la primera vuelta no supere el 50% de los votos válidos.

Las celebraciones y triunfalismos de la primera vuelta deberían ser relativos.  Normalmente la segunda vuelta tiende a favorecer al segundo antes que al primero, cuando alrededor de aquel se junten los votantes de quienes fueron descartados para el repechaje.  Eso obliga a replantear profundamente la estrategia electoral de cara a la segunda y decisiva vuelta, si en verdad se quiere llegar al éxito.

Lo primero que debe decirse de las pasadas elecciones es que su realización fue marcadamente deficiente por la ONPE.  Colas inmensas, desorganización, menos orientadores y gente deambulando.  ¿Cuánto del ausentismo registrado fue efectivamente ausentismo y no ciudadanos que no pudieron votar por culpa de la ONPE?  Claro, si las mesas eran de 200 electores y ahora ese número se ha duplicado, habrá menos mesas pero más votantes en la cola. Simple aritmética. En las dos horas y media que a una ciudadana le tomó  votar sacó la cuenta que la demora en la votación era de 5 minutos por elector.  A 350 electores, se requerirían casi 30 horas por mesa para que todos voten.  Un caos.

Por otro lado, los ganadores parciales han empezado a sus primeros escarceos, acercándose a los votantes de quienes quedaron fuera de tabla.  Resulta difícil pronosticar a quién apoyará el electorado de la izquierda: si a la hija de quien dio un golpe de Estado liderando un gobierno autoritario, o al gringo pi-pi-key de centro derecha, liberal y pro inversión, pero comprobadamente demócrata.

Un primer resbalón fue protagonizado por la reelecta congresista Chacón, al anunciar que el padre de su candidata saldría pronto y “por la puerta grande” a pesar de estar condenado a largos años de prisión por la Corte Suprema. O se le escapó el inconsciente o reveló un secreto a voces de su partido o simplemente se le vió el fustán. Se convirtió así en la mejor propagandista de PPK reavivando los fantasmas ciudadanos acerca de las verdaderas intenciones de Fuerza Popular de si llegar al gobierno con tan abrumadora mayoría congresal.

La izquierda desunida conforma la tercera fuerza electoral, pero que vota -sobre todo en el sur, ya estaba visto- por quien sea que represente sus opciones.  De momento la Vero ha capitalizado ello, pero podría haber sido cualquier otro dirigente que hubiese encabezado esa opción, ya que históricamente ha sido el sur izquierdista el que ha determinado las últimas elecciones; sin perjuicio de representar esa cara olvidada y atrasada de una nación que cree haber ingresado a la modernidad, el desarrollo y el avance económico cuando aún mantiene una lacerante pobreza y niveles de vida intolerables con un sueldo mínimo vital de apenas $250 a pesar de lo cual algunos se llaman a espanto, cuando eso es lo que gastan en un almuercito con dos amigos, vinito incluído.

Algunos partidos han pasado la valla electoral con las justas y la noche de los cuchillos largos anuncia caer sobre su dirigencia.  Otros han desaparecido del mapa electoral producto de su poca democracia y pésima conducción.  Otros eran meramente ilusión y nunca pasaron –en conjunto- del rubro “otros” con menos del 1%.  No entiende como gente medianamente inteligente puede ser tan ciega al evaluar sus ambiciones personales con sus posibilidades políticas.

Y finalmente, el partido de gobierno que simplemente ha desaparecido por implosión. Mientras al Presidente le costaba muchísimo mantener su neutralidad en el proceso electoral, como lo manda la Constitución, desde el twitter se lanzaban envenenados dardos que soliviantaban el ánimo electoral sin contribuir en nada.

La mayor prueba: la reciente modificación de la ley de las AFP’s.  El Presidente y el Ejecutivo estaban en contra de su aprobación y los congresistas del partido de gobierno votaron a favor.  Como dice Grupo Río: “una cosa de locos”.

Cuando lea esto ya sabremos quienes han pasado al “ballotage” o segunda vuelta, dispuesta en la Constitución para legitimar al nuevo presidente de la República cuando en la primera ronda el candidato mayor obtenga menos del 50% de los votos válidos.

Es un albur vaticinar quién habrá pasado en el segundo lugar, ya que el primero parece estar definido.  Pero, a despecho de ello, sí podemos analizar algunos gestos que se han dado en la campaña electoral que, sin duda, han marcado la preferencia del electorado, aunque sus protagonistas no lo acepten.

Encadenarse al Palacio de Gobierno o salir a revelar intimidades conyugales en el “valor de la verdad” no le dio rédito alguno a su protagonista, quien más bien parecía haber perdido la brújula del ridículo.  Nunca pasó del 1% hasta que fue malamente retirado.

Lucir evidentemente beodo en una entrevista matinal, en el noticiero de mayor rating a nivel nacional, le valió a un ex presidente condenarse a la galera de los “otros” que -en conjunto- tampoco superan el 1% de la preferencia del electorado.  Y encima sale a decir malamente que el proceso electoral está enrarecido (¿?).

Otro candidato en alza, cual locomotora de desvencijados vagones ahítos por llegar al Congreso aún a costa del candidato, frenó intempestivamente su auge al mostrarse como “príncipe”, como señorito sin calle ni empatía despreciando un sombrero de regalo (sólo tenía que ponérselo!!!) y a una chicharronera de mercado que le alcanzara una porción.  El sebo se lo tuvo que tragar después con la andanada de críticas, que se tradujeron en el bajón de la preferencia electoral, por mostrarse como pituquito limeño sobrado y altanero, coronado con el indecoroso desplante una candidata a vicepresidenta en otra plancha, lo que en la hora digital y celularizada fue visto urbi et orbi y en todos sus ángulos.  Hasta el último día pidió disculpas por sus “humanos errores”, y es posible que se le perdone al mismo tiempo de negársele el voto.

Otra candidata parece permanente con botox, inexpresiva, no se le mueve ni una ceja, apegada al libreto y prendida de la mochila heredada de papi, con la cual está cómodamente sentada en el primer lugar de las preferencias.  Pero eso no le garantiza nada en la segunda vuelta ya que tendrá que enfrentarse al fantasma del antivoto, también en alza, a una poderosa opinión pública joven y  adversa que ha demostrado mover sus fuerzas cuando lo de la repartija y la ley pulpín. No es moco de pavo.

Un candidato de la tercera edad aduce no tener arrugas, cuyo hándicap es el pasaporte americano y su longevidad, tuvo la mala suerte de toser malamente en el evento del CADE, en vivo y en directo y a nivel nacional, además de aparecer leyendo sin convicción ni apropiada dicción en el debate presidencial, sin altos ni bajos, sin calor y sin comunicarse con la mayoría del electorado que no deja de apreciarlo sólo como el mal menor.  No conecta con la gente y –con un apellido difícil de pronunciar e imposible de escribir- parece poco probable que conecte con el electorado popular, ni que este llegue a identificarse con su figura y propuestas, ya que para ellos no pasa de ser un gringo bonachón.  Pero gringo al final de cuentas. Y un poquito mayor.

El carisma (del griego khárisma) es la cualidad o don natural que tiene quien atrae a los demás por su presencia, palabra o personalidad, por que es agradable, favorecedor, motivador o suscita la admiración de sus seguidores gracias a su “magnetismo personal”.  En un don con el que se nace, y que va de la mano con la empatía y la simpatía.  Un político antipático jamás podrá contar con el favorecimiento del electorado, por más que sea un buen técnico u honrado gestor de la cosa pública.  Carismáticos fueron Belaúnde y Felipe González.  Poco carismático su sucesor Aznar. Buen presidente fue Paniagua, pero mal candidato ya que luego de su gestión sólo obtuvo el 5% de la votación.

Nuestros políticos, a excepción de alguno, son poco carismáticos, poco empáticos y nada simpáticos.  Más bien destacan por su franca antipatía que restan votos y alejan al electorado.  ¿Aprenderán la lección de que los gestos en política, el comportamiento escénico y el necesario carisma son elementos esenciales para ganar una campaña electoral?

Contagiado por la efervescencia de la campaña electoral, Gonzalo soñó qué hacía si, como los entusiastas participantes en la carrera presidencial -algunos con pura ilusión-, ganara Presidencia de la República. E hizo su listita:

1. Haría la autopista “Del Pacífico” uniendo Tacna con Tumbes, con tres carriles por lado, circunvalando pueblos y ciudades. Parece inconcebible que en pleno Siglo XXI, con éxito económico y desarrollo, el Perú tenga apenas remedos de autopistas en alguna parte del sur, a duras penas entre Playa Jahuay y Barranca, entre Chiclayo y Piura, y alguito más por allí.  Cruzar Chincha, hoy, tarda casi una hora.
2. Haría la autopista elevada entre Iquitos-Tarapoto, y por tierra de Tarapoto a Cajamarca-Chiclayo, con un ramal a Trujillo.
3. Construiría una vía férrea al lado de la autopista “Del Pacífico” que acompañe la conectividad multimodal entre Tumbes y Tacna, con una alternativa férrea al transporte aéreo y terrestre, solo que masiva y barata. Con ello todos los mercados se ampliarían relanzándose la economía a velocidades siderales.
4. Haría la autopista entre Lima y Huancayo, con ramal hacia Tarma y San Ramón. Es inconcebible que la Capital tenga hacia el este un remedo de autopista de ¡solo 10 kilómetros!, y que sea un suplicio cualquier trasporte, encareciendo y dificultando el abastecimiento de Lima, alejando el mercado limeño a los productores del ande y la amazonía. Impajaritablemente todos los eneros la carretera central quedará bloqueada por los puntuales huaicos de la época de lluvias, como en todos los tiempos.
5. Convertiría la “Marginal de la Selva” en la autopista “Del Oriente” que conecte transversalmente el Perú central, de norte a sur, con conectividad al oeste hacia la autopista “Del Pacífico”.
6. Trasladaría al sur chico la reserva estratégica constituída por la Brigada Blindada acantonada en el Rímac, a espaldas del Palacio de Gobierno, que históricamente sólo ha servido para respaldar los golpes de Estado, fortaleciendo al golpista, para instalar una Brigada de Ingeniería y Rescate con capacidad de movimiento aéreo y terrestre a nivel nacional, apoyando a la ciudadanía ante tanto desastre natural, muchos actualmente irresolubles a sólo 40 kms. al este de Lima.
7. Crearía la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, como maestría, para especializar a quienes serán funcionarios de nuestra burocracia en cualquiera de sus ramas y ubicaciones, terminando con las improvisaciones, clientelismos, amiguismos y nepotismo que tanto daño hacen a la ciudadanía y al desarrollo nacional.
8. Impulsaría la reforma constitucional para unificar el Sistema Electoral, hoy dividido en tres entes que caminan por su lado, cuando no peleándose entre ellos.
9. Reformaría la Constitución para devolver al sistema democrático peruano el Senado, a despecho del descrédito ciudadano por los congresistas, a fin de adecentar el actual Congreso que, luego de cada proceso electoral, siempre evidencia un peor nivel peor al anterior.
10. Extirparía de la política a tanto farsante y profesional del populismo-clientelismo, de falsa moral, tránsfugas, trasvestistas y mitómanos, cínicos de la palabra y campeones del eufemismo y la hipérbole.
11. Impulsaría un gran acuerdo nacional -como el “Pacto de la Moncloa” o los “Acuerdos de Punto Fijo”- que unan a las fuerzas políticas alrededor de temas básicos de las políticas de Estado en materia de seguridad, defensa, educación, salud y desarrollo, economía, sistema cambiario e inversiones; haciendo que los grandes actores de la política dialoguen sobre aspectos suprapartidistas y metaindividuales al ego político, evitando la permanente guerra fratricida de nuestra la historia política en casi 200 años de república, y que hace del lema “Firme y Feliz por la Unión” una expresión retórica y vacía de contenido. Infelices, mayoritariamente pobres e históricamente desunidos en partidas de aventureros y caudillos sin verdadero sentimiento nacional.
12. Trasladaría el INPE al Ministerio del Interior, ya que se trata de un tema de seguridad y de cumplimiento forzado de órdenes del Poder Judicial. Su actual ubicación solo lastra al Ministerio de Justicia, le resta rol de consejería jurídica al Ejecutivo y condena al Ministro de Justicia al primer motín en cualesquiera de las siempre hacinadas y paupérrimas prisiones, flor de diaria corrupción.

Ejecutaría una profunda reforma de la policía nacional refundando sus escuelas de formación, elevando sustancialmente su moral, salario, infraestructura y equipamiento, que provea la necesaria seguridad que hoy no existe, con policías que no hay, policías que dan la espalda al tránsito que deben vigilar, o que conversan o se enamoran entre sí, o chatean o hablan por celular, durmiendo en patrulleros, desguarneciendo a la ciudadanía y contrariando su principal deber.

La segunda discusión respecto del malhadado Art. 42° de la Ley de Partidos Políticos, adicionado recién el 18 de enero último en medio de fragor electoral, es su cuestionable bondad normativa que concluye con una gravísima e inapelable sanción: la exclusión definitiva del proceso electoral a quien la autoridad electoral encuentre culpable.

Para empezar esta norma aparece inconexa. En su primera parte describe la conducta de las organizaciones políticas que serían sancionadas, ya que en principio no está dirigida a los candidatos, sino a: “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la ONPE en un plazo no mayor de 30 días”.

De por sí esta norma es discutible en cuanto a su bondad legislativa, ya que sobre un supuesto de hecho normativo, que puede tener gamas, matices y gradaciones (como toda conducta humana) impone una sanción única, lo que el derecho sancionatorio llama “pena tasada”.  Es decir, la norma no deja a la autoridad electoral la gradación la sanción según la gravedad, intensidad y reincidencia en los hechos –como ocurre con todas las sanciones- estableciéndose mínimos y máximos de la pena: amonestación, multa leve, multa grave, multa gravísima.  No, los genios legisladores del Congreso –futuros candidatos- se han hecho el harakiri y pusieron para un solo supuesto, sin atenuantes ni agravantes, una sola sanción: una multa de nada menos que casi 400,000 soles que –por supuesto- saldrá del bolsillo de los adherentes al partido sancionado, ya que la organización política nutre su patrimonio del bolsillo de éstos.

Pero el súmmum del yerro jurídico aparece en la coletilla que le sigue a la parrafada de esta norma, cuando el alegre y poco culto legislador dijo: “Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el JNE con la EXCLUSION del proceso electoral correspondiente”.

Las mismas taras de la primera parte referida a las organizaciones políticas se extiende, mutatis mutandi, a los candidatos de cualquier índole y de toda laya y, sobre todo, en cualquier momento.  No solo afecta a los candidatos a las alcaldías distritales o provinciales, o a gobernadores regionales, ni tan solo a los que van en las listas congresales, sino que afecta nada menos que a los candidatos presidenciales, otorgándole poder -a la autoridad electoral-, a sacarlos del proceso alterando de muy mala manera el mapa electoral.  Ya no serán los sufrangantes en las urnas los que elegirán a sus autoridades, sino que serán tres seres, del JEE, o cinco del JNE, quienes decidirán en vez de los 16’000,000 de electores que conforman el colegio electoral en el Perú.

Ahora resulta que por brindar con cerveza un candidato soporta una exclusión.  La otra por entregar un premio en un concurso de hip-hop. El otro por asistir a una persona minusválida, y así….  ¿Cuál es el límite temporal de la norma? No lo dice, así que hasta el día anterior a las elecciones la autoridad podría seguir recibiendo los pedidos de exclusión, un claro contrasentido.

Ciertamente al JNE este proceso se le ha ido de las manos y flaco favor le ha hecho a nuestra democracia.  Pasará a la historia como la autoridad electoral más ineficiente.  Pero el principal autor de este desaguisado es el Congreso al haber aprobado a destiempo, parcialmente y con una norma deplorable, lo que tendría que ser una necesaria sanción para evitar lo que en el pasado se llamó “el pisco y la butifarra” cuando el voto era a viva voz y se premiaba a los electores de un bando y se castigaba con el callejón oscuro a los del otro.

¿Qué hacer? Le corresponde a la autoridad aplicar la ley no solo con  criterio de conciencia, como manda la Constitución, sino también hacer una gradación de la sanción a través de una ponderación de valores y su proporcionalidad, de manera que entrando su ratio legis primero se amoneste, luego se multe, y solo ante la reiteración de la evidencia de compra de votos, se expuse al culpable redomado. No a la primera de bastos por tomarse una chela con sus electores.  Eso no es aplicar la ley. Eso es deformarla a límites que pueden resultar altamente peligrosos en cuanto a la legitimidad de un proceso electoral y su válido resultado.

Imagen de http://larepublica.pe/impresa/carlincatura/751102-carlincatura-del-viernes-25-de-marzo-de-2016

I

No se trata de copiar el título de la célebre novela de John Dos Passos “El paralelo 42”, sino del actual Art. 42° de la “Ley de partidos políticos” –en principio sólo con 41° artículos- modificada por la Ley 30414 que en su Art. 3° le añade un Art. 42° -que originalmente no tenía- y que dice: “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la ONPE en un plazo no mayor de 30 días. Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el JNE con la exclusión del proceso electoral correspondiente”.

Esta modificación por adición entró en vigencia el pasado 18 de enero, ya que el día anterior fue publicada en el Diario Oficial.  El proceso electoral para elegir este 10 de abril a un nuevo Congreso y al Presidente de la República estaba ya convocado e instaurado desde finales del año pasado.

Basado en esta norma el JNE decidió excluir a Acuña de la carrera electoral y, con base en ella, hay más de 40 de exclusiones en curso que podrían, en un supuesto extremo, dejarnos sin candidatos hábiles al final de la contienda y alterar profundamente el mapa electoral en el Perú.

La primera discusión es si esta ley se aplica o no a los actuales partícipes del proceso electoral en curso. Una segunda es la cuestionable bondad de la norma con tan grave sanción, y cómo debería darse su correcta aplicación.

En cuanto a lo primero, no cabe duda que la norma está vigente desde el 18 de enero último. Un grave error jurídico –que desnuda una precaria formación legal- es considerar inaplicable esta norma, como no vigente. Es decir, ha sido promulgada, está publicada, la Constitución dice que será vigente desde el día siguiente, pero algunos consideran que estaría en el limbo jurídico y no es aplicable al presente proceso electoral.  A esta posición naif contribuyó el propio presidente del JNE que, con la mayor candidez, solicitó que el Congreso le “aclarase” e “interpretase” si la norma era aplicable o no  a las presentes elecciones, renunciando al rol de intérprete de la ley ante un caso concreto, como le manda la Constitución. Por supuesto que el Congreso le dio la callada por respuesta, no sin cierta sorna. Y ciertamente era claro que sí estaba –y está- en plena vigencia.

La teoría de los hechos cumplidos explica el presente caso, señalando que la ley es aplicable a las consecuencias jurídicas de los hechos nuevos con una nueva ley.  Quienes sostenían que como al principio del proceso eleccionario no estaba vigente, por lo que sólo regiría para el siguiente, estaban profundamente errados.  Y miren como acabó la cosa.

El tema es simple: si una norma dijera que un campeonato se hace con 16 equipos y, al mismo tiempo, una regla dijera que tomar la pelota con la mano durante el juego por quien no es el arquero trae como consecuencia la tarjeta amarilla, todos entenderíamos.  Pero si a la mitad del campeonato la norma cambia y dijese que este se hace con 24 equipos y que la sanción por tomar la pelota con la mano, sin ser el portero, será sancionada con tarjeta roja directa, todos entenderíamos.  Nadie podría decir que la sanción solo será aplicable para el siguiente torneo ya que este se inició con otras reglas de sanción(¿?). Ciertamente el campeonato no se va a alterar: empezó con 16 y acabará con 16 y la regla de los 24 regirá para el siguiente (teoría de los derechos adquiridos). Pero la nueva regla de conducta durante el juego de algo que todavía no ha pasado -coger el balón con la mano por quien no es portero durante un partido- traerá como válida consecuencia la nueva sanción ahora prevista: tarjeta roja y expulsión definitiva del partido.  Así de simple y claro.

Han resultado conmovedoras las lágrimas de cocodrilo que al unísono han derramado los diferentes candidatos a la Presidencia de la República ante las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de excluir a César Acuña y a Julio Guzmán, aún cuando por razones muy diferentes y con votaciones disímiles.  Sus frustrados partidarios serán, qué duda cabe, “bocatto di cardinale” para los candidatos que quedan en la campaña electoral.

Acuña ha aceptado con tristeza su retiro. Lo decían sus gestos y tono de voz al anunciarlo.  Guzmán recurrirá en vía extraordinaria (una reconsideración) ante el JNE para que revire su decisión –dada con frágil mayoría 3-2- por afectación al debido proceso conforme a las reglas del propio JNE.

Ya habíamos adelantado (Velaverde No. 155) que la candidatura de Acuña estaba muerta y la de Guzmán lucía agonizante.  Pero no ha muerto y, si logra revertir la votación de 3-2 a su favor, ganará el recurso extraordinario manteniéndose en la campaña electoral.  No la tiene fácil, pero no es imposible. Tan sólo le falta un voto.  Podría haber golpe en la polla.

El recurso extraordinario no es meramente formal, como algunos repiten en sonsonete de consuno con la vocera del JNE -que del debido proceso sabe poco- desinformando a la gente.  Es difícil ganarlo.  Hay que demostrar al propio JNE que su resolución precedente contiene violación al derecho constitucional al debido proceso, no sólo por razones formales, sino también por defecto en la motivación, elemento sustancial del debido proceso y, por allí, se puede revisar válidamente el fondo de lo que –en principio- se considera mal resuelto, corrigiéndose en vía del recurso extraordinario, dándose la razón al recurrente. La alegación de afectación constitucional por defecto de motivación o motivación aparente contra procesos jurisdiccionales es la causal más invocada.  Baste revisar las estadísticas.

Pero ha sido evidente, apreciadas en directo a nivel nacional, que las defensas de Acuña y Guzmán en el JNE, donde se jugaban la vida, no han sido –precisamente- de las mejores, ni las más felices.  Ese ha sido un grave y fundamental error estratégico y si la de Guzmán no cambia en 360°, difícilmente saldrá victoriosa, debiendo postergar las ambiciones de su defendido al 2021.

No necesariamente un buen abogado será un buen litigante o abogado de tribunales.  Hay un tema de “destreza legal” que poco se toma en cuenta y que, en estos casos, resulta capital(**). Ni el hecho de ser profesor, ni tan siquiera haber sido magistrado o decano del colegio de abogados califica para ser un buen informante y/o defensor.  En un caso trascendente –y vital- hay que tener experiencia, personalidad y solera en el litigio constitucional-electoral. Las exposiciones fueron sosas, anodinas, reiterativas y con lugares comunes.  No aportaron al debate ni estuvieron destinadas a persuadir a los magistrados, ya que el alegato era para ellos, y no para la tribuna y/o las cámaras.  Resulta inadmisible que un defensor ataque al presidente del tribunal, ya que con eso solo logra ponerlo su contra. Ahí está el resultado: 5-0. ¡Qué buena!

La de Guzmán tampoco fue una acertada defensa. Su responsable hablaba culposamente, casi con miedo, ni se le oía y no tuvo mejor idea que empezar “saludando” a las mujeres del JNE (sin haber fémina en el tribunal) y a una ex Fiscal Suprema lamentablemente fallecida. Un poco más y saludaba a la Beatita de Humay y a Santa Rosa de Lima. Lindo gesto pero totalmente improductivo, huachafo y fuera de lugar, ya que no dijo nada y solo consumió –con tan folclórico introito- valioso tiempo sin aportar al debate: persuadir a tan solo un magistrado con sus argumentos legales para ganar por mayoría, ya que traía dos votaciones previas con 3-2 en contra. Y cuando el tribunal le hizo una pregunta no supo que responder(?).  Ese fue el punto de inflexión de su caso. Un ejemplo forense de lo que no debe ser un informe oral.

Acuña ya salió de la carrera electoral, Guzmán se mantiene en cuidados intensivos. Tiene más probabilidades de terminar purgado que de permanecer en el proceso eleccionario.  La palabra final del JNE aún no está dicha.  Guzmán se debate entre la vida y la muerte pendiendo de un solo voto. ¿Lo podrá conseguir? Nadie lo sabe, pero si lo hace –y creo que merecería hacerlo- deberá replantear íntegramente los fundamentos y metodología de su defensa.  Si no acabará frito pescadito.

(**)  A.Quiroga L.- “La destreza legal como parte de la enseñanza del derecho”; Libro Homenaje a Jorge Avendaño; F.-Ed., PUCP; Lima, 2004; t. I.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) constituye la primera instancia de la justicia electoral para los candidatos a la presidencia de la república.  La segunda será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que resuelve las apelaciones interpuestas contra las resoluciones del JEE.  Luego de esa segunda instancia, el sistema prevé un “recurso extraordinario por afectación al debido proceso” (lo que, en puridad, es una reconsideración).  Con eso se cierra el ciclo de la justicia electoral que, en principio, es definitiva y definitoria.

El viernes 4 fue fatal para las aspiraciones presidenciales de César Acuña y Julio Guzmán.  Por razones diferentes -con trámites diferentes y con diferente lenguaje- el JEE ha llegado a la misma conclusión: por un lado, declara fundada las tachas contra Guzman y, por lo tanto, la nulidad de su plancha presidencial disponiendo la improcedencia de su postulación, excluyéndolo del proceso electoral.  Por el otro, dispone la exclusión de la candidatura de Acuña en vía de sanción al responsabilizársele de hacer donativos en plena campaña electoral, lo que está prohibido por el Art. 42° de la Ley 30414 que en enero último modificó la Ley 28094, sancionando, sin atenuantes, con exclusión al candidato que incurra en dádivas como parte de su propaganda electoral. Con ello toda la plancha de Acuña sale de carrera porque –habiendo ya renunciado el Pastor Lay- la ley no permite la plancha con un solo candidato, esto es, con solo la maltrecha piquichona Anel Townsend.

Dos destinos diferentes que pueden llevar a resultados disímiles.  En el caso de Acuña, su candidatura parece irremediablemente herida de muerte y en caída libre, ya que si bien el JEE lo ha sancionado –y bien sancionado- por haber continuado –sin el debido asesoramiento- con la inercia de regalar plata como cancha en plena campaña, ya que ahora eso está penado con la exclusión del regalón; no queda  duda que tanto en la apelación que este miércoles resuelva el JNE, como en el recurso extraordinario que le sucederá, pesará en la conciencia de sus magistrados las serias, fundadas, documentadas y no levantadas denuncias de severos plagios, apropiación de obra ajena, falsificación de documentos, amén de antecedentes conyugales y personales con una alumna con la que llegó a procrear un hijo, convirtiéndole en un candidato impresentable.  Si bien la resolución del JEE no hace referencia a ello, y probablemente la del JNE tampoco lo haga por razones formales, no queda duda que esos hechos serán sopesados, muy fuertemente, dentro del criterio de conciencia que la Constitución faculta a los magistrados del JNE al momento de llegar a su decisión final.  Ciertamente el plagio y la apropiación de obra ajena son hechos que repugnan a una sana conciencia, sobre todo si se quiere dotar al país de elecciones limpias y dignas acorde con nuestro actual desarrollo nacional.  La suerte de Acuña, entonces, parece echada.

Diferente luce la de Guzmán ya que en su caso la posición del JNE  –que definirá su apelación- ya se ha evidenciado dividida 3-2 en dos oportunidades.  Se podría decir, en simple, que la suerte de Guzman pende tan solo de un voto, ya que bastará a sus defensores persuadir solo uno de los tres magistrados que hasta hoy le han dado la espalda para lograr la ansiada validación de su candidatura presidencial.  De lograrlo, continuará en carrera, no sin poco susto.  De no lograrlo, deberá reservar su ambición, aspiraciones y entusiasmo para el verano del 2021.  Para entonces, de mantener el empeño, deberá organizar mejor su partido y su participación con mayor formalidad, incluyendo la definición algo tan básico como sus colores y logotipo.

A pesar de estar a menos de 35 días para la elección en primera vuelta el panorama electoral luce aún indefinido.  Y no aclarará hasta dentro de 10 días, cuando menos, contando con que este miércoles se decida su apelación y la semana que viene el subsecuente recurso extraordinario.

Si por un lado la suerte de Acuña parece ya definida y su candidatura tiene la imagen de un avión en irremisible barrena; la de Guzman requiere  de una muy buena defensa –lo que no ha tenido, precisamente, hasta ahora- logrando que la correlación de fuerzas en el JNE gire ligeramente a su favor.  Su candidatura está, tan solo, a un voto de distancia.

El jefe del departamento académico de una importante facultad de derecho despidió, sin más trámite, a un profesor luego de enterarse que este copiaba en la maestría que seguía en la misma universidad en la que enseñaba. En esa facultad, años después, varios estudiantes y un ingeniero de sistemas fueron severamente sancionados al descubrirse un fraude sistemático en la recalificación de parciales y finales, ya que los copiones los escaneaban luego de ser calificados, reescribiendo la respuesta para exigir un mayor puntaje vía recalificación.

En el mundo académico el plagio es una falta muy grave que afrenta de mododirecto la esencia de la vida universitaria: la creación intelectual, la originalidad y la honestidad personal.Plagios han habido muchos en la historia de la humanidad, ya que el copión es, en el fondo, un ser envidioso, resentido y limitado que anhela el triunfo y el reconocimiento de quien produce un trabajo intelectual, pero que no tiene las condiciones ni desea esforzarse, prefiriendo montarse en obra ajena pasándola como propia ante los demás.De ese modo recibirá un reconocimiento, premios, oropel y figuración que no le corresponden y para los que carece de mérito alguno.

Más allá de las calificaciones jurídicas o penales, el copión es un fraude personal en la medida quepretende llamar alengaño a los demás respecto de calificaciones, productos, obras o méritos que es incapaz de producir.

Por mandato de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)y los Jurados Electorales Especiales (JEE) constituyen la máxima expresión de la justicia electoral, diferente de la justicia ordinaria y aun de la constitucional.La justicia electoral es la suprema guardiana de la legalidad y legitimidad del proceso electoral, con un componente cuantitativo (números de votos válidos) y otro cualitativo (quién será la válida y legítima autoridad electa por el pueblo).

Y esa misma Constitución, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, señala en forma expresa que el JNE y los JEE deben apreciar “los hechos con criterio de conciencia”, cuando deban juzgar las incidencias electorales de su competencia.Por eso mismo, la ley electoral completa los JEE con un ciudadano elegido al azar, aunque no sea abogado, constituyendo un tribunal escabinado.

¿Cómo juzgar válidamente el caso del candidato presidencial que ha sido pillado, con plena evidencia y sin atenuante, en el plagio de diversos trabajos académicos, a nivel nacional e internacional, así como de haber publicado una coautoría que no le corresponde respecto de un texto al que solo aportó su nombre?¿Debería subsistir su candidatura o ser tachado por el sistema electoral impidiéndole postular con esosantecedentesa la presidencia de la República?

Se podrá alegar que esa causal no está prevista en la ley electoral, por lo que la tacha deberá desestimarse.Pero, en verdad, la respuesta es otra: ¿Cómo hacer coincidir una recta y honesta conciencia con hechos como los descritos? ¿Puede el sistema electoral ser tan feblecomo para no poder imponer una conciencia que invoque valores morales superiores, justificándose malamente en la literalidad de la ley?Que no se diga que no tienen herramientas, ya que la propia Constitución faculta al juez electoral a apreciar los hechos con criterio de conciencia y, sobre esa base, aplicar el derecho que corresponda.

Bien dijo Santiago Sentís Melendo, ilustre magistrado valenciano: “Y entonces, quizás sea posible decir con el viejo Magistrado, acaso de leyenda: A mí el derecho nunca me impidió hacer justicia”.

Artículo publicado el 03/03/03 en el Diario El Comercio: PLAGIO Y CONCIENCIA

Primer acto: Al largarse el proceso electoral con el inicio del año, aparecen casi 20 aspirantes a la Silla de Pizarro, cada uno con sus propios anhelos, aspiraciones, frustraciones y ambiciones.  Todos lucen alegres, contentos y, sobre todo, entusiasmados.  Todos tienen equipo de campaña, piquichón incluído, ideario, plan de gobierno y –por supuesto- asesores en markerting político. Los modestos tendrán a un improvisado local y los pudientes a uno -o varios- de talla internacional y seis ceros (en dólares). Habrán alianzas contra natura y frases para la historia con abuso de la sinonimia (“no es plagio, es copia”, “cambio de opinión, no de principios”, etc.)

Los hay para todos los gustos, desde los folclóricos sin posibilidad ninguna, los meramente entusiastas cuyo mayor mérito es la pepa y su principal asesor político es su espejito-espejito que todos los días le dirá que él es, él será, él está predestinado por los hados….

Participarán en cuanto debate se presente, irán a todos los programas posibles sin derecho a arcadas, eliminarán del diccionario la expresión “hacer el ridículo”, comerán cuanta cosa les ofrezcan en calle y mercados y, sobre todo, se posicionaran en cuanto debate haya.  El súmmum estará en el CADE que, lamentablemente, solo invita los que tengan más opciones.  Qué poco democráticos gritarán por calles y plazas.  Pero cuando fuercen ser invitados, escoba en mano –como en el deslucido evento de la Contraloría- hablarán como buenos: “en mi gobierno haré tal cosa”, “cuando sea presidente decidiré tal otra”, “cuando gane dispondré que el precio de tal producto sea tanto”, “en mi mandato pondré a tal o cual persona”; etc.  Ese, quizás, será el momento de su mayor éxtasis, cuando por tres minutos puedan hablar como presidentes llevando el tiempo al futuro describiendo una realidad imaginaria. Total, el principal requisito para postular es querer y anhelar diariamente, con todas las fibras de su humanidad, ser el presidente de esta república.

Segundo acto: Al final del segundo mes en medio de la apretada canícula estival algunos habrán caído en el camino.  Bien porque en su entusiasmo se topó con requisitos esenciales –como ser pariente directo del actual presidente-, bien porque se retiran al ver con todo su esfuerzo no pasan del rubro “otros” con menos del 1% en las encuestas, bien porque el fuelle del entusiasmo quedó exánime, bien porque sus ayayeros entraron en desbandada.

Entonces empezará el ataque artero, sobre todo al que está más adelante.  Empezará el juego del cangrejo en el balde o del palo encebado, y entraremos a una carroñera lucha sin cuartel, rogando al espejito que el de adelante se caiga o sea expulsado del sistema electoral para comerse los votos que deje.  Los favorecidos con las encuestas ponderarán con “humildad” sus guarismos y los no favorecidos pasarán a la frase de cliché –“es solo una fotografía del momento, la verdadera será el 10 de abril”- sin aceptar la cruda realidad.

Los piquichones y ayayeros saltarán a la yugular de los contrincantes y habrá opiniones para todos los gustos.  La procesión irá por dentro: disensiones, relevos con roche, renuncias y licenciamientos de los expertos extranjeros acusando su incompetencia. En cada comparsa muchos sentirán que se equivocaron, que su locomotora no jala, que está muy desgastada por la edad, la salud, la intemperancia, los vicios, el pasado, el presente o lo que fuese.  Piñas!, por qué no se fueron con el otro… Las redes se encargarán de inundar la campaña con leyendas, diatribas e historias urbanas de toda laya.  Los no favorecidos reclamarán al espejito echándole la culpa a cualquiera sin reconocer que, en verdad, jamás tuvieron una opción real que no haya sido tentar la lotería del ansiado outsider. No reconocerán que la pública intemperancia, o lucir impresentable en una entrevista a nivel nacional, o contradiciéndose, o con frases búmeran (como acusar a otro de haber ido al SIN, cuando el pasado la condena) les aleja del electorado.

Epílogo: Pasaron las elecciones.  Sólo dos seguirán en el juego para llegar a una silla.  La estadística seguirá como ciencia sólida y los resultados fueron los previsibles.  Entonces los no favorecidos estallarán, los intolerantes chillarán fraude, los otros echarán la culpa a aliados que no sumaron y los más deprimidos romperán el espejo.  En la interna, empezará la renovación del líder fracasado.  Los pitufos y la chauchilla empezarán a maquinar a qué nuevos incautos encandilarán para volver al mismo jueguito en el próximo proceso electoral. Such is life in the tropics…